El Tesoro Público ha captado este miércoles 10.000 millones de euros con la emisión de un nuevo bono del Estado a 10 años, que ha llegado a registrar una demanda récord superior a los 130.000 millones de euros, ante lo que el organismo ha decidido reducir el tipo de interés y ahorrar costes, aminorándose la demanda a unos 56.000 millones de euros, según han señalado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En concreto, se trata de una nueva Obligación del Estado sindicada a 10 años con vencimiento el 30 de abril de 2031, según datos del mercado, cuya sindicación ha encargado el Tesoro a BBVA, Citi, HSBC, JP Morgan, Santander y Société Générale.

El bono cuenta con un copón del 0,10% y con una rentabilidad que se ha situado en el 0,114%, equivalente a cuatro puntos básicos por encima de la actual referencia a 10 años, según ha informado el Tesoro al cierre de la emisión.

La demanda final se ha repartido entre 292 cuentas inversoras de naturaleza diversificada. Los inversores no residentes han alcanzado una participación del 79,4% en la operación. De este porcentaje, destacan el Reino Unido e Irlanda con un 15,4%; Francia e Italia, con un 14,7%; Alemania, Austria y Suiza, con un 9%; los países escandinavos, con un 8,5%; y otros inversores europeos, con un 13,6%. Por su parte, Asia ha participado con un 11,5% de la transacción, mientras que Oriente Medio ha alcanzado el 4,3% y Estados Unidos y Canadá un 2,1%.

Al inicio de la emisión se ha registrado una demanda muy elevada que ha llegado a alcanzar los 130.000 millones de euros, con un tipo de interés del bono a 10 años más un spread de 8 puntos, ante lo que el Tesoro ha decidido reducir el tipo de interés y ahorrar.

Así, ha reducido el precio al bono más un spread de 4 puntos básicos y, como consecuencia de esa reducción del precio a la mitad, han mantenido sus órdenes inversores de muy alta calidad realmente interesados en la emisión, con una demanda de alrededor de 56.000 millones de euros, según han indicado desde Economía.

El organismo, que ha primado el ajuste de tipos y el ahorro de costes al ver que era posible ante la elevada demanda, suele realizar en enero una emisión sindicada para aprovechar el elevado apetito de los inversores al comienzo del ejercicio, cuando los gestores van elaborando sus carteras.

Precisamente ayer, martes, el Tesoro Público captó 6.150,7 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, en el rango medio alto de lo previsto, si bien registró tipos menos negativos respecto a los mínimos históricos marcados en la subasta de referencia de diciembre, aunque se mantuvo en niveles reducidos.

Con la emisión de este miércoles el organismo avanza en la Estrategia de Financiación del Reino de España para 2021, que contempla una emisión neta de 100.000 millones, un 9% menos respecto a los 109.922 millones con los que cerró 2020, mientras que la emisión bruta se situará en el récord de 289.138 millones, un 4,4% más respecto los 277.059 millones del año pasado.

A medio y largo plazo, la emisión bruta será de 184.380 millones, un 0,5% más que el año pasado, y la emisión neta de 90.000 millones, un 8,6% menos; mientras que la estrategia del Tesoro contempla 104.758 millones de emisión bruta en letras este año, un 11,9% más, y una neta de 10.000 millones, un 12,5% menos.

Con esta sindicación de 10.000 millones el Tesoro lleva emitido un total de 22.999 millones de euros en lo que va de año, a un coste negativo del -0,08%. Esto ha permitido que el coste medio de la cartera de valores del Tesoro registre un nuevo mínimo histórico y se sitúe en el 1,83%. Por su parte, la vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza los 7,77 años.

El sector pesquero ha transmitido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas «su frustración» tras los acuerdos adoptados en el Consejo de Pesca de la Unión Europea, celebrado los pasados 15 y 16 de diciembre, y ha advertido de que tales medidas «ponen en serio peligro el mantenimiento del equilibrio social y económico» en el Mediterráneo.

En un comunicado, la Federación Balear de Cofradías de Pescadores ha recordado este miércoles que el Consejo acordó una reducción adicional real de un 8,3% de días de pesca, medidas complementarias de nuevas zonas cerradas a la pesca y el compromiso de España y Francia de hacer llegar a la Comisión una propuesta para aplicar medidas técnicas selectivas a las artes de pesca, en junio de este año.

Durante una reunión mantenida este martes y en la que participó el secretario general de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Antoni Garau, el sector ha transmitido a Planas que la Comisión Europea sigue mostrándose insensible con los pescadores y desprecia su conocimiento sobre la situación de este mar, ha considerado, además, que se está desarrollando una política «muy acelerada» en la aplicación del Reglamento y que «sólo tiene en cuenta el aspecto medioambiental eludiendo los pilares económico y social».

Además cree que se está implantando «sin los suficientes avales científicos que justifiquen las medidas». Sobre este particular, el sector ha recordado al ministro que los datos científicos en los que se basaba la propuesta de la Comisión era «anticuados».

Asimismo, ha recordado que la FAO, antes de la aplicación del primer año del reglamento, ya manifestó que el 60% de los stocks están sin evaluar y que aún reconociendo que la sobrepesca, «el panorama había mejorado disminuyendo en un 10% las poblaciones de peces sobreexplotadas».

El sector también ha recordado a Planas que disponía del compromiso del Gobierno para una aplicación «no traumática» para los pescadores, de tal forma que les permitiera alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS) en 2025 «sin la necesidad de cierre de empresas, amarre definitivo de barcos y la destrucción de puestos de trabajo.

De hecho, ha apuntado el sector, al margen de la desaparición de un 40% de la flota pesquera en la última década, la situación puede tener «un impacto social drástico» sobre 587 barcos y 3.600 puestos de trabajo directos, además de producir «una caída de la oferta de las lonjas que conllevará aparejada» otra del número de compradores y que afectará a la flota artesanal, al no poder comercializar sus capturas.

Igualmente, el sector ha manifestado al ministro que, durante el primer año de vida del reglamento, la flota asumió una reducción superior al 21% (de 122.321 días a 96.246) y no un 10% como establece el Reglamento europeo, y que para este año, la reducción del 8,3% supondrá asumir en sus dos primeros años de aplicación una merma del esfuerzo pesquero del 29%.

Igualmente, ha apuntado «la existencia de discriminación» frente al resto de pescadores afectados por el plan comunitario, ya que España mantiene 12 horas al día de pesca, y los otros estados miembros entre 15 y 18. Eso significa, ha indicado el sector, «que un barco español parte desde el primero de enero con 55 días menos de pesca que uno de otro país».

En la reunión, el sector ha hecho saber a Planas que, a su juicio, los pescadores del Mediterráneo ya han alcanzado una reducción de casi el 40% del esfuerzo previsto en el plan hasta 2025 y que el arrastre no puede asumir «ningún recorte de esfuerzo más, al haberse realizado con creces el exigido por el Plan de Gestión Multianual».

Los pescadores han hecho saber a Planas la necesidad de actualizar los resultados de la evaluación de la implantación del reglamento en el periodo 2020/2021 y tener en cuenta que casi en la totalidad del Mediterráneo se van a realizar dos meses de parada temporal durante este año, lo que se traduce en reducción de esfuerzo pesquero, «aunque la Comisión no lo valore de igual manera».

También ha transmitido a Planas que los días no utilizados en 2020 (en torno a 13.842) «deben ser considerados como reducción de esfuerzo pesquero» y su porcentaje debe ser sustraído del 8,3% contemplado para 2021.

Igualmente, el sector ha manifestado durante todas las reuniones mantenidas sobre el Mediterráneo «la necesidad de contar con los científicos», por lo que solicita que se organicen lo antes posible reuniones con el IEO, el CSIC y la Secretaría General de Pesca (SGP).

También ha manifestado al ministro que, dado el compromiso alcanzado por España en el Consejo de diciembre de estudiar posibles acciones dirigidas a la selectividad de las artes, «es necesario realizar acciones piloto para determinar qué medidas son las más adecuadas y que pueden ser asumidas» por el sector.

Por último, el sector ha concretado al ministro Planas que «sólo se hace responsable» a la actividad pesquera de la situación de las poblaciones de peces en el Mediterráneo, «sin considerar las amenazas de la contaminación, la presión demográfica costera, el cambio climático, la falta de depuración de las aguas o la presencia progresiva» de especies invasoras.

Moncloa ha avanzado este miércoles que establecerá «condicionalidad» a las comunidades autónomas para la recepción de los fondos europeos y realizará un «seguimiento estrecho» en la ejecución de los mismos para asegurar que se cumplen los objetivos y no se pone en riesgo los siguientes desembolsos de los recursos europeos.

Así lo ha señalado el secretario general de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, durante su intervención en un webinar sobre la gestión de los fondos europeos y las CC.AA., organizado por Fundación Alternativas, en la que ha avanzado que habrá «condicionalidad» para las CCAA respecto a la recepción de fondos europeos, para lo que se están diseñando unos incentivos y mecanismos «positivos y negativos» con el fin de que las regiones cumplan los objetivos.

De la Rocha, que dirigirá la unidad de seguimiento de los fondos en Presidencia, ha detallado que el objetivo es que las CC.AA. que cumplan en la ejecucion y los objetivos puedan absorber más fondos y que, en cambio, aquellas que no ejecuten la totalidad de los recursos percibidos se transfieran.

Las CC.AA. podrán recibir en torno a un 40% o 50% de los fondos europeos de hasta 72.000 millones que recibirá España hasta 2023.

Asimismo, ha aclarado que los fondos europeos se entregarán respondiendo solo al Plan nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, por tanto, «no hay un reparto territorializado de todos los fondos» como demandaban algunas CC.AA.

De esta forma, ha explicado que los recursos europeos se desembolsarán a través de un primer anticipo y luego dos veces al año una vez que la Comisión Europea compruebe que se cumplen los hitos y objetivos vinculados a la aprobacion de reformas legislativas actualmente en negociación y al cumplimiento de objetivos con resultados de la inversión en diferentes ámbitos, como la digitalización de pymes, la formación o la reducción de emisiones.

Por ello, ha insistido en que la distribución de fondos a las CC.AA. también estará sujeto al cumplimiento de objetivos, ya que si una «no cumple, no los gasta o los retrasa pone en peligro el desembolso de todos los fondos para todos», algo que cree que generará un elemento de «lealtad y responsabilidad».

Con ese fin, ha adelantado que habrá un «seguimiento muy estrecho» sobre la ejecución de los fondos por parte de las autonomías, con independencia de que en algunas áreas se territorializará y se harán convenios marco entre el Ministerio correspondiente y las comunidades con el reparto de fondos y las distintas condicionalidades.

También ha pedido que tal y como están realizando algunas autonomías, estas acometan una simplificación de los procedimientos administrativos en línea con la reforma de la Administración aprobada por el Ejecutivo para eliminar ‘cuellos de botella’ y agilizar la ejecución de proyectos.

A través de las CC.AA. se repartirán fondos a los ayuntamientos, pero para ellos habrá dos niveles de canalización: uno para los ayuntamientos muy pequeños, para los que se creará un fondo para canalizar el dinero, especialmente en lo relativo a la España vacía y el reto demográfico, y otro mecanismo para la recepción de fondos por parte de los grandes ayuntamientos.

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS: MÁS APORTACIÓN A PGE EUROPEO E IMPUESTOS

España recibirá en torno a 150.000 millones de euros hasta 2026, de los que más de 70.000 millones se recibirán a modo de transferencias hasta 2023 y el resto en forma de préstamos que irá solicitando el Gobierno entre 2023 y 2026.

De las transferencias, 12.000 millones se obtienen por el fondo ‘React EU’ y los 60.000 millones restantes por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con la condición de la aprobacion del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez el pasado mes de julio y sobre el que se ha remitido ya a la UE un primer borrador y se negocia uno segundo, según ha detallado.

En este sentido, ha celebrado que el dinero que llegará a España y al resto de países europeos será en forma de transferencias a modo de «deuda conjunta, no de cada país». Eso sí, «tras la moratoria, a partir de los seis años las contribuciones de cada país al presupuesto europeo subirán de forma sustancial como garantía de que se devuelve, unido a impuestos europeos que se van a introducir», ha apuntado.

RENDICIÓN DE CUENTAS: COMPARECENCIA UNA VEZ AL AÑO

Sobre la rendición de cuentas ha indicado que la vicepresidenta tercera económica, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero o la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, darán cuenta «una vez al año» de la ejecución del Plan de Recuperación ante la Comisión Mixta de la UE en el Congreso, frente a la comparecencia trimestral inicialmente prevista.

No obstante, ha adelantado que está prevista la comparecencia parlamentaria cuando se tenga el borrador del Plan de Recuperación más avanzado y cuando se disponga del plan definitivo.

También ha indicado que desde diciembre se han celebrado foros consultivos de alto nivel y se están creando de distintos ámbitos como la energía, industria, digitalización, ciencia o transporte para presentar las grandes líneas a los distintos colectivos, entre tanto se crea la conferencia sectorial de fondos europeos en la que la ministra de Hacienda se sentará con los consejeros de las distintas CCAA para explicar la ejecución del plan.

En este sentido, ha pedido que las regiones empiecen a pensar en función de las palancas del Plan de Recuperación y a identificar qué proyectos pueden interesar más y cuáles menos y lo analicen con las distintas organizaciones, agentes sociales y sectores.

PREVÉ «MUCHÍSIMAS CONVOCATORIAS» YA EN EL PRIMER TRIMESTRE

En todo caso, ha apuntado que actualmente se está negociando el Plan de Recuperación, que no ha sido aprobado pero que ya incluye 27.000 millones de fondos europeos en los Presupuestos, a ejecutarse desde el pasado 1 de enero, para lo que está previsto el lanzamiento de «muchísimas» convocatorias ya a lo largo del primer trimestre del año.

Para avanzar en la ejecución de proyectos ha indicado que el Gobierno ha lanzado ya seis expresions de interés, la última desde el Ministerio de Transición Ecológica para proyectos en áreas rurales, recibiéndose 4.000 propuestas.

Ha aclarado que las empresas que quieran que sus fondos sean aprobados «van a tener que invertir», por lo que hay que movilizar los recursos privados, ya que el Gobierno busca la «coinversión», para que si una tecnología o proyecto funciona los beneficios vayan tanto a la empresa como al Estado para reinvertir en otra tecnologías.

Por áreas, ha precisado que 1.100 millones irán para Sanidad, sobre todo para el equipamiento de hospitales, si bien el fondo React EU de 10.000 millones es para mejorar la atención primaria o los servicios de respuesta al Covid.

Al tiempo, se destinarán 2.000 millones para la nueva economía de cuidados, con el objetivo de revisar el modelo de residencias de mayors y avanzar hacia el modelo nórdico de atención domiciliaria con teleasistencia, así como dar una «vuelta» a la Ley de Dependencia con más descentralizacón y refuerzo de servicios sociales.

Para turismo irán 3.400 millones para cambiar el modelo a uno más sostenible enfocado a la transición ecológica y la digitalización, así como medidas para igualdad de género o 2.600 millones para las universidades con el fin de reforzar las estructuras para la creación de un cuerpo de investigadores y dotar de «cierta estabilidad» a los centros de investigación, junto a digitalización de los centros educativos.

Igualmente, se ha referido la digitalización de pymes, su internacionalización y crecimiento, con 4.000 millones de los fondos, entre otros.

El sector pesquero ha transmitido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una reunión mantenida este martes y en la que participó el secretario general de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Antoni Garau, «su frustración» tras los acuerdos adoptados en el Consejo de Pesca de la Unión Europea, celebrado los pasados 15 y 16 de diciembre, y ha advertido de que tales medidas «ponen en serio peligro el mantenimiento del equilibrio social y económico» en el Mediterráneo.

En un comunicado, la Federación Balear de Cofradías de Pescadores ha recordado este miércoles que el Consejo acordó una reducción adicional real de un 8,3% de días de pesca, medidas complementarias de nuevas zonas cerradas a la pesca y el compromiso de España y Francia de hacer llegar a la Comisión una propuesta para aplicar medidas técnicas selectivas a las artes de pesca, en junio de este año.

El sector, que durante la reunión ha transmitido a Planas que la Comisión Europea sigue mostrándose insensible con los pescadores y desprecia su conocimiento sobre la situación de este mar, ha considerado, además, que se está desarrollando una política «muy acelerada» en la aplicación del Reglamento y que «sólo tiene en cuenta el aspecto medioambiental eludiendo los pilares económico y social».

Además cree que se está implantando «sin los suficientes avales científicos que justifiquen las medidas». Sobre este particular, el sector ha recordado al ministro que los datos científicos en los que se basaba la propuesta de la Comisión era «anticuados».

Asimismo, ha recordado que la FAO, antes de la aplicación del primer año del reglamento, ya manifestó que el 60% de los stocks están sin evaluar y que aún reconociendo que la sobrepesca, «el panorama había mejorado disminuyendo en un 10% las poblaciones de peces sobreexplotadas».

El sector también ha recordado a Planas que disponía del compromiso del Gobierno para una aplicación «no traumática» para los pescadores, de tal forma que les permitiera alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS) en 2025 «sin la necesidad de cierre de empresas, amarre definitivo de barcos y la destrucción de puestos de trabajo.

De hecho, ha apuntado el sector, al margen de la desaparición de un 40% de la flota pesquera en la última década, la situación puede tener «un impacto social drástico» sobre 587 barcos y 3.600 puestos de trabajo directos, además de producir «una caída de la oferta de las lonjas que conllevará aparejada» otra del número de compradores y que afectará a la flota artesanal, al no poder comercializar sus capturas.

Igualmente, el sector ha manifestado al ministro que, durante el primer año de vida del reglamento, la flota asumió una reducción superior al 21% (de 122.321 días a 96.246) y no un 10% como establece el Reglamento europeo, y que para este año, la reducción del 8,3% supondrá asumir en sus dos primeros años de aplicación una merma del esfuerzo pesquero del 29%.

DISCRIMACIÓN

Igualmente, ha apuntado «la existencia de discriminación» frente al resto de pescadores afectados por el plan comunitario, ya que España mantiene 12 horas al día de pesca, y los otros estados miembros entre 15 y 18. Eso significa, ha indicado el sector, «que un barco español parte desde el primero de enero con 55 días menos de pesca que uno de otro país».

En la reunión, el sector ha hecho saber a Planas que, a su juicio, los pescadores del Mediterráneo ya han alcanzado una reducción de casi el 40% del esfuerzo previsto en el plan hasta 2025 y que el arrastre no puede asumir «ningún recorte de esfuerzo más, al haberse realizado con creces el exigido por el Plan de Gestión Multianual».

Los pescadores han hecho saber a Planas la necesidad de actualizar los resultados de la evaluación de la implantación del reglamento en el periodo 2020/2021 y tener en cuenta que casi en la totalidad del Mediterráneo se van a realizar dos meses de parada temporal durante este año, lo que se traduce en reducción de esfuerzo pesquero, «aunque la Comisión no lo valore de igual manera».

También ha transmitido a Planas que los días no utilizados en 2020 (en torno a 13.842) «deben ser considerados como reducción de esfuerzo pesquero» y su porcentaje debe ser sustraído del 8,3% contemplado para 2021.

Igualmente, el sector ha manifestado durante todas las reuniones mantenidas sobre el Mediterráneo «la necesidad de contar con los científicos», por lo que solicita que se organicen lo antes posible reuniones con el IEO, el CSIC y la Secretaría General de Pesca (SGP).

También ha manifestado al ministro que, dado el compromiso alcanzado por España en el Consejo de diciembre de estudiar posibles acciones dirigidas a la selectividad de las artes, «es necesario realizar acciones piloto para determinar qué medidas son las más adecuadas y que pueden ser asumidas» por el sector.

Por último, el sector ha concretado al ministro Planas que «sólo se hace responsable» a la actividad pesquera de la situación de las poblaciones de peces en el Mediterráneo, «sin considerar las amenazas de la contaminación, la presión demográfica costera, el cambio climático, la falta de depuración de las aguas o la presencia progresiva» de especies invasoras.