El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha presentado este miércoles su primera propuesta de oferta de empleo público en la Administración General del Estado (AGE) para este año que reduce en un 37,6% el número de plazas en relación a la oferta acordada en 2019, según ha informado CSIF, y ha emplazado a los sindicatos a una nueva reunión este martes para concluir la negociación el próximo lunes y aprobar la oferta vía real decreto el martes 27 de octubre.
Los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF rechazan la primera propuesta al considerar que se pone en peligro la «viabilidad» de la AGE ya de por sí en una situación «crítica» y podría suponer el «colapso» del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Seguridad Social, y reclaman igualar al menos el número de plazas de la oferta del año pasado, mejorar la distribución y agilizar las incorporaciones de opositores aprobados.
El Gobierno volverá a reunirse con los sindicatos este jueves en la comisión técnica y ha establecido el próximo lunes como la fecha límite para concluir la negociación con la oferta de empleo público definitiva, haya o no acuerdo, con la intención de convocar a continuación la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas y poder aprobar la nueva oferta vía real decreto en el Consejo de Ministros del martes 27 de octubre, según han informado fuentes de la negociación.
En concreto, la oferta de empleo público que ha puesto Función Pública encima de la mesa contempla 7.066 plazas de acceso libre (personas que ingresan en la Administración) y 6.247 plazas destinadas a la promoción interna, frente a las 11.338 y 8.350 contempladas, respectivamente, en 2019, según los datos facilitados por CSIF. Así, se pasaría de la oferta de empleo público de 19.688 plazas del año pasado a 13.313 plazas en la nueva oferta de este año.
CSIF ha trasladado al Ministerio que la oferta es «insuficiente» porque representa un 37,6% menos respecto a las 11.338 de acceso libre que se aprobaron el año pasado y un 32,3% menos en el global de las plazas (acceso libre y promoción interna).
Además, señala que la oferta de empleo público no cubre el cien por cien de la tasa de reposición, puesto que el número de plazas de nuevo ingreso propuestas son 988 menos que las bajas producidas por fallecimientos y jubilaciones, por lo que se estaría destruyendo empleo.
El sindicato advierte de que la oferta de empleo público presentada por el Gobierno pone en peligro la «viabilidad» de esta Administración, teniendo en cuenta los «graves problemas» por los que atraviesan ámbitos como el Servicio Público de Empleo Estatal o la Seguridad Social en la gestión de prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital.
En este sentido, recuerda que la Administración General del Estado ha perdido en los últimos diez años, entre enero de 2010 y enero de 2020, 43.477 plazas, según datos del Registro Central de Personal, lo que supone una pérdida de 12 empleados públicos al día.
«La Administración Pública se está desangrando», alerta CSIF, que añade que a estas cifras se suma que el 19,2% ciento de la plantilla tiene más de 60 años y por tanto está a las puertas de la jubilación.
Por ello, CSIF considera que los 800.000 nuevos empleos anunciados por el presidente del Gobierno también deben ir destinados a reforzar los servicios públicos y entiende que este plan debe de ir acompañado de un análisis sobre los recursos humanos, que siempre ha demandado el sindicato para reforzar ámbitos que con la pandemia se encuentran «seriamente comprometidos», como son Sanidad, Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo, así como la Educación, la Justicia, Agencia Tributaria o los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
SINDICATOS PIDEN MEJOR DISTRIBUCIÓN Y AGILIDAD EN LA INCORPORACIÓN
El secretario de Empleo del sector estatal de la Administración General del Estado de FSC-CC.OO., Javier Martínez, ha lamentado que la oferta planteada supone una nueva destrucción de empleo público, ya que las bajas en 2019 fueron de 8.706 efectivos, y la propuesta conlleva una incorporación de 7.066 puestos, con una pérdida de 1.700 puestos.
Aunque desde la Administración defienden que la ley de Presupuestos de 2018 en vigor establece que las altas por reincorporación (650 en 2019) no computan a la hora del cálculo de la tasa de reposición, Martínez ha indicado que aun así daría como resultado una incorporación de solo 7.650 puestos, 600 por debajo.
De esta forma, ha defendido que no haya destrucción de empleo y que «como mínimo» se apruebe una recuperación de la tasa de reposición más el 5% adicional que permite la ley de PGE para destinarlo a los ámbitos donde se han establecido nuevos servicios públicos, como para atender el ingreso mínimo vital, los subsidios domésticos o los museos programas de investigación.
Además, ha recordado que la propia ministra de Función Pública, Carolina Darias, ya señaló que en diez años se jubilaría el 50% del personal de la AGE, por lo que Martínez ha denunciado la situación «crítica» ya que la nueva oferta de este año se desarrollará entre 2022 y 2023, cuando ya se haya producido una jubilación de en torno al 25% del personal público de la AGE.
Por ello, además de la tasa de reposición del 100% y el 5% adicional reclama ofertas de empleo extraordinarias para organismos con necesidades especiales, como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en donde pide cumplir con las plazas de estabilización dado que el próximo 5 de noviembre vencen 105 puestos.
Igualmente, ha cuestionado la distribución de los efectivos planteada, ya que en los cuerpos superiores encargados de la gestión, se ofrece para A1 incorporar 1.400 plazas, tras perder 700 puestos, y en A2 incorporar 1.700 tras perder 800, mientras que en el resto de puestos, relativos a auxiliares, administrativos, recogida de solicitudes o atención al cliente, se ofrece para el cuerpo auxiliar solo 480 plazas, frente a una pérdida de 1.800, a pesar de que en servicios como el SEPE o Seguridad Social no hay personal suficiente. Además, para el personal laboral se ofrecen 972 plazas, frente a una pérdida de 26.000 puestos.
«Es un disparate, con esta distribución se está deteriorando el servicio público», ha denunciado Martínez, quien explica que hay una necesidad en las escalas no superiores y que en el personal laboral podrían continuar los planes para privatizar por ejemplo la vigilancia de las salas de museos, la gestión de prestaciones o los subsidios a través de Tragsa.
Junto a un aumento del volumen de la nueva oferta de empleo público y una mejor distribución, Martínez ha pedido agilizar las convocatorias, ya que hay más de 4.000 personas que han aprobado procesos referidos a las ofertas de 2017, 2018 y 2019 y sin embargo son parados de larga duración mientras la Administración «privatiza o contrata personal externo» en vez de incorporar a los opositores aprobados.
Por su parte, desde UGT han explicado que se ha producido un «intercambio de papeles» para dar inicio a las negociaciones, con una nueva reunión de la comisión técnica este jueves y previsiblemente otra el próximo lunes.
Por ello, consideran que no hay que dar por hecho los datos iniciales, que plantean las tasas de reposición vigentes del acuerdo de 2018. El sindicato pide un plan a varios años, con la eliminación de la tasa de reposición para poder adecuar las plantillas a las necesidades actuales y rejuvenecer las plantillas.
