El Comité de Iveco en Valladolid ha pedido una mesa negociadora a la empresa para abordar la situación de la misma una vez que se ha informado a la representación de los trabajadores sobre la posibilidad de que se presente un expediente de regulación de empleo (ERE) al estar «sobredimensionada» la plantilla en la factoría vallisoletana.

El Comité se ha reunido este martes después de que la empresa informara a los sindicatos de que se podría plantear un ERE, algo que rechaza la representación de los trabajadores, que ha pedido que se constituya una comisión para abordar la situación.

El secretario general de UGT en Iveco, Félix Rubio, ha señalado que el Comité ha rechazado la vía del ERE como primera medida, aunque ha aclarado que son conscientes de la situación de dificultad actual de la empresa.

Aún así, han pedido más información y datos sobre la situación concreta de la factoría a la Dirección, que no ha comunicado oficialmente las medidas que pretende plantear, según ha explicado el secretario de la Sección Sindical de CCOO en Iveco, Juan Carlos Calvo.

El responsable de CCOO ha incidido en que una cosa es que se tengan que «apretar el cinturón» y otra un ERE, sobre todo cuando la situación en la factoría es muy diferente a la de Madrid, que presenta más dificultades.

MESA DE DIÁLOGO

Así, Calvo ha apostado por fórmulas alternativas y, por ello, en una reunión que celebrarán con la empresa este miércoles, plantearán la constitución de una mesa de diálogo que permita abordar la situación y ver posibles soluciones.

El responsable de CCOO ha recordado que la factoría vallisoletana tenía en vigor un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) anterior a la crisis de la COVID-19 que llegaba desde octubre pero en febrero ya se había llegado a estar «al cien por cien», algo que también se esperaba en marzo, cuando llegó la pandemia.

Asimismo, ha rechazado que las medidas que se tomen en Valladolid sean proporcionales a las de Madrid, como se les ha indicado, dado que sólo un 10 por ciento de la plantilla de la planta vallisoletana fabrica la cabina para el camión de Madrid y la mayor parte de los casi 1.000 empleados se dedica a la Daily.

Actualmente la plantilla se encuentra en ERTE por causa de fuerza mayor, que además ha incidido que se aplicó sin acuerdo con los sindicatos, a diferencia de lo ocurrido en Madrid, por lo que ha reclamado «el mismo trato».

El Tesoro Público ha efectuado este martes su primera emisión sindicada de un bono a 20 años por importe de 12.000 millones de euros, con una demanda que ha superado los 78.300 millones de euros y a menores tipos de interés, en el marco del nuevo programa de financiación revisado en mayo para hacer frente a las mayores necesidades de financiación derivadas de la pandemia del Covid-19.

La rentabilidad de la emisión se ha situado en 1,251%, inferior en más de cinco puntos a la de la emisión a 10 años realizada el pasado mes de abril y equivalente a 28 puntos básicos por encima de la referencia del Tesoro a 15 años, según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Asimismo, la participación de inversores no residentes ha alcanzado el 83,3% de la sindicación, lo que, según Economía, «pone de manifiesto la confianza de los inversores internacionales en la economía española».

De este porcentaje destaca la participación Francia e Italia (25%); Reino Unido e Irlanda (18,8%); Alemania, Austria y Suiza (16,8%); otros inversores europeos (8,5%); Estados Unidos y Canadá (4,8%); los países nórdicos (4,2%); Asia (2,6%) e inversores de otras regiones (2,6%).

La demanda del bono, que vence el 31 de octubre de 2040 y tiene un cupón del 1,20%, ha estado repartida entre 460 cuentas inversoras, muy diversificadas tanto desde el punto de vista geográfico como por tipología de inversor.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las gestoras de fondos, con un 33,8%; seguido de las tesorerías bancarias, con un 27,7% del total; las aseguradoras y fondos de pensiones con un 18,1%; otros servicios bancarios, con un 8,5%; los fondos apalancados, con un 6,1% y los bancos centrales e instituciones oficiales, con un 2,4%. Otros inversores han representado un 3,4%.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Natwest Markets han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores.

EL TESORO CUMPLE EL 67,3% DEL OBJETIVO Y MARCA MÍNIMO EN EL COSTE

Con esta sindicación de 12.000 millones de euros, el Tesoro lleva cumplido un 67,3% del objetivo anual de emisión a medio y largo plazo que revisó el pasado 21 de mayo (185.969 millones de euros).

Además, el Ministerio ha destacado que sigue reduciéndose el coste medio de la deuda en circulación, que registra un nuevo mínimo histórico y se sitúa en el 1,98%. Por su parte, la vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza un máximo histórico de 7,81 años.

Precisamente, este mismo martes ha colocado 6.885,81 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, rozando el rango alto que se había marcado de 7.000 millones, y ha reducido notablemente los costes de emisión profundizando en los tipos en negativo en ambas referencias, al tiempo que ha registrado una demanda de 17.751,5 millones de euros.

El pasado 21 de mayo el Tesoro Público anunció una modificación de su programa de financiación para este año que prevé elevar la emisión neta en 97.500 millones de euros, hasta un total de 130.000 millones, e incrementar en algo más de 100.000 millones la emisión bruta, hasta alcanzar los 297.000 millones de euros, como consecuencia de la mayor necesidad de financiación por el aumento de la deuda pública para hacer frente a los mayores gastos derivados del Covid-19.

No obstante, a la previsión de emisión neta se le podrían descontar en torno a 15.000 millones que podría recibir España del sistema de reaseguro de empleo (SURE), así como la parte que perciba del fondo de reconstrucción europeo.

En detalle, estima una necesidad de financiación bruta para 2020 de 297.657 millones de euros, de los que 185.969 millones se prevé financiar mediante bonos y obligaciones y 111.688 a través de letras del Tesoro.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, está entre las posibles candidaturas para suceder a Mário Centeno en la presidencia del Eurogrupo a partir del 13 de julio, ya que el portugués ha anunciado este martes que abandona el Gobierno luso y no optará a renovar el mandato al frente del organismo europeo.

Aunque todavía no hay ninguna candidatura formal, fuentes diplomáticas han señalado a Europa Press que esperan que «al menos» tres ministros de un paso adelante: la española, el luxemburgués Pierre Gramegna y el irlandés Paschal Donohoe. Ninguno de los tres gobiernos, sin embargo, ha querido confirmar sus respectivas candidaturas.

El procedimiento, en cualquier caso, se iniciará este jueves en la reunión por videoconferencia que mantendrán ese día los responsables de Finanzas de los Diecinueve. En ella, Centeno comunicará a sus colegas su decisión y con ello se abrirá un plazo para la presentación de las candidaturas oficiales.

A la espera de conocer qué ministros optan a ocupar la presidencia del Eurogrupo durante los próximos dos años y medio, fuentes comunitarias señalan que «la reputación de Calviño es irreprochable» pero «también tiene un perfil muy pronunciado»

Sus ocho años en las instituciones europeas, sus contactos en Bruselas y su papel de contrapeso de Podemos en el Consejo de Ministros hacen que la española gane posibilidades si decide presentar su candidatura. Además, Calviño no tendría que abandonar el Gobierno de Pedro Sánchez.

A su favor también debe sumarse el hecho de que la presidencia del Eurogrupo seguiría con su eventual nombramiento en manos de un país del sur del bloque y de la familia socialdemócrata, aunque es cierto que Calviño no está afiliada al PSOE, algo que también ocurre en el caso de Centeno.

En su contra juega el hecho de que España vaya a ser, junto a Italia, una de las economías más afectadas por la crisis de la Covid-19 en un momento en el que las reuniones del Eurogrupo estarán en gran medida relacionadas con la respuesta europea a la pandemia. «Los polos en los debates no deberían asumir posiciones europeas, es difícil que sean creíbles como constructores de puentes», apuntan otras fuentes consultadas

Enfrente, según estas fuentes, se situarían el luxemburgués Gramegna, perteneciente a la familia liberal europea y que ya intentó dirigir el Eurogrupo hace dos años y medio, cuando fue superado por el propio Centeno.

El equipo del irlandés Donohoe, por su parte, no hace declaraciones al respecto y se limita a afirmar que el ministro está centrado en los esfuerzos internos para pactar un Gobierno de coalición tras las elecciones que tuvieron lugar en febrero.

Sea quien sea la persona elegida para sustituir a Centeno, se convertirá la cuarta en ocupar la presidencia del Eurogrupo, un cargo que desde su puesta en marcha en 1998 sólo ha sido ocupado por hombres, puesto que estrenó el cargo el luxemburgués Jean-Claude Juncker y su sucesor fue el holandés Jeroen Dijsselbloem.

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han propuesto a la Unión Europea crear un «escudo social europeo» para no dejar atrás a los más vulnerables en la recuperación tras el coronavirus.

El vicepresidente segundo y la ministra han participado en la reunión por videoconferencia del consejo de ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo de la Unión Europea (Epsco), donde han expresado que es «imprescindible que la Unión Europea reaccione ante el previsible aumento de la pobreza y de la excusión social con nuevas medidas y con un apoyo financiero suficiente».

Según han informado los ministerios en un comunicado, la propuesta española sitúa los derechos sociales como un elemento estratégico del Plan de Reconstrucción para que la recuperación económica «no deje a nadie atrás».

«Reducir las desigualdades y minimizar el impacto social de la crisis ocasionada por el coronavirus permitiría, además, fortalecer la demanda del mercado interior e impulsar la recuperación», según los ministros.

Tanto Iglesias como Díaz han trasladado España está preparada para trabajar decididamente en la elaboración de un Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Los responsables de Derechos Sociales y de Trabajo han transmitido su «firme apoyo» a las iniciativas del ámbito social que se han planteado por la Comisión Europea y han abogado por reforzar sus objetivos.

«Creemos que es necesario un marco común europeo de renta mínima. La lucha contra el riesgo de pobreza y exclusión social debe estar en el centro de la actuación de la UE y sus estados miembros en los próximos años», han asegurado.

También creen que el marco común europeo debe garantizar una vida digna adaptada al nivel de vida de cada país y que complemente los sistemas de ingresos mínimos actuales para dar cumplimiento a lo previsto en el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

En esta línea, creen que las inversiones del fondo social europeo y del nuevo fondo de recuperación y resiliencia deberían prestar especial atención a los ámbitos social y del empleo, como ha señalado la delegación española.

Respecto al empleo, han señalado que el trabajo a distancia ha recibido un gran impulso en España durante la pandemia. De hecho, el Ministerio de Trabajo y Economía Social está analizando su uso e iniciando el procedimiento para que se apruebe una legislación que regule el trabajo no presencial.

El uso de nuevas tecnologías durante la crisis sanitaria también ha evidenciado la importancia del trabajo en plataformas, según los ministros, que creen que «su previsible consolidación deberá hacerse con garantías laborales» y han pedido que la Unión Europea proponga una iniciativa que camine en esa dirección.

Por otro lado, han resaltado que la igualdad es una prioridad para el Gobierno de España, «que comparte con la Comisión Europea y la Estrategia de Igualdad aprobada en marzo de este año».

El PP quiere ampliar las facilidades para la contratación de temporeros que estableció el decreto ley que aprobó el Gobierno en las primeras semanas del coronavirus y que ahora se tramita como proyecto legislativo en el Congreso. Los ‘populares’ consideran que aquel texto presenta insuficiencias y creen que hay que asegurar «que la cosecha no se quedará sin recoger este año por falta de mano de obra».

A su juicio, ese decreto para preparar al campo frente al Covid 19 «ha sido un ejemplo más de propaganda rural en vez de facilitar la adecuada creación de empleo rural», pues, a su juicio, «no dignifica el trabajo en el campo impulsando el empleo con casi cuatro millones de parados en España».

Según critican, este decreto ley únicamente había amparado 2.090 contratos entre el 9 de abril y el 26 de mayo, cuando esta norma estaba prevista para dar solución a cerca de 200.000 contratos que se venían suscribiendo cada año en el campo para recoger estas cosechas.

SE CENTRA EN COMPAGINAR SUBSIDIOS

«Sólo prevé compatibilizar subsidios y prestaciones, sólo regula temporalmente la compatibilidad con otros subsidios y sólo permite contratar a personas que vivan en la misma zona geográfica, responsabilizando a las comunidades autónomas de los movimientos», lamentan.

Otra de las cuestiones que el PP cuestionaba era la limitación hasta el 30 de junio de muchas de las compatibilidades previstas, un límite prorrogado en un nuevo decreto ley aprobado el 26 de mayo, y cuya convalidación o derogación se vota este miércoles en sesión plenaria.

Una modificación criticada por el PP por la forma en la que se ha realizado, en un nuevo decreto y no en la tramitación parlamentaria del decreto inicial, pues a su juicio supone «saltarse las normas de consenso en el ámbito parlamentario» y situar «el autoritarismo y la ideología por encima de los intereses del sector productivo».

«En lugar de aceptar lo que propone el Parlamento, con una tramitación parlamentaria como proyecto de ley incorporando las enmiendas que proponen los representantes legítimos de los españoles, hacen cambios en otras normas, saltándose los trámites de negociación con los Grupos parlamentarios», critican, apostillando que «ése es su concepto de negociación, de transparencia y de democracia».

El producto interior bruto (PIB) de la zona euro registró en el primer trimestre de 2020 una contracción del 3,6%, tras crecer un 0,1% en los tres meses anteriores, lo que supone la mayor caída de toda la serie histórica, a pesar de que la oficina europea de estadísticas, Eurostat, haya revisado dos décimas al alza su primera estimación del dato, que refleja el impacto de la crisis de la Covid-19 y las medidas de confinamiento en la economía de la región.

El PIB de la zona euro no sufría una contracción trimestral desde el primer trimestre de 2013, cuando retrocedió un 0,4%. La caída en los tres primeros meses de 2020 ha superado en cuatro décimas el retroceso del 3,2% del PIB de la eurozona en el primer trimestre de 2009, el peor momento de la Gran Recesión.

Por su parte, Eurostat ha corregido tres décimas al alza su primera estimación de la caída del PIB del conjunto de la UE, hasta el 3,2%, que sigue siendo la mayor contracción del PIB de los Veintisiete de toda la serie histórica.

«Se trata de las caídas más pronunciadas desde el comienzo de la serie en 1995», ha indicado Eurostat.

Respecto del primer trimestre de 2019, el PIB de la zona euro registró una caída interanual del 3,1%, mientras que el de la UE retrocedió un 2,6%, lo que supone las mayores contracciones interanuales desde el tercer trimestre de 2009, cuando el PIB de la zona euro retrocedió un 4,5% y el de la UE cayó un 4,4%.

En comparación, el PIB de Estados Unidos en el primer trimestre retrocedió un 1,3% en relación con los tres meses anteriores, cuando había crecido un 0,5%, mientras que en términos interanuales la economía estadounidense creció un 0,3% entre enero y marzo de 2020. Por su parte, Reino Unido sufrió una contracción del PIB del 2% en el primer trimestre, tras estancarse en los tres meses anteriores, mientras que en datos interanuales cayó un 1,6%.

Entre los Veintisiete, únicamente Irlanda (+1,2%), Bulgaria y Rumanía (ambos +0,3%), además de Suecia (+0,1%) lograron mantener un crecimiento positivo en el primer trimestre, mientras que Francia e Italia (ambos con -5,3%), por detrás de España y Eslovaquia (ambos con -5,2%), registraron las mayores caídas de la actividad en el primer trimestre.

CAÍDA DEL CONSUMO DE LOS HOGARES

En el primer trimestre de 2020, Eurostat destaca la caída del 4,7% del gasto en consumo final de los hogares de la eurozona y del 4,3% en el conjunto de la UE, después de haber aumentado un 0,1% y un 0,3%, respectivamente, en los tres últimos meses de 2019, mientras que la formación bruta de capital fijo disminuyó un 4,3% entre los Diecinueve y un 3,9% entre los Veintisiete, cuando en el trimestre anterior había crecido un 5% en la eurozona y un 4,3% en la UE.

En este sentido, la oficina estadística europea indicó que la caída del consumo de los hogares restó 2,5 puntos porcentuales al PIB de la eurozona y 2,3 puntos al de la UE, mientras que la formación bruta de capital fijo tuvo una contribución negativa al PIB de un punto porcentual en el caso de la zona euro y de 0,9 puntos porcentuales en el de la UE.

Las exportaciones de la zona euro se redujeron en el trimestre un 4,2%, después de haber aumentado una décima en el cuarto trimestre de 2019, mientras que las de la UE cayeron un 3,5%, después de retroceder un 0,1% en el trimestre precedente. Por su parte, las importaciones disminuyeron un 3,6% en la eurozona y un 3,2% en la UE, tras aumentar un 1,9% y un 1,5%, respectivamente, en el trimestre anterior.

«Los detalles de las cuentas nacionales muestran que la contracción fue impulsada particularmente por la caída del consumo», indicó Joan Domene, analista de Oxford Economics, para quien, debido a que las medidas de confinamiento solo fueron introducidas a mediados de marzo en la mayoría de los países, «está claro que el crecimiento del segundo trimestre se verá mucho más afectado».

«Esperamos que el PIB de la eurozona disminuya un 11% trimestral en el segundo trimestre antes de comenzar a recuperarse en el tercer trimestre», indicó.

ESPAÑA LIDERA LA CAÍDA DEL EMPLEO

Por otro lado, el número de personas empleadas en la eurozona registró en el primer trimestre un descenso del 0,2% en la zona euro y del 0,1% en el conjunto de la UE respecto del trimestre precedente, lo que supone la primera caída de la ocupación desde el segundo trimestre de 2013, indicó Eurostat.

Entre los países cuyos datos estaban disponibles, los mayores incrementos trimestrales del empleo en la UE correspondieron a Lituania (+1,6%), Malta (+1,3%) y Croacia (+1%), mientras que los mayores descensos se observaron en España (-1%), Bulgaria (-0,9%), Portugal, Eslovaquia y Suecia (todos -0,5%).

En comparación con el mismo trimestre de 2019, el empleo aumentó un 0,4% en la zona euro y en la UE, después de haber crecido un 1,1% y un 1%, respectivamente, en el cuarto trimestre de 2019.

La compraventa de viviendas alcanzó las 116.070 transacciones en el primer trimestre de 2020, lo que supone una caída del 16% en comparación con 2019, cuando la cifra total fue de 138.374, según los datos provisionales de la estadística sobre transacciones inmobiliarias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Las transacciones han vuelto a terreno negativo en el primer trimestre de 2020 después de que en 2019 cerraron el primer trimestre del año con una subida interanual del 2,17%, se redujeron un 7,3% en el segundo (149.600), coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria; y un 6,16% el tercero en (123.687) y no registraron tasas positivas de nuevo hasta el cuarto trimestre del año, cuando las transacciones remontaron y registraron una subida del 1,45%.

Teniendo en cuenta la tipología de vivienda, el número de compraventas de vivienda nueva alcanzó las 10.292 transacciones, cifra que es casi un 8,4% inferior a la registrada un año antes.

Por su parte, la vivienda de segunda mano cerró los tres primeros meses del año con un total de 101.290 compraventas, dato que es un 16,3% inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando alcanzó las 121.068 transacciones de vivienda usada. Las compraventas de segunda mano supusieron el 90,7% del total de transacciones registradas en el primer trimestre del año.

Hasta el 31 de marzo, todas regiones españolas contabilizaron descensos en comparación con el primer trimestre de 2019 en el número de transacciones. Los mayores descensos se registraron en Baleares (-23,55%), País Vasco (-22,32%), Castilla-La Mancha (-20,71%) y Madrid (-20,19%).

Por detrás, le siguen Aragón (-17,47%), La Rioja (-17,26%), Canarias (-17,76%), Cataluña (-16,15%), Castilla y León (-16,02%), Andalucía (-15,57%), Extremadura (-15,35%), Navarra (-14,85%), Asturias (-13,17%), Comunidad Valenciana (-11,89%), Murcia (-10,35%), Galicia (-10,29%) y Cantabria (-9,04%).