La cadena presidida por Juan Roig es una de las elegidas por los consumidores para hacer acopio durante el fenómeno de confinamiento. Una situación que se puede apreciar en sus tiendas, donde las colas son frecuentes. Más allá de los primeros días, en los que determinados productos literalmente volaron de las estanterías, la situación se ha normalizado. Ya lo dijo el presidente de Mercadona al inicio de la crisis: el abastecimiento “estaba garantizado”. Una rotundidad que se sustenta en una quincena de pueblos.

Pueblos como Ciempozuelos (Madrid), Riba-Roja de Turia (Valencia), Antequera (Málaga), Huévar (Sevilla), Villadangos del Páramo (León), Abrera (Barcelona), o Granadilla de Abona (Tenerife). Su radio de acción abarca toda la Península Ibérica (en Portugal tiene otro en Póvoa de Varzim). Traducido en puestos de trabajo, 9.000 personas. De esa cantidad, 258 en Portugal. Son ellos los que garantizan el suministro a los 1.636 supermercados de Mercadona.

Unas 9.000 personas trabajan en la quincena de pueblos donde están los centros logísticos desde donde reparte sus productos

Porque es en estos pueblos donde Mercadona tiene su red logística desde las que reparte todo su volumen de compras. Hay que recordar que, en 2019, fue de 19.970 millones de euros. Hablamos de más de un millón de metros cuadrados que están repartidos en 14 bloques logísticos operativos, dos almacenes satélites, y dos almacenes reguladores.

Una labor ingente porque conviene recordar, por ejemplo, que Mercadona mantiene relación comercial directa con 9.500 agricultores, 6.700 ganaderos, y 12.000 pescadores. En total, trabaja con 3.074 proveedores comerciales, 13.354 proveedores no comerciales y de servicios, 217 transportistas, y 1.400 proveedores totaler. Para que llegue la materia prima a los clientes (el ‘jefe’, como así lo definen), la enseña a los mandos de Juan Roig cuenta, asimismo, con un departamento de Compras y Prescripción. En el mismo, trabajan más de 1.000 gerentes.

MODERNIZACIÓN EN MERCADONA

En este ir y venir en ese millón de metros cuadros antes descrito, y para que funcionen a pleno rendimiento, Mercadona invierte cada año una ingente cantidad de dinero. El reto es modernizar las instalaciones, a la par que crear estrategias respetuosas con el medio ambiente.

Durante 2019, Mercadona invirtió más de 340 millones de euros. Cantidad que fue destinada a concluir el bloque logístico situado en el distrito de Oporto, además de avanzar en el desarrollo de otros bloques.

Por nombrar algunos de estos avances, se destinaron 35 millones de euros a la plataforma de Vitoria-Gasteiz. Así, se inició el servicio de secos picking. Y se invirtieron otros siete millones de euros adicionales para arrancar una fábrica de pan.

Otros 56 millones de euros tuvieron como destino el bloque logístico de San Isidro, en Alicante. En este caso se incorporó una cámara de pescado, a la que está previsto que este año se sumen las nuevas cámaras de fruta y verdura.

En el bloque logístico situado en Guadix (Granada), Mercadona se ha gastado 28 millones de euros para finalizar el grupaje de refrigerados. A finales de 2020 está previsto que arranque el renovado servicio de congelados.

BLOQUE INTELIGENTE

¿Más millones? Ocho, en Sant Sadurní (Barcelona), para reactivar sus servicios de secos, frío y refrigerados. Seis millones en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), que permitieron iniciar, en diciembre del pasado año, su primer servicio de frío. Sin olvidar que Mercadona está llevando a cabo otro bloque logístico en Zaragoza. Sus servicios de suministro a las tiendas se realizarán por fases durante este 2020.

Por último, y de cara a los próximos años, Mercadona inaugurará un nuevo bloque inteligente en Parc Sagunt (Valencia). En 2019 se invirtieron 74 millones de euros y su fecha de inauguración está prevista para 2021. Son cuatro bloques inteligentes (totalmente automatizados) con los que cuenta la compañía de Juan Roig: Ciempozuelos, Villadangos del Páramo, Abrera y Vitoria-Gasteiz. El resto se irán integrando de manera progresiva.

En cuestión de horas, la iniciativa de Bernardo Hernández (CEO de Verse) para ayudar al pequeño comercio se torció. La plataforma ‘Éroes somos todos’ nacía con la intención de ayudar a los pequeños comercios a recibir ingresos mientras permaneciesen cerrados al público. Los clientes interesados solicitaban un bono al comercio en cuestión para gastar en el establecimiento cuando se restableciese la normalidad. Y fue en la relación de los comercios donde saltó la chispa. 

“Para intentar solucionar los problemas que planteaban otras iniciativas de este tipo, se nos ocurrió empezar con un listado de información pública y así tener un listado de todos los comercios”, explica Bernardo Hernández a MERCA2. La API de Google parecía ser la herramienta  ideal. “Hablamos con Google y les gustó tanto que nos dieron el uso de la app gratuito con un crédito de hasta 100.000 euros de uso”. 

El aval de Google no evitó la confusión generada en tan breve lapso de tiempo. Los pequeños comercios comenzaron a desligarse de la iniciativa promovida por Verse. Al darse cuenta que estaban incluidos en un listado sin su autorización, comenzó un campaña en redes sociales que alcanzaba notoriedad con el paso de las horas. 

“Ellos pensaron que se trataba de una estafa porque no reconocen al que está sugiriendo el bono, y piensan que se está vendiendo el bono. Pero, ni el bono se vende ni es estafa”, insiste Hernández. El artífice de la iniciativa reconoce que se trata de un problema de comunicación, “asumo que no lo hicimos bien, pero he intentado explicarlo”, aclara. 

DENTRO DEL MARCO LEGAL

Teniendo en cuenta los hechos, desde ‘Éroes somos todos’ se decidió suprimir el listado e incluir solo aquellos comercios que habían activado su bono. Así, cada comercio es el encargado de darse de alta en la plataforma. Cuando estalló la polémica, apenas unos 30 comercios habían dado su conformidad, mientras que a día de hoy son más de un centenar. 

¿Cómo voy a vender bonos a través de un sistema de estafa?, se pregunta Bernardo Hernández. “Se quiso solucionar un problema que existía y se hizo dentro de la legalidad, tanto en el uso de la plataforma como en el uso de la API”, insiste. La gente no sabia lo que era la marca ‘Eroes somos todos’ y pudo parecer una estafa, pero con cinco minutos de lectura de los términos y condiciones se elimina cualquier duda, explica el CEO de Verse.

EL LOGO DEL AYUNTAMIENTO 

Al principio, la iniciativa altruista ideada por Bernardo Hernández no solo tenía a Google como garante de su actividad, también al Ayuntamiento de Madrid. Según cuenta el responsable de ‘Éroes somos todos’, el ayuntamiento de la capital se puso en contacto con él para incluir su proyecto en la plataforma ‘Volveremos si tu vuelves’. 

“Me invitan y participio en la presentación, todo el mundo dice que es fantástico”. Sin embargo, cuando comienzan las quejas el Ayuntamiento decide aplazar la colaboración para cuando toda la polémica hubiese pasado.  “De la misma forma que nosotros quitamos el listado, ellos decidieron suspenderlo todo hasta que se calmase todo esto”, sostiene Hernández. 

¿Crees que yo meto el logo del Ayuntamiento de Madrid sin haber hablado con el Ayuntamiento de Madrid?, plantea el emprendedor durante la conversación. En este sentido, anuncia que algunos de los comercios que se quejaron en un primer momento ya se han dado de alta. 

“Lo que mas me pesa es haber podido causar daños colaterales al Ayuntmaiento de Madrid, porque aquí todos hemos querido ayudar y nadie se ha involucrado en ninguna estafa”, concluye. 

Los comerciantes están desesperados y tienen todas sus esperanzas puestas en el Consejo de Ministros que se celebra este martes. Los empresarios han lanzado un SOS al Gobierno tras cumplirse un mes desde que cerraron sus establecimientos por el Estado de alarma.

Empresarios de retail, textil y, en general, de cualquier sector, dan la voz de alarma ante la imposibilidad para afrontar los gastos corrientes, sobre todo, el alquiler del local. De este modo, se mantienen a la espera de que el Consejo de Ministros de luz verde a medidas extraordinarias para ayudarles.

De hecho, ya son varias las patronales que han enviado comunicados conjuntos al Gobierno para reclamar ayuda, ya que algunas compañías tienen “verdaderas dificultades” para cubrir los gastos fijos con ingresos inexistentes.

Por un lado, la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), Moda España, Acotex y Asepri han remitido una carta conjunta a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

En la misiva incluyen una batería de propuestas para superar la crisis del covid-19, como la condonación de rentas y la renegociación bilateral de contratos de alquiler, con efectos desde el inicio del Estado de alarma y, al menos, hasta los seis meses siguientes a su finalización.

Igualmente, exigen un marco normativo “adecuado y preciso” que asegure jurídicamente las medidas que se van a aprobar, para evitar posibles vacíos legales.

«En una situación de cierre completo de los establecimientos, los comercios no tienen capacidad para afrontar sus gastos corrientes», señalan las organizaciones.

MODIFICAR LAS REGLAS DEL ERTE

Entre las medidas propuestas figuran la aclaración expresa de que el compromiso de mantenimiento del empleo aplicable a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) en curso decae cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

A ello se suma que se contemple la posibilidad de tramitar un nuevo ERTE una vez finalizado el que se solicitó por la pandemia del coronavirus, siempre que concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

«Cuando se levante el confinamiento, los comercios seguirán sufriendo un problema grave de liquidez durante varios meses ante la más que probable caída de las ventas», señalan.

Asimismo, piden la flexibilización del procedimiento por parte del empresario para solicitar al personal contratado tareas distintas a las plasmadas en el convenio laboral. «Es imprescindible para salvaguardar el máximo número de puestos de trabajo, adaptándolos a las nuevas necesidades«, resaltan.

Igualmente, reclaman la adopción inmediata de un conjunto de medidas fiscales como es la suspensión o aplazamiento del Impuesto sobre Sociedades, IVA e IRPF, además de la creación de una mesa de trabajo para debatir estos puntos.

SITUACIÓN LÍMITE

Por otro lado, en un comunicado firmado por las patronales CEC, Anceco, Amicca, Comertia, Acotex, Eurelia y Fece, que representan a 510.000 establecimientos y 1,7 millones de empleos, los empresarios advierten de que la situación es límite.

Ante la gravedad de la situación generada por la actual crisis sanitaria y sus dramáticas consecuencias para el tejido comercial, varias de las principales asociaciones de comercio manifiestan de forma conjunta al Gobierno la incapacidad del comercio para afrontar los gastos corrientes, en especial los alquileres de los locales comerciales», lamentan.

Los empresarios reclaman un plan de ayudas en dos fases. La primera, que abarcaría la duración del Estado de alarma, que supuestamente finaliza el 26 de abril, sería efectiva a través «de un sistema de subvenciones para hacer frente al pago de los alquileres durante, al menos, el periodo de cierre forzoso».

La segunda, que entraría en vigor cuando finalice el Estado de alarma, exigiría, según los empresarios, «un nuevo marco normativo que cubra la renegociación bilateral de los contratos de alquiler de locales comerciales y que dé cabida a la quita de rentas durante el período de cierre de puntos de venta y el período posterior a la apertura».

FUERTE SACUDIDA

Las patronales advierten de que aún es pronto para cuantificar pérdidas, pero en una primera estimación prevén que la crisis sanitaria provocará una caída de los ingresos de entre 6.000 y 7.000 millones de euros (entre un 35% y un 40%) este año.

«Tras un mes de cierre de los puntos de venta y con perspectivas de gasto en moda muy negativas a medio plazo, el sector necesita medidas urgentes para no desaparecer. Más de 300.000 empleos están en juego», han resaltado.

Las restricciones a la movilidad decretadas por el Gobierno para contener la expansión del coronavirus no ponen las cosas fáciles a uno de los sectores esenciales y primer eslabón de la cadena alimentaria: la agricultura. Desde el primer momento el objetivo ha sido “no dejar la fruta en los árboles”, recuerda Ramón Espinosa, secretario técnico de Asaja Alicante, y suscribe el colectivo de trabajadores del campo. Para cumplir con este propósito, agricultores y temporeros de toda la geografía nacional echan mano de ingenio para sortear muchas de las dificultades que ocasiona el covid-19. En la provincia de Alicante no faltan los temporeros, pero el transporte para realizar la recolección está generando fuertes quebraderos de cabeza.

Se avecina la recolección de fruta de hueso, fruta dulce y hortalizas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció el pasado 7 de abril medidas para la flexibilización de contratación de mano de obra en el campo, que los agricultores esperaban ‘como agua de mayo’. Pasados los días, sobre el terreno, las medidas resultan insuficientes: los temporeros deben llegar a las fincas para poder trabajar. “Gente disponible sí que hay, tanto demanda de empleo española como extranjera con permisos de residencia, pero encontramos serios problemas con las restricciones de movilidad”, afirma Espinosa.

Sin el transporte al punto de recolección la campaña es inviable. Y no se trata tampoco de un problema de distancia. “La campaña del níspero, la más temprana, la hemos conseguido sortear”, prosigue Espinosa, el llamamiento para reclutar trabajadores se ha saldado con éxito en esta zona, “en concreto, junto a la principal comarca productora del níspero, la Marina Baixa, se sitúan localidades como Benidorm, Altea o Calpe, donde residen muchos trabajadores fijos discontinuos del sector del turismo, que se ofrecen para el desempeño de tareas agrícolas gracias a la compatibilización de subsidios”, facilitada desde el Gobierno.

Lo mismo ocurre en el caso de la cereza de la montaña de Alicante, cuya campaña comienza en mayo, tampoco faltan temporeros, “porque vienen los trabajadores que han terminado la campaña de cítricos”, es decir, son los mismos trabajadores que encadenan varias campañas. La cuestión es que, aunque sean trayectos que en muchas ocasiones no superan los 50 km, todos, tienen que desplazarse. El principal hándicap para coger la fruta este año es el transporte.

NUEVAS FÓRMULAS COMO AUTOBUSES ESCOLARES

Dado que las nuevas formas de acceder al punto de recolección implican mantener unas distancias de seguridad, la organización agraria explica que los costes de la mano de obra para el productor se van a duplicar a causa del transporte. La aplicación de estas medidas de carácter sanitario se traduce en autobuses al 30% de su capacidad, es decir, hasta 17 trabajadores en vehículos de unas 50 plazas; dos ocupantes en un coche y tres por furgoneta de nueve plazas. El número de vehículos se multiplica.

Asaja Alicante anticipa escenarios y propone varias opciones para rebajar el coste del transporte y, en consecuencia, garantizar el abastecimiento. Una de estas propuestas para hacer factible la recogida de la fruta es emplear empresas de autobuses escolares obligadas a aplicar un ERTE para “canalizar de forma ordenada” el traslado de personas “y que salgan las cuentas” para los productores. Para ello la organización agraria propone “articular mecanismos para que no se disparen los costes de producción” como por ejemplo, “subvenciones a las empresas de transporte escolar que quieran trabajar, para facilitar el acceso de la mano de obra a los campos”.

Las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura generan costes inasumibles para los agricultores tal y como están planteadas. Desde Asaja se promueve flexibilizar las distancias de seguridad en los desplazamientos, garantizando el empleo correcto de equipos de protección individual (EPIs) o que el Gobierno destine ayudas para sufragar el gasto en un mayor número de empresas de transporte, que están de acuerdo con la iniciativa.

La idea se presentará por escrito al Gobierno por Asaja y la Asociación Nacional de Transporte de Autobuses con el fin de facilitar una solución.

Si los costes de producción se disparan, este incremento acabará repercutiendo en el precio final que paga el consumidor. Y pese a que el “proceso ahora está lleno de dificultades y no trabajamos en una situación normal”, es imprescindible “garantizar la actividad esencial del abastecimiento” además de “mantener la estructura y clientes del negocio exportador que pone en valor a España como país productor de alimentos, que debe seguir funcionando cuando todo esto acabe”, argumenta Espinosa. El 60% de la producción de cítricos, frutas y hortalizas se destinan a la exportación, tanto dentro de la UE, como de terceros países.

Primero fueron 20.000 millones. La mitad de esa cantidad se destinaría para garantizar préstamos de pymes y autónomos. La otra, para grandes y medianas empresas. Ante la fuerte demanda, el Gobierno añadió otros 20.000 millones más en una segunda línea de avales ICO. En este segundo caso, sólo para pymes y autónomos. Y, aun así, no llegará para todos.

“Al igual que la primera, la segunda línea se agotará en menos de una semana, porque son muchas las empresas y autónomos con necesidad de liquidez en estos momentos”, señalan desde Borrox. Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en febrero de 2020 había en España 1.319.467 pymes con asalariados. De esa cantidad, el 86% son micropymes. Es decir, tienen entre 1 y 9 asalariados. Las pequeñas tienen entre 10 y 49 asalariados.

Para poder acceder a estos avales del ICO, las empresas no deben encontrarse dentro de ficheros de morosidad, por ejemplo. Tampoco deben estar en proceso concursal. Y, cuando sea aplicable el Marco Temporal de las ayudas europeas, las empresas no podrán estar en crisis antes del 31/12/2019. Requisitos a los que hay que añadir los que pongan sobre la mesa las entidades bancarias para conceder los préstamos. Algunos de ellos son que las empresas hayan presentado sus cuentas en 2019, o que hayan dado un resultado del ejercicio positivo.

Un tercio de las micropymes no cumplen con los requisitos requeridos por el Gobierno para acceder a las ayudas

“Sólo un 30% de las microempresas han presentado cuentas en 2019 (correspondientes al ejercicio de 2018). De este porcentaje, un 31% ha dado un resultado negativo, por lo que posiblemente quedarían excluidas de los préstamos con aval ICO por superar el riesgo”, afirman desde Borrox.

AVALES DEL ICO

El informe elaborado por la empresa española especializada en la financiación de pymes a través de descuentos de facturas y pagarés hace los siguientes cálculos. Si todas las pymes pudiesen acceder al primer tramo de avales del ICO (es decir, 10.000 millones de euros), tocarían a 7.578,2 euros. Eso sin contar a los autónomos que, en marzo de 2020, eran 3.257.896.

Si sólo se concedieran los préstamos a las microempresas que han presentado cuentas, el préstamo del ICO sería de 25.174,08 euros para cada una.  Y si se hace el cálculo solo con las empresas con beneficios positivos, el resultado sería de 36.960,52 euros.

“Esas cifras del ICO son insuficientes para paliar la crisis”, señalan desde Borrox. Porque, una empresa de nueve empleados, gastaría al mes 10.260 euros en concepto de nóminas. Siempre y cuando todos ellos tuvieran el salario mínimo. Dicho de otra forma, que una tercera parte del préstamo se destinaría al pago de salarios de un mes. El 70% restante sería para hacer frente al pago a proveedores, compra de materia prima y otro tipo de gastos derivados de la estructura de la empresa.

Hay que tener en cuenta que las pymes generan más de 9 millones de empleos. De esta cifra, el 38% es aportado por micropymes. “Si no consiguen soluciones de financiación urgentes, la crisis sanitaria derivará en cifras de desempleo mucho mayores a las ya reportadas”, concluyen en Borrox. Tarea para el ICO.