Las matriculaciones tácticas, que contemplan operaciones de ‘km cero’, modelos destinados a la exportación, automatriculaciones y flotas de marca para uso interno, cerraron el mes de enero con un volumen cercano a las 7.000 unidades en España y representaron el 16% de las matriculaciones totales.

Según datos de MSI, las matriculaciones tácticas en España alcanzaron un volumen de 6.901 unidades en el primer mes del año, lo que representa una disminución del 48,9% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este volumen de operaciones permitió que la cuota sobre el total de las matriculaciones se situara en enero en el 16%, sobre un mercado que finalizó el mes con un volumen de más de 42.000 unidades y un desplome de más del 51%.

Peugeot fue la marca que más recurrió a este tipo de operaciones el mes pasado, con un volumen de 1.009 unidades, lo que supone un descenso del 23% y un 27% de su volumen, seguida de Citroën, con 670 unidades, un 19% menos y un 34% de su mercado.

La tercera marca con más operaciones de este tipo en el primer mes del año fue Seat, con 664 operaciones, lo que representa una disminución del 51%. Este volumen representó el 14,6% de sus matriculaciones.

Opel, por su parte, realizó 590 matriculaciones tácticas en enero, un 49% menos, cifra que representó el 46% de sus entregas, al tiempo que Nissan contabilizó 386 operaciones de este tipo, lo que supone una bajada del 41% y el 25,7% sobre el conjunto de sus entregas.

El gasto con tarjeta descendió un 11% interanual en enero debido a la caída de las compras presenciales, tanto con tarjetas españolas (-9%) como extranjeras (-68%), y no presenciales, afectadas por la reducción de las operaciones con tarjetas extranjeras (-73%), como consecuencia de las restricciones de movilidad por el Covid y por la tormenta ‘Filomena’.

Así se desprende del último informe sobre el impacto de la Covid-19 sobre el consumo en España, elaborado por BBVA Research, que refleja que las transacciones no presenciales con tarjetas españolas siguieron creciendo, pero a menor ritmo (33%).

El gasto en enero aumentó en 6 provincias (36 en diciembre) y disminuyó en 46 (16 en diciembre) y el incremento superó el 5% interanual en Melilla, Ceuta y Jaén. Por el contrario, Huesca, Cáceres, Badajoz, Islas Baleares, Girona y la Rioja registraron descensos superiores al 20%.

Las operaciones con tarjetas españolas cayeron un 9% interanual en enero, frente al repunte del 5% en diciembre. La reducción generalizada del gasto superó el 20% en Huesca, Cáceres, La Rioja, Badajoz e Islas Baleares. Entre las 7 provincias que anotaron avances del consumo, sobresalieron Melilla (15%), Ceuta (13%) y Jaén (6%).

Entre tanto, el descenso de las compras con tarjetas extranjeras se aceleró en enero hasta el 68% interanual, 12 puntos más que en diciembre. Aunque todas las provincias contribuyeron a la recaída del gasto, en Toledo, Segovia, Ceuta, Barcelona y Sevilla sobrepasó el 80%.

Asimismo, las compras perdieron tracción en todos los sectores, ya que siguieron creciendo en alimentación, libros y prensa, hogar, salud y otros servicios. En grandes superficies, automoción, deportes y ocio cayeron, mientras que las vinculadas con actividades sociales o desplazamientos intensificaron su retroceso.

Según BBVA Research, la tormenta ‘Filomena’ agravó la reducción del gasto en algunas provincias del centro, mientras las restricciones a la movilidad impactaron con mayor intensidad en los territorios con turismo de nieve.

Así, la reducción de las operaciones presenciales fue mayor en la primera quincena del mes, por la tormenta ‘Filomena’, y en la última, por el aumento de la incidencia de casos de COVID-19. Las no presenciales con tarjetas españolas perdieron impulso tras la Navidad.

De su lado, las retiradas de efectivo con tarjeta disminuyeron el 18% interanual, 8 puntos más que en diciembre. Aunque el deterioro fue generalizado, en Madrid, Cáceres, Teruel, Soria y Albacete sobrepasó el 20%.

CAÍDA EN LA ÚLTIMA SEMANA DEL MES

Respecto a la última semana del mes de enero (25-31 de enero), las transacciones con tarjeta menguaron el 11% interanual.

Aunque se moderó como consecuencia del incremento de los contagios y las restricciones, el avance del gasto en alimentación, libros y prensa, equipamiento del hogar, tecnología, salud y otros servicios limitó el ajuste causado por la contracción de las compras en los restantes sectores.

Superado el repunte tras el cierre por ‘Filomena’ y el inicio del periodo de rebajas, las transacciones presenciales se resintieron en todos los sectores durante la última semana de enero.

El incremento de la demanda de productos que se consumen en el hogar en la segunda quincena de enero impulsó las compras no presenciales, pero no compensó la caída del gasto online en los servicios que se consumen en sociedad.

Más de la mitad (52%) de los fondos de gestión activa de renta variable española ofreció una peor rentabilidad a sus partícipes que la obtenida por los vehículos que replicaron automáticamente el índice ‘MSCI Spain’ en el 2020, según un análisis de Lyxor, del grupo Société Générale.

El «exceso de rentabilidad» medio conseguido por los gestores activos en esta categoría fue negativo en el último año, con 0,2 puntos por debajo de la ofrecida por los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) pasivos que siguen al selectivo compuesto por los 18 principales valores del Ibex y que perdió un 12,75% en 2020.

De esta forma, la rentabilidad de los fondos de gestión activa, con unas pérdidas medias del 12,9% anual en 2020, fue aún más negativa que la de los ETF. Además, hay que sumarle el mayor coste de gestión asociado.

A medio plazo, en los últimos tres y cinco años, solo un 38% de los fondos activos de bolsa española logró ofrecer un mejor desempeño relativo por la labor de sus gestores en comparación con el índice de referencia. En estos periodos, los fondos activos de dicho universo ofrecieron pérdidas del 5,37% y el 0,95% anual, respectivamente.

Solo mirando diez años atrás es posible ver que más de la mitad de los fondos activos de este universo de inversión, en concreto un 55%, superó su ‘benchmark. En ese periodo, la rentabilidad media anual del ‘MSCI Spain’ fue del 1,64%, por debajo de la ofrecida por los fondos activos de estas características, que ganaron un 1,93%.

A pesar de que los resultados son mejorables, el análisis recoge que el 92% de los fondos de renta variable de empresas de gran capitalización en España sobrevive más de un año y un 80% se comercializa durante cinco años. Solo un 55% resistió una década.

FONDOS EUROPEOS Y DE ‘SMALL CAPS’

El análisis ‘Active-Passive Navigator’ examina la rentabilidad de 13.000 fondos activos domiciliados en la Unión Europea, incluyendo más de 200 fondos de España, muestra que la mayoría de los gestores activos sí superaron a sus índices de referencia en renta variable.

Así, el 66% de los gestores europeos de gran capitalización superó a su índice de referencia. Las respuestas desiguales de los gobiernos frente a la pandemia provocaron una mayor dispersión de los precios entre países, sectores y factores, lo que a su vez creó oportunidades para los gestores activos de renta variable, según el análisis.

En particular, fue un año interesante para los gestores de ‘small caps’ y el 80% de los gestores activos de fondos de este tipo de empresas obtuvo mejores resultados que sus índices de referencia en Europa.

En el caso de la renta fija, los resultados de los gestores activos son más diversos. Los gestores de deuda de mercados emergentes destacaron con un 69% de resultados mejores que su índice de referencia. Por su parte, los de renta fija agregada estadounidense y global también obtuvieron buenos resultados, del 54% y 52%, respectivamente.

SOLO EL 12% SUPERÓ AL ÍNDICE DOS AÑOS SEGUIDOS

El estudio de Lyxor reveló que solo el 12% de los gestores de renta variable mundial superó a sus índices de referencia tanto en 2019 como en 2020. Solo el 9% de los fondos de renta variable mundial de gran capitalización obtuvo una rentabilidad superior al mercado durante un periodo de diez años, lo que demuestra que el repunte de los mercados bursátiles mundiales en la última década no ha sido fácil aprovechar para la mayoría de los gestores.

«Los inversores que adoptan la gestión activa deben ser ágiles y reactivos en la gestión de sus carteras, anticipando y eligiendo gestores activos capaces de aprovechar rápidamente la evolución de los mercados. Para los inversores menos tácticos, que buscan la asignación de carteras a largo plazo, los fondos cotizados representan una sólida propuesta de valor», ha asegurado el director de ‘ETF Research and Solutions’ en Lyxor AM, Vincent Denoiseux.

El Gobierno y los agentes sociales se reunirán el próximo miércoles a las 10 horas en la que puede ser la última reunión para cerrar la Ley de plataformas digitales, conocida como Ley de ‘riders’, después de que el Ejecutivo pidiera a finales de enero a patronal y sindicatos sus últimas propuestas para cerrar el texto de la ley.

Esta reunión se celebrará después de que durante esta semana, los ‘riders’ se hayan manifestado en distintas ciudades de España en contra del último borrador.

A juicio del portavoz de RepartidoresUnidors.org, Gustavo Gaviria, dicho borrador «discrimina al colectivo de repartidores y los excluye de su actividad profesional». «Les da igual cómo trabajamos, si funcionamos realmente como autónomos o no, solo tienen en cuenta que lo hacemos a través de una app», añadió.

Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), Jordi Mateo, afirmó que la mesa de diálogo social «ha sido un fracaso». «Es el fracaso político de todo un Ministerio ante la incapacidad de llegar a un acuerdo y de tener en cuenta el funcionamiento real del trabajo de los repartidores», resaltó.

De hecho, este viernes remitieron una carta a los ministerios de Trabajo, Economía e Industria para plantearles la creación de la figura del ‘autónomo digital’, aceptando de este modo la realidad de «una cada vez mayor presencia de esta nueva oportunidad de empleo y adaptando la regulación al futuro. También propusieron asimilar a los trabajadores digitales al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la futura creación de un sistema de cotización por ingresos reales.

«Todo ello, sin excluir que aquellos que realmente trabajan como asalariados sean regulados como laborales», señalaron en la carta, en la que planteaban además reconocer el derecho de asociación de los trabajadores digitales autónomos y su representación en la mesa de diálogo social mediante mecanismos de elección democrática de sus representantes, en línea con las últimas propuestas presentadas por la Comisión Europea.

Desde su punto de vista, «la actual propuesta del Gobierno no tiene en cuenta la realidad del trabajo en plataformas, y discrimina un sector por el solo hecho de utilizar una aplicación para la actividad profesional, sin importar si la relación existente entre los repartidores y las empresas que desarrollan las plataformas es realmente laboral o de autónomos.

A pesar de estas reclamaciones, el Gobierno considera que estos trabajadores deben ser asalariados, como así lo han determinado diversas sentencias al respecto. Por ello, en el último texto que presentó el Ejecutivo a los agentes sociales sigue presente que se establezca una «condición de laboralidad», conforme se plasmaba en la sentencia del Tribunal Supremo.

La norma establece los criterios que deben cumplir las plataformas digitales para ajustarse al marco laboral español y a las sentencias que han venido dictando distintos tribunales de justicia, entre ellos el Supremo, que ha considerado falsos autónomos a los repartidores de empresas como Glovo o Deliveroo.

Igualmente, en el texto presentado se propone una modificación del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para dar derecho de información a los representantes sindicales en las implicaciones laborales que tienen los algoritmos con los que se organizan los turnos.

También se mantiene el observatorio tripartito de las plataformas digitales. Esta medida, propuesta por las organizaciones sindicales, será un órgano de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que estarán representados sindicatos y empresarios.

Este observatorio será informado mensualmente de los datos obtenidos del registro de plataformas digitales, y seguirá la evolución de la actuación de éstas, «constituyéndose en el órgano de interlocución permanente en esta materia entre la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas», señaló el Gobierno en su última propuesta.

La composición, la forma de designación de sus miembros y su régimen de funcionamiento se establecerá mediante una orden ministerial.

EL GOBIERNO, DISPUESTO A LEGISLAR SIN ACUERDO ENTRE LAS PARTES

El Gobierno quiere legislar haya o no acuerdo. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, señaló hace unos días que aunque el propósito de su Ministerio es alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social, «la iniciativa legislativa no puede depender de alcanzar o no un acuerdo».

Pérez Rey insistió en que en el caso de que no haya acuerdo, «aunque es un escenario al que no le gustaría enfrentarse», el Gobierno tendrá que asumir la responsabilidad legislativa de clarificar la situación entorno a la naturaleza jurídica de los trabajadores conocidos como riders.

EXISTE RELACIÓN LABORAL

El pasado mes de septiembre el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor (‘rider’) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En concreto, el alto tribunal estimó el primer motivo del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, argumentando que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad.

Así, el Tribunal Supremo sostuvo que Glovo no es una «mera intermediaria» en la contratación de servicios entre comercios y repartidores.

El Tribunal Supremo se pronunció de esta forma después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinara el pasado mes de febrero en una sentencia que la empresa Glovo es una plataforma de reparto y no de comercio, por lo que «el sistema de prestación del servicio no se acomoda al ámbito funcional del convenio colectivo que la empresa demandada pretende aplicar.