El recibo de la luz y Unidas Podemos transitan por las nubes. Ni el uno, ni las otras tocan suelo. Entretanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue desaparecido en la mayor crisis energética sufrida en España en el presente siglo y parte del pasado. Ese sería a groso modo el resumen de la situación kafkiana del que será recordado como el verano de los récords de la electricidad. A esto hay que añadir una vicepresidenta tercera y a su vez ministra para la Transición Ecológica que acaba de enterarse de que las «eléctricas no tienen empatía social».
El precio de la luz batió el último día de agosto un nuevo récord. Esto ya ha dejado de ser noticia. La novedoso es que, esta vez, la marca alcanzada ha sido sonada. Se ha superado en más de seis euros el anterior máximo. Se ha pasado de un récord de 124,45 euros el MWh de media al de 130,53 euros con que se ha cerrado agosto.
Los récords están para batirse, pero los negativos sería mejor evitarlos a toda costa, y aquí debería entrar en escena el Gobierno. El que prometía justicia energética y que acabaría con la pobreza del mismo apellido. ¿Y qué han dicho desde el Gobierno para tranquilizar a los ciudadanos y para solucionar el problema? Pues básicamente, el presidente no ha dicho nada, no contesta preguntas sobre el tema de la luz y acapara titulares por ausente.
¿Y las tres vicepresidentas? Por orden: la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, auguraba en mayo que el nuevo recibo de la luz, de media, iba a bajar. Y después, cuando la evidencia dio al traste con su predicción, y tras echar la culpa al Gobierno de Rajoy, se ha agarrado al cambio climático para mantener el discurso ideológico «nuestro objetivo es acelerar la transición energética».
La inflación, que ha subido en agosto hasta el 3,3%, acecha los bolsillos y aventura un otoño negro
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, del sector de Unidas Podemos del Gobierno, apuesta por enfrentarnos a la normativa de la UE e «intervenir en los precios de la energía y regularlos», además de estar a favor de crear una empresa eléctrica pública. Pero, sobre todo, se centra en lo suyo, la subida inmediata del salario mínimo interprofesional (SMI), cuando los empresarios están con el agua al cuello y algunos piensan en cerrar sus negocios porque con la luz a estos precios no les cuadran las cuentas de ninguna manera.
Y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, la titular de Transición Ecológica, compareció este lunes en el congreso para intentar exculpar al Ejecutivo de esta situación, ponerle los puntos sobre las íes a sus socios de Unidas Podemos, «este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario» y anunciar la creación de una Comisión de Estudio, además de informarnos a todos de que «las eléctricas no tienen empatía social».
Ni una solución inmediata, ninguna propuesta para conseguir revertir una situación que asfixia en todos los ámbitos (industrial, empresarial y doméstica) a los consumidores. Ni un solo paso atrás en el argumentario ideológico que ha condenado a España a limitar una energía nuclear que hoy sería una tabla de salvación evidente, como ocurre en Francia.
EL FORO NUCLEAR PROPONE, PERO RIBERA NO DISPONE
Desde el Foro de la Industria Nuclear Española se ha propuesto suministrar la electricidad que generan las centrales nucleares a los clientes con tarifa regulada o PVPC a un precio «estable, muy inferior al actual y a largo plazo». La energía nuclear, esa que compramos alegremente a Francia, no emite CO2, es más barata y permite cumplir con los objetivos de descarbonización.
Pero Ribera y compañía no son amigos de las nucleares que, por otro lado, tienen también sus sombras. Por eso durante estos años han luchado para cerrar las centrales, con fecha tope en 2035 y les están poniendo todas las trabas posibles, aún yendo en contra de un estudio de Naciones Unidas (ONU) en el que se informa de que los objetivos globales de freno del calentamiento global no podrán alcanzarse si se excluye el uso de la energía nuclear.
La energía nuclear soporta una elevada presión fiscal que la penaliza a propósito, y que puede verse incrementada en breve, según los planes expuestos hace meses por Ribera. Sin embargo, países como Francia, muy comprometidos con la lucha contra el cambio climático, la utilizan como estabilizadora de los precios e incluso la venden, a España, por ejemplo. Otros países como Alemania siguen tirando del carbón, en estos momentos en los que el gas está disparado, para conseguir que sus ciudadanos puedan pagar unas facturas de la luz más justas.
PEDRO I ‘EL ECOLÓGICO’
Pero aquí chocamos con la ruta ideológica del presidente Sánchez. Durante muchos siglos, a los reyes se les conocía por el nombre y por un sobrenombre que hacía mención a su cualidad más destacada. Encontramos numerosos ejemplos como Pedro I ‘El Cruel’, Alfonso X ‘El Sabio’ o Felipe I ‘El Hermoso’, sólo por citar algunos.
En los tiempos de la digitalización y las redes sociales, el deporte es el que mantiene viva esa tradición. ¿Quién no ha oído hablar de figuras como Leo Messi ‘La Pulga’, Iker Casillas ‘El Santo’, Floyd Mayweather ‘Money’, Connor Mcgregor ‘The Notorius’ o Santi Castillejo ‘El lince de Parla’? Pues bien, Pedro Sánchez podría instaurar esta tradición entre los políticos por su aparente obsesión de pasar a la posteridad como Pedro I ‘El Ecológico’.
De otra manera no se entiende que, tal y como comentaba hace unos días el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, a MERCA2, en la última cumbre de Lisboa «haya sido el Gobierno español el que haya demandado que se reduzca el volumen de derechos de emisión de CO2, para incrementar su precio». Incomprensible para cualquiera que conozca un poco el funcionamiento del sistema energético español.
Y el problema no reside en querer hacer el bien al planeta y realizar una necesaria transición energética, que nadie a estas alturas debería cuestionar. El problema radica en querer hacerlo a costa de cualquier cosa, sea arriesgando el estado del bienestar de los ciudadanos, la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas, o la propia lógica. En definitiva, a costa del empobrecimiento y sufrimiento de los demás.
LA CUESTA DE SEPTIEMBRE
Septiembre siempre ha sido un mes complicado para las economías familiares. La vuelta al cole supone un gran desembolso que hace de este mes un quebradero de cabeza para muchos. Este año a esos gastos habrá que añadir el de los nuevos récords del coste de la luz que se van a seguir produciendo. El primero, el de este 1 de septiembre, cuando el precio medio del MWh es de 132,47 euros, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
Pero claro, a esto hay que sumar una cesta de la compra que se encarece cada semana, ya que los empresarios empiezan a repercutir sus gastos de electricidad en los productos que venden, aparte de que, como también se ha encarecido el combustible, el transporte es más costoso, y esto también eleva el precio de los bienes y servicios. En resumen: la tormenta perfecta se ha desatado: la subida de precios y el consiguiente sacrificio para el españolito medio ya están aquí.
La inflación, que ha subido en agosto hasta el 3,3%, acecha los bolsillos y aventura un otoño negro, con una más que posible repercusión en la destrucción de empleo. Los autónomos y pequeñas empresas (pymes) no pueden modificar salarios, pero sí acogerse a ERES o suspensiones del contrato de trabajo y, cómo no, a despidos de empleados a los que no pueden mantener en sus puestos.
REACCIONES CONTRA DE LAS PALABRAS DE RIBERA
Muchas han sido las reacciones en contra de las palabras de la ministra Ribera en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, le acusa de «poner excusas para no actuar» y recuerda que «en su artículo 5, la directiva europea del sector eléctrico 2019/944, establece que los Estados miembros podrán aplicar intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o vulnerables».
Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz de energía del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha tildado a Ribera de «soberbia» y le reprocha no asumir su responsabilidad a la vez que denuncia que «nos anunció que si no apoyamos sus leyes seremos nosotros, los parlamentarios, los responsables».
Por su lado, el secretario general del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, hace oposición al Gobierno al que pertenece, y ha animado a la ciudadanía a movilizarse para exigir que el Ejecutivo -del que forma parte la formación morada- sea «audaz» y adopte iniciativas frente al oligopolio eléctrico. Muchos aspavientos, nulas soluciones.
