El presidente de la Cámara de Diputados (Congreso) de Brasil, Rodrigo Maia, ha declarado que la nueva licitación 5G de telecomunicaciones en Brasil no debería estar contaminada por batallas ideológicas sobre China.

Considera que una mayor competencia conduciría a mejorar los precios para los consumidores, según recoge la agencia Reuters. El presidente de la Cámara cree que el regulador brasileño de telecomunicaciones, Anatel, debería realizar ya una nueva subasta y evitar así debates ideológicos. Esta subasta de quinta generación (5G) tenía que haberse iniciado en Brasil el pasado mes de marzo, pero se ha retrasado y todavía no se determinado una nueva fecha.

La semana pasada, el embajador de Estados Unidos en Brasil, Todd Chapman, aseguró al periódico brasileño Folha de SaoPaulo que Estados Unidos está en conversaciones con Brasil y sus compañías de telecomunicaciones para financiar la red 5G si el país no elegía a Huawei como proveedor.

TRUMP VS CHINA

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lleva meses impulsando una campaña contra el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, Huawei, de China, por presunto espionaje. Huawei, líder en establecer la tecnología 5G, ha consolidado su presencia en Brasil en los últimos 20 años.

El 79% de las empresas que se han visto obligadas a extender el teletrabajo debido a la pandemia de Covid-19 asegura que mantendrán este modelo una vez acabada la situación de confinamiento, aunque con un porcentaje del 50% de la jornada laboral.

Así se desprende de una encuesta realizada por Atento, empresa de servicios de relación con clientes y externalización de procesos de negocio en Latinoamérica, para conocer cómo ha afectado la crisis del Covid-19 a los modelos de negocio de sus clientes, entre los que se encuentran empresas de los sectores de retail, banca, seguros y telecomunicaciones.

La mitad de los encuestados considera que el mayor riesgo al que se enfrentan las compañías tras la crisis es la pérdida de clientes y la bajada del consumo de su producto o servicio, concretamente un 47%.

El contact center ha sido el canal más empleado por los clientes para comunicarse con las marcas, seguidos de las aplicaciones webs y apps móvil, con un aumento del 24%, 21% y 17% respectivamente. Además, 8 de cada 10 encuestados asegura que la situación de confinamiento impuesta por el Covid-19 ha modificado el uso de estos canales.

CAMBIOS EN LOS MODELOS DE NEGOCIO

Por otra parte, seis de cada diez empresas encuestadas confiesan que han tenido que modificar la estrategia digital debido a la crisis de Covid-19. Los objetivos son muy diversos: mientras el 25% ha cambiado la estrategia para obtener resultados a corto plazo, otro 25% lo hace para agilizar los proyectos y, otro 25%, por alinear los proyectos a las necesidades de negocio.

«Nos resulta bastante revelador que, tras la crisis, los clientes tengan tan claro que el teletrabajo ha venido para quedarse, y que incluso puedan plantease que la mitad de la actividad de sus centros de relación clientes se realice con agentes teletrabajando. Sin duda, vemos una gran oportunidad en la implantación a largo plazo del modelo de homeoffice para nuestra industria», señala el director general de Atento en la región EMEA, José María Pérez Melber.

En su opinión, los resultados están demostrando que se pueden mantener los mismos estándares de calidad y eficiencia con empleados más motivados, aplicando herramientas de seguimiento adaptadas a la nueva situación.

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz y el director general de españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Juan Duarte Cuadrado, han firmado este miércoles un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Según el Convenio Europeo sobre Funciones Consulares, los funcionarios consulares pueden autorizar notarialmente en países extranjeros actas y contratos de ciudadanos españoles o bienes situados en España, así como, capitulaciones matrimoniales en las que al menos una de las partes sea española.

«La finalidad de este convenio es el diseño y desarrollo de procedimientos que sirvan para mejorar el sistema español de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo», ha afirmado Martínez Sanchiz.

En virtud del acuerdo, a partir de ahora los cónsules y diplomáticos encargados de la fe pública serán considerados funcionarios incorporados al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de Blanqueo de Capitales del Consejo General de Notariado.

Hasta ahora, y como sujetos obligados por la normativa, los funcionarios diplomáticos informaban al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias (SEPBLAC) de los indicios o sospechas de blanqueo que pudieran detectar en el ejercicio de su función autorizando dichas operaciones.

Desde la firma de este convenio, según ha destacado Duarte Cuadrado, los funcionarios diplomáticos encargados de la fe pública deberán llevar una base de datos de las operaciones que autoricen en su función notarial, con información sobre la identificación de los intervinientes o representantes; el tipo e importe de la operación; la localidad y fecha de la firma o la identificación de los objetos (inmuebles, bienes muebles, buques, acciones, participaciones, otros valores o activos financieros).

Esta base deberá llevarse a través de una plataforma diseñada por la agencia de tecnologías del Notariado. Los técnicos del Notariado analizarán la información, de la misma manera que hacen con los datos remitidos por los notarios españoles, y la incorporarán a la información que remiten al SEPBLAC o a las instituciones con las que colaboran, como fiscalías, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Agencia Tributaria.

Asimismo, los funcionarios diplomáticos incorporarán información a la Base de Datos de Titular Real del Notariado. En este sentido, remitirán todos los documentos públicos que afecten al tracto de acciones o participaciones de sociedades mercantiles españolas (constitución de sociedades, transmisión o donación de acciones o participaciones, ampliaciones y disminuciones de capital social, disoluciones) y que se refieran a las manifestaciones de titularidad real de entidades jurídicas, españolas o extranjeras.

Por último, el convenio recoge la edición de un manual interno para las oficinas consulares, con el fin de estandarizar y unificar los procedimientos en esta materia, así como la aprobación de un plan de formación en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

El 88,3% de los españoles cree que en los próximos años la gente seguirá trabajando más allá de los 65 años, según se desprende de la ‘III Encuesta sobre Jubilación y Hábitos de ahorro de los españoles’.

De este estudio también se desprende que casi el 90% de los españoles piensa que las personas de mayo edad «aportan mucho al mercado laboral». Así, 8 de cada 10 encuestados considera que los mayores de 65 años pueden contribuir con su experiencia y conocimiento, mientras que el 57% considera que este tipo de perfiles cuenta con capacidad para formar a los empleados más jóvenes.

Además, un 31% de los encuestados afirma que los trabajadores de mayor edad tienen una mayor capacidad de resolución y el 17,3% piensa que también tienen una mayor capacidad de adaptación.

Preguntados sobre cómo piensan que será su jubilación, el 76% apunta que llevará a cabo nuevos proyectos personales cuando se jubile y el 82% asegura que será una etapa activa de su vida. También ponen de relieve que pasarán más tiempo con sus seres queridos.

Sin embargo, casi un 52% de los encuestados considera que la salud física y mental será un impedimento para hacer todo aquello que hacían antes. Por su parte, un 26,1% admite que su propósito durante los años de jubilación es «no haber absolutamente nada».

Por otro lado, los encuestados, preguntados sobre qué harían si supieran que van a vivir 100 años, han señalado que cambiarían algunos aspectos si supieran que van a vivir más de un siglo.

De hecho, más de la mitad (51,6%) reconoce que cuidaría más su alimentación y haría más ejercicio. Por su parte, un 51% dice que viviría con menos preocupación. También un 46,8% reconoce que viajaría mucho más, un 30,4% ahorraría más y un 20% intentaría trabajar menos.

El director de Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez, ha señalado se está asistiendo a una transición demográfica «sin precedentes», que conllevará importantes cambios en las estructuras sociales y económicas, por lo que considera que es fundamental estar bien preparados para ello.

Para Jiménez, llama la atención que solo 3 de cada 10 encuestados admitan que ahorrarían más si supieran que fueran a vivir más de 100 años «cuando el momento de la jubilación y el bienestar en esta etapa constituyen uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad y donde una buena planificación resultará clave».

El Ibex 35 ampliaba su descenso al 1,83% en la media sesión de este miércoles, con lo que se colocaba al filo de los 7.300 puntos, en una jornada marcada de nuevo por el temor a una segunda oleada de Covid-19 ante los rebrotes y el repunte de contagios en Estados Unidos y países de Latinoamérica, principalmente.

Además, los inversores estarán pendientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) que actualizará sus previsiones económicas mundiales en un contexto marcado por la pandemia del coronavirus, al tiempo que conocerán el índice IFO de confianza empresarial en Alemania.

Así, el selectivo madrileño borraba las ganancias del día anterior y se colocaba en los 7.302,4 puntos en torno a las doce del mediodía, en una semana marcada por el inicio de la ‘nueva normalidad’ tras el fin del estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir el Covid-19.

Las mayores caídas las presentaban IAG (-5,3%), Sabadell (-4,32%), Arcelormittal (-3,92%), Bankia (-3,54%), Santander (-2,84%), Acerinox (-2,8%), BBVA (-2,7%), Amadeus (-2,68%), ACS (-2,31%), Bankinter (-2,26%) y Repsol (-2,22%).

Por el contrario, únicamente aguantaban en ‘verde’ en la media sesión Indra (+1,07%), Ence (+0,97%), CIE Automotive (+0,75%) y MásMóvil (+0,44%).

El resto de bolsas europeas también cotizaba en negativo, con retrocesos del 2,39% en Londres, del 2% en París, del 2,24% en Fráncfort y del 1,5% en Milán.

Por otro lado, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en 42,21 dólares, mientras que el Texas se colocaba en los 39,85 dólares.

Por último, la cotización del euro frente al dólar ascendía a 1,1300 ‘billetes verdes’, mientras que la prima de riesgo española se mantenía en 88 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,468%.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defendido este miércoles mantener los ERTEs para afrontar la crisis del coronavirus: «Muchas empresas no podrán empezar de nuevo porque no tienen las condiciones para hacerlo y necesitan este balón de oxígeno».

Lo ha dicho al intervenir en la reunión ‘Empresas españolas liderando el futuro’ de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el mismo día en el que el Gobierno y los agentes sociales vuelven a la mesa de negociación para intentar cerrar una prórroga de los expedientes.

Ha defendido que patronales y sindicatos están actuando desde el diálogo y la concertación como la sociedad espera de ellos: «Probablemente, los que más estamos haciendo para generar la confianza necesaria somos los agentes sociales».

También ha pedido también al Gobierno «solucionar ya, sin más dilaciones, el fiasco del pago» de las prestaciones de los ERTEs a los trabajadores que todavía no lo han cobrado.

UN PAÍS «ENDEUDADO»

Ha destacado el rol de la CEOE en la reactivación de la economía, que defiende abordar mediante consensos: «Tiene que ser un elemento fundamental en ayudar al Gobierno a conseguir que lleguen de Europa fondos europeos para la reconstrucción de la economía.

En este contexto, los fondos europeos son «un soplo de aire fresco» al que no se puede renunciar, según Sánchez Llibre, para poder diseñar un nuevo modelo productivo que convierta a España en un referente en Europa.

«No nos engañemos. Somos un país endeudado con una economía muy dependiente del sector servicios», a los que debe sumarse una industria fuerte, lo que ha situado como uno de los objetivo de la reconstrucción.

Así, ha apostado por detectar «nuevos nichos de progreso», garantizar inversiones, crear empleo y establecer pautas para el cambio del ciclo económico, a través de la colaboración público-privada.

«POLÍTICAS RIGUROSAS»

También ha solicitado al Gobierno «políticas rigurosas y eficientes», que atiendan a las necesidades de las pymes y los autónomos, cuya liquidez ha pedido garantizar.

«Los aplazamientos de impuestos del segundo trimestre, el IVA, el IRPF y la Seguridad Social, así como una segunda tanda de avales ICO por valor de 70 millones de euros, han de ser tomados en consideración por parte del Gobierno», ha defendido.

Y ha pedido trabajar en medidas compartidas entre agentes sociales y administraciones: «Los empresarios estamos a favor de arrimar el hombro, a favor de crear un nuevo proyecto colectivo que el Gobierno debe liderar, pero debe hacerlo con políticas viables, sin estridencias y sin ocurrencias».

Renfe tendrá una rebaja en el canon que paga a Adif por el uso de las líneas ferroviarias, que se le aplicará a los trenes que hayan circulado durante los tres meses de estado de alarma con la obligación de limitar el número de plazas para cumplir con las distancias de seguridad entre viajeros.

En virtud del descuento, la operadora deberá abonar canon en función de los billetes de tren que pudiera vender en vez de por los kilómetros recorridos por cada tren.

Así se establece en el Real Decreto Ley de medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica aprobado este martes por el Gobierno, que hoy publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La rebaja permitirá así a Renfe amortiguar parte del impacto de la crisis que le ha llevado a revisar su plan estratégico. La compañía ha dejado de ingresar 420 millones de euros por la venta de billetes de AVE y Larga Distancia durante las semanas de estado de alarma, según detalló recientemente su presidente, Isaías Táboas.

En concreto, la reducción «excepcional y temporal» del canon establece que para su liquidación se tendrá en cuenta el resultado de multiplicar «los kilómetros recorridos por un tren por el número de plazas que Renfe haya estado autorizada a comercializar, atendiendo a las medidas necesarias de máxima separación posible entre viajeros determinadas por las autoridades competentes en cada momento».

Durante los meses del estado de alarma, Renfe tuvo restringido el número de plazas de cada tren AVE y Larga Distancia que podía vender primero a un tercio de su capacidad total y, posteriormente, al 50%, para dejar vacío el asiento contiguo a cada pasajero.

En el marco del plan de desescalada, la compañía ferroviaria pública ya pudo volver a vender todas las plazas de sus trenes desde el pasado 8 de junio.

Así, la reducción de este importe, el que constituye uno de los principales costes de explotación de Renfe, se aplicará a los pagos mensuales que correspondan desde que se decretó el estado de alarma y hasta que «decayeron las medidas de restricción obligatoria de la oferta».

NO PAGAR POR PLAZAS SIN INGRESO

En el Real Decreto, el Gobierno atribuye la rebaja al hecho de que, en caso de no realizarse el ajuste, Renfe pagaría a Adif un peaje «por unas plazas sobre las que no puede obtener ingreso alguno, y no por una hipotética falta de demanda, sino por una novedosa limitación impuesta por graves motivos sanitarios».

Asimismo, el Ejecutivo argumenta la necesidad y urgencia de aprobar la medida mediante Real Decreto Ley en el hecho de que el canon vigente aún tiene carácter de tributo y de que el canon se liquida mensualmente.

El canon que Renfe y los futuros operadores que entren en la red ferroviaria abonan a Adif por el uso de la infraestructura constituye a su vez la principal fuente de ingresos de esta compañía.

MORATORIA DE ALQUILERES

El Real Decreto aprobado por el Gobierno este martes incluye otra medida relacionada con Adif, se trata de la moratoria que esta compañía pública promotora y gestora de las infraestructuras ferroviarias puede aplicar en el pago de los alquileres de los locales comerciales de las estaciones de tren, cuyo negocio se ha visto afectado por el parón del transporte durante el estado de alarma.

El Ejecutivo enmarca esta medida, que también beneficia a otros activos en renta, como las instalaciones logísticas, en las políticas que viene desarrollando para «para proteger y dar soporte al tejido productivo».

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles en el Congreso que entre el pasado viernes 19 de junio y este lunes 22, en apenas tres días, unos 150.000 trabajadores salieron de sus expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para reanudar su actividad.

En total, más de un millón de trabajadores han finalizado ya los ERTEs facilitados por el Gobierno a las empresas para ajustar sus plantillas, ante las restricciones impuestas y la paralización de la actividad por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, según ha dicho la titular de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En una interpelación dirigida por el PP en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso, Calviño ha señalado que, hasta el mes de abril, la Seguridad Social ha recuperado un tercio de la afiliación perdida y que en mayo se ha detectado un «repunte» en indicadores económicos como los de gestores de compra, la confianza empresarial, el consumo eléctrico o el gasto de tarjeta.

Unos datos que, ha explicado la vicepresidenta tercera, evidencian «signos de recuperación» y que, si bien ha concedido que «queda camino por delante», considera que «reafirman» al Gobierno en sus «previsiones prudentes» y sus «acciones acertadas» para que se produzca una aceleración «paulatinamente» de la economía a partir de esta segunda mitad de año y durante el próximo año.

Las ampliaciones de capital de las sociedades mercantiles alcanzaron los 8.459,6 millones de euros en los cinco primeros meses del año, un 32,4% menos que en el mismo periodo del año pasado, tras ceder un 19,5% en mayo, hasta los 479,2 millones de euros, según el radar de Axesor.

De esta forma, Axesor destaca que las ampliaciones de capital se han reducido en más de 4.000 millones de euros en los cinco primeros meses del año, periodo afectado desde mediados de marzo por la crisis sanitaria del Covid-19.

Por sectores, con excepción de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, sector que registra un aumento el 2,56% en mayo, las ampliaciones de capital cayeron en el resto de los 20 sectores en los que Axesor divide la actividad económica.

En el acumulado del año solo cuatro de ellos registran tasas positivas: transporte y almacenamiento (+259,95%), actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+43,79%), industrias extractivas (+15,37%) y actividades administrativas y de servicios auxiliares (+9,35%).

En términos absolutos, el sector de las actividades financieras y de seguros y el de las actividades inmobiliarias continúan liderando las ampliaciones, muy por encima del resto con 2.130,5 y 1.901,37 millones de euros entre enero y mayo. Le sigue construcción con 963,27 millones de euros.

LAS REDUCCIONES DE CAPITAL BAJAN UN 17%

En paralelo, en las reducciones de capital, continúa la tendencia de moderación iniciada en el mes de abril. Con respecto a dicho mes, las desinversiones cayeron más de 144 millones de euros (un 46,91% menos), pasando desde los 307,75 a los 163,4 millones de euros.

Respecto al mismo mes del año anterior el desplome fue del 89,2%. Así, el volumen acumulado del año 2020 sumó un total de 4.364,66 millones de euros, un 17% menos que en el mismo periodo de 2019.

En lo que va de año, Axesor aprecia una leve recuperación en el comercio, uno de los sectores estratégicos para la economía de España, ya que las ampliaciones de capital cayeron un 42,95%, casi medio punto menos de lo que lo hacían hasta abril (-43,47%). Así, en los cinco primeros meses del año se alcanzó un importe de 522,49 millones de euros.

Por el contrario, en el sector de la hostelería el volumen se contrajo un 31%, casi 10 puntos por encima del la caída acumulada hasta el mes de abril (-21,3%), siendo el volumen de ampliaciones de capital en los cinco primeros meses del año de 277,4 millones de euros, frente a los 402,15 de hace un año.

EXTREMADURA Y VALENCIA, EN POSITIVO

Por comunidades autónomas, solo tres de ellas cierran los cinco primeros meses del año con cifras positivas, Extremadura (+12,6%), Comunidad Valenciana (+11%) y Ceuta y Melilla (+22,3%).

En el lado contrario de la tabla, Asturias (-67,5%), Canarias (-56,8%) y La Rioja (-55,7%) son las regiones donde más se contraen las ampliaciones de capital.

En cifras absolutas, Madrid, con un volumen acumulado en el año de 3.346,94 millones de euros, Cataluña, con 1.665,07 millones de euros y Valencia, con 761,33 millones de euros, lideran las operaciones de ampliación de capital.

Frente a ellos Ceuta y Melilla, con sólo 3,11 millones de euros, La Rioja, con 20,53 millones de euros, y Navarra, con 48,92 millones de euros, son las comunidades autónomas que concentran los menores importes.