Pese a que el ruido mediático va y viene, en función de la época electoral, las sicavs siguen siendo uno de los instrumentos financieros más utilizados en España. Los altos patrimonios las utilizan para canalizar su dinero hacía el mercado y obtener una importante rentabilidad, sin apenas coste fiscal. Una práctica a la que también se han sumado políticos, aunque muchos las defenestran. El último ha sido Alfonso Rodríguez-Hevia, exsenador del PP entre 2016 y 2019, que desarrolló su trabajo sobretodo desde el punto de vista sanitario.

El vehículo de inversión del exsenador se inscribió en el Registro Mercantil con el nombre de Blacksmith Capital Sicav, el pasado 30 de marzo. Rodríguez-Hevia aparece como consejero delegado del instrumento cuyo socio único es la firma financiera leonesa Herrero Brigantina. La misma compañía lo fichó meses después de cerrar su etapa como representante público para desarrollar la labor de director general. Junto al leonés aparecen otros nombres relacionados con dicha empresa como Samuel Lopez Pérez, Antonio Lamas o Francisco Góngora Hidalgo.

La sicav ha comenzado a rodar con el capital mínimo exigido por ley que es de 2,4 millones de euros, que han sido totalmente desembolsados. Aunque, Rodríguez-Hevia y su equipo esperan atraer más fortunas a la misma para aprovechar el rebote del mercado tras el colapso producido por el primer impacto del coronavirus. De hecho, el objeto social es el de «la captación de fondos (…) para gestionarlos e invertirlos». Además, el expolítico del PP ha confiado en Renta 4 como entidad depositante y en Ernst & Young como auditora de la misma.

RODRÍGUEZ-HEVIA COMO EXPERTO EN TEMAS SANITARIOS

El perfil sanitario del directivo le convierte, en mitad de una pandemia que tiene paralizado el mundo, en una guía para afrontar la actual situación. Antes de aventurarse en la jungla política que es el Senado de España, Rodríguez-Hevia se dedicó a la gestión de hospitales públicos. Así, entre 1992 y 2004, el leonés pasó por tres hospitales diferentes como son los de Santa Bárbara (Soria), el de Albacete y el curioso Hospital Adaro (Sama, Langreo). En éste último, tuvo que llevar una reconversión del modelo, puesto que se trataba de un antiguo centro de salud minero que se inauguró en 1914.

Su última aventura fuera de la política, hasta la actual, fue como director gerente del Hospital El Bierzo, en Ponferrada (León). La gestión y los logros efectuados, entre 2004 y 2015, entre los que el propio Rodríguez-Hevia destaca haber logrado «el primer centro sanitario publico de Castilla y Leon en conseguir el Sello de Excelencia Europea», le granjearon el renombre suficiente para ganar la carrera en la región leonesa como su representación política en las Cortes. Aunque, después han aparecido algunas lagunas como plantas sin abrir, choques con los empleados o la deficiencia de material que ha destapado la llegada del coronavirus.

LA POLÍTICA, UN SALTO DE PRESTIGIO IMPORTANTE

El salto de los hospitales a la política no fue importante, desde el punto de vista económico, pero si en notoriedad. Una tendencia que salvo para muchos aquellos que vienen de las universidades públicas o de montar alborotos en las calles suele ser la tónica habitual. El sueldo como senador de Rodríguez-Hevia, algo más de 81.000 euros, se situó por debajo de los más de 90.000 euros anuales que cobraba como director gerente. Cantidad que alcanzó gracias a que su antigüedad era superior a diez años. Pero, lo que no ganó en dinero lo ha hecho en notoriedad.

Así, tras su pasó por la política ha podido saltar a la dirección de una firma financiera con bagaje internacional, como es el caso de Herrero Brigantina, donde su sueldo puede multiplicar varias veces el de senador. De hecho, la firma desarrolla su actividad en el sector de la mediación aseguradora, con una década de vida, y que ya tiene hasta 23 oficinas por todo el territorio nacional y cuenta con representación en Reino Unido, EEUU y Holanda. Para todo ello, cuenta con más de 200 profesionales y, ahora, muchos más contactos políticos y empresariales.

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno para proteger a los usuarios, pymes y autónomos y garantizar el suministro de electricidad en período de excepcionalidad, colocan a las comercializadoras independientes en una clara posición de desventaja frente a las grandes eléctricas. La energía es un bien esencial, y asegurar un acceso ininterrumpido para todos, al margen de que los consumidores puedan o no asumir su coste, ha sido el objetivo del Gobierno. La cuestión es cómo se adoptan estas medidas y cómo afectan al mercado libre.

Aunque parte de las medidas urgentes incluidas en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, serán asumidas por el Estado, otra parte correrá a cargo del sector energético. Un “café para todos” que, es justo en un momento marcado por la emergencia del Covid-19 y todas las consecuencias económicas que se han derivado de esta pandemia, aunque convendría no olvidar quien paga la ronda. Algunas de estas medidas “aunque garantistas a priori, provocan una desestabilización del libre mercado en favor de las grandes eléctricas y en detrimento de los consumidores”, manifiestan desde la comercializadora Feníe Energía, en declaraciones a MERCA2.

En el mercado eléctrico cohabitan tres tipos de comercializadoras: las grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola o Naturgy-, con centenares de pequeñas comercializadoras, -algunas ligadas también a grandes compañías, como Repsol, Cepsa, El Corte Inglés o Telefónica-, así como cientos de pequeñas compañías independientes. Entre todas superan las 500, según información de la CNMC.

La energía es un bien esencial y, por tanto, su suministro debe estar garantizado. Esto es un hecho. Pero las medidas adoptadas por el Gobierno para “atenuar” los efectos de esta situación, “deben ser cuestionadas por su desmedida repercusión en determinados sectores”, siendo uno de ellos el energético y concretamente, “el conformado por las comercializadoras independientes que operan en el libre mercado”, aseguran desde Feníe Energía. 

MERCADO LIBRE EN PELIGRO

El libre mercado brinda al consumidor la posibilidad de decidir con qué compañía contratar en función de varios criterios: por su calidad en el servicio, por los descuentos que aplica, porque contribuye con el medioambiente o “por la oferta de energía verde, como es el caso de Feníe Energía”, manifiestan desde la comercializadora. En conclusión, el mercado libre ofrece al consumidor alternativas y ventajas que el mercado regulado no proporciona.

Sin embargo, dentro de esas medidas, el Gobierno ha ampliado el ámbito subjetivo de la aplicación del bono social, pudiendo así beneficiarse de este descuento autónomos y pymes. Solo por tiempo limitado y siempre con la condición de que estén sujetos a PVPC, esto es, una tarifa regulada, del mercado regulado, donde solo operan las comercializadoras de referencia, que coinciden con las grandes eléctricas, “y donde el consumidor está supeditado a los precios variables y a las condiciones que estas compañías consideran al no encontrarse en un marco competitivo”, explican desde Feníe Energía.

En una primera lectura, la medida puede resultar atractiva, especialmente para todos aquellos que se han visto afectados por esta crisis, pero esconde un trasfondo “alarmante” según explican desde la comercializadora de energía verde, “pues esta decisión conlleva realmente un retroceso en el camino que ha supuesto la liberalización del sector energético, cuyo principal objetivo es garantizar al consumidor una amplia y atractiva oferta” en el mercado eléctrico.

Por otro lado, “el halo de legalidad dado al impago de los recibos de los suministros energéticos debilita el posicionamiento de las comercializadoras independientes en el mercado, pues a pesar de la disminución de la liquidez derivada de esa falta de pago, aquellas siguen obligadas a pagar a las distribuidoras y a soportar los impuestos”. Esta medida es, además, “completamente ineficaz”, pues finalizado el Estado de Alarma, “esos pagos debidos deberán ser regularizados sin haber previsto procedimiento alguno por parte del Gobierno, lo que puede derivar en un incremento de la litigiosidad ante semejante laguna legal”.

Hay otras medidas, como la flexibilización de las condiciones contractuales, permiten al beneficiario suspender de forma temporal el contrato, “cuando dicha figura no existe en los procedimientos establecidos por la CNMC”; o la posibilidad de que, también autónomos y pymes puedan solicitar la suspensión del pago de las facturas por servicios que sí se están prestando, “de nuevo sin haber definido un procedimiento para poder llevarlo a cabo”, que critican desde Feníe Energía.

La conclusión es incontestable: las comercializadoras independientes que operan en el libre mercado resultan muy mal paradas en este nuevo escenario, en comparación con las grandes eléctricas. Pese a todo, “hemos hecho un esfuerzo titánico para que desde el día 2 de abril, fecha en la que entraba en vigor el RDL 11/2020, todos nuestros procesos estuvieran adaptados, algunos casi por intuición, a lo que se establece en el mencionado texto legal”, afirman fuentes de la comercializadora verde que cuenta con más de 400.000 clientes, 2.500 agentes energéticos y 3.000 accionistas.

MENOS DEMANDA Y MÁS DEUDA

“Durante este periodo estamos analizando nuestra posición estratégica en esta situación y nuestro posicionamiento a nivel regulatorio con respecto a las diferentes medidas que se están desarrollando”, afirman desde Feníe Energía. En este contexto, “estamos monitorizando semanalmente, muy de cerca, determinados indicadores que nos permiten valorar el potencial efecto en la reducción de la demanda y el posible incremento de la deuda de clientes” y, de momento, la situación “entra dentro de unos parámetros asumibles en una contexto coyuntural de esta magnitud”.

Desde Feníe Energía “hemos intentado integrar a otros actores del sector en la acción conjunta para afrontar esta situación”. Por el momento, diferentes entidades bancarias han mostrado su disposición a colaborar, “aportando más seguridad al éxito de estas medidas”, aseguran. En los casos de solicitudes, por parte de pymes y autónomos, de un fraccionamiento o de una suspensión del suministro, “algunas distribuidoras permiten que se dejen de pagar los peajes correspondientes a estos suministros hasta que el cliente vuelva a iniciar el pago”. En este sentido, “se han establecido contactos y líneas de comunicación con proveedores y colaboradores desde la convicción de que la unidad de acción puede multiplicar los beneficios de las medidas adoptadas”, concluyen fuentes consultadas de Feníe Energía.

Huawei mantiene su caja bien saneada. Hace unos días presentó -a nivel global- su balance financiero. El crecimiento se ha vuelto terrenal, pero sigue disparado. Eso provoca que la compañía de origen chino mantenga su capacidad inversora en todos los mercados donde opera. Al menos, en los que le permiten trabajar. La tensión comercial con Estados Unidos se mantiene latente, pero el fabricante asiático tiene sus propios planes.

El condicionante de la «guerra comercial» entre EEUU y China es algo que Huawei no puede obviar. También estamos los medios de comunicación para recordarlo. Asimismo, el golpe de la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus a escala global tampoco puede perderse de vista. De hecho, el impacto de este primer semestre será duro para cualquier empresa que venda productos de tecnología.

Pero Huawei perdió la dependencia del «hierro» hace ya unos años. Las redes de telecomunicaciones, y su negocio corporativo derivado, le permiten seguir creciendo e invirtiendo. Así, el frente del 5G se ha transformado en algo crucial. Eso, pese a que, como cualquier cuestión ahora mismo, tendrá un retraso provocado por el covid-19.

Un ejemplo sobre esta carrera que el fabricante chino tiene frente a otros competidores es que según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI por sus siglas en inglés), Huawei ha sido por tercer año consecutivo la empresa que más solicitudes de patentes PCT presentó en 2019, con 4.411 solicitudes PCT publicadas. Según los últimos datos presentados en el informe anual de resultados, en 2019, la compañía invirtió un 15,3% de sus beneficios en I+D, y el 49% de sus 194.000 empleados están dedicados al desarrollo de innovación.

HUAWEI MANTIENE EL RITMO

Ante este escenario, Huawei ha suscrito 91 contratos comerciales 5G y se han desplegado más de 600.000 unidades de antenas activas Massive MIMO 5G (AAU). Así, hace apenas unos meses la compañía exponía de manera pública su compromiso con el desarrollo de soluciones 5G de extremo a extremo.

Entre ellas se incluye la estación base 5G de gran rendimiento que admite todos los escenarios y la Blade AAU con el nivel de integración más alto de la industria. La Blade AAU puede funcionar en todas las bandas de frecuencia por debajo de 6 GHz y admite redes 2G, 3G, 4G y 5G. Esto aborda el problema del espacio limitado para la instalación de la antena y reduce el coste total de propiedad (TCO, por sus siglas en inglés) en más del 30% en comparación con las soluciones existentes en el mercado. Huawei también trabaja para ser unos de los principales proveedores de la industria en proporcionar módulos industriales 5G para aplicaciones verticales.

Todas estas cuestiones se ejecutan con una música que fondo que proviene de la guerra comercial con Estados Unidos. Polémicas que, en el caso español, ha llevado a que algunos se pronuncien de manera muy rotunda.

Fue el caso del consejero delegado de MásMóvil, Meinrad Spenger, cuando en la última rueda de prensa para presentar los resultados financieros dijo que prevé elegir a sus proveedores de red para el 5G en el mes de mayo, e indicó que actualmente no descartan a ninguna compañía en este proceso, incluida Huawei.

Preguntado de manera directa por la situación del fabricante asiático, con respecto a las presiones de Estados Unidos a los distintos países, Spenger, que recordó que su red actualmente es toda de Ericsson, señaló que el Gobierno español no se ha pronunciado aún de forma clara al respecto y que ellos a priori no excluyen a ningún proveedor de Asia.

En este contexto, indicó que hay que diferenciar entre las «preocupaciones reales de tecnología, seguridad y protección de datos» y la preocupaciones comerciales que puede tener cualquier país. «Una cosa es un conflicto real y la otra es un conflicto de intereses». Por lo tanto, Huawei sabe cuál es el camino.