UGT ha denunciado este viernes ante la Dirección General de Trabajo y la Inspección de Trabajo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por Deliveroo para sus oficinas de Barcelona, Valencia y Madrid, ha informado el sindicato, que avisa de que en realidad lo que quiere la compañía es deslocalizarse y llevarse la actividad a Rumanía.

Esta «huida», critica UGT, coincide con la intención del Gobierno español de regularizar a los repartidores de las plataformas digitales y convertirlos en empleados por cuenta ajena, como ya han sentenciado diferentes tribunales nacionales.

UGT asegura que defenderá los puestos de trabajo de la empresa, «máxime cuando Deliveroo se ha acogido a un ERTE por causa de la crisis del coronavirus y tiene a la mayoría de sus trabajadores en casa, sin poder emplearse, y al resto teletrabajando».

Por su parte, la compañía ha explicado en un comunicado que como cualquier empresa «de gran escala», tiene que buscar la «eficiencia» al mismo tiempo que el crecimiento para alcanzar la «rentabilidad a largo plazo», lo que supone «revisar sus estructuras y su forma de trabajar».

«Desafortunadamente, esto podría significar que algunas posiciones dejarían de ser necesarias en la compañía», ha explicado Deliveroo, que ha recordado el «rápido» crecimiento que ha tenido en España en los últimos cinco años, donde colabora con 9.000 restaurantes y 2.500 riders en más de 70 ciudades y municipios.

Sin embargo, el sindicato advierte además de que Deliveroo se quiere ir de España «sin pagar la deuda millonaria que tiene con la Seguridad Social». En este sentido, y citando datos de la Dirección General de Trabajo, la deuda del conjunto de las plataformas digitales, entre las que se encuentra Deliveroo, superaría los 10 millones de euros.

La compañía aclara que no ha manifestado en ningún momento su intención de dejar de operar en España y que está comprometida con su crecimiento en el país. A este respecto ha explicado que únicamente ha anunciado su intención de iniciar un proceso de despido colectivo que conlleva un periodo de consultas donde se propondrá la amortización de una serie de posiciones en España.

UGT ha reclamado la necesidad de actuar contra estas plataformas por «saltarse las normas laborales» mientras se benefician de las ayudas económicas y sociales habilitadas en España por la pandemia del coronavirus.

Por ello, el sindicato también reclama a la Inspección de Trabajo que vigile y garantice la posibilidad de que los trabajadores puedan elegir, libremente, a sus propios representantes.

En este sentido, UGT denuncia la «incongruencia e injusticia» que supone que el representante de los trabajadores en el último ERTE haya sido quien también se encarga de representar a la empresa en los Tribunales de Justicia.

«UGT no va a permitir que este tipo de empresas pretendan modificar la legislación vigente cuando huyen ante la obligación de cumplir con la norma. El Gobierno tiene que tener en cuenta la actitud de estas plataformas digitales y denunciarlo ante la Unión Europea. No se pueden hacer leyes a medida cuando se están infringiendo todas las normas y, además, se acumulan deudas millonarias con la Seguridad Social», avisa el sindicato.

De momento, la compañía asegura que no se ha adoptado ninguna decisión final y que se desarrollará un proceso de consultas. «Es un anuncio muy difícil y que nos llena de tristeza a todos los que formamos parte de Deliveroo», ha señalado, tras apuntar que su más «absoluta prioridad» será asegurar que las personas que se vean afectadas cuenten con todo su apoyo.

Asimismo, ha incidido en que este proceso de despido colectivo «no tiene ninguna relación» con los procesos judiciales en curso que afectan a la empresa en España y que siguen su curso a la espera de una sentencia firme.

Por otro lado, ha explicado que el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) llevado a cabo durante los últimos meses no guarda relación con este proceso y ha señalado que afectó a un porcentaje reducido de los empleados.

Por último, la compañía cree que UGT «parece desconocer el modelo de colaboración de Deliveroo con los riders independientes, cuyos niveles de satisfacción se sitúan en cifras récord», ya que, según explica, la compañía ofrece a los riders un trabajo flexible que valoran.

El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias para la unificación de doctrina en las que determina que los trabajadores temporales contratados en fraude de ley por parte de empresas mercantiles estatales deben considerarse indefinidos no fijos y no trabajadores fijos de plantilla como había establecido en otras resoluciones.

En las sentencias emitidas, fechadas el 17 y el 18 de junio, el Supremo estima sendos recursos de unificación de doctrina presentados ante el Supremo por AENA, que fue demandada y condenada por un Juzgado Social de Barcelona y por otro de Arrecife a considerar como trabajadores fijos a dos empleadas del aeropuerto de Barcelona-El Prat, en el primer caso, y a un trabajador del Aeropuerto de Lanzarote en el segundo. Todos ellos encadenaron contratos temporales durante varios años.

AENA presentó entonces ante los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Canarias sendos recursos de suplicación, que fueron desestimados, y decidió entonces presentar recurso de casación para unificación de doctrina ante el Supremo, que ha dado la razón a AENA y ha establecido que estos trabajadores no pueden considerarse como fijos de plantilla, sino como indefinidos no fijos.

La figura del personal indefinido no fijo, de creación jurisprudencial, se originó en el marco de la contratación laboral irregular de las Administraciones Públicas, de modo que los empleados ilícitamente contratados no son considerados empleados de plantilla, sino contratados por tiempo indefinido hasta que se procede a la cobertura regular de la plaza.

Se entiende así que el acceso a la Función Pública y a la plena estabilidad en el empleo público en propiedad debe sujetarse a convocatorias regidas por principios de mérito y capacidad.

El Supremo explica que se había cuestionado si esta doctrina podía aplicarse también a las sociedades mercantiles estatales, es decir aquellas en las que la actuación pública en la actividad económica se realiza mediante sociedades regidas por el derecho mercantil.

De acuerdo con el criterio ahora expuesto por el Pleno de la Sala, las sociedades mercantiles estatales, cuando se constate irregularidad en la contratación de un trabajador temporal, tendrán que reconocerle, en lugar de la condición de personal fijo como en las empresas privadas, el mismo régimen aplicable a los contratados en fraude de ley por organismos y Administraciones Públicas: indefinidos no fijos y no empleados fijos de plantilla.

«La relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público (no solo a la Función Pública) a fin de evitar que el personal laboral temporal contratado irregularmente por una entidad del sector público adquiera la condición de trabajador fijo en el puesto que venía desempeñando. Para impedirlo, su condición pasa a ser la de trabajador contratado por tiempo indefinido con derecho a ocupar la plaza hasta que se cubra por el procedimiento previsto o se amortice», apunta el Supremo.

El Tribunal señala que dicha finalidad debe cumplirse también en las entidades públicas cuya normativa prevé el acceso al empleo respetando los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

Los dos fallos del Supremo han recibido un voto particular en contra del magistrado Antonio V. Sempere, que defiende que el recurso de AENA debía haberse desestimado y considerar fijos de plantilla a los trabajadores afectados por el encadenamiento sucesivo de contratos temporales.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha descartado este viernes que su derrota en la votación para presidir el Eurogrupo vaya a complicar a España la negociación europea sobre el fondo de recuperación, que será «exactamente igual de difícil» que antes de haber sido superada por su rival irlandés, Paschal Donohoe.

«La negociación va a ser muy complicada y es exactamente igual de complicada hoy que anteayer», ha expresado en declaraciones a la prensa después de participar en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin),

Calviño ha desvelado además que esta mañana ha recibido una llamada de Donohoe en la que el irlandés ha trasladado a la española su «aprecio»y «respeto» y para pedir que trabajen «juntos» durante su mandato. Esta aproximación transversal es la que yo he venido defendiendo», ha revindicado, para después apuntar que no cree en una Europa «basada en clubes, en prejuicios o en etiquetas.

«Entre todos trabajar juntos para llegar a los acuerdos necesarios y salir adelante lo mejor posible», ha defendido la vicepresidenta. A su juicio, no es «fructífero» seguir «dando vueltas» a su derrota de este jueves porque «la decisión ha sido tomada».

En cualquier caso, Calviño ha recordado que el Eurogrupo es un órgano informan en el que no se tratan cuestiones legislativas, por lo que todos los aspectos relativos al fondo de recuperación se debatirán en el Ecofin, el foro formal en el que participan todos los ministros de Finanzas de la UE y no sólo los del euro.

Por eso, ha preferido no establecer un «vínculo directo» entre la elección del irlandés Donohoe como presidente del Eurogrupo y «la forma en que se aborde el plan de recuperación para el conjunto de la UE», que «se discute en otros foros».

Preguntada precisamente por la nueva propuesta que ha presentado el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, tanto para el fondo de reconstrucción como para el presupuesto de la UE a largo plazo (MFF), la vicepresidenta ha apostillado que no ha estudiado «el detalle» de la misma todavía.

«Es una base que servirá como paquete para la discusión de los líderes (en la cumbre de los días 17 y 18), la vamos a analizar en detalle y se definirá cuál es la posición de nuestro país después de haber podido considerar todos los matices y detalles que contiene», ha apuntado.

Aunque mantiene el tamaño del fondo (750.000 millones) y la proporción de transferencias y prestamos (500.000 millones y 250.000 millones, respectivamente), el planteamiento de Michel de Michel recoge un mayor control de las ayudas al requerir que una mayoría de los países den luz verde a los programas nacionales de reformas.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) propone un ajuste fiscal para la reactivación de la economía que supondría un aumento de la recaudación de más de 80.000 millones, según ha señalado en un comunicado.

En concreto, entre las propuestas de la organización se encuentran el establecer un tipo «superreducido» del IVA del 5% para las actividades de hostelería y turismo durante un periodo de, al menos, doce meses, así como elevar hasta el 25% el tipo de IVA aplicable a ciertas actividades, bienes y servicios considerados de lujo.

Por otro lado, cree que se debería subir, durante un periodo de dos años, el tipo marginal máximo del IRPF para las rentas superiores a 100.000 euros anuales, y elevar en un punto, durante un periodo también de dos años, el tipo aplicable a las rentas del ahorro en rendimientos por encima de 5.000 euros por operación o más de 20.000 en términos anuales.

UPTA también apuesta por aplicar una tasa fija para todas las operaciones o transacciones financieras superiores a 5.000 euros de carácter general en todo el ámbito europeo, «al menos de los Estados de la eurozona».

Asimismo, cree que se debe aplicar un tipo impositivo específico que grave los beneficios por las transacciones económicas que realicen las empresas de carácter tecnológico en el ámbito nacional y que este tipo debería ser el diferencial entre el impuesto que grave su actividad principal en el domicilio de la sociedad y el aplicable en España. «Esta norma se armonizará en el ámbito europeo», defiende.

PLATAFORMAS DIGITALES

En el ámbito de las plataformas digitales, aboga por establecer una normativa especial que regule en términos fiscales las actividades económicas que se establezcan entre particulares y que no tengan carácter estricto de consumo colaborativo, «con el fin de evitar una actividad profesional encubierta y que actúe como competencia desleal con respecto a las actividades regulares.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, considera que España necesita un modelo fiscal «justo» y evitar que sean las rentas del trabajo o los rendimientos de los autónomos «los que se lleven la peor parte».

Debemos asegurar una contribución ecuánime de las rentas financieras del patrimonio, del beneficio de las sociedades y especialmente de las grandes corporaciones que desarrollan su actividad en el ámbito internacional y que cuentan con más facilidades para eludir la presión fiscal», ha añadido.

Además, cree que tampoco la presión fiscal indirecta en el ámbito del consumo puede ser igual para todos los bienes y servicios. «Los productos especiales o de lujo deberían responder de forma diferente frente a los productos socialmente imprescindibles o a las actividades económicas más afectadas por la crisis», ha apostillado.