La crisis energética por el impacto de los precios de la electricidad del mercado mayorista promete recrudecerse. Si el plan de choque del Gobierno, en forma de ‘hachazo’ a las eléctricas, fue un varapalo para el sector, las acusaciones a estas compañías de obtener “beneficios groseros” por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, encienden aún más los ánimos. A la primera gran subida de la luz tras la borrasca Filomena, el repunte del gas en marzo, el ‘tarifazo’ del Gobierno en junio y el ‘decretazo’ de minoración de beneficios de septiembre, hay que añadir ahora la incertidumbre sobre el suministro de gas en los próximos meses.
En plena ‘tormenta perfecta’ los liderazgos de los operadores relevantes del mercado adquieren espacial relevancia en esta crisis. Todos los españoles, y por ende también los presidentes de las principales empresas del sector, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Enagás se enfrentan al invierno más frío.
El último capítulo de estos nueves meses de subidas del precio de la electricidad se escribe en Argelia. En plena batalla internacional por aumentar las provisiones de gas de cara al invierno, los ministros de Exteriores (español y argelino), se han reunido en presencia del presidente de Enagás, Antonio Llardén y el directivo de Naturgy, Antonio Basolas, para blindar hasta la mitad del suministro de gas que consume nuestro país. Y es que por si no estuviera suficientemente revuelto el panorama, en cuanto los rusos jueguen su baza geopolítica de invierno cortando o reduciendo el gas a Europa, los precios y escasez de esta materia, van a darnos aun si cabe más disgustos.
Argelia se ha convertido en un socio necesario en materia energética en un momento delicado, en el que conseguir barcos cargados de Gas Natural Licuado (GNL) es caro y complejo por la alta competencia mundial que existe en la compra de este hidrocarburo, especialmente por parte de China, dispuesta a pagar lo que sea.
El enfrentamiento diplomático entre Argelia y Marruecos puede salpicar de lleno a España. Uno de los dos gasoductos que importa gas argelino atraviesa Marruecos y conecta con Andalucía. Si se bloqueara ese conducto, España tendría que explotar al máximo el gasoducto de Medgaz, que conecta directamente Almería con Argelia. Al mismo tiempo, tendría que buscar la forma de aumentar la llegada de gas a través de buques, de EEUU o Qatar, para evitar futuros problemas de suministro.
España está metida en una crisis energética que el Gobierno se niega a reconocer
El gasoducto es propiedad de la argelina Sonatrach (con una participación del 51%) y Naturgy (con el 49% restante, a través de una sociedad de propósito especial en la que participa BlackRock) y existe un acuerdo de accionistas que les otorga el control conjunto del gasoducto.
Si más de la mitad del gas llega a España a través de Naturgy, que tiene precios cerrados y acuerdos a largo plazo, entre un 20 y 30% llegará por otras vías a un precio más caro o no llegará. El cierre definitivo en 2019 del almacén submarino de gas Castor limitó de facto la capacidad de almacenaje en España. Desde ese momento nadie se atreve a dar permisos para la creación de almacenes subterraneos. Por ese motivo, pese a la petición del Gobierno a Enagás para aumentar el aprovisionamiento de cara al inverno, éste será limitado. La capacidad de almacenaje del país apenas da para unos días.
Uno de los principales problemas de España respecto al gas, es la poca capacidad de almacenaje subterraneo. Nadie da permisos después de Castor
Pero todo escenario va a empeorar. Aunque sólo el 10% del gas que llega a España procede de Rusia, en cuanto pase lo que todos temen, el cierre parcial del grifo ruso, el aumento de la demanda en el norte de Europa, que pagará más, creará una enorme inflación de precios y muchos barcos darán la vuelta vendiendo la mercancía al mejor postor.
ESCALADA IMPARABLE DEL PRECIO DEL MWH
De vuelta a España, el rally alcista del coste de la electricidad sigue su senda. La luz registra hoy su enésimo récord absoluto superando ampliamente la barrera de los 210 euros como avanzó MERCA2, con 216,01 euros el MWh. Comparándolo con el precio de hace un año (41,48 euros), la subida es del 420,76%, es decir, se ha multiplicado un 500%. El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista sigue desbocado, de forma que las medidas del Gobierno para contener el recibo de la luz, no van a tener el efecto esperado.
El ‘decretazo’ para contener el efecto del coste disparado del MWh en el recibo del consumidor llegó precedido de una delirante llamada de la ministra Teresa Ribera, a Reynés, Bogas y Galán, 24 horas antes de su aprobación en la que de forma delirante y sin debate previo les anunció a cada uno: «Ven a mi despacho mañana, tengo una mala noticia para ti», según ha podido saber MERCA2. Pese al desastre de gestión política, que no técnica, el problema tiene su origen en una ley mal hecha por el que fuera un nefasto ministro de Energía entre 2016 y 2018, Álvaro Nadal. Curiosamente ha tenido que venir otro partido, el partido socialista para hacer parecer incluso razonable la gestión del ministro Nadal.
En resumen, las medidas responden más a una estrategia cortoplacista de maquillaje de cara a la galería de un presidente asustado y especialmente preocupado por contentar a sus socios de Gobierno y a un electorado que, según las encuestas, le empieza a dar la espalda.
El temor entre los consumidores está justificado habida cuenta del revuelo mediático, si bien apenas afecta a los de la tarifa regulada en un bajo porcentaje. Las industrias y empresas sí sufrirán el efecto en los precios de producción. En cualquier caso, el Gobierno no ha tomado medidas directas y contundentes en el ejercicio de su competencia en el recibo de la luz como serían, por ejemplo aplicar un IVA del 4% para siempre, al tratarse de un bien de primera necesidad.
La angustia por el precio del MWh es tan absurda para el ciudadano de a pie como lo era en 2008 sufrir día a día con el precio de la prima de riesgo
La reacción del Ejecutivo se ha enfocado a que ‘la fiesta’ de la reducción de la factura eléctrica la paguen las compañías energéticas. Esto es desleal con quienes son sus socios necesarios en un sector primordial. No sólo es un tema económico, es que además el ejecutivo ha demonizado a las compañías eléctricas señalándolas vilmente como a los malos de la película por ganar «demasiado dinero». Curioso concepto ese del exceso de beneficios que nos pareciera llevar a tiempos de la URSS.
El Gobierno calcula que su plan de choque permitirá rebajar en una horquilla que abarca desde el 47,2% (para los hogares) hasta el 24,5% (para la industria) la parte regulada de las facturas, porcentaje al que luego se le suma la menor presión fiscal por los tres impuestos modificados. Con anterioridad al Real Decreto-ley 17/2021 más del 60% del recibo correspondía a impuestos y peajes, que las energéticas trasfieren al estado según cobran la factura.
Las oscilaciones en el precio diario afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), algo más de 10 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre -unos 17 millones-, ya que cuentan con un precio pactado con su compañía. Según los expertos, el 88% del consumo eléctrico de España no está expuesto a la volatilidad del precio del mercado ‘spot’, al tener contratos con precios fijos, viéndose así expuestos a ella los clientes acogidos al PVPC.
Tan sólo un 10% de los consumidores minoristas se ven afectados por la volatilidad del mercado
En cualquier caso, la energía mueve el mundo, y el efecto dominó no se hará esperar. El IPC puede subir más allá del 4% según vaticinan los expertos. La crisis energética arrastrará a toda la economía.
Este es el posicionamiento de los principales actores, que tendrán que lidiar contra un Gobierno que está fijando posiciones a golpe de encuestas y con la preocupación de «cuidarse» de sus socios de Podemos, que exigen «un castigo ejemplar» a las empresas del sector.
No olvidemos un detalle que hace que el enfrentamiento no sea -todavía- a cara de perro. Las empresas del sector energético han acudido con numerosos proyectos al maná de los fondos europeos que queda por decidir.
GALÁN, EN DEFENSA DE IBERDROLA Y DE SUS CLIENTES
Iberdrola es la principal compañía del sector y, por el mismo motivo, una de las que más va a sufrir este rejonazo exagerado en su filial española, es Iberdrola. Un ‘hachazo’ de 1.000 millones de euros, con lo que el Ebitda 2021 de Iberdrola España será próximo a cero. El Gobierno tenía un mucho mayor margen de maniobra, sin llegar a adoptar medidas unilaterales y radicales de este calado, tomadas además son nocturnidad y alevosía, sin ningún intento de consenso previo.
Al frente de compañía vasca, Ignacio Sánchez Galán tiene un carácter fuerte. Su liderazgo internacional atrae inversores en todo el mundo y aunque ahora le penaliza el factor España. Ha luchado como nadie en la última década por la cotización de su compañía. Una parte de ese esfuerzo se ha esfumado con el decretazo del Gobierno. Hasta 20.000 millones han desaparecido de la cotización de la eléctrica vasca, dinero inversor extranjero que ha ido directamente a empresas energéticas portuguesas y francesas en busca de la tranquilidad que no se encuentra en nuestro país.
Pese a todo, Galán no busca un enfrentamiento directo con el Gobierno, aunque tampoco considera que deba quedarse de brazos cruzados frente a medidas no racionales y que atentan contra la seguridad jurídica. Lo que está haciendo Iberdrola es defender su empresa que es tanto como defender a sus clientes. Con esta estrategia desde la eléctrica se protege la capacidad de «seguir creando riqueza con nuestras inversiones, y defendiendo a nuestros 600.000 accionistas (la inmensa mayoría, pensionistas y pequeños ahorradores) y a nuestros empleados y los 80.000 empleos que dependen de nuestra actividad en España», explican desde la compañía.
En este sentido, Iberdrola dará la batalla porque, «para nosotros, luchar por lo que creemos justo es una necesidad y está por encima de cualquier otra consideración», comentan las mismas fuentes. Respecto a las inversiones, Iberdrola ha paralizado los procesos de licitación en los nuevos proyectos renovables en España «hasta que podamos evaluar en detalle su viabilidad económica con las nuevas condiciones».
La ocurrencia del Gobierno para salvar la cara con los ciudadanos, de forma populista genera dudas sobre la seguridad jurídica del país
Responsables de la compañía admiten abiertamente que no van a vender energía a pérdidas, y que están empezando a trasladar a los contratos de sus clientes industriales la necesidad de renegociar bajo este nuevo escenario.
Otro frente abierto es el caso Villarejo. Lo esperable en este caso, es una desimputación próxima de Galán, tras los precedentes de Repsol y CaixaBank, máxime al no haber desempeñado cargo ejecutivo alguno en Iberdrola Renovables.
BOGAS, PIDE SEGURIDAD JURÍDICA PARA ENDESA
José Bogas acumula 40 años de experiencia en el sector energético. Ese profundo conocimiento, tras ser testigo de «muchos cambios regulatorios, muchos gobiernos y muchos vaivenes», es el que lleva al consejero delegado de Endesa a pensar que, llegados a este punto, «toca recuperar espacios de confianza que devuelvan la certidumbre jurídica y la confianza de los inversores».
Bogas, con una actitud más calmada, admite que la del Gobierno es «una intervención de carácter confiscatorio en un sector a partir de premisas erróneas», puesto que «el problema es europeo y está centrado en el gas». Más próximo a la ministra Ribera que otros de sus homólogos en el sector, Bogas se muestra partidario de buscar «soluciones constructivas», sin perder la mirada a largo plazo, pero prestando máxima atención al presente.
En cuanto al reparto de poderes en la crisis desatada recuerda que «las eléctricas somos actores imprescindibles y necesarios para solucionar el problema actual, pero esencialmente para cumplir los objetivos de descarbonización y garantizarle a la sociedad una energía limpia y accesible». Por eso, incide en que «disparar a las eléctricas es querer acabar con los actores principales para lograr una transición energética justa».
Si la electricidad es un bien de primera necesidad, lo primero que debe hacer el Gobierno es bajar el IVA al 4% para siempre
En un momento de convulsión social en el que se señala a las eléctricas como parte del problema, Bogas confía más en la «colaboración público-privada», en la acción conjunta, que en los liderazgos empresariales. «No creo que haya otro camino para lograr los objetivos de desarrollo de un país», concluye.
REYNÉS, PISA EL ACELERADOR EN NATURGY
El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, es un dirigente consolidado. Al igual que Galán, de carácter fuerte, su seguridad le permite anticiparse a los problemas. En su entorno más cercano consideran que su liderazgo se vio reforzado el pasado 8 de septiembre: «Fue el primero en dar un paso al frente» apuntan en alusión al lanzamiento de la primera tarifa plana dirigida a los consumidores adscritos al mercado regulado para amortiguar la subida de la luz, tras el nuevo sistema tarifario (por franjas horarias), que entró en vigor en junio.
Con este golpe de efecto, Reynés quiso postularse a la cabeza de las energéticas con una estrategia «pensada para las familias», a la que se sumaron días más tarde Endesa e Iberdrola. Una anticipación de la que el máximo representante de Naturgy dio buena cuenta tras la irrupción del Covid y en el primer confinamiento, ofreciendo: un servicio gratuito de reparación de averías eléctricas y de gas; donaciones a Cruz Roja; inyecciones de gas gratuito al hospital provisional de Ifema frente al coronavirus, y suministros sin coste a hoteles y residencias que cedían sus instalaciones a la Sanidad Pública.
Los que mejor le conocen, alaban su «visión casi de Estado» y «su preocupación por el interés general, su responsabilidad y su sólida visión empresarial».
En su afán por acelerar la transformación dentro del plan estratégico de Naturgy, en 2020 Reynés reorganizó su equipo y fichó a tres directivos externos al grupo: Pedro Larrea, exdirectivo de Endesa y del Grupo Villar-Mir; Jorge Barredo, fundador y presidente de la empresa de renovables y X-Elio y Carlos Vecino, exresponsable de Marketing de Vodafone España y fundador del operador República Móvil.
Naturgy tiene garantizado en contratos a largo plazo su cuota de suministro de gas para este invierno
Naturgy ha hecho los deberes y tiene garantizado en invierno su cuota de suministro de gas gracias a sus contratos a largo plazo. Pese a ello, Reynés hace frente a una de las crisis energéticas sin precedentes en medio de la opa del fondo australiano IFM sobre el 22,7 % del capital de la gasista. Es factible que el fondo australiano aflore con un 8-14% en los próximos 10 días, pero todo apunta a que no conseguirán el objetivo del 22,7% y es lógico, la cotización de la empresa esta a escasos céntimos del precio fijado por IFM.
Precisamente la singularidad de la situación de opa, blinda de facto el precio por acción, evitado la caída en bolsa de Naturgy, frente al desplome de Iberdrola y Endesa.
Tras una etapa inicial de intensa reestructuración y recortes, que supuso la reordenación de la compañía, en estos momentos Naturgy entra en una nueva nueva etapa que se clarificará tras el resultado de la Opa.
LLARDÉN, UN PERFIL TÉCNICO PARA ENAGÁS
En su condición de operador de la red de gas de España, Enagás no puede comprar ni vender gas. Pero su perfil independiente y nula presencia pública en el día a día de la batalla energética no le exime de tener un papel muy importante, por ejemplo en casos críticos, como responsable de mover el gas en la península para que llegue donde hace falta desde las diferentes entradas: dos conexiones por tubo con Argelia, dos con Portugal y dos con Francia y seis plantas de regasificación (a las que el gas llega por barco).
La gestión del operador resulta complicada en tiempos de escasez y alta demanda de gas, como olas de frío o problemas de suministro. En esta coyuntura de crisis energética global, Enagás ha mantenido su papel de operador independiente y ha sido capaz, manteniendo siempre un perfil discreto, de ir tomando medidas, anticipándose para lo que puede llegar a ser el invierno, por ejemplo poniendo más slots a disposición en las plantas de regasificación para que puedan llegar más barcos de gas, con el objetivo de contribuir a garantizar el suministro energético en invierno.
En cuanto a la crisis entre Argelia y Marruecos, el papel de operador independiente, certificado por la UE, le otorga también un peso especial por su capacidad de poder poner sobre la mesa todos los mecanismos necesarios, desde el punto de vista técnico y operativo, para que el gas llegue a España. La legitimidad de Enagás en este tipo de situaciones es que no tiene ningún interés comercial al no tener contratos de gas.
En este contexto, la semblanza de Antonio Llardén, presidente de Enagás responde a un perfil político con dependencia del Gobierno, uno de los principales accionistas, y eminentemente técnico por su conocimiento y experiencia en el sector.
La impronta profesional de Llardén se caracteriza por la discreción en el desempeño de un cargo en el que tiene que afrontar situaciones críticas sin grandes aspavientos y en las que resulta clave el conocimiento técnico y operativo del sector, del contexto global y al que se le presume una mayor sensibilidad hacia los temas sociales, tal y como refleja esa «transición energética justa, sin dejar a nadie atrás», que tanto repiten desde Enagás.
