La liberalización de las vías ferroviarias ha sido una de las decisiones más importantes en cuanto al transporte en 2022, así que no es raro se busque repetirla con los autobuses. Las nuevas opciones en las vías han aumentado la cantidad de viajeros, y la llegada de las low cost ha contribuido a una importante baja de precios en las rutas donde han aparecido más opciones con la llegada de Iryo y Ouigo, o el propio AVLO de Renfe.
Quizás es por eso que el Gobierno ha iniciado los trámites para lanzar una consulta pública y conocer los intereses de las empresas de transporte en autobús con el fin de estudiar una liberalización en el sector y la entrada de la competencia en algunas líneas nacionales de autobús.
Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, durante su participación en un acto organizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el transporte en autobús en España.
Previamente, el regulador ha recomendado al Gobierno llevar a cabo una serie de medidas, entre las que se encuentra la liberalización de las rutas interurbanas con una longitud de trayecto superior a los 100 kilómetros.
Pardo de Vera ha recogido el guante y ha avanzado que el Gobierno ya tiene programado el lanzar una consulta dirigida a los interesados en participar en esa liberalización para conocer sus inquietudes y poder crear un nuevo modelo de explotación.
El objetivo, según ha recalcado la secretaria de Estado, es mejorar el transporte de los ciudadanos por el país, aunque ha concretado que habrá que analizar cada paso para tener una foto final sobre el mejor modelo a optar en cada circunstancia.
Una vez de abra el formulario, las empresas interesadas en formar parte de esta liberalización y poder operar rutas de autobús en concurrencia competitiva con otras empresas podrán mandar sus opiniones durante un mes, garantizando siempre la confidencialidad.
En la inauguración de la jornada, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha insistido en esa recomendación de abrir a la competencia las rutas más largas y, en el resto (que se explotan con un sistema concesional), mejorar el modelo para que se liciten los contratos de forma frecuente.
Fernández ha señalado que el autobús es un sector «clave» para garantizar la cohesión territorial y abordar el reto demográfico así como el medioambiental, al contar con grandes beneficios sostenibles frente al vehículo privado.
Para abordar estos retos, la presidenta del regulador ha apuntado a la digitalización y al aprovechamiento de la inter modalidad con otros medios de transporte como el tren, sobre todo tras los desafíos que han supuesto la pandemia primero y la crisis energética después.
EL BUS ESPERA IMITAR A LOS TRENES
En primera instancia lo más probable sería que esta liberalización se enfoque, como pidió la presidente Fernández, en las rutas de larga distancia. Después de todo son las que simplemente pueden sumar nuevas líneas sin romper con las comisiones. En media y corta distancia lo esperable es que se mantengan las comisiones ya entregadas a las empresas privadas para gestionarlas, como es el caso del media distancia (casos como los interurbanos de Madrid).
Pero tienen otro reto, demostrar que el autobús bien puede ser tan sustentable como las opciones. No es casual que este tipo de proyectos se presenten mientras que varias ciudades y empresas intentan presentar proyectos para vehículos de combustible reciclable. Es una constante en España y Europa, por lo que si los autobuses quieren mantenerse como una de las opciones predilectas probablemente deban plantearse soluciones a este tipo de problemas.
MENOS FINANCIACIÓN QUE LOS TRENES
Esta preferencia se evidencia al revisar las subvenciones que reciben los trenes frente a los buses. El sector recibe en España unas transferencias corrientes del Estado de 2.100 millones de euros y transporta cada año a más de 2.500 millones de personas, frente al tren, que recibe 2.800 millones de euros y transporta a 2.000 millones de personas, lo que supone que el primero recibe el 40% del dinero, pero transporta al 60% de los viajeros.
Así se desprende de un estudio realizado por la Fundación Corell y la consultora IDOM para la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús), que también concluye que la inversión en transporte público en España es la tercera más baja de Europa, solo por detrás de Irlanda y Chipre.
En concreto, en España las transferencias corrientes para financiar el transporte ascendieron en 2019 a casi 5.000 millones de euros, cifra inferior, por ejemplo, a los 5.500 millones que destina solo la provincia en la que se encuentra París (Ile de France), con 12,2 millones de habitantes, o los 4.000 millones en Londres.
Por territorios dentro de España, el estudio también ha observado desigualdades importantes, puesto que la subvención por población en el ámbito interurbano no supera los nueve euros por persona, mientras que en el urbano oscila entre 35 y 42 euros por persona, cifra que en el entorno metropolitano alcanza los 66 euros por persona.
Desigualdades paralelas se encuentran si se tiene en cuenta el modo de transporte: en el ámbito de la media y larga distancia, el tren es beneficiario del 75% de las ayudas públicas; en ámbito interurbano, por su parte, la inversión al tren duplica la del autobús, pese a transportar 500 millones de pasajeros menos.
«El desigual reparto de las subvenciones públicas al transporte terrestre que otorga España en todos los ámbitos, favorece al ferrocarril frente al autobús y a los principales núcleos metropolitanos frente al resto del territorio», concluye el estudio.
