El Gobierno ha logrado los apoyos necesarios para convalidar en el Congreso este lunes el decreto aprobado el pasado de agosto para prorrogar hasta el 31 de octubre el denominado ‘escudo social’, que incluye, entre otras, medidas como la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas.
Durante el debate de convalidación, la mayoría de grupos han avanzado su apoyo a estas medidas que están vigentes desde su aprobación pera aún necesitaban el refrendo de la Cámara. Eso sí, casi todos han tildado el decreto de «parche» y han exigido al Gobierno reformas estructurales en materia energética o de vivienda. Sólo ha adelantado su voto en contra Ciudadanos, mientras que Vox ha confirmado que optará por la abstención.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se ha ‘estrenado’ en el Pleno del Congreso defendiendo este decreto ley cuyo título ya es, según ha comentado, «una declaración de intenciones» de la acción de este Gobierno frente a una crisis: impulsar el crecimiento económico y garantizar la cohesión social «sin dejar a nadie atrás.
En concreto, el decreto prorroga la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad; la prohibición de cortes de suministro de agua, luz y gas; la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos en situación de vulnerabilidad, y la ampliación de la solicitud de prórroga del contrato de alquiler durante un plazo máximo de 6 meses.
También figuran las medidas sobre grandes propietarios, de forma que cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad y el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor –persona física con más de diez viviendas–, podrán solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta.
Igualmente, el ‘escudo social’ contempla la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, incluyendo los servicios de información 24 horas, los servicios de acogida y el sistema de seguimiento del cumplimiento de medidas cautelares.
Estas medidas, según ha destacado Bolaños, no sólo demuestran que la «credibilidad» del Gobierno en esta materia es «indiscutible», sino que avanzan su voluntad de fortalecer estas políticas para que la recuperación económica llegue de manera «rápida» y «justa» y a las clases medidas y trabajadores, y a todos los territorios y sectores.
NADA COMO EN 2008
Dicho esto, el ministro se ha dedicado a contrastar la acción del Ejecutivo actual con el anterior, del PP, ante las dos crisis económica que han azotado al país en los últimos diez años y que, a su juicio, evidencia «las dos formas de gobernar». «La salida de la anterior crisis (financiera) fue lenta, injusta e incompleta, y la de esta está siendo rápida y justa», ha presumido.
Según ha explicado, mientras en la anterior crisis los españoles veían los Consejos de Ministros «con preocupación, a la espera de los recortes», con Pedro Sánchez en Moncloa los han visto «con alivio, durante los peores meses de la pandemia, y con esperanza para el futuro».
«No es lo mismo quien gobierna, y menos cuando llega la adversidad», ha señalado Bolaños, quien también ha destacado que hace diez años «nadie pensó en las personas con más dificultades» y ahora sí se han adoptado medidas para esos colectivos, entre las que ha destacado la creación del Ingreso Mínimo Vital, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional o la ley que garantiza el poder adquisitivo de la pensiones.
También ha apuntado que frente al abandono al que el Ejecutivo del PP considera que sometió a la construcción, el de Sánchez está apoyando a este sector y al turístico –los más afectados tras la pandemia–y ha contrastado el dogma de la austeridad que, a su juicio, se impuso en Europa en la anterior crisis al liderazgo del presidente en Europa con los fondos europeos para hacer frente a los efectos del Covid. «En resumen, la crisis no ha sido una excusa para recortar el Estado de Bienestar», ha proclamado.
SIEMPRE TARDE Y MAL
La ‘popular’ Rosa Romero ha anunciado su apoyo al decreto por «responsabilidad», si bien ha recriminado al Gobierno que trabaje a base de «improvisaciones» y siempre «llegando tarde y mal». Como otros portavoces, ha advertido de que antes de noviembre, habrá que hacer una nueva prórroga del ‘escudo social’, medidas que ha tachado de «fracaso».
Íñigo Barandiaran, del PNV, y Oskar Matute, de EH Bildu, también han garantizado su apoyo al decreto aunque sea «una tirita», en palabras de éste último. «Es un parche necesario, pero claramente insuficiente, se queda corto», ha dicho Matute, dando por hecho que estas medidas se tendrán que volver a prorrogar y recalcando que es necesario acometer reformas más profundas en beneficio de los más vulnerables.
¿DÓNDE ESTÁ BELARRA?
También ha pedido adoptar «medidas a largo plazo» y no «parches» el diputado del PDeCAT, Genís Boadella, quien se ha preguntado por qué ha sido Bolaños –y no la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra– el encargado de defender un decreto con medidas que antes solía presentar el exvicepresidente primero Pablo Iglesias.
Desde Unidas Podemos, Pilar Garrido ha pedido acabar con los «mercados especulativos» de la energía y con la «economía rentista» con leyes «eficaces» en favor del intereses general y una nueva regulación sobre vivienda que evite que ésta se acabe convirtiendo en un «bien de lujo.
Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, ha avanzado su respaldo a la prórroga de un ‘escudo social’ que, según ha dicho, es «más imprescindible que nunca» para que los ciudadanos puedan «defenderse» de los «ataques» a su economía perpetrados por el Gobierno. «Por mucho que edulcore el panorama, los españoles son más vulnerables ahora que a la llegada de Sánchez (al poder)», ha dicho.
CIUDADANOS, EN CONTRA
También apoyará la prórroga Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, quien ha avisado de que habrá que decidir si éstas medidas deben ampliarse más allá del 31 de octubre, para lo cual habrá que atender cuál es la realidad del momento.
En nombre de Ciudadanos, Sara Giménez, cuya formación rechaza la convalidación, ha cargado contra el Gobierno de «permitir la ocupación», en lugar de poner fin a un «problema estructural» con una nueva ley. Además, ha propuesto la creación de un Abono Social de Internet para las familias más vulnerables, así como la extensión del actual Abono Social Telefónico.
En la abstención se ha situado Vox, cuya diputada Patricia de las Heras ha aprovechado para pedir la dimisión del ministro de la Presidencia por ser, ha dicho, el artífice del primer estado de alarma, que ha sido anulado por el Tribunal Constitucional.
