La ministra realiza un llamamiento a la «calma» a visitantes y residentes, ya que España es «un país seguro»

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el Gobierno central está «trabajando para intentar paliar» el impacto económico del coronavirus, que dependerá de su «magnitud y la duración», en especial en el sector turístico. También ha recordado a los turistas que España «es un país seguro» y, por tanto, pueden estar «tranquilos».

Maroto se ha referido en estos términos preguntada sobre esta cuestión por los periodistas durante su visita a las instalaciones de la empresa Snap On, en Irun (Gipuzkoa), en la que ha estado acompañada de la secretaria general del PSE-EE y candidata a Lehendakari, Idoia Mendia, del secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Eneko Andueza, y del alcalde irundarra, José Antonio Santano.

«Todos los ministerios estamos coordinados con el de Sanidad al que hay que felicitar por el trabajo que está haciendo». Los protocolos y las guías en el ámbito del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se están coordinando en un grupo interministerial que de hecho está reunido este viernes», ha apuntado, para incidir en que, «más allá de polémicas, el trabajo que se está haciendo por parte del Gobierno de España es ejemplar, dando información, tomando decisiones siempre basado en la evidencia científica.

La ministra ha reconocido que «hay preocupación en algunos sectores, en particular en el turístico» en el que «ya estamos viendo un impacto del coronavirus como consecuencia de la disminución de reservas». «Como saben también se han cancelado y retrasado algunas ferias y congresos y por lo tanto con el sector turístico estamos especialmente trabajando para intentar de paliar este impacto, un impacto que va a depender de la magnitud y de la duración del coronavirus».

Según ha indicado, aún estamos «en la fase 1» de contención, y, en función de cómo evolucione la enfermedad, el Ministerio de Sanidad irá «dando pautas». En todo caso, ha apuntado que los protocolos que se están adoptando en este momento son «sobre todo informativos» con «píldoras informativas en los aeropuertos, puertos, hoteles y agencias de viajes para que todo el mundo que necesite información, sobre todo preventiva, esté a su disposición». «Los protocolos de actuación los conocen los profesionales y nos preocupa ahora cómo minimizar el impacto, sobre todo en el sector turístico», ha señalado.

En cuanto al sector industrial ha apuntado que aún «no hay un impacto real». «Ayer hubo una reunión de coordinación con las principales organizaciones industriales y todavía no hay un problema de suministro grave», ha aseverado.

No obstante, ha afirmado que «en algunas plantas sí, pero no de forma generalizada» y «el diálogo constante con los sectores va a permitir tener información e ir tomando decisiones a medida en que nos vayan dando más información sobre, por ejemplo, la falta de determinados suministros que haga que alguna planta productiva tenga que cerrar».

En todo caso, ha incidido en que «el diálogo entre el Gobierno con los sectores económicos es constante» y desde el Ministerio de Sanidad se está haciendo «muy buen trabajo», lo mismo que desde los profesionales sanitarios.

«MANTENER LA CALMA»

También ha recordado que España «es un país seguro» y los visitantes y residentes pueden estar «tranquilos», para añadir que, lo único que se solicita es que las medidas preventivas, «que son muy básicas» –el lavado de manos o uso de pañuelos de papel– se cumplan para evitar contagios, pero sin que exista «ninguna restricción para que la gente pueda disfrutar de sus vacaciones.

«Apelo a la responsabilidad, hay que mantener la calma, estamos muy bien informados y desde el Gobierno se da información diaria sobre la evolución de la enfermedad y, por lo tanto, también a que «confíen en el sistema sanitario; tenemos el mejor».

Asimismo, ha pedido que «no se tomen decisiones que no sean realistas y no estén basadas en la evidencia científica». «Es responsabilidad de todos nosotros seguir haciendo una vida normal salvo que efectivamente tengamos un caso de contagio en nuestro centro de trabajo o una exposición al virus, caso en el que se pasaría a los protocolos sanitarios», ha finalizado.

El sector español de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) incrementó su cifra de negocio en un 3,5% en 2019, hasta los 56.130 millones de euros, según un estudio de Computing, que recoge 100 primeras firmas tecnológicas del país.

Telefónica, Orange, Vodafone, Indra e IBM fueron los líderes de este mercado, dominado por los proyectos de transformación y digitalización, con iniciativas relacionadas con el ‘computing’ y la analítica que apuestan por la inteligencia artificial o la robotización.

Las 10 primeras compañías coparon un 63% del mercado total y obtuvieron una facturación de 35.426 millones de euros en 2019.

Seis representantes de capital español se encuentran entre las 25 primeras firmas de la clasificación: Telefónica, Indra, MásMóvil, Euskaltel, Iecisa y Seidor.

Por último, destaca el incremento del número de empleabilidad en las 100 primeras empresas en un 5,4%, contabilizándose un total de 240.915 trabajadores en 2019.

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha esperado que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado y ha señalado que «el primer paso ya lo hemos dado, que es sacar la senda de estabilidad tanto en el Congreso como en el Senado».

Según ha dicho, «espero poder llegar a acuerdo presupuestario con el resto de fuerzas políticas para traer pronto los Presupuestos, querríamos traerlos en mayo-junio porque seguimos con los Presupuestos de Montoro».

A su juicio, «estamos en el buen camino, creo que el entendimiento con las fuerzas políticas está bien encauzado, y me gustaría llegar a acuerdos con otras fuerzas, con Ciudadanos, con UPN, con el PP… menos con la ultraderecha con todos, pero nos encontramos un bloqueo total y absoluto de cualquier política por parte de la derecha española». Es un no irracional de la derecha porque el proyecto que tienen es atacar al Gobierno, no hay una sola propuesta», ha opinado.

Lastra ha defendido que el Gobierno tiene que sacar adelante los Presupuestos, porque «es la herramienta de las políticas para hacer inversiones, destinar recursos a educación, sanidad y más».

El Índice General de Producción Industrial (IPI) bajó un 3,6% el pasado mes de enero en relación al mismo mes de 2019, tasa 5,7 puntos inferior a la de diciembre, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el retroceso interanual de enero, la producción industrial registra su mayor caída desde diciembre de 2018, cuando cayó un 4,2%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial también se situó en negativo al descender un 2,1% interanual en enero, tasa 3,2 puntos inferior a la registrada en diciembre.

En tasa mensual (enero de 2019 sobre diciembre de 2018), la producción industrial subió un 0,2% eliminando los efectos estacionales y de calendario, en contraste con el ascenso de un año antes (+3,4%).

La epidemia de coronavirus tendrá un significativo impacto en la economía global, que podría perder entre 77.000 y 347.000 millones de dólares (68.528 y 308.824 millones de euros), lo que equivale a entre una y cuatro décimas del PIB mundial, en función de la rapidez con la que sea contenida la enfermedad, según las estimaciones del Banco Asiático de Desarrollo (ADB).

De este modo, según el escenario intermedio planteado por la institución, que contempla un alivio de las restricciones y otras medidas de contención a partir de los tres meses desde el apogeo del brote en enero, la economía mundial perderá alrededor de 156.000 millones de dólares (138.862 millones de euros), lo que equivale a prácticamente dos décimas del PIB global.

Según las estimaciones del ADB, la economía china asumiría un impacto de 43.890 millones de dólares (39.061 millones de euros), el 57% del total, lo que equivaldría a la pérdida de tres décimas de PIB, bajo el escenario más optimista, mientras que bajo la peor hipótesis, el impacto en China ascendería a unos 236.793 millones de dólares (210.732 millones de euros), el 68% del total, lo que supondría un ajuste de 1,7 puntos porcentuales del PIB.

«Hay muchas incertidumbres sobre el Covid-19, incluido su impacto económico», dijo el economista jefe del ADB, Yasuyuki Sawada. «Esto requiere el uso de múltiples escenarios para proporcionar una imagen más clara de las pérdidas potenciales. Esperamos que este análisis pueda ayudar a los gobiernos mientras preparan respuestas claras y decisivas para mitigar los impactos humanos y económicos del brote», añadió.

En este sentido, la institución ha comprometido hasta la fecha 2 millones de dólares para mejorar la detección y la prevención del Covid-19 en China y la subregión del Mekong, así como otros 2 millones de dólares para apoyar la respuesta a la epidemia de los países en desarrollo miembros de la entidad, además de préstamos por importe de 18,6 millones de dólares (16,5 millones de euros) a Jointown Pharmaceutical Group, farmacéutica china con sede en Wuhan.

Asimismo, ADB ha expresado su disposición a proporcionar apoyo adicional a sus miembros en la lucha contra los efectos adversos del coronavirus, incluyendo sus actuales líneas de préstamo y asistencia financiera de emergencia, inversiones en el sector privado y asistencia técnica.

Presupuestos para antes del verano. Es el deseo del Gobierno. Pero con matices. Y esos matices tienen que ver con contar con el apoyo suficiente para aprobarlos. Unos apoyos que estarían condicionados por la fecha de las elecciones en Cataluña. Si son pronto, acabarían entorpeciendo la negociación. El Plan B del Gobierno, entonces, sería prorrogar los ya existentes, y ponerse a trabajar en los de 2021. De ser así, el conflicto de los funcionarios de prisiones seguiría alargándose

No se trata de una entelequia ya que el Gobierno ha adelantado a febrero un trámite parlamentario que se hace en julio (el techo de gasto para el año siguiente). Y ha sido aprobado.

Otra piedra más en el camino para que los funcionarios de prisiones consigan sus reivindicaciones tiene que ver con la situación económica. Las previsiones de crecimiento para la economía española han sido desinfladas por diferentes instituciones, desde la OCDE, hasta S&P, o Citigroup. Y a menor crecimiento, menor recaudación fiscal. Por no hablar del mayor gasto que puede conllevar destinar más dinero al coronavirus, o hacer frente a EREs derivados de una menor producción.

Marlaska podría volver a utilizar la excusa de tener un presupuesto prorrogado para frenar las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones

Además, el Gobierno tiene todavía los deberes sin hacer en materia de ajuste estructural. Por tanto, su margen fiscal para realizar políticas expansivas es mínimo. Demasiados frentes para que los presupuestos sean expansivos. Los ministerios, incluido el de Interior, tendrán difícil elevar sus dotaciones.

FUNCIONARIOS DE PRISIONES FRENTE A MARLASKA

Las tensiones entre el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, y Podemos, por la política migratoria, tampoco aventura una solución al conflicto de los funcionarios de prisiones. Cierto que Podemos (como el resto de partidos) ha mostrado su apoyo al colectivo. Pero en Interior callan. Y, de momento, ganan la particular batalla con sus socios de Gobierno en otros frentes.

Antes de la formación del actual Ejecutivo, el ministro Grande-Marlaska puso como excusa el hecho de estar en funciones para no poder hacer frente a las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones. También que no contaba con un presupuesto. Si no se aprueban los de este año, podrá seguir utilizando la misma evasiva. Así, por ejemplo, podrá seguir guardando en el cajón la promesa incumplida de los 123 millones de euros prometidos a repartir entre los años 2019 y 2020.

Pero detrás de estas cifras, tal y como adelantó MERCA2, hay otras que son las que frenan las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones. Las nóminas de los cuerpos de seguridad del Estado son hacen dos paradas: Hacienda e Interior. Pero las de los funcionarios de prisiones tiene una parada intermedia: Administraciones Públicas.

Si se subiera el sueldo a los trabajadores de prisiones, otros funcionarios que están bajo el paraguas de Administraciones Públicas (extranjería, tráfico…) podrían estar tentados de solicitar la correspondiente equiparación salarial. Y eso supondría un gasto de unos 1.200 millones de euros.

Los antecedentes, además, no son buenos. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presentó el Gobierno socialista (y que finalmente no se aprobaron) suponían un récord de gasto: 325.000 millones. Un 5% más.

Por aquel entonces, la situación económica era diferente. España crecía más, y no había incertidumbres que han surgido y que frenarán los ingresos y pueden aumentar el gasto. Pero es que, en dichos presupuestos, los funcionarios de prisiones no sólo estaban aparcados en un segundo plano, sino que se les discriminaba entre ellos. El gasto de personal de los altos cargos se incrementaba un 90,3%, y a los funcionarios, un 4%.