La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha cuestionado este jueves la técnica de la contrarreforma del impuesto sobre el patrimonio recogida en la enmienda presentada por parte de ERC, apoyada también por Unidas Podemos, para la modificación de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio en la tramitación parlamentaria de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

En un comunicado, los asesores fiscales han explicado que la referida enmienda configura una reforma en profundidad «no únicamente del impuesto sobre el patrimonio, sino de todo el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas».

Según Aedaf, la finalidad de la enmienda no es otra que «armonizar» el Impuesto sobre el Patrimonio. «Esto se pretende llevar acabo a través de la creación de un nuevo impuesto, dentro del propio impuesto, por medio de la instauración de la «cuota estatal», ha indicado la asociación, que ha apostillado que esto solo afectaría a los contribuyentes sujetos por obligación personal, y no a los residentes.

La asociación ha señalado que la consecuencia de ello es que el contribuyente deberá pagar, en todo caso, esta nueva cuota de impuesto, de la que podrá deducirse la cuota a ingresar que le corresponda a la Comunidad Autónoma, lo que implicará el pago de un impuesto mínimo armonizado en España.

Por otro lado, la enmienda establece que las competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión corresponderán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sin perjuicio de las que pudieran tener las CCAA.

Aedaf ha apuntado que parece «imprescindible que la reforma se lleve a cabo mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CCAA, que es el órgano competente para la adecuada coordinación entre la actividad financiera de las CCAA y de la Hacienda del Estado».

Así, ha agregado que el apartado dos, letra h, de dicho artículo establece que el Consejo entenderá, entre otras materias, de «todo aspecto de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado que, dada su naturaleza, precise de una actuación coordinada».

INCONSTITUCIONALIDAD

Además, los asesores fiscales han subrayado que por medio de una Ley de Presupuestos se está, no solo generando un nuevo impuesto, a través de una «cuota estatal», sino que se está vulnerando la Ley Orgánica 8/1980 de financiación de las CCAA.

Nuestros tribunales ya han mantenido en diferentes sentencias que no es posible crear, a través de leyes de presupuestos, nuevas figuras impositivas, puesto que, de hacerlo, se vulnera el artículo 134.7 de nuestra Constitución», han explicado los asesores.

En concreto, han indicado si bien es cierto que no se está instaurando un nuevo impuesto ‘ex novo’, el cambio propuesto sí supone una recreación del impuesto actual, a través de una modificación sustancial de la naturaleza del propio tributo.

Por ello, la situación podría llevar a que, si la propuesta es finalmente aprobada por el Congreso, podría llegar a ser declarada inconstitucional, según Aedaf.

MODIFICACIÓN DE LOFCA

Por su parte, la asociación ha resaltado que con esta enmienda se está, «no solo modificando una Ley Orgánica (Lofca), sino que se está atacando el principio de corresponsabilidad fiscal de las CCAA y el propio sistema de financiación autonómico».

Esta anotación la hace con base en que La Lofca, en sus artículos 11, 17 y 19, establece que a las Comunidades Autónomas se les cederá íntegramente, entre otros impuestos, el de Patrimonio, con competencias en ciertas materias normativas, como en gestión, inspección y recaudación del tributo.

Además, ha señalado que la ley que desarrolla dicha norma, la 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA, el aumento de la autonomía y la corresponsabilidad y la mejora de la dinámica y la estabilidad del sistema y de su capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos cede el Impuesto sobre el Patrimonio a las CCAA de régimen común, no solo en cuanto a su recaudación, sino en cuanto a la gestión y las materias que pueden normar.

«Estas últimas se cedieron para permitirles adecuarse a la realidad económica y social de cada Comunidad Autónoma lo que comporta, inevitablemente, que haya una diferenciación normativa entre comunidades, sin que ello suponga un principio de discriminación entre ciudadanos del Estado», ha recogido Aedaf.

A esto, los asesores fiscales han resaltado que el sistema de financiación autonómica se ha basado en el principio de autonomía financiera como fundamento de la autonomía política de las comunidades, y en el de la corresponsabilidad fiscal con el Estado.

Con todo ello, Aedaf ha advertido de que si el legislador quiere modificar el Impuesto sobre el Patrimonio, en la línea propuesta por la enmienda analizada, deberá acudir a una modificación de la Lofca y sus leyes complementarias, para que se ajuste a la normativa vigente.

Moncloa ha aclarado este jueves que los fondos europeos se destinarán a financiar inversiones que conlleven inversión privada y «no para subvencionar a nadie» ni para conceder «a dedo», sino que ha pedido «paciencia» porque se canalizarán a través de convocatorias «abiertas, competitivas y transparentes» de los Ministerios y las CCAA una vez que se aprueben los Presupuestos.

Además, ha avanzado que en las próximas semanas se aprobarán instrumentos «innovadores» para que los fondos lleguen a proyectos en las pymes, así como medidas en estudio con las entidades financieras.

Así lo ha señalado el director del Departamento de Asuntos Económicos en el Gabinete de Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, durante su participación en el I Simposio del Observatorio de la Movilidad, organizado por El Español e Invertia, al ser preguntado por la petición del presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, de evitar crear una «economía subvencionada».

De la Rocha ha rechazado ese «enfoque» y ha explicado que hay una serie de procedimientos, filtros y criterios establecidos, y se requiere que haya inversión, concurrencia competitiva y superar la reglas del marco de ayudas de Estado que «impide subvencionar cualquier cosa.

En este sentido, ha subrayado que los proyectos que se van a financiar son «absolutamente transformadores, con un efecto catalizador y con un saldo hacia adelante en la modernidad del ámbito verde, digital y de cohesión social». «En ningún caso son subvenciones a nadie, son fondos supervisados por Bruselas, gastos para inversión y venir acompañado de inversión privada, no para dar subvenciones de ningún tipo, no se puede financiar gasto corriente, ni para luz ni para salarios, no se puede dar subvención de otro tipo», ha aclarado.

Actualmente, ha explicado que el Gobierno trabaja a nivel político para propiciar el acuerdo sobre los reglamentos de los fondos europeos y desbloquear el veto de Hungría y Polonia, así como conversaciones semanales con Bruselas de los ministerios sobre los sectores. «Son muy incisivos, te aprietan mucho», ha admitido.

En paralelo, se trabaja en la puesta en marcha de foros consultivos a nivel sectorial en el que se detallan los planes específicos para cada sector, como los ya celebrados para transformación digital, automóvil, hidrógeno, infraestructuras, energía, turismo, ciencia y «próximamente» para el comercio.

Además, se impulsa un proceso participativo con los agentes sociales, con una nueva reunión este viernes, del diálogo o social para los detalles del plan, y se aprobará en diciembre un real decreto ley para eliminar burocracia, simplificar y reducir cuellos de botella para agilizar los proyectos, creando la figura de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación (PERTE). «Serán procedimientos más ágiles, en ningún caso va a ser una cosa a dedo», ha enfatizado.

CONVOCATORIAS «ABIERTAS Y TRANSPARENTES» DE MINISTERIOS Y CCAA

Según ha explicado, los fondos europeos se vehiculizan a través de los Presupuestos, pero Moncloa «no tiene una ventanilla única», sino que se canalizan a través de las distintas partidas presupuestarias de los ministerios y, en «muchos caos», cuando son competencias compartidas o exclusivas de las CCAA se transferirán fondos al as regiones para que lo ejecuten, por lo que también serán en parte «responsables» de la plena ejecución o no de los fondos de hasta 72.000 millones que recibirá España en transferencias hasta 2023.

De esta forma, el grueso de los proyectos se ejecutará a través de convocatorias «abiertas, competitivas y transparentes», de forma que las empresas tendrán que presentar «en tiempo y forma» sus propuestas de proyectos, siguiendo las directrices de la Comisión Europea, las líneas maestras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia formado por 10 palancas y 30 líneas de acción.

No obstante, ha pedido «un poquito de paciencia» porque las convocatorias se abrirán «poco después» de que se aprueben los Presupuesto y habrá un plazo para ello.

Precisamente ha indicado que el Gobierno anima a las CCAA a que una vez que se apruebe el real decreto ley de reforma administrativa ellas aprueben «leyes espejo» en sus leyes de subvenciones y contratos públicos en sus ámbitos para agilizar los proyectos.

«Esto ha sido muy bien recibido y recibimos muchas CCAA con mucho interés en la norma al ser conscientes de que se juegan mucho y hay mucho interés sorprendentemente en aplicar leyes similares para agilizar la absorción de sus fondos», ha apuntado.

«HAY MUCHO INTERÉS, DINERO EXTRANJERO Y PROYECTOS EXTRAORDINARIOS»

Por el momento, ha dicho que hay «mucho interés y dinero extranjero para invertir en España con los fondos europeos», además de que «hay muchas empresas y asociaciones que están presentando proyectos extraordinarios».

A este respecto, se ha referido al lanzamiento de la convocatoria para el hidrógeno verde, que está recibiendo «una cantidad de proyectos impresionante de un montón de empresas» y ha aprovechado para defender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ponga al frente de la comisión interministerial para el seguimiento y supervisión del Plan de Recuperación.

También ha detallado que los fondos están sujetos a la aprobación de un Plan de reformas e inversiones, de forma que la Comisión Europea irá transfiriendo «secuenciadamente» los desembolsos de los fondos europeos a España en función del cumplimiento de determinados hitos, objetivos y reformas.

INSTRUMENTOS «INNOVADORES» PARA LLEGAR A PYMES Y MEDIDAS CON LA BANCA

De igual forma, ha avanzado que en las próximas semanas conforme se dé a conocer el Plan definitivo, se presentarán algunos instrumentos «muy innovadores» para que los fondos lleguen de forma «rápida y efectiva» a proyectos de pymes de todo el país.

Se utilizarán organismos y plataformas intermedias, como cámaras, clúster y asociaciones, pero también otros mecanismos innovadores para que crezcan, se internacionalicen A su vez, se trabaja en «distintas opciones» con las entidades financieras españolas, que se han ofrecido incluso a adelantar los fondos.

REFORMAS EN EL ÁMBITO LABORAL

Aunque no hay una condicionalidad marcada «per sé», sí se establecerán determinados objetivos para los desembolsos en la negociación, como la aprobación de determinados decretos u objetivos en materia de rehabilitación de edificios, cobertura 5G o formación de desempleados.

Ese Plan de inversiones y reformas conllevará una serie de requisitos y la consecución de reformas, para la transformación digital, la modernización digital, la mejora de la productividad, la cohesión, la reducción de desigualdades o abordar el problema de la temporalidad, la precariedad y la tasa de paro.

Por ello, el Ejecutivo trabajará en su «hoja de ruta» para aprobar reformas en el mercado laboral, que pasan por que los ERTE sean un instrumento estructural, abordar la temporalidad, reforzando la causalidad, reduciendo el número de contratos, impidiendo la rotación excesiva y abusiva, incentivas trabajos estables y mejorar las políticas activas de empleo, así como abordar la precariedad de los ‘riders’ y las plataformas digitales. Eso sí, ha aclarado que los pasos se darán fruto del diálogo social. «Pueden estar tranquilos», ha dicho.

Banco Sabadell ha mejorado «sustancialmente» las condiciones económicas de las prejubilaciones, las bajas incentivadas y los criterios de adhesión a la reestructuración que pretende llevar a cabo y que afectará a unos 1.800 trabajadores, según informa el sindicato en un comunicado tras la reunión con la dirección de la entidad.

Esta mejora se produce después del periodo de reflexión que CC.OO. planteó la semana pasada tras el anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del inicio de conversaciones entre Banco Sabadell y BBVA con motivo de una fusión.

«Estas nuevas condiciones permiten que podamos avanzar hacia un acuerdo satisfactorio. El aumento de las condiciones es más que considerable, ya que conseguiríamos que una parte importante de la plantilla afectada no tenga la indemnización topada», ha indicado CC.OO. tras la reunión.

Entre las novedades, está el cobro del convenio especial con la Seguridad Social (CESS) hasta los 63 años, y, si hubiera una modificación legislativa que retrasara la edad de la jubilación anticipada, la empresa abonaría el importe del CESS para cubrir hasta la primera fecha que pueda jubilarse anticipadamente, con un máximo de 12 meses.

Las oficinas ubicadas en los distritos centrales de negocios, los supermercados y los centros comerciales basados en alimentación, así como los activos logísticos en ubicaciones clave de toda Europa presentarán oportunidades de inversión interesantes en 2021, de acuerdo con Savills Investment Management (Savills IM), la gestora internacional de inversiones inmobiliarias.

El informe de Perspectivas para 2021 de Savills IM no prevé un declive pronunciado del sector de oficinas a pesar del aumento de la flexibilidad laboral impulsada por la pandemia. Las oficinas en centros financieros bien comunicadas mantendrán su atractivo, mientras que la resiliencia de los flujos de ingresos del ‘retail’ de alimentación constituye una apuesta sólida para inversores ‘core’ o ‘core plus’.

El segmento logístico seguirá apuntalado por sólidos fundamentales y dinámicas estructurales favorables, tal como pone de relieve el informe. No obstante, habida cuenta de la escasa rentabilidad de los activos inmobiliarios tradicionales, los inversores también ponen la vista en sectores alternativos como las residencias de estudiantes, la vivienda promovida para alquilar y las residencias para latercera edad.

El 59% de los inversores inmobiliarios a escala mundial espera que los mercados inmobiliarios en Europa se recuperen en 2021, mientras que algo más de la mitad (52%) espera que la recuperación comience entre el segundo y el cuarto trimestre del próximo año. Alrededor del 45% de los inversores esperan que la inversión inmobiliaria aumente en los próximos 12 meses, mientras que el 25% prevé que los niveles de inversión se mantendrán intactos.

El director gerente de Savills IM para España y Portugal, Fernando Ramírez de Haro, cree que, al igual que el resto de Europa, las inversiones en activos en los segmentos logístico y de oficinas representan «una alternativa clara a largo plazo» y, almismo tiempo, los espacios ‘retail’ dedicados a alimentación y supermercados están demostrando su resiliencia como activos de primer nivel.

En cuanto a la inversión en el sector de la promoción en alquiler (PRS), Ramírez ha señalado que seguirá ganando dinamismo en el mercado español en 2021.

El Gobierno abordará de forma «sosegada» el pago por el uso de «costosas» autopistas y autovías con las distintas formaciones políticas al considerar que «lo lógico es que los usuarios contribuyan a su mantenimiento», como en el caso de otras infraestructuras de transporte como los puertos, aeropuertos o ferrocarriles.

Así lo ha señalado el director del Departamento de Asuntos Económicos en el Gabinete de Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, durante su participación en el I Simposio del Observatorio de la Movilidad, organizado por ‘El Español’ e ‘Invertia’, en el que ha avanzado que el Ejecutivo va a poner encima de la mesa el pago para la sostenibilidad de todas las redes de alta capacidad del Estado, sobre todo de redes viarias de automóviles y carreteras.

De la Rocha ha indicado que Bruselas lleva «mucho tiempo» incidiendo en que se trata de un tema importante a tratar y «hay voluntad del Gobierno» de abordarlo de forma «serena y sosegada» para que «todo el mundo entienda que las vías de alta ocupación y capacidad tienen un coste e mantenimiento importante».

«Lo lógico es que los usuarios contribuyan a su sostenimiento», ha enfatizado De la Rocha, aludiendo a lo que sucede en el caso del mantenimiento de infraestructuras de transporte como los puertos, aeropuertos y ferrocarriles, a diferencia de las autopistas y autovías.

Por ello, cree que es «bueno» abordarlo y hacer entender que el pago por el uso es «más progresista y justo», matizando que puede haber «remedios» para evitar que la carga de ese pago recaiga de forma «desproporcionada» sobre los colectivos más vulnerables.

De esta forma, ha aludido al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, respecto a que este proceso se abordará de forma «sosegada y serena» con las distintas fuerzas políticas para llegar a una solución que dé respuesta al mantenimiento de estas «costosas» vías.

PROHIBICIÓN DE COCHES DE COMBUSTIÓN A MEDIO PLAZO

De igual forma, De la Rocha ha indicado que el Gobierno sigue «comprometido» en la decisión de prohibir en el medio plazo los coches de combustión, en línea con otros países como el Reino Unido, que ha fijado para la próxima década la prohibición de este tipo de vehículos, si bien De la Rocha no ha mencionado ninguna fecha.

En este contexto, ha abogado por «anticiparse» antes de que se produzca ese fin y lograr que España tenga un posicionamiento en el mercado de los coches limpios, eléctricos y de hidrógeno, para lo que el Plan de Recuperación incluye planes «muy ambiciosos» de despliegue de puntos de recarga, apoyo a baterías, a la cadena de valor, incluida la explotación de litio o el apoyo a la industria de componentes con I+D para «tomar rápido el tren de l fabricación de coches limpios».

«Tenemos la industria, los fondos, el tejido productivo y hay voluntad política», ha enfatizado, tras remarcar la importancia del despliegue de la movilidad sostenible en España y el «desafío» de la descarbonización.

Ha recordado que España tiene una industria automovilística «muy importante» que representa el 12% del PIB con industria de componentes y siete grandes empresas fabricantes, además de una cantidad «enorme» de pymes e industria de componentes.

El Banco Central de la República Argentina ha actualizado sus previsiones sobre la economía del país sudamericano este jueves, con una nueva proyección para el Producto Interior Bruto (PIB) del país que apunta a una contracción del 11,6% este año y un repunte del 4,5% en 2021.

En su informe de política monetaria, el instituto emisor ha añadido sus previsiones para el tercer y el cuarto trimestre del año en tasas intertrimestrales. Así, la economía argentina crecería un 10,5% en el tercer trimestre y un 2,9% en el cuarto.

Las perspectivas, al igual que en el resto de economías latinoamericanas, están sujetas a la evolución de la pandemia, que a finales del mes de octubre mostró un mejor comportamiento y permitió la reactivación de sectores como turismo y transporte, impulsando el consumo y la actividad. Asimismo, la disponibilidad y acceso a los desarrollos recientes de vacunas para la Covid-19 proporcionará una mayor certidumbre y confianza.

No obstante, el banco ha advertido sobre los riesgos asociados a eventuales daños en el entramado productivo que podrían ralentizar el proceso de recuperación, como un impacto económico mayor al esperado debido a los rebrotes en diversas economías como Estados Unidos y Europa, y las potenciales demoras en permitir un amplio acceso a la vacuna.

Además, la incertidumbre generada por la pandemia podría generar efectos indeseados para la economía en caso de asociarse a una coyuntura de escasez de divisas. Por ello, el Banco Central y el Ministerio de Economía continuarán implementando «medidas tendientes a evitar desequilibrios temporales que puedan impactar negativamente en la actividad productiva».

Por la parte del empleo, las perspectivas de la institución señalan que habrá un incremento significativo de la actividad durante el tercer trimestre, por lo que se prevé una recuperación de puestos de trabajo, sobre todo en el sector informal.

Sin embargo, el informe también recoge que la caída de los ingresos en los hogares durante la pandemia se reflejó en un fuerte incremento de la pobreza y la indigencia. Así, durante el primer semestre del año el 40,9% de las personas se encontraron por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 10,5% no alcanzo a línea de indigencia, esto es que no contaron con ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos.

INFLACIÓN

Por otra parte, el texto del banco recoge que la inflación se ubicó en el 37,2% en octubre, lo que supone una reducción de 16,6 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2019.

El comportamiento de los precios, según la institución argentina, se vio afectado por las medidas de aislamiento y distanciamiento social en el marco de la pandemia. Entre otros factores, el congelamiento de las tarifas de determinados servicios públicos y un conjunto de bienes que estuvieron controlados por el Gobierno contribuyeron a desacelerar la inflación.

El Banco Central ha indicado que en el futuro algunos factores podrían ejercer presión sobre los precios, entre los que se encuentran la recuperación de los precios de servicios publicos o la búsqueda de recomposición de los precios minoristas en algunos sectores. Sin embargo, se espera que la coordinación de estos elementos por parte del Gobierno permita que el proceso de reducción de inflación continúe.

Los analistas consultados por la entidad estiman que la inflación se sitúe en el 35,1% en diciembre de 2020, lo que supondría una reducción de 18,7 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior.

Para 2021, el proyecto de ley de presupuesto nacional entregado por el Gobierno contiene una proyección de inflación del 29% a cierre de año, frente a la previsión de los analistas de una aceleración hasta el 48,9%.

El patrimonio en fondos de inversión, sicavs y planes de pensiones creció un 2,4% en el tercer trimestre, lo que supone un incremento de 14.426 millones de euros en activos comercializados en España, que se situaron en 608.046 millones de euros a finales de septiembre.

Caixabank se sitúa a la cabeza en patrimonio bajo gestión con 77.916 millones de euros, de los que 48.209 millones corresponden a fondos y sicavs de Caixabank AM, y 29.707 millones a planes de pensiones, a través de VidaCaixa.

En segundo lugar aparece el grupo Santander, que gestiona más de 62.444 millones de euros. Respecto al trimestre anterior, ha adelantado al BBVA, cuyo patrimonio bajo gestión se redujo hasta los 61.694 millones de euros en España, a cierre del tercer trimestre.

El ranking por grupos financieros difundido este jueves por Inverco recoge la comercialización en España de los distintos instrumentos de inversión colectiva gestionados por entidades españolas y extranjeras y excluye los activos gestionados por entidades españolas que se comercialicen fuera de España.

Más allá del ‘top 3’, BlackRock ocupa la primera posición como entidad extranjera, con 38.013 millones de euros bajo gestión en sus vehículos de inversión en el país, en el tercer trimestre del año.

Le sigue de cerca Credit Agricole, en quinto lugar, con más de 37.426 millones de euros procedentes de sus filiales Amundi AM, Sabadell AM, Amundi Iberia y Credit Agricole Bankoa.

Bankia, Ibercaja y Kutxabank son las tres entidades que se sitúan justo por detrás en el ranking. Bankia atesora 28.133 millones, Ibercaja suma 21.068 millones y los activos de Kutxabank ascienden a 18.248 millones de euros hasta septiembre.

Para completar el ‘top 10’ cabe incluir a JP Morgan Chase, con 17.746 millones de euros comercializados y a Deutsche Bank, que ocupa el décimo puesto con 15.127 millones de euros en el tercer trimestre.

Solo dos entidades más superan la barrera de los 10.000 millones en activos bajo gestión en el país. Son el banco español Bankinter, con 10.647 millones de euros, y el gigante estadounidense Morgan Stanley, con 10.553 millones de euros gestionados.

La Comisión de Derechos Sociales del Senado ha aprobado una moción por la que insta al Gobierno a aumentar los índices de cobertura del Servicio de Teleasistencia para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, dependientes y con discapacidad.

La moción, presentada por el PSOE, ha sido aprobada este jueves 26 de noviembre con el voto a favor del PSOE, PP, Unidas Podemos y Esquerra Republicana, ningún voto en contra, y la abstención del PDeCAT, PNV y Més Per Mallorca.

El texto insta al Ejecutivo a acordar en el seno del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y atención a la Dependencia el aumento de los índices de cobertura del Servicio de Teleasistencia para potenciar dicha prestación y a acometer una campaña de difusión de este servicio en toda España para transmitir sus beneficios e incrementar el número de usuarios.

Según se explica en la moción, la teleasistencia domiciliaria es un servicio que, a través de la línea telefónica, permite a las personas mayores o con discapacidad, con sólo accionar el dispositivo que llevan siempre consigo, entrar en contacto verbal durante las 24 horas del día y los 365 días del año, con un centro atendido por personal específicamente preparado.

«Se trata de dar respuesta al deseo de estas personas de permanecer el mayor tiempo posible en sus domicilios. El programa procura tranquilidad y seguridad tanto a los usuarios como a sus familias», ha afirmado la senadora del PSOE María del Mar Arnáiz.

Según ha precisado, en muchas ocasiones «la teleasistencia actúa como un ángel de la guarda, como le llaman muchos usuarios, salvando vidas, evitando rescates por parte de los bomberos y permitiendo un contacto periódico con las personas beneficiarias».

Según datos del IMSERSO, a fecha de diciembre de 2018, usaban el servicio de teleasistencia un total de 942.000 personas, el 75 por ciento mujeres. Teniendo en cuenta que en España hay unos 9 millones de mayores de 65 años, esto refleja, según la senadora, que el servicio «tan solo protege al 10%».

Además, ha indicado que la distribución es «desigual» por comunidades autónomas pues, mientras que en Castilla-La Mancha el índice de cobertura es del 15%, el porcentaje baja hasta el 6,2% en Castilla y León y hasta el 2,7% en Galicia.

La senadora del Partido Popular Verónica María Casal ha presentado una enmienda en la que proponía instar a incrementar la financiación del Estado a las CCAA para potenciar dicha prestación, pero el PSOE no la ha admitido y la senadora socialista ha afeado que ahora pidan aumentar la financiación cuando el PP «dejó a cero euros el servicio de Teleasistencia».

A pesar de esto, la senadora ‘popular’ ha apoyado la moción porque considera que es un servicio «fundamental» que también ayuda «contra la soledad», pero ha acusado al PSOE de pretender con esta moción «maquillar su imagen y limpiar su conciencia» por lo ocurrido durante la pandemia, durante la cual, a su juicio, el Gobierno «no ha sido capaz de proteger a los mayores.

Por su parte, la senadora del PNV Nerea Ahedo ha destacado que en el País Vasco es un servicio «muy valioso» cuyo uso «se incrementa año a año» pero ha precisado que es una competencia autonómica.

Mientras, el senador de Més Vicenc Vidal ha apostado por la necesidad de incrementar la financiación para este servicio pero a pedido al PP y al PSOE que «no discutan» porque «ninguno de los dos» cumplió con el 50% de financiación por parte del Estado que establece la ley de dependencia. «Con la teleasistencia pasa lo mismo, la parte que cubre la Dependencia está cubierta pero el resto la pagan los usuarios con los ayuntamientos o con convenios entre entidades y CCAA», ha lamentado.