El sector pesquero ha transmitido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una reunión mantenida este martes y en la que participó el secretario general de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Antoni Garau, «su frustración» tras los acuerdos adoptados en el Consejo de Pesca de la Unión Europea, celebrado los pasados 15 y 16 de diciembre, y ha advertido de que tales medidas «ponen en serio peligro el mantenimiento del equilibrio social y económico» en el Mediterráneo.
En un comunicado, la Federación Balear de Cofradías de Pescadores ha recordado este miércoles que el Consejo acordó una reducción adicional real de un 8,3% de días de pesca, medidas complementarias de nuevas zonas cerradas a la pesca y el compromiso de España y Francia de hacer llegar a la Comisión una propuesta para aplicar medidas técnicas selectivas a las artes de pesca, en junio de este año.
El sector, que durante la reunión ha transmitido a Planas que la Comisión Europea sigue mostrándose insensible con los pescadores y desprecia su conocimiento sobre la situación de este mar, ha considerado, además, que se está desarrollando una política «muy acelerada» en la aplicación del Reglamento y que «sólo tiene en cuenta el aspecto medioambiental eludiendo los pilares económico y social».
Además cree que se está implantando «sin los suficientes avales científicos que justifiquen las medidas». Sobre este particular, el sector ha recordado al ministro que los datos científicos en los que se basaba la propuesta de la Comisión era «anticuados».
Asimismo, ha recordado que la FAO, antes de la aplicación del primer año del reglamento, ya manifestó que el 60% de los stocks están sin evaluar y que aún reconociendo que la sobrepesca, «el panorama había mejorado disminuyendo en un 10% las poblaciones de peces sobreexplotadas».
El sector también ha recordado a Planas que disponía del compromiso del Gobierno para una aplicación «no traumática» para los pescadores, de tal forma que les permitiera alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS) en 2025 «sin la necesidad de cierre de empresas, amarre definitivo de barcos y la destrucción de puestos de trabajo.
De hecho, ha apuntado el sector, al margen de la desaparición de un 40% de la flota pesquera en la última década, la situación puede tener «un impacto social drástico» sobre 587 barcos y 3.600 puestos de trabajo directos, además de producir «una caída de la oferta de las lonjas que conllevará aparejada» otra del número de compradores y que afectará a la flota artesanal, al no poder comercializar sus capturas.
Igualmente, el sector ha manifestado al ministro que, durante el primer año de vida del reglamento, la flota asumió una reducción superior al 21% (de 122.321 días a 96.246) y no un 10% como establece el Reglamento europeo, y que para este año, la reducción del 8,3% supondrá asumir en sus dos primeros años de aplicación una merma del esfuerzo pesquero del 29%.
DISCRIMACIÓN
Igualmente, ha apuntado «la existencia de discriminación» frente al resto de pescadores afectados por el plan comunitario, ya que España mantiene 12 horas al día de pesca, y los otros estados miembros entre 15 y 18. Eso significa, ha indicado el sector, «que un barco español parte desde el primero de enero con 55 días menos de pesca que uno de otro país».
En la reunión, el sector ha hecho saber a Planas que, a su juicio, los pescadores del Mediterráneo ya han alcanzado una reducción de casi el 40% del esfuerzo previsto en el plan hasta 2025 y que el arrastre no puede asumir «ningún recorte de esfuerzo más, al haberse realizado con creces el exigido por el Plan de Gestión Multianual».
Los pescadores han hecho saber a Planas la necesidad de actualizar los resultados de la evaluación de la implantación del reglamento en el periodo 2020/2021 y tener en cuenta que casi en la totalidad del Mediterráneo se van a realizar dos meses de parada temporal durante este año, lo que se traduce en reducción de esfuerzo pesquero, «aunque la Comisión no lo valore de igual manera».
También ha transmitido a Planas que los días no utilizados en 2020 (en torno a 13.842) «deben ser considerados como reducción de esfuerzo pesquero» y su porcentaje debe ser sustraído del 8,3% contemplado para 2021.
Igualmente, el sector ha manifestado durante todas las reuniones mantenidas sobre el Mediterráneo «la necesidad de contar con los científicos», por lo que solicita que se organicen lo antes posible reuniones con el IEO, el CSIC y la Secretaría General de Pesca (SGP).
También ha manifestado al ministro que, dado el compromiso alcanzado por España en el Consejo de diciembre de estudiar posibles acciones dirigidas a la selectividad de las artes, «es necesario realizar acciones piloto para determinar qué medidas son las más adecuadas y que pueden ser asumidas» por el sector.
Por último, el sector ha concretado al ministro Planas que «sólo se hace responsable» a la actividad pesquera de la situación de las poblaciones de peces en el Mediterráneo, «sin considerar las amenazas de la contaminación, la presión demográfica costera, el cambio climático, la falta de depuración de las aguas o la presencia progresiva» de especies invasoras.
