La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este martes que el mes de mayo, tras el fin del Estado de alarma, puede ser un «punto de referencia» para decidir sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) una vez se avance en la recuperación, y ha recordado que el SMI ya está en la «banda alta» europea, puesto que «ningún otro país» lo ha subido casi un 50% en cinco años ni presenta una tasa de paro como la española.

Así lo ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha indicado que mayo puede ser un «punto de referencia» para abordar la variación del SMI al haber finalizado el Estado de alarma decretado hasta el día 9 de ese mes y poder constatar en qué situación se encuentra la economía y la recuperación.

Calviño ha recordado que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha deslizado este martes que probablemente habrá que darse un margen de seis meses para evaluar la economía y estudiar «si procede» que continúe la senda de alza del SMI «defendida por el Gobierno desde hace dos años y medio».

A su juicio, las circunstancias actuales derivadas de la crisis desaconsejan acometer en este momento una subida del SMI, ha recordado que «ningún otro país» ha tenido un alza del SMI de alrededor del 30% y de casi el 50% en los últimos cinco años, lo que supone una variación «muy significativa», al igual que ningún otro país presenta una tasa de paro como la española ni se ha visto tan afectado por la pandemia.

En este sentido, ha recordado que a diferencia de España otros países cuentan con salarios mínimos diferentes para los jóvenes y ha subrayado que el SMI de España (950 euros) está ya en la «banda alta» en comparación a otros países tras el alza de los dos últimos años.

«Eso está bien, creemos que hay que mejorar los salarios y devolver la dignidad, estamos comprometidos con la agenda progresista, pero una cosa distinta es que en este momento con las previsiones de crecimiento, la incertidumbre y empresas golpeadas» sea aconsejable, ha añadido.

En este punto, ha opinado que «lo deseable» en un Gobierno «responsable» es darse un «cierto tiempo» cuando no hay acuerdo con los agentes sociales como en la actualidad, para tomar una decisión en un «contexto diferente.

PENSIONES: EXCLUIR PEORES AÑOS DEL CÓMPUTO

Respecto a las pensiones, ha explicado que el Ejecutivo está preparando un plan alineado con las recomendaciones de la UE y con el «punto de partida» del acuerdo del Pacto de Toledo, apostando por el diálogo social y por sacar de la «batalla política» este asunto.

Según Calviño, se aprobarán medidas de reformas para mantener el poder adquisitivo de las pensiones y, preguntada sobre la propuesta del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, de elevar de 25 a 35 años el cómputo para el cálculo de las pensiones, se ha limitado a decir que el ministro trabaja en un conjunto de elementos a analizar.

Eso sí, ha apuntado que se pueden excluir los peores años, una medida que tiene «más sentido con los trabajos actuales» al ser «más variables» y es «mejor» en términos de remuneración.

«No podemos aislar un elemento», ha marcado Calviño, quien ha abogado por abordar cómo asegurar unas pensiones «dignas» pero que el sistema sea «fuerte» a largo plazo, en un contexto de jubilación de la generación del ‘baby boom’.

CRECIMIENTO EN EL CUARTO TRIMESTRE Y «SENDA DE RECUPERACIÓN» EN 2021

En cuanto a la evolución económica del cuarto trimestre, ha asegurado que mira «todos los días varias veces» los indicadores, y actualmente son «mixtos», ya que algunos van «bastante bien, incluso mejor de lo esperado», como el mercado laboral que sigue creando empleo o los ERTE, que se mantienen con unos 770.000 trabajadores, pero otros no son tan favorables, como los referidos a consumo o el uso de tarjetas.

Así, el escenario central mantiene que habrá «crecimiento» en el cuarto trimestre, a diferencia de la caída del 0,8% del escenario central previsto por el Banco de España, por lo que Calviño cree que permitirá entrar en 2021 empezando con una «senda de recuperación» y que las vacunas permitan una «fase un poco diferente».

No obstante, ha matizado que la recuperación «no va a ser de un día para otro» porque queda aún un proceso de «semanas y meses duros», por lo que se apoya de forma «decidida» a los sectores, como el plan de 4.220 millones de euros para acompañar a la hostelería, comercio y turismo en su recuperación.

El Pleno del Senado ha aprobado este martes con una amplia mayoría del PSOE y partidos como ERC, EH Bildu y PNV los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, los primeros del Gobierno de coalición, y ha rechazado alrededor de 3.500 enmiendas parciales y 12 votos particulares, por lo que al no incluirse cambios las nuevas cuentas públicas no vuelven al Congreso y quedan aprobadas definitivamente para su entrada en vigor el 1 de enero.

En concreto, el dictamen del proyecto de Presupuesto ha recibido 145 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones. Entre los apoyos figuran los del PSOE, ERC, EH Bildu, PNV, En Comú Podem, Más Madrid, Compromís, Teruel Existe, Partido Aragonista (PAR), el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Agrupación Socialista La Gomera, Geroa Bai y el del senador de Ciudadanos Xavier Alegre, que abandonó la formación y se integró en el Grupo Mixto, frente al voto en contra de PP, Vox, Cs, JxCAT, CC o UPN.

Además de aprobarse el dictamen, se han rechazado los 12 votos particulares y alrededor de 3.500 enmiendas que permanecían viva tras su paso por la Comisión de Presupuestos, por lo que las nuevas cuentas públicas han quedado definitivamente aprobadas, sin necesidad de volver al Congreso al no introducirse cambio alguno, poniendo así fin a las

El proyecto de ley de Presupuestos de 2021, que pone fin a la cuentas prorrogada de 2018 del anterior Gobierno del PP, las más longevas de la historia de España, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de diciembre y entrarán en vigor el 1 de enero, según señalan en fuentes gubernamentales.

De esta forma, el Gobierno cumple su hoja de ruta para que las nuevas cuentas públicas, que incluyen 27.000 millones de los fondos europeos, estén listas en el arranque del 2021 para empezar a ejecutar los proyectos derivados de los fondos europeos.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado que España va a iniciar 2021 con nuevas cuentas, unos Presupuestos «inéditos para un momento singular de la historia» del país que permitirán afrontar el futuro «con mayor fortaleza» y dar «un salto de modernización para afrontar los desafíos del siglo XXI».

La semana pasada, el Pleno del Senado ya rechazó los cinco vetos a la totalidad presentados por el PP, Vox, Cs, JxCAT y CC y el martes también rechazó las 41 impugnaciones a 22 secciones presentadas por PP (22) y JxCAT (19).

LAS CIFRAS DE LOS PGE

Los Presupuestos de 2021 incluyen el mayor gasto social de la historia con 239.000 millones de euros y también la «mayor inversión pública de la historia», de 239.765 millones, un 10,3% más, incluyendo un adelanto de 27.000 millones de los fondos europeos, si bien los PGE se ejecutarán con independencia de cuando lleguen esos recursos.

En materia impositiva recogen un aumento del IRPF a rentas altas, un alza del 1% en el Impuesto de patrimonios de más de 10 millones de euros, el límite de exenciones en Sociedades, la reducción de desgravaciones a planes de pensiones privados y un aumento de las primas de seguro, a lo que se sumarán las tasas ‘Tobin’ y ‘Google’, un nuevo impuesto a envases de un solo uso, un tipo del 15% a los beneficios no distribuidos de las ‘socimi’, una participación mínima de 2.500 euros para beneficios fiscales de las ‘sicav’ y un alza del IVA del 21% a bebidas azucaradas.

No obstante, en la tramitación en el Congreso se excluyó a los lácteos del alza del IVA de bebidas azucaradas y se descartó la subida del diésel a petición de formaciones como el PNV.

El presupuesto consolidado destina a políticas de gasto 412.087 millones de euros, excluyendo los fondos de financiación territoriales y dotaciones adicionales por la Covid-19, y el ‘techo de gasto’ del Estado se sitúa en 194.456 millones, más de un 50% mayor y el más elevado de la historia.

Además, contempla una subida del sueldo de funcionarios y de pensiones públicas del 0,9%, mientras que las pensiones no contributivas subirán un 1,8%, el IPREM un 5%, y elevará notablemente las partidas de Educación (+70%), con récord en becas, Sanidad (+75,3%), dependencia (+34,4%), I+D+i (+80%) e infraestructuras (+114,8%), al tiempo que aumentan un 150% las ayudas al comercio, turismo y pymes.

CRÍTICAS POR LOS PLAZOS

A pesar de su aprobación definitiva, los plazos de tramitación en el Senado ha sido uno de los puntos más conflictivos durante el debate de este Pleno, junto a la no incorporación de enmiendas y los socios. En este contexto, la oposición y algunos partidos que finalmente han acabado avalando las cuentas públicas han cargado contra el Gobierno porque consideraban que no estaban dando la importancia que se merece al Senado.

Según han denunciado estos grupos, entre los más vehementes PP, Ciudadanos o Junts, que el Ejecutivo finalmente no haya aceptado ninguna enmienda representa la falta de «voluntad política». «Es una burla a la democracia y al parlamentarismo. Esto es todo menos progresista», ha llegado a decir el portavoz de JxCat, Josep Lluís Cleries, visiblemente molesto.

Por su parte, los partidos que conforman el Gobierno han defendido estos tiempos de tramitación en la Cámara Alta y han recordado que, este calendario, fue aprobado por una gran mayoría en el Senado. Además, la senadora de En Comú Podem, Sara Vilà, ha reprendido que «sí hay prisa por aprobarlos ya porque hay mucha gente que sí importa una semana. El portavoz socialista, Ander Gil, ha asegurado que 2021 «vendrá cargado de progreso y libertad».

El Gobierno se compromete a rendir cuentas cada tres meses en la Comisión Mixta de la Unión Europea de las Cortes sobre el desarrollo de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que canalizará los fondos europeos y aprobará, junto al real decreto-ley de reforma de la Administración, otros dos para crear una unidad de seguimiento del plan en Presidencia del Gobierno y otro para modificar la estructura del Ministerio de Hacienda.

Así lo han señalado fuentes gubernamentales después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al real decreto-ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública que elimina los ‘cuellos de botella’ y trabas de la Administración con el fin de agilizar la ejecución de los proyectos de los fondos europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aunque servirá para todo tipo de fondos europeos que pueda recibir España en el futuro, como los Feder.

Fuentes del Ejecutivo han explicado que esta norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el próximo 31 de diciembre, junto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, ya que las nuevas cuentas públicas incluyen modificaciones que imbrican a los fondos europeos, como la recuperación de las agencias estatales.

Junto a estas dos relevantes normas, se aprobarán y publicarán en el BOE ese mismo día otros dos reales decretos; uno referido a Presidencia del Gobierno que no pasará por el Consejo de Ministros para crear la nueva Unidad de seguimiento del Plan de Recuperación, y otro de modificación de la estructura del Ministerio de Hacienda para reforzar la Dirección General de Fondos Europeos.

GOBERNANZA: SÁNCHEZ LAS DIRECTRICES POLÍTICAS Y HACIENDA LA GESTIÓN

Sánchez se encargará de dirigir esta Comisión, de dar directrices políticas y del seguimiento estratégico del Plan de Recuperación. A su vez, se creará también un Comité Técnico, que dará soporte técnico y legal a la Comisión Ministerial, cuya composición decidirá la Comisión en las próximas semanas con «perfiles técnicos», estará dirigido por Hacienda y dará soporte técnico y legal a la Comisión.

También se establecerá una Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, que recaerá en el departamento de Economía y G-20 de Presidencia del Gobierno y tendrá como función mantener permanentemente informado al presidente del Gobierno, en paralelo a la constitución por parte de los distintos Ministerios de foros y consejos consultivos de alto nivel en los principales sectores implicados.

Igualmente, se reactivará la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos con las CCAA al necesitarse una «estrechísima colaboración». Los fondos europeos podrán ser liberados de una sola vez a las regiones para que dispongan de más facilidad en la obtención de estos recursos y se evitará interrupciones.

En cualquier caso, desde Moncloa aclaran que aunque Sánchez se ocupará de las directrices políticas y el seguimiento, será el Ministerio de Hacienda el que se encargue de la gestión de los fondos europeos al ser el órgano competente en la materia, así como el «punto de contacto» del plan y el coordinador entre administraciones que supervisará y gestionará el desarrollo del mismo.

La Dirección de Fondos Europeos, del Ministerio de Hacienda, será designada como la autoridad de gestión responsable de cara a la rendición de cuentas en Bruselas, y el Ejecutivo se compromete a rendir cuentas sobre el desarrollo del Plan cada tres meses en la Comisión Mixta de la UE de las Cortes.

Entre tanto, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) tendrá un papel «preponderante» en el control «riguroso» de los fondos, según las mismas fuentes, que concretan que el control financiero permanente sigue siendo el estándar si bien el Consejo de Ministros determinará en razón a determinadas circunstancias cuando se acude al control financiero permanente.

Cada órgano encargado de la ejecución de los fondos llevará a cabo un control interno, a lo que se sumará el externo de la IAGAE en cuanto el organismo de auditoría compruebe que la aplicación de los fondos es correcta.

En caso de una incorrecta aplicación de los fondos, estos no se transferirían o serían requeridos por parte de la Administración para evitar una ‘descertificación’ por parte de la UE, que retiraría la financiación y tendría que ser asumida por el país, en este caso España.

Con la reforma de la Administración se acometerán modificaciones puntuales para mejorar la tramitación de expedientes, la contratación, la gestión y el control a las fórmulas habituales de trabajo (convenio, subvenciones y fórmulas de consorcio).

La norma contempla un impulso de las sociedades de economía mixtas, bajo las que el Estado contará con mayoría de capital y acomete junto al socio privado la ejecución del proyecto, aunque será una figura más dentro de las decenas que permitirán canalizar los fondos, al tiempo que se recupera figuras administrativas y crea nuevas estructuras ‘ad hoc’ para agilizar la absorción de fondos, como es el caso de la creación de agencias estatales como organismo público, algo que se recoge en el proyecto de Presupuestos y no en el decreto de reforma de la Administración.

Además, el Gobierno crea una nueva figura administrativa de colaboración público-privada: los proyectos estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), para lo que se abrirá un registro en el Ministerio de Hacienda para que las entidades interesadas en formar parte de la colaboración público-privada puedan hacerlo de forma «abierta y absolutamente coordinada». Estos proyectos se aprobarán uno por uno en el Consejo de Ministros.

REASIGNACIÓN DE PUESTOS

Por último, en cuanto a los recursos humanos para gestionar los fondos, se contará primordialmente con aquellos empleados públicos que tengan experiencia directa o indirecta en la gestión de proyectos relacionados con fondos europeos.

Principalmente se reorganizarán puestos de trabajo y asignación de funcionarios para la gestión de los fondos, y se podrá acordar la asignación de funciones a tiempo parcial y, «excepcionalmente» y cuando resulte imprescindible, se contemplará la creación o modificación de puestos de trabajo cuyas funciones estén directamente relacionadas con la gestión de los proyectos.

Fuentes gubernamentales apuntan que no se prevé la incorporación masiva de funcionarios pero sí podría producirse una reordenación «importante» de funcionarios dentro de un determinado departamento, aunque no grandes migraciones de un área a otro. En todo caso, cada departamento tendrá la capacidad de reordenar sus recursos humanos.

Todos los que se dediquen a la gestión de los fondos, podrán recibir un complemento salarial variable por consecución de objetivos para compensar el desempeño del personal.

La Confederación Española de Comercio (CEC) considera que el plan de apoyo al sector de comercio aprobado hoy por el Gobierno resulta «insuficiente y llega tarde» teniendo en cuenta el complejo contexto actual y las previsiones a medio plazo.

Según ha explicado en un comunicado, la CEC considera que el plan de refuerzo debería contemplar ayudas directas a los comercios, ya que se trata de «una de las reivindicaciones del sector y que sí están llevando a la práctica países de nuestro entorno como Francia o Alemania».

«Esta es una medida imprescindible para garantizar la continuidad de las pymes, micro-pymes y autónomos del sector del comercio que se han visto más seriamente afectados por el impacto de la crisis sanitaria derivada del coronavirus», ha explicado la CEC.

Por su parte, la cuantía de las ayudas que contempla el plan (4.220 millones de euros) para el conjunto de la hostelería, comercio y turismo, «resultan muy escasas si se compara con las planteadas en países vecinos».

La confederación considera además que, pese a que algunas de estas ayudas están encaminadas a dotar de liquidez a los comercios, se plantean a costa de afrontar un endeudamiento que en un escenario previsible de niveles de actividad «muy inferiores a los deseados», implicará que resulten «poco eficaces para las empresas de mayor vulnerabilidad, al no poder hacer frente a las obligaciones derivadas de tales medidas».

Por último, desde la CEC entienden que este plan debería haberse planteado con anterioridad. En este sentido, el organismo asegura seguir reclamando una mayor participación de las organizaciones más representativas del comercio en la toma de decisiones y propuestas dirigidas al sector, para lo que considera «urgente» la constitución de la Mesa Sectorial de Comercio.

Axis, la sociedad de capital riesgo del Grupo ICO, ha resuelto la decimotercera convocatoria de Fond-ICO Global, anunciada en el mes de julio, con la selección de 15 fondos en los que invertirá 329 millones de euros y que permitirán canalizar un mínimo de 1.224 millones de euros a empresas innovadoras, ha informado el ICO.

La ronda resuelta hoy, lanzada con el objetivo de contribuir a la recuperación y transformación de la economía en torno a ejes estratégicos como la sostenibilidad, la digitalización y la innovación, es la mayor desde la creación de Fond-ICO Global, tanto por el importe adjudicado como por el número de fondos en los que participará.

Gracias al efecto tractor generado por el esquema de colaboración público-privada con el que funciona Fond-ICO Global, con los 329 millones de inversión aprobados, los quince fondos seleccionados movilizarán un mínimo de 1.224 millones de euros de financiación a empresas españolas innovadoras y de base tecnológica para apoyar el proceso de transformación de la economía.

En esta convocatoria se ha prestado especial atención al ecosistema emprendedor, potenciando la financiación de proyectos de empresas en primeros estadios de desarrollo y startups. Con este objetivo, se han seleccionado nueve fondos en las categorías de incubación, transferencia tecnológica y venture capital.

Al proceso de selección se han presentado 40 fondos, de los que el 27% son fondos internacionales, lo que pone de manifiesto la relevancia que este instrumento está teniendo para atraer capital extranjero.

Los 329 millones de euros de inversión total aprobados para los 15 fondos seleccionados se distribuyen a razón de 25 millones en los 4 fondos elegidos en la modalidad de Incubación/Trasferencia de Tecnología, 107 millones en los 5 fondos de Venture Capital seleccionados, 147,5 millones en los 4 fondos seleccionados en la categoría de Capital Expansión y 50 millones en los 2 de Deuda.

En cuanto a las gestoras cuyos fondos han sido seleccionados, se trata de Alantra Capital Privado, Kibo Ventures Partners, Nauta Capital VC Partners, 4Founders Capital y Axon Partners Group Investment en la categoría Venture Capital.

En la categoría Incubación/Trasferencia de tecnología, las gestoras son Sociedad Palladium Corporate Venture, KIC Innoenergy Iberia, Belerofonte Capital e Impulse2Grow, mientras que en la categoría de Capital Expansión figuran Acon Southern Europe Management, Trilantic Capital Partners VI GP, Magnum Capital Management y Talde Gestión. Por último, en la categoría de Deuda figuran Oquendo Capital y Muzinich & CO.

PLANES DE LIQUIDEZ ENTRE LOS REQUISITOS

En esta convocatoria se han mantenido la digitalización y sostenibilidad de las empresas y proyectos como criterios cualitativos en el proceso de selección de fondos, y se ha valorado por primera vez, dada la situación generada por la COVID 19, la puesta en marcha por parte de las gestoras de planes de actuación para dotar de liquidez de forma adicional y temporal a empresas de su cartera.

Ante la buena evolución del fondo y su positivo efecto sobre el sector del capital riesgo en España, el pasado mes de julio el Grupo ICO aprobó la ampliación en 2.500 millones adicionales para los próximos 5 años de Fond-ICO Global.

Por su versatilidad, Fond-ICO Global se ha consolidado como un instrumento que se ajusta a las necesidades del ecosistema emprendedor en cada momento, destaca el ICO. Por ello, se mantendrá el sistema de selección de fondos a través de convocatorias que permite adaptar tanto el volumen máximo de inversión como el número de fondos ofertados en cada ronda a las necesidades y objetivos del mercado.

En las trece convocatorias de Fond-ICO Global realizadas se han seleccionado 108 fondos privados que invertirán hasta 8.892 millones euros en empresas españolas.

Según destaca el Instituto, Fond-ICO Global «tiene un papel protagonista» en la economía española como dinamizador del sector del capital riesgo en España, contribuyendo a impulsar vías de financiación complementarias a través de la colaboración público privada.

Los fondos en los que participa Fond-ICO Global realizan inversiones en empresas en todas sus fases de desarrollo, prestando especial atención a las inversiones en primeros estadios e innovación.

La diversificación en las vías de financiación contribuye a que las compañías tengan un crecimiento más sólido y sean más competitivas, a través de la financiación de proyectos que combinan innovación y emprendimiento, lo que constituye un pilar básico para asentar la recuperación económica y la creación de empleo.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes que el Gobierno convocará la semana posterior al Día de Reyes a los agentes económicos y sociales para negociar la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

En rueda de prensa tras presidir, junto con la presidenta del Govern, Francina Armengol, la Mesa del Diálogo Social en Baleares, Díaz ha explicado que esta negociación servirá «para dar tranquilidad, esperanza y certidumbre a los trabajadores y a las empresas».

Así, Díaz ha asegurado que las medidas aprobadas este martes en el Consejo de Ministros tendrán «un impacto muy bueno» en Baleares. «Hemos aprobado una nueva senda de ERTEs que van dirigidos a sectores que tienen impactos económico y social en Baleares», ha insistido.

La ministra ha indicado que la protección será «tanto para los activos como para los inactivos» y tendrá una afectación prevista de 686.000 personas. «Esta nueva batería de ERTE será muy positiva», ha remarcado.

La negociación de «la nueva senda de ERTE» comenzará «con carácter inmediato» en la semana posterior al Día de Reyes, según Díaz, porque «nos pondremos a trabajar para abordar la nueva serie» de prestaciones.

Para finalizar, la ministra de Trabajo ha definido los ERTE como «las herramientas fundamentales de mantenimiento de las empresas y de los empleos en nuestro país».

La Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval) cree que el Real Decreto antidesahucios provocará «una oleada de reclamaciones judiciales» por responsabilidad patrimonial y económica del Estado, según ha apuntado en un comunicado.

Así, piensa que el Estado tendrá que asumir responsabilidad penal, «ya que el propietario no podrá garantizar la seguridad de los inmuebles ocupados». Además, piensa que se pone en riesgo la tutela judicial efectiva.

«Esta litigiosidad va en contra de la seguridad jurídica y la confianza que se necesita para desarrollar el mercado del alquiler en España. Daña seriamente nuestra imagen como país ante la inversión extranjera y ante nuestros socios europeos», ha añadido.

Para Asval, el decreto también es un «efecto llamada» a la ocupación ilegal. De hecho, ha recordado que con este real decreto España se ha convertido en una excepción dentro de Europa, «ya que es el único país que regulariza la ocupación ilegal.

Por otro lado, ha incidido en que el sistema de compensaciones debe ser «claro e inmediato, además de acorde con el daño causado». Para Asval, «carece de sentido que no se compense durante este periodo de tiempo a los propietarios y que, además, estos tengan que demostrar el perjuicio económico generado por la ocupación de la vivienda».

«Es evidente que existe un daño económico cuando el propietario no puede hacer uso de su vivienda y, además, tiene que seguir haciendo frente a gastos e impuestos y posibles desperfectos de la misma», ha apostillado, tras insistir en que la ley provoca desequilibrios en el mercado y en el acceso a la vivienda.

El Gobierno ha mostrado su deseo de que «prime el acuerdo» entre los grandes tenedores y arrendadores de la hostelería y comercios con las herramientas puestas a su disposición a través del plan de choque para la recuperación del sector Horeca, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, y no tener así que intervenir.

En una rueda de prensa telemática, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, afirmó, respecto a si el Gobierno prepara algún tipo de compensación para estos grandes tenedores, que en este plan «prima que haya acuerdo» entre ambas partes.

«Para nosotros lo mejor es no intervenir, si hay acuerdo no se necesita ningún tipo de compensación, porque será un acuerdo negociado entre ambas partes», ha explicado.

El Ejecutivo incluye en su plan de ayuda al sector Horeca una medida con la que prevé conseguir una reducción de costes fijos para el sector del turismo, la hostelería y el comercio, por medio de la cual, en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor -aquel que tiene 10 o más locales-, si las partes no llegan a un acuerdo, el arrendatario podrá optar entre una quita del 50% o un aplazamiento del pago hasta cuatro meses después de la finalización del estado de alarma.

De esta forma, el arrendador contará con siete días hábiles para decidir cuál de las dos medidas aplica, pero si transcurrido ese plazo no hubiera contestado, se aplicará inmediatamente la opción elegida por el arrendatario.

190.000 LOCALES, POTENCIALES BENEFICIARIOS.

La titular de Industria ha avanzado que el 12% de los locales comerciales se encuentra en manos de grandes tenedores en España. De esta forma, el número potencial de locales beneficiarios sería de 190.000, de los que 33.000 corresponderían a establecimientos relacionados con el turismo y 157.000 a locales comerciales.

«Este es un plan muy esperado y que calificaría de ambicioso por su importe de más de 4.200 millones, y también oportuno por el momento en el que llega. Se trata de plan eficaz, porque mañana mismo comerciantes, hosteleros y los sectores del turismo se van a beneficiar de este plan, que se suman a las medidas del inicio de la pandemia», ha señalado.

Maroto ha reiterado que este plan es un «flotador» para muchos hosteleros y comerciantes que necesitan para «poder levantar sus persianas».

«Este plan reduce significativamente los costes fijos, sobre todo los alquileres y también los salarios. Hemos puesto el énfasis en la reducción de impuestos y en las cargas derivadas de las cotizaciones sociales mientras se pueda normalizar la actividad de estos sectores en el marco del control de la pandemia», ha precisado la titular del ramo.

Respecto a la reducción de impuestos, Maroto ha destacado que se vuelve a aprobar la medida que permite pasar de estimación objetiva a estimación directa sin la obligación de permanecer en ella tres años. «La mayoría de estas empresas tributan por módulos, por lo que tienen más dificultades que los de estimación directa para justificar la falta de ingresos, por eso hemos adoptado esta medida», ha explicado.

Por otro lado, la ministra ha subrayado que esta batería de ayudas refuerza la protección de actividades como el comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas y establecimientos de bebidas, que pasarán a formar parte de las actividades CNAE protegidas en la última prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

«Hemos incorporado a bares y restaurantes, porque la evolución de la pandemia ha hecho que sean de los más afectados y queríamos destacarlos entre los sectores híper protegidos», ha explicado.

APELA A LAS CCAA A REFORZAR LAS AYUDAS PARA ESTOS SECTORES

Por otro lado, Maroto ha avanzado que este plan de ayudas al sector Horeca se va a consensuar con todas las comunidades autónomas, por lo que se ha convocado una conferencia sectorial para el próximo lunes 28 de diciembre, donde confía en que se puedan «reforzar estas ayudas y dar una respuesta conjunta a estos tres sectores».

Queríamos que este plan fuera eficaz e inmediato. Todas las administraciones tenemos que hacer un esfuerzo adicional para defender a estos sectores tan importantes, el conjunto en estos momentos hay ue hacer ese esfuerzo que todos trabajamos para defender a esos sectores tan importantes, los más vulnerables de la pandemia y los más estratégicos que son básicos para la recuperación de la economía«, ha incidido Maroto.

La gestora británica M&G Investments ha advertido este martes a los inversores españoles de su vehículo ‘M&G Global Themes Fund’, un subfondo de M&G Investment Funds, que se verán afectados ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el 31 de diciembre.

Con el Brexit, estos perderán su condición de ‘Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios’ (OICVM), convirtiéndose en Fondos de Inversión Alternativos no comunitarios (‘FIA No UE’) el 1 de enero de 2021 y por lo tanto, no se podrán comercializar las clases de acciones en España a partir de esa fecha.

Según ha advertido la gestora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, al adquirir la condición de ‘FIA No UE’, algunos inversores pueden sufrir consecuencias de carácter fiscal.

Así, las desinversiones desde las clases de acciones dejarán de beneficiarse del régimen de diferimiento fiscal previsto para los inversores sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en España en el caso de reinversión en otro fondo, según el régimen de traspasos.

M&G Investment ha comunicado que no aplicará comisiones por los reembolsos o nuevas suscripciones asociados a estos cambios, que deberán enviarse antes de las 11.30 horas del 31 de diciembre.

La gestora ha ofrecido a los clientes del país la posibilidad de cambiar su inversión actual para seguir invirtiendo en un producto cualificado como OICVM con una estrategia similar y manteniendo los traspasos, la opción de usar el subfondo de sicav luxemburguesa ‘M&G (Lux) Global Themes Fund.

El producto interior bruto (PIB) real de Estados Unidos experimentó una contracción del 2,6% en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2019, según la tercera estimación del dato publicada este martes por la Oficina de Análisis Económico del Gobierno (BEA, por sus siglas en inglés), que mejora en una décima la cifra pronosticada el mes pasado.

La Oficina ha explicado que las revisiones al alza de la inversión fija no residencial, de la inversión residencial y de las exportaciones se compensaron parcialmente por las revisiones a la baja del gasto del Gobierno, de la inversión en inventarios fijos y del gasto de consumo personal.

De esta forma, la economía estadounidense registró una gran mejoría entre julio y septiembre, después de que el PIB se contrajera un 9% en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El gasto de los hogares cayó un 2,9% en el trimestre, la misma cifra que la previsión anterior, frente al descenso del 10,2% del trimestre precedente. De su lado, la inversión de las empresas experimentó una contracción del 2,5%, frente al 2,7% estimado hace un mes. En el segundo trimestre, la caída fue del 17,5%.

De su lado, las exportaciones cayeron un 15,7%, una décima peor que la primera estimación, y las importaciones observaron un descenso del 9,4%, una décima menos que la estimación anterior.

En términos anualizados, es decir, extrapolando los datos del trimestre al conjunto del año (la forma preferida por la BEA para informar de los datos), el PIB del país experimentó un incremento del 33,1% en el trimestre, la misma cifra que la estimación anterior. En el segundo trimestre, la caída anualizada fue del 31,4%.

En el trimestre, los ingresos disponibles de los estadounidenses se contrajeron un 13,2%, tres décimas peor de lo estimado en noviembre, al tiempo que la tasa de ahorro alcanzó el 16%, diez puntos menos que en el trimestre anterior.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha presentado este martes en el Congreso sus ‘recetas’ para reforzar la independencia del supervisor y de otros organismos reguladores y, en concreto, ha defendido elevar de los seis años actuales a ocho el mandato del cargo que él ocupa, extender la imposibilidad de renovación también a los consejeros del banco y dar un papel más relevante al Parlamento en su nombramiento.

Hernández de Cos ha sido el primer experto citado por la Comisión de Calidad Democrática del Congreso para recabar ideas sobre cómo reforzar la imparcialidad de los órganos y agencias independientes que funcionan en España, con intención de elaborar un informe de recomendaciones que se elevará al Pleno del Congreso.

El gobernador considera que el esquema jurídico y la experiencia del Banco de España como institución independiente financiera y organizativamente puede constituir un buen punto de referencia en el eventual rediseño de otros supervisores.

A su juicio, el Parlamento debería tener un papel más relevante en el nombramiento de los altos cargos del banco y otros reguladores. Actualmente, corresponde al presidente del Gobierno designar al gobernador previa comparecencia del titular de Economía ante la comisión correspondiente del Congreso para informar sobre la candidatura.

CONCURSOS PÚBLICOS

Hernández de Cos no ha apostado por cambiar la ley para que el gobernador sea elegido por el Congreso, pero sí ha remarcado que el aspirante al cargo (incluso también los candidatos a subgobernador y los consejeros) debería comparecer ante el Congreso, bien antes de su nombramiento para que se evalúe su cumple los requisitos legales, o justo después para su ratificación.

Según ha detallado, éste es un sistema similar al que aplica el Parlamento Europeo en los procesos de elección de los altos cargos de BCE. También ha apuntado que, por ejemplo, el Banco de Inglaterra selecciona al gobernador y los subgobernadores mediante concurso público.

Aunque se ha centrado en las mejoras para el supervisor, el gobernador es partidario de que se unifiquen los procedimientos para los nombramientos de los organismos independientes y, como premisa general, considera oportuno que todos ellos tengan mandatos superiores a los cuatro años, para desvincularlos de los ciclos electorales, así como que se «persevere» en la imposibilidad de renovación.

En este punto, se ha preguntado qué sentido tiene que el gobernador del Banco de España tenga un mandato de seis años no renovable mientras que el del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es de cuatro años y con la posibilidad de repetir.

En el caso concreto del supervisor, Hernández de Cos ha pedido elevar a ocho los años de mandato de sus altos cargos y extender a los consejeros la imposibilidad de renovar (ahora pueden optar a un segundo mandato) que ya rige para el gobernador y el subgobernador.

Desde su punto de vista, ampliar el mandato además de para acumular experiencia serviría para aumentar la capacidad de influencia en foros internacionales, mientras que, al prohibir las renovaciones, se rebajarían las eventuales tentaciones de los consejeros de aproximarse a quienes deciden acerca de su posible reelección.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El gobernador mantiene que la independencia de los organismos independientes debe venir acompañada de unos estándares muy elevados en materia de transparencia y rendición de cuentas ante el Parlamento, como elementos imprescindibles para otorgarles legitimidad.

Así, además de proponer, que el gobernador comparezca más ante el Congreso, apuesta por la elaboración de códigos éticos de obligado cumplimiento para los altos cargos de estos órganos que garanticen su independencia del sector público y privado y eviten posibles conflictos de interés.

Hernández de Cos también ha introducido el concepto de ‘buen gobierno‘ en el funcionamiento de estos organismos independientes de modo que tengan siempre presente no sólo los principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad o diligencia, sino también la aplicación de procedimientos y de decisiones colegiadas que garanticen la búsqueda del interés público como principal línea de actuación institucional.

MAYOR AUTONOMÍA PARA LA AIReF

También ha comparecido ante la Comisión de Calidad Democrática la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero quien se ha limitado a hacer propuestas para fortalecer la autonomía funcional de la institución, el acceso a la información y su función evaluadora de las políticas públicas.

Herrero ha destacado que la AIReF cuenta con una direcciónunipersonal a la que se le exige el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso y que cuenta con financiación propia. Pero, a su juicio, hay aspectos de la gestión presupuestaria y de recursos humanos que cabe mejorar.

En concreto, Herrero considera que la AIReF debería tener mayor capacidad y flexibilidad en la distribución de sus recursos sin tener que pedir tantas autorizaciones del Ministerio de Hacienda.

Tras recordar que la institución no cuenta con capacidad autónoma de su política de personal, ha reclamado una mayor salvaguarda de su independencia institucional y autonomía funcional y que se mejore el acceso a la información, tanto en su contenido como en los plazos de acceso.

Además, ha aprovechado su comparecencia para volver a insistir en la conveniencia de reforzar las competencias de la AIReF en materia de evaluación de políticas públicas, por las claras sinergias entresupervisión fiscal y evaluación, incidiendo en que esta es una de las recomendaciones aprobadas el pasado mes de julio por laComisión de Reconstrucción del Congreso.

Para ello, según ha explicado, sería necesario modificar el Estatuto Orgánico de la AIReF dotándola de una estructura organizativa estable y de capacidad de iniciativa en la evaluación. Herrero ha recordado que están pendientes de que el Ministerio de Hacienda se pronuncie sobre esta cuestión.