El Gobierno autoriza a la Administración General del Estado a otorgar avales por importe máximo de 2.817,5 millones de euros este año para cubrir los costes y las pérdidas en las operaciones de financiación que realice el Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI) a través del Fondo Paneuropeo de Garantías en repuesta a la crisis del Covid-19.

Así se recoge en el real decreto-ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 con el que se regula la llamada «nueva normalidad», en el que explica la «extraordinaria y urgente necesidad» de algunas medidas ante las consecuencias económicas de la crisis y, en concreto, ante la falta de financiación que tienen en mayor medida las pequeñas y medianas empresas y los autónomos.

De esta forma, la norma señala que se requiere asegurar la continuidad en la provisión de financiación a empresas durante la crisis, con el fin de evitar que una crisis de liquidez se transforme en una crisis de solvencia.

En este sentido, la creación del Fondo Paneuropeo de Garantías forma parte de la respuesta europea para atender a las consecuencias económicas más inmediatas derivadas de la pandemia, habiendo solicitado el Consejo Europeo su puesta en marcha para el 1 de junio.

«La demora en su implementación implica un riesgo de que una crisis de liquidez se transforme en una crisis de solvencia en el caso de empresas con mayores restricciones a la financiación, lo que podría poner en riesgo la supervivencia de estas empresas, con efectos permanentes en la economía y el empleo», avisa.

Por ello, se autoriza a la Administración General del Estado a otorgar avales por importe máximo de 2.817,5 millones de euros en el año 2020 para cubrir los costes y las pérdidas en las operaciones de financiación que realice el Grupo Banco Europeo de Inversiones a través del Fondo Paneuropeo de Garantías en repuesta a la crisis del Covid-19. Los avales serán incondicionales, irrevocables y a primera demanda del banco.

Asimismo, se habilita a la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para dictar los actos necesarios y para firmar el acuerdo o los acuerdos con el BEI en los que se establezcan los términos en que se otorguen los avales y las condiciones de pago. La ministra podrá convenir las cláusulas que resulten usuales en los mercados financieros, mediante la firma de un acuerdo con el BEI.

A su vez, se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a realizar los pagos correspondientes a los gastos y ejecuciones del aval mediante operaciones de tesorería con cargo a los conceptos específicos que se creen a tal fin.

Con posterioridad a la realización de los pagos, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera procederá a la aplicación al presupuesto de gastos de los pagos realizados en el ejercicio. Los pagos efectuados en el mes de diciembre de cada año se aplicarán al presupuesto de gastos en el trimestre inmediatamente siguiente.

Los importes correspondientes a las ejecuciones de los avales otorgados se atenderán desde la partida presupuestaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital «cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores». Este crédito tiene el carácter de ampliable, según el anexo II «créditos ampliables» de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Por último, los importes correspondientes a los costes, gastos o comisiones en relación con el Fondo Paneuropeo de Garantías que devengue el Banco Europeo de Inversiones se atenderán desde la partida presupuestaria «otros gastos financieros».

Casi la mitad de los españoles prevé que su situación económica empeorará con la crisis del coronovirus, mientras que el 42,9% advierte de que gastará menos en su consumo fuera del hogar, según se desprende del barómetro de Aecoc Shopperview.

En concreto, la crisis económica afectará al bolsillo de los españoles en su vuelta a la ‘nueva normalidad’, aunque un 38,7% ha asegurado que mantendrá su inversión en locales de restauración, mientras que un 18,4% que afirma que incrementará su gasto.

El control en el gasto en el consumo fuera del hogar impactará también en el día a día de los consumidores, ya que hasta el 39% afirma que, una vez pasada la crisis, empezará a llevarse ‘tuppers’ de comida preparada al trabajo para evitar salir a comer fuera.

Tras dos meses de restaurantes y bares cerrados después de decretarse el estado de alarma en España, muchos consumidores ven en bares y restaurantes un pilar en su normalidad y reconocen que esperan retomar sus rutinas.

«El 28% de los españoles quiere volver a los bares, restaurantes y cafeterías durante la desescalada, por lo que hay una clara voluntad de retomar nuestra vida anterior, pero los consumidores también nos advierten que quieren hacerlo con cautela y respetando las medidas que garanticen su seguridad», ha explicado la responsable del área de estrategia comercial y marketing de Aecoc, Rosario Pedrosa.

Sin embargo, el 23% de los consumidores reconoce que el confinamiento ha mejorado su valoración sobre el sector de la restauración durante la crisis sanitaria del coronavirus, mientras que siete de cada diez mantienen la percepción que ya tenían.

En este contexto, Aecoc ha puesto en marcha junto con Hostelería de España y FIAB el proyecto ‘Juntos con la Hostelería’ para contribuir a la reactivación y recuperación de un sector clave para la economía española.

El impacto de la crisis en el consumo fuera del hogar también tiene su impacto en el ‘delivery’, que, hasta el inicio de la Fase 1 de la desescalada, fue la única opción de negocio para la restauración.

El barómetro refleja la buena acogida que ha tenido el servicio a domicilio y las fórmulas de encargo que han habilitado muchos restaurantes durante el confinamiento. Según la encuesta, el 9,1% de la población ha pedido comida a domicilio en las últimas semanas a través de aplicaciones como Glovo, Just Eat o Deliveroo, y el 8,1% ha optado por pedir comida a los locales para recogerla en los establecimientos y comerla en casa.

Sin embargo, la incertidumbre económica también tiene un impacto en la inversión que destinan los españoles a los pedidos de comida, ya que el 45,8% de los consumidores también planea reducir su gasto en los servicios de ‘delivery.

El estudio muestra que una de las mayores preocupaciones de los consumidores es la seguridad y apunta al ‘contactless’ como una de las tendencias que marcará el futuro de la hostelería en la ‘nueva normalidad’.

De esta forma, el 83% de los españoles considera que deben mantenerse al máximo las medidas de seguridad e higiene para combatir el coronavirus una vez pasado el confinamiento y el papel que, en ello, puede jugar la tecnología.

Así, el 44,2% de los encuestados reclama la opción de poder pagar a través de su ‘smartphone’ y uno de cada cuatro consumidores valoraría hacer sus pedidos a través del móvil para garantizar las distancias de seguridad.

El secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha afirmado que es necesario legislar sobre el teletrabajo y asegura que se tienen que mantener los mismos derechos que tienen los trabajadores presenciales.

Así lo ha señalado Pino durante un encuentro con los medios celebrado este miércoles, en el que ha remarcado que el teletrabajo ha pasado de ser el 4% a afectar a casi 10 millones de personas en España.

Es por ello que ve necesario crear una norma sobre esta modalidad de trabajo «para que se den todas las garantías y no quede en manos de los empresarios esta fuente de derechos». El Gobierno tiene que legislar y crear una norma», ha hecho hincapié.

Pino ha criticado que el Gobierno haya sacado a consulta pública un proyecto de ley para el teletrabajo y ha remarcado que esta no es una modalidad de diálogo social y que desconocen lo que se recoge en el borrador, «porque no se ha enviado a los agentes sociales». Solo conocemos lo que dicen los medios de comunicación«, ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que no le parece mal que el Gobierno haya acelerado en esta materia, pero «siempre que lo consulte con agentes sociales». «Parece que hay un pensamiento de que si se va rápido quizás se consiga el teletrabajo que hay en estos momentos», ha señalado Pino refiriéndose a una vez termine la situación de alarma por el coronavirus.

Para el sindicato, un teletrabajo «digno» es aquel que potencia la eficacia de conciliación de la vida familiar o personal y la laboral del trabajador, fomenta la igualdad, respeta los derechos de los trabajadores, protege la salud y seguridad, no carga sobre el trabajador los costes propios del puesto de trabajo (equipos, mantenimiento, redes o suministros, entre otros) e impide el abuso, las jornadas excesivas y asegura el derecho a la desconexión.

Asimismo, aboga por establecer una obligación empresarial de elaborar y aplicar un plan de teletrabajo, «previa negociación y acuerdo con los representantes de los trabajadores», incluir el teletrabajo preponderante, fijar un mínimo y un máximo de tiempo dedicado a realizar la prestación a distancia, no inferior a una jornada completa ni superior a los cuatro días.

JORNADA DE CUATRO DÍAS

Preguntado sobre la jornada de cuatro días, Pino ha explicado que existe una demanda por parte de los sindicatos europeos de reducir la jornada de trabajo. Por ello, cree que hay que ir en la dirección de reducir la jornada a cuatro días de trabajo a la semana.

UGT también ve necesario que obligatoriamente se refleje en el contrato de trabajo el lugar donde se desarrollará la actividad, que la empresa asuma la disposición y el mando de equipos informáticos, conexión y demás material necesario para la prestación de la actividad.

Asimismo, insta a que la empresa compense económicamente al trabajador por los gastos que genera el teletrabajo (luz, Internet, mobiliario, etc) y que se desarrolle de forma expresa el derecho a la desconexión digital y el registro de jornada para esta forma de organizar el trabajo.

Pino cree que cuando la patronal escuche las peticiones de los sindicatos «va a tener poco interés en el teletrabajo». «La patronal entiende que el teletrabajo es que todo va a costa del trabajador y nosotros ya hemos dicho que por ahí no vamos», ha remarcado.

El secretario de política sindical del sindicato ha pedido que se abra un espacio de trabajo en la negociación colectiva para proteger los derechos de trabajadores y ha insistido en que Gobierno debe crear la norma «para que los empresarios no sigan en esa situación feliz de tener las relaciones laborales por la reforma laboral en sus manos».

«Se tiene que corregir la situación, queremos hablar de teletrabajo. No es posible que las cosas vayan adelante sin acuerdo que deje claro que estamos en contra del telemando y no del teletrabajo, que es otra cosa», ha incidido.

Pino también ve necesario que, junto con la patronal en el marco del diálogo bipartito, se vaya pensando en las primeras reuniones de seguimiento del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para que se valore si se puede alcanzar un acuerdo de teletrabajo para trasladárselo al Gobierno y para trabajar ya en un próximo AENC en el que se desarrollen las relaciones laborales del futuro.

Capital Group considera los bonos de grado de inversión que han sido degradados durante la crisis del Covid-19 hasta alto rendimiento, conocidos en la jerga inversora como ‘ángeles caídos’, presentan una oportunidad y se convertirán en una temática de inversión dominante en los próximos dos años.

Con la pandemia del Covid, la gestora estima que este año y el próximo, bonos de grado de inversión con un valor de unos 500.000 millones de dólares (unos 440.000 millones de euros) podrían asistir a una rebaja de rating que los sitúe en la categoría de ‘high yield’, ya que «las agencias de calificación son ahora más agresivas en comparación con crisis anteriores».

Con el tiempo, este tipo de emisiones tienden a superar el índice general de alto rendimiento, explica el director de inversión de renta fija de Capital Group, Jeremy Cunningham, que ve a estos ‘ángeles caídos’ «más como una oportunidad que como un riesgo».

En concreto, la gestora señala que muchas empresas de sectores como el energético, el automovilístico, el industrial, el de materiales y el de consumo cíclico son «buenos candidatos para volver al grado de inversión en los próximos cinco años.

Cunningham considera que el atractivo de los bonos de alto rendimiento depende de lo que ocurra. Una posible vacuna para el Covid-19 y el apoyo de los bancos y los gobiernos podrían reducir las tasas de impago, si bien, hay otros factores negativos como un aumento aún mayor de la deuda de los gobiernos, que los bancos centrales no tomen más medidas y la ausencia de una vacuna podrían hacer que las tasas de impago aumenten.

La industria de la alimentación y bebidas ha advertido que 2020 no será un buen año para el sector, ya que este ejercicio acabará con la tendencia de crecimiento de los últimos seis años por el impacto del coronavirus, que provocará un descenso de la producción de casi el 4% o del 8%, dependiendo de si hay un rebrote de la Covid-19 a lo largo del año.

«El 2020 va a acabar con la tendencia de crecimiento de los últimos seis años, pero con las medidas adecuadas este año puede ser una mala pesadilla que pase rápido», ha asegurado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, que ha recordado la importancia de recuperar cuanto antes el canal Horeca y el turismo.

De esta forma, el sector ha realizado unas estimaciones sobre cómo cerraría este año en el caso de no haya un rebrote del coronavirus o de si lo hubiera, como se especula, para finales de año.

En el caso del primer escenario, se prevé una caída de la producción de un 3,8%, que sería un «impacto brutal», hasta alcanzar los 114.748 millones de euros, con un descenso de las exportaciones del 6% (30.407 millones de euros) sobre todo en el caso de las bebidas (-8,2%), mientras que se destruiría 4.000 empleos.

Sin embargo, el escenario más dramático sería con un posible rebrote de la Covid-19 en lo que queda de año. Así, se estima una caída de la producción de hasta el 8% (109.708 millones de euros), con un desplome del 11,3% de las ventas al exterior, hasta alcanzar los 28.690 millones de euros, niveles similares a 2016, y un pérdida de 11.000 empleos. «Una situación que no veíamos desde hace muchos años», ha señalado García de Quevedo.

El director general de FIAB ha reiterado la necesidad de que el Gobierno disponga de una serie de medidas para mitigar el impacto de esta crisis. Así, ha vuelto a reseñar la necesidad de garantizar liquidez a las empresas, así como evitar medidas impositivas que lastren el consumo. «Se ha demostrado que esos impuestos lo que hacen es bajar y destrozar el consumo», ha recordado.

El sector también insta a fomentar y proteger el empleo con medidas como la flexibilización y alargamiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), además de la necesidad de generar confianza desde los ámbitos públicos.

ARANCELES DE TRUMP Y BREXIT

García de Quevedo ha solicitado al Gobierno también un mayor apoyo a las exportaciones de los productos españoles, afectados ya por los aranceles de Estados Unidos y ante la amenaza del ‘Brexit’. «Hemos encontrado muchas dificultades para exportar por el cierre de mercados, y éste ha sido nuestro eje de crecimiento en los últimos años y no podemos perderlo», ha recalcado.

De esta forma, la industria agroalimentaria registró un crecimiento del 6% de sus exportaciones en 2019, hasta alcanzar los 32.363 millones de euros.

En este sentido, el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha mostrado la preocupación del Gobierno por posibles medidas proteccionistas por parte de algunos países. «Con la crisis es cierto que hay una nueva corriente de proteccionismo que nos preocupa y no es bueno. No nos conviene a ningún país y hay que preservar el mercado único europeo», ha reiterado.

Respecto a las negociaciones con la Admnistración de Estados Unidos por los aranceles a la aceituna de mesa, aceite de oliva o vino, Miranda ha señalado que la actitud de España es la de «solventar las diferencias para desescalar la problemática y normalizar las exportaciones», aunque ha recordado que en este momento en EEUU están en «modo electoral», lo que dificulta el llegar acuerdos.

Desde FIAB han recordado que los aranceles están teniendo impacto en las exportaciones españolas de determinados productos sobre todo en aceite de oliva y vino, ya que las ventas a Estados Unidos crecieron el pasado año un 10% hasta octubre, fecha en la que se impusieron las tasas, lo que provocó una caída en productos con aranceles de hasta un 12% de octubre a diciembre.

Respecto al Brexit, que también podría impactar en los productos españoles este año, García de Quevedo confía en que la Unión Europea negocie como un «solo bloque» y con una «postura común y fuerte» para que los productos españoles no se vean afectados.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno «no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora» y ha reiterado que la propuesta fiscal del Ejecutivo se encuentra ya en el Congreso con algunas figuras nuevas, como las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, y en el fallido proyecto presupuestario.

Así lo ha señalado durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a una pregunta del diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros, quien por cuarta sesión consecutiva ha inquirido a la ministra sobre la subida de impuestos que tiene prevista el Ejecutivo.

«Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora», ha repetido en dos ocasiones Montero, quien ha explicado que la propuesta fiscal del Gobierno de coalición se encuentra ya en la Cámara Baja, con algunas figuras fiscales, como las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, y en el proyecto de Presupuestos que no salió adelante.

Estos contemplaban medidas como un tipo mínimo del 15% en Sociedades, del 18% para banca y petroleras, un gravamen del 5% de los dividendos a empresas, la creación de las tasas ‘Tobin’ y ‘Google’, un aumento del IRPF a las rentas altas; una subida del 1% en Patrimonio a fortunas de más de 10 millones, la equiparación del diésel con la gasolina o una nueva ley de lucha contra el fraude, entre otros.

La semana pasada también presentó un anteproyecto para la creación de un gravamen a recipientes de un «solo uso» a razón de 0,45 euros por kilo de envase.

Por su parte, Espinosa de los Monteros (Vox) ha reprochado a Montero que no responda a sus preguntas «concretas» sobre si se va a subir el IRPF a trabajadores, el impuesto de Sociedades, las cotizaciones o se va a obligar a pagar Sucesiones y Donaciones, mostrando su temor de que «la clase media va a cargar con más impuestos».

El diputado de Vox le ha recordado a Montero que antes de su Gobierno ya existían impuestos, así como ministros, desde 1705 con Felipe V, e incluso socialistas como Solbes o Salgado, que «comparados con los de hoy parecen muy moderados.

Asimismo, ha criticado que el presidente del Gobierno hable de «políticas anticíclicas» en «el peor momento de más crisis y de liquidez, en parte por la epidemia, en parte por la gestión de la crisis».

Por ello, le ha reprochado que «amenacen» con nuevas tasas e impuestos, «amenazando al crecimiento de la economía y a los trabajadores. Así, ha pedido al Ejecutivo que vuelva a la senda de la «moderación tradicional» del PSOE y no se deje «arrastrar» por «radicales» como el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

VOX REPRESENTA «A LOS QUE SE MANIFIESTAN EN DESCAPOTABLES»

Ante estas afirmaciones, Montero ha indicado a Espinosa de los Monteros que no le va a encontrar en «ataques personales» a miembros del Gobierno ni a diputados, y ha defendido el modelo de sociedad que busca ser «más fuertes ante las situaciones de vulnerabilidad» en materia de educación o sanidad, frente al de Vox, que a su juicio representa a «los que se manifiestan en descapotables y con palos de golf».

Además, ha subrayado que lo que representa una «amenaza» es la posición de Vox, ya que «permanentemente hacen incitación a la confrontación y el odio, a enfrentar a diferentes colectivos y territorios», a lo que la ciudadanía asiste «atónita».

Sin embargo, ha dicho que lo que a ella le preocupa es la posición del PP, ya que, ha recordado, Vox afirmó que la manifestación del orgullo gay dejaba «mal olor», ayer el portavoz ‘popular’ en el Senado, Javier Maroto, aseguró que España «huele al 8M». «Señores del PP, ¿qué significa que España huele al 8M?, ¿a qué olemos las mujeres?», ha añadido.

El secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha afirmado que en el encuentro que se mantendrá a lo largo de esta mañana en el marco del diálogo social se verá «si hay base o no» para alcanzar un acuerdo para prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) más allá del 30 de junio.

Así lo ha señalado en un encuentro con los medios celebrado este miércoles, donde ha apuntado que el acuerdo no será posible si no aparece la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas «para que no se pase de un escenario de ERTE a expediente de regulación de empleo (ERE)».

No obstante, también ve necesario que se dé continuidad al contador a cero, es decir, conservar el paro al que se tenía derecho antes de la pandemia; o que se recoja que no es posible que los trabajadores en situación de desempleo pasen a cobrar el 50% una vez transcurran seis meses.

El acuerdo «va a depender de la voluntad del Gobierno«. Según Pino, sería necesario que pusiera ya «de una vez encima de la mesa» qué recursos tiene, «vengan de la vía europea o de donde sea», para llevar los ERTE al 30 de septiembre o al 31 de diciembre. Pese a todo esto, Pino espera que se alcance el acuerdo.

Por otro lado, ha señalado que su organización sindical no está a favor del «ERTE acordeón». Según el sindicato, los empresarios quieren manejar cómo tienen que estar los trabajadores en ERTE.

«Hay una norma que habla de cómo se aplican los ERTEs en nuestro país y si se ha de cambiar algo o buscar algún tipo de flexibilidad añadida, que se exponga en la mesa de negociación aquello que pretenden, pero nunca estaremos de acuerdo en un ERTE acordeón a disposición de los empresarios», ha apostillado.

El presidente de la Federación de Bolsas de Valores Europeas (FESE, por sus siglas en inglés), Petr Koblic, cree que simplificar el marco regulatorio de las salidas a Bolsa es un elemento clave para reequilibrar la economía del ‘Viejo Continente’.

«Simplificar el marco regulatorio para las empresas en su viaje al mercado y hacer que su vida como cotizada sea más eficiente y menos burocrática, es clave para reequilibrar la economía europea», indicó Koblic en la presentación del informe de FESE sobre el papel de las Bolsas en el escenario postCovid-19.

Koblic, que también es miembro del Foro de Alto Nivel sobre Unión de Mercados de Capitales (HLF, por sus siglas en inglés), ve necesario igualmente que se eliminen los obstáculos a los que se enfrentan los inversores institucionales y minoristas. «Deben apoyarse las inversiones realizadas por ciudadanos de la Unión Europea», añadió.

«La equidad es necesaria para hacer frente a ‘shocks’ exógenos y se necesitará más que nunca para que los mercados, en la medida de sus capacidades, puedan ayudar a las empresas a superar la crisis actual y financiar el crecimiento posterior a la crisis», explicó el presidente de FESE.

El HLF, compuesto por expertos de alto nivel, ha identificado algunos de los problemas que requieren atención inmediata y propone recomendaciones específicas para avanzar y apoyar el crecimiento de las empresas y los mercados.

El enfoque se dirige fundamentalmente a lograr que los mercados sean más atractivos para las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, proponen, entre otras acciones, ampliar la definición de pyme o incluso desarrollar índices específicos para este colectivo.

Al mismo tiempo, abogan por la creación de un punto de acceso único europeo que ayude a las empresas, sobre todo de los Estados miembros más pequeños, a atraer inversores. Esta plataforma no incurriría en costes adicionales para los emisores y facilitaría a los inversores el acceso a los datos de la empresa.

La Comisión Europea ha autorizado este miércoles al Gobierno portugués a ayudar con 1.200 millones de euros a la aerolínea Transportes Aéreos Portugueses (TAP), con el objetivo de cubrir sus necesidades inmediatas de liquidez tras sufrir el parón por las medidas contra la propagación del coronavirus.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager, ha precisado que este apoyo deberá servir también para «allanar el camino hacia una reestructuración» de la compañía que garantice su viabilidad «a largo plazo».

Vestager apunta el grave impacto que la crisis del coronavirus ha tenido en el sector aéreo, cuya flota comercial ha quedado prácticamente al completo en tierra, pero confía en que con la desescalada y la reapertura de las fronteras se relance el turismo y ello «beneficie indirectamente al sector turístico portugués y a la economía del país en su conjunto».

Bruselas ha anunciado su ‘luz verde’ apenas un día después de que Portugal notificara formalmente al Ejecutivo comunitario su intención de dar este apoyo a TAP, aerolínea que opera en 38 países y conecta a cerca de 17 millones de pasajeros cada año entre Portugal y destinos internacionales.

El rescate, subraya la Comisión Europea en un comunicado, no se acoge al marco temporal establecido durante la pandemia para flexibilizar las condiciones de las ayudas de estado a empresas dañadas por esta crisis, sino que debe servir tanto para resolver los problemas de liquidez de la compañía como para «preparar un plan para su viabilidad a largo plazo».

TAP se encontraba ya en dificultades a finales del año pasado, precisa el Ejecutivo comunitario, por lo que el marco normativo que se le aplica es el de reestructuraciones y rescates, por el que los Estados miembro pueden apoyar a compañías con problemas con ayudas públicas «limitadas en el tiempo y en su alcance» y que contribuyan a un interés común.

Los planes de rescate pueden tener una duración máxima de seis meses, para dar tiempo a la empresa a avanzar en soluciones urgentes, y, en este caso, las autoridades lusas se han comprometido a que TAP devolverá el préstamo o emprenderá una reestructuración en ese plazo de seis meses.