El caso de Ana Julia Quezada, la mujer condenada por asesinar al pequeño Gabriel Cruz en 2018, ha vuelto a saltar a la actualidad, esta vez no por un nuevo crimen, sino por un escándalo de enorme gravedad ocurrido en el interior de la prisión de Brieva, en Ávila, donde cumple su condena de prisión permanente revisable. Según ha trascendido en las últimas horas, una investigación judicial en curso apunta a una trama que implica a varios trabajadores penitenciarios y que ha desatado una tormenta mediática, política e institucional. La propia presentadora Susanna Griso, visiblemente impactada, interrumpió la emisión habitual de ‘Espejo Público’ para compartir una experiencia personal que confirma las irregularidades en los centros penitenciarios de España.
La noticia de ‘Espejo Público’
“Me han llamado desde la cárcel más de una vez”, confesó la periodista en pleno directo, después de que se emitiese un fragmento relacionado con los móviles en manos de presos. “El otro día hablamos con el abuelo de una niña de dos añitos que fue tiroteada en una casa, y en ese momento el propio abuelo recibió una llamada de su padre, el bisabuelo, desde la cárcel. Estuvieron hablando y hablaron conmigo”, explicó la presentadora, dejando claro que las comunicaciones clandestinas desde los centros penitenciarios no son un caso aislado. La declaración de Griso, que hizo una pausa en el ritmo habitual del programa, pretendía evidenciar que el problema de los teléfonos móviles en manos de reclusos no es nuevo ni excepcional, sino una realidad que ella misma ha vivido de forma directa en varias ocasiones.
El epicentro de esta nueva sacudida mediática es la prisión de Brieva, una cárcel de mujeres donde Ana Julia Quezada habría establecido relaciones sexuales con, al menos, dos funcionarios del centro y un cocinero, a cambio de obtener favores penitenciarios. Uno de esos favores habría sido la introducción de un teléfono móvil, supuestamente utilizado por la reclusa para grabar los encuentros íntimos. Según las diligencias abiertas por el Juzgado número 4 de Ávila, la intención de Quezada era utilizar esos vídeos como instrumento de chantaje contra la dirección del centro, con el fin de lograr su traslado a una prisión en Barcelona, donde podría sentirse más protegida de la presión mediática.
La investigación avanza gracias al testimonio de un educador de la cárcel, quien alertó a la dirección penitenciaria al sospechar de la existencia de material comprometedor. Fue la propia directora del centro, Laura Pérez, quien firmó un informe oficial en el que dejaba constancia de que Ana Julia había admitido disponer de vídeos de contenido sexual grabados con al menos un funcionario, y que éste le habría facilitado el dispositivo para ello. Las grabaciones, según las declaraciones recogidas en el sumario, también habrían sido transferidas a su pareja actual, que habría participado activamente en la introducción del móvil en la prisión. La entrega del dispositivo se habría producido en un aparcamiento, lo que refleja un nivel de planificación que ha alarmado a las autoridades.
La información de Susanna Griso
A pesar de que los registros posteriores en la prisión no localizaron el teléfono móvil —que fue retirado antes de las inspecciones—, los investigadores creen tener pruebas suficientes para imputar a un funcionario por abuso de función pública. Este trabajador fue apartado de su puesto el pasado mes de septiembre y está siendo investigado de forma formal, mientras que tanto el cocinero como otros empleados del centro podrían enfrentarse a sanciones administrativas o incluso cargos penales si se demuestra su implicación directa.
Uno de los elementos más relevantes del caso es la figura de Patricia Ramírez, madre del niño asesinado, quien desde hace meses viene denunciando públicamente la situación penitenciaria de Quezada. Fue ella quien, en mayo de 2024, durante una comparecencia ante los medios, aseguró que Ana Julia disponía de un teléfono móvil en prisión. Sus palabras no fueron tomadas en serio en un primer momento, pero ahora se consideran clave para haber impulsado la investigación. Ya en diciembre de 2023, Ramírez había elevado sus quejas al Ministerio del Interior, y ante la falta de respuesta decidió llevar su denuncia hasta el Senado. Allí alertó de que varios internos estaban utilizando dispositivos móviles de manera ilegal, una práctica que pone en cuestión la seguridad de los centros penitenciarios.
La madre de Gabriel ha querido dejar claro que su actual comparecencia ante los medios no está motivada por la aparición de nuevas informaciones, sino que ya tenía prevista una rueda de prensa para esta semana. En ella ha lamentado que las instituciones no actuaran con más rapidez, y ha denunciado que se estuviera produciendo un documental sobre Quezada, lo que ella considera una forma de revictimización y un uso comercial del dolor de las víctimas. Patricia ha reiterado que la sociedad no puede permitir que personas condenadas por delitos tan graves como el asesinato de un niño consigan beneficios por conductas irregulares dentro de prisión.
Ambas partes —tanto Ana Julia Quezada como Patricia Ramírez— han solicitado personarse como acusación particular en el procedimiento judicial, pero el juez instructor ha rechazado ambas peticiones por considerar que no son víctimas directas del delito de cohecho investigado. A pesar de ello, la familia de Gabriel mantiene su intención de seguir presionando a las instituciones para evitar que situaciones como esta se repitan. La investigación continúa en marcha, y se espera que en las próximas semanas se determine si habrá más imputaciones.
La intervención de Susanna Griso en ‘Espejo Público’ ha servido para dar aún más visibilidad al problema de los móviles en las cárceles españolas. Sus palabras no solo han sorprendido a la audiencia, sino que también han provocado reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios han exigido responsabilidades al sistema penitenciario. La confesión de la presentadora de que ha recibido llamadas desde prisión pone de relieve que las irregularidades no se limitan a un solo caso y que la situación podría estar mucho más extendida de lo que las autoridades han querido admitir hasta ahora. Mientras tanto, el nombre de Ana Julia Quezada vuelve a ocupar titulares, no por su arrepentimiento ni por su reinserción, sino por protagonizar un nuevo escándalo que cuestiona la integridad del sistema penitenciario español.
