La inteligencia artificial ya no es solo una promesa tecnológica: se ha convertido en un campo de batalla entre el Estado y el ciudadano. Esa es la tesis que sostiene Juan Ramón Rallo en su último análisis, donde cruza dos fenómenos que hasta hace poco parecían independientes: el recorte de plantilla pública en Holanda y la avalancha de reclamaciones que los británicos están lanzando contra su propia administración con ayuda de chatbots.
El hilo que une ambos casos es el mismo. La IA abarata tareas que antes resultaban carísimas para una sola de las partes, y ese vuelco en los costes altera el equilibrio de poder. Rallo lo plantea sin rodeos: la tecnología puede servir para engordar el Estado o para adelgazarlo, y lo que finalmente ocurra dependerá menos del algoritmo que de la correlación política.
Holanda y el plan de 25.000 empleos públicos menos
Hace unos días, el secretario de Estado Eric van der Burg remitió al Parlamento neerlandés su plan para lo que el gabinete denomina una administración resolutiva. El punto de partida: a cierre de 2025 la administración central holandesa equivalía a 160.000 empleados a tiempo completo. El objetivo es que en 2035 haya 25.000 menos, un 16% de la plantilla. El ahorro previsto arranca en 900 millones de euros en 2027 y debe alcanzar los 3.500 millones anuales a partir de 2035.
Quedan fuera del ajuste la policía y la defensa, pero el vídeo advierte de que previsiblemente no se librarán ni la agencia tributaria ni el organismo que gestiona las prestaciones por desempleo. El recorte, explica Rallo, no responde a una austeridad improvisada: responde a que la administración pública holandesa no ha dejado de engordar.
Un Estado que crece sobre todo en fabricar normas
Los números que cita el canal son elocuentes. Entre 2018 y 2025 la administración central neerlandesa ganó un 41% más de puestos de trabajo. Y el detalle más revelador es dónde se produjo ese crecimiento: los funcionarios dedicados a ejecutar leyes y normas aumentaron un 28%, mientras que los encargados de elaborar políticas crecieron un 56%.
Ahí está la trampa que describe el análisis. Cada norma nueva genera más trámites que ejecutar, más excepciones que vigilar y, por tanto, más personal para hacerlo. El Estado no engorda solo por sus servicios, sino por su propia producción normativa. Ese es el bucle regulatorio que el plan holandés dice querer romper.
Cuatro palancas: estandarizar, simplificar, podar y automatizar
El plan se apoya en cuatro patas. La primera es la estandarización: convertir un mosaico de organismos con sistemas informáticos distintos en una administración única. La segunda es la simplificación normativa, con la vista puesta en suprimir o simplificar al menos 500 normas al año mediante una ley que se aprobará anualmente. Van der Burg lo resume, según recoge el vídeo, señalando que la administración se ha llenado de excepciones a las excepciones.
La tercera palanca es podar el aparato consultivo: en Holanda hay 176 consejos y comités asesores que, si de verdad se simplifica la normativa, tendrían menos informes que emitir. La cuarta, la que centra el análisis, es la inteligencia artificial. Los funcionarios ya cuentan con un asistente digital que se irá desplegando por toda la administración, y el gobierno quiere extenderlo también a los ciudadanos para que resuelvan dudas sin pasar por la ventanilla.
La IA puede servir para reforzar al Estado o para obligarle a adelgazar. Hacia dónde se incline ese nuevo equilibrio de poder lo decidirá la presión ciudadana, no la tecnología.
— Juan Ramón Rallo
Rallo no echa las campanas al vuelo. Los 25.000 empleos son una cifra, no una lista de despidos: el gobierno empezará por no cubrir bajas y jubilaciones en lugar de rescindir contratos vigentes. Y recuerda que Holanda ya intentó algo parecido. El anterior ejecutivo neerlandés pretendia recortar un 22% de la plantilla y no solo acabó recortando menos de lo previsto, sino que siguió contratando en términos netos. La maquinaria burocrática, avisa, se resiste como gato panza arriba.
Reino Unido y la inundación agénica
El segundo frente es más novedoso. En agosto, The Economist publicó un editorial con un título llamativo sobre cómo la inteligencia artificial está rompiendo el Estado británico. El problema no son los funcionarios que la usan, sino los ciudadanos que la emplean contra la administración. Cada vez más personas recurren a chatbots para presentar recursos, alegaciones, quejas y reclamaciones, y la avalancha amenaza con desbordar burocracias diseñadas para la era del correo postal y el teléfono. El fenómeno ya tiene nombre: inundación agénica.
Los datos que maneja el vídeo permiten ver la escala. Los recursos ante el comisionado escocés de información pública pasaron de 593 a 1.084 en un solo año, casi el doble. La autoridad británica de protección de datos estima que al menos una de cada ocho solicitudes de información recientes a las instituciones centrales fue generada con herramientas de IA. En el urbanismo han aparecido servicios que, por un precio inferior a 50, redactan en minutos alegaciones contra promociones inmobiliarias, e incluso preparan discursos y vídeos para presionar a los concejales.
El diagnóstico de fondo es el que más incomoda. Durante décadas, el papeleo funcionó como una asimetría de costes: exigir papeles era baratísimo para el Estado y carísimo para el ciudadano. Un formulario más, un certificado más o una cita previa que nunca llega bastaban para que mucha gente renunciara a reclamar. Rallo lo describe como una censura silenciosa que recortaba derechos sin necesidad de votarlos. La IA está dando la vuelta a esa asimetría: ahora producir papeles sale casi gratis y lo caro es leerlos y satisfacerlos.
Alemania y la cola como respuesta
El vídeo se detiene también en Alemania. El Tribunal Supremo en materia de prestaciones sociales alertó en febrero de una carga adicional notable por culpa de la IA: casi todos los estados federados reciben cada vez más demandas redactadas con estas herramientas y sin abogado. En Renania del Norte-Westfalia, los procedimientos urgentes ante los tribunales de prestaciones crecieron más de un 55% en 2025, sobre todo por litigios sobre el ingreso mínimo y el seguro de desempleo. Un pleito ordinario tardó de media más de 15 meses ese mismo año.
Aquí aparece la primera de las tres salidas posibles que identifica el análisis: aceptar la cola. Si no puedes impedir que el ciudadano reclame, hazle esperar. La IA redacta un recurso en minutos, pero no acorta ni un día la espera. La segunda salida, la más peligrosa desde una óptica liberal, es crecer: contratar más funcionarios para procesar la avalancha y pedir más presupuesto, que es precisamente lo primero que reclamó el presidente del tribunal alemán. La tercera es podar: si el Estado no puede atender todo lo que promete, que deje de prometer lo que no sea prioritario, con menos licencias, menos ayudas y reglas más generales y simples.
Qué significa esto para el lector
El valor del planteamiento no está en el detalle holandés, sino en el marco. The Economist habla de tragedia de los comunes: cada ciudadano tiene incentivos para reclamar todo lo que pueda y, si el Estado se desborda, perdemos todos. Rallo acepta el diagnóstico pero lo considera incompleto, porque esa tragedia no surgió por accidente sino por diseño. Fue el propio Estado el que prometió derechos amplios y gratuitos que solo podía sostener mientras nadie se los reclamara.
De ahí la conclusión que se extrae: la fricción burocrática era la valla invisible que protegía al político de asumir el coste electoral de incumplir. Cuando la IA derriba esa valla, el racionamiento oculto queda al descubierto y el Estado se ve obligado a elegir entre promete menos y despacha más o extraer más recursos del contribuyente. Para España, sostiene el presentador, la disyuntiva será la misma en los próximos años: un aparato más delgado y menos intervencionista, o uno más grande y con mayor capacidad extractiva. La advertencia final es amarga: ningún partido parece tener claro, más allá de la retórica electoral, que el camino pasa por reducir el tamaño del Estado.
La pregunta queda abierta. Si la IA abarata reclamar y abarata also responder, ¿qué impide que la administración use el mismo instrumento para automatizar negativas en masa en lugar de resolver más rápido? La respuesta no será técnica.
Puedes ver el análisis completo en el vídeo original de Juan Ramón Rallo en YouTube.
