Abogados y procuradores, asociados en diversas plataformas, reunieron a unas 250 personas este sábado en la manifestación para reclamar que se apruebe la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), convocada en Fibes en Sevilla, donde se celebra el Congreso Federal del PSOE.

Hace casi un mes, el pasado 28 de septiembre, también convocaron una manifestación en Madrid, que habían previsto como «multitudinaria» desde el colectivo “J2”, y a la que finalmente acudieron unos 2.500 asistentes.

Colectivos de abogados, ingenieros, arquitectos, entre otras profesiones, reclaman que se unifiquen criterios y se avance en “una solución justa y digna para todos”. También desde la Confederación Española de Mutualidades se ha solicitado al Gobierno que se mantenga la alternatividad y libertad de elección.

Precisamente, la semana pasada no se logró el apoyo de los grupos parlamentarios en el Congreso para que se aprobara la citada pasarela al RETA. Está previsto que se abran nuevas negociaciones y, tal como han expresado profesionales a través de las redes sociales, confían en que se no se acabe con la libertad de elección de los mutualistas sobre la alternatividad para poder seguir cotizando a sus mutualidades y mantener los derechos que les amparan para recibir sus pensiones de jubilación.

La Audiencia Provincial de Girona no observa que Triodos Bank haya incumplido el deber de información en la comercialización de los Certificados de Depósito de Acciones (CDA) a un cliente, según una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

La sentencia, con fecha del 6 de noviembre, desestima el recurso de un cliente contra la decisión del juzgado de primera instancia nº1 de Girona, puesto que considera que no hay infracción del deber de información en la comericalización de los CDA.

También rechaza que haya una actuación «negliente» por parte de Triodos Bank posterior a la contratación de este producto en lo relativo al cierre del mercado de interno donde cotizaban los CDA.

En concreto, el juez afirma el carácter «minorista» del consumidor demandante, así como la complejidad de los CDA como producto de inversión. Reconoce que Triodos Bank, por tanto, tiene la obligación de proporcionar a los clientes la información sobre las características y riesgo del producto.

Sin embargo, en este caso concreto, señala que no hubo una «recomendación personalizada» hacia el cliente para la compra de CDA, sino que, en cambio fue el consumidor el interesado en adquirir estos títulos. «Al menos en las cinco contrataciones telefónicas y a través de la web de la entidad, la iniciativa de la contratación es del cliente que, en algún caso manifiesta expresamente haber tenido conocimiento de una campaña pública de venta del producto», relata la sentencia.

Por tanto, el juez señala que Triodos Bank estaba obligado a realizar el test de convenciencia, «pero no así el de idoneidad». Además, recoge una de las transcripciones telefónicas con el demandante en la que se le informa de que el producto adquirido no es un depósito de ahorro, sino una inversión con riesgo 6/6 (la escala de riesgo de productos financieros va del 1/6 al 6/6, siendo este último el de mayor riesgo).

El juez concluye, por tanto, que la información aportada por el banco fue «suficiente» para comprender el funcionamiento, características básicas y riesgos asociados a los CDA que adquirió el cliente, incluyendo aquellos más específicos de este producto, como son la determinación de su valor y la limitación a un mercado interno. Esto «supone necesariamente la posibilidad de que no haya demanda para la oferta de CDA si en un momento dado son muchos los titulares que quieren vender, así como la existencia de un riesgo de pérdida total de la inversión», apostilla la sentencia.

También rechaza la posibilidad de falta de información en el cambio de mercado que realizó Triodos para comercializar los CDA. En concreto, entre 2020 y 2021, el banco paralizó la compraventa de estos productos a consecuencia de la pandemia de Covid-19. Para reanudar la comercialización, decidió cambiar el mercado en el que se operaba, pasando de un sistema interno de case de operaciones a un sistema multilateral de negociación, que comenzó a funcionar en julio de 2023.

«Si se asume que puede perder la inversión por la evolución de la situación del banco a la que se liga el valor del CDA y que el mismo puede quedar bloqueado en un mercado cerrado, el desconocimiento de la posibilidad –acorde al derecho holandés al que ya indica acogerse la entidad– de que se abra la negociación en un mercado secundario, aunque ello suponga una disminución del valor del CDA, no puede basar un vicio del error en la contratación», asegura al respecto.

Esta decisión sigue a otra, esta vez de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, donde también se concluye que Triodos Bank acreditó «suficientemente que, al comercializar los CDA, facilitó al actor [al cliente] la información del producto -naturaleza y riesgos- de forma acorde a la normativa aplicable», descartando un error en no haber informado del riesgo de mercado interno y de la situación de iliquidez.

De hecho, al respecto, esta última sentencia indica que Triodos Bank ofreció al cliente la alternativa de acceder, con carácter voluntario, a mercados oficiales. Así, niega que la falta de información previa sobre tal alternativa de cambio de producto voluntario, asumida por la entidad en beneficio de los propios clientes, en evitación de la situación de persistencia en el tiempo en la falta de negociación de los CDA en el mercado interno, sea un «error vicio de consentimiento» que cause la nulidad de la contratación.

Esta posición se ha tomado en otras sentencias, como la de la propia Audiencia Provincial de Girona del pasado 19 de junio; de la Audiencia Provincial de Teruel del 16 de julio.

SENTENCIAS EN CONTRA

Por contraposición, en su sentencia del 30 de octubre, la Audiencia Provincial de Navarra falla en contra de Triodos al estimar que la información trasladada a una clienta es «supra vaga, confusa e incompleta» y que «no se informa del principal riesgo, esto es, que queda en manos de Triodos la decisión de cerrar el mercado interno, como efectivamente ocurrió».

Abundan la sentencia en este hecho al señalar que la información transmitida por la entidad realiza una «alusión genérica a los riesgos, pero no se concretan». También critica que no se informara de que el mercado interno de los CDA era «prácticamente inexistente» y de que se indicó a la clienta de que el derecho neerlandés y los estatutos sociales permitían el cambio en la negociación de los CDA, pasando de un mercado interno al sistema multilateral de negociación.

Recientemente, un juzgado de Barcelona –si bien de primera instancia, y no de segunda como en el caso de las audiencias provinciales– también ha fallado en contra de Triodos por una inadecuada comercialización de los CDA. La entidad, por su parte, ha decidido recurrir esta decisión, según han informado fuentes del banco a Europa Press.

En concreto, según la sentencia que ha dado a conocer Asufin, el juez sostiene que la clienta de la entidad «creía erróneamente que estaba contratando un producto que, si bien le producía un rendimiento satisfactorio, en modo alguno percibía que no pudiera obtener su liquidez, o que pudiera perder todo el capital invertido».

Señala, asimismo, que este producto complejo «no es aconsejable» para el perfil de la usuaria, de cliente-consumidor bancario, teniendo en cuenta que este tipo de consumidores «merecen una mayor protección». «Desconocía lo que estaba contratando o si aquello era una inversión segura o si, posteriormente, y no fue advertida, no podría recuperar el capital por un problema de casar las ventas y compras del producto».

A raíz de esta sentencia Asufin señala que Triodos Bank no habría explicado «con claridad» a los pequeños inversores que los CDA «no son acciones y no se negocian en Bolsa» y que tienen riesgo tanto en el precio como en la liquidez.

«La rentabilidas de los CDA dependía de los resultados del banco, si el banco tenía beneficios y repartía dividendo, la fundación de Triodos que los sustentaba (SAAT) cobraba ese dividendo del banco y lo pagaba a los titulares de los CDA. Si no se repartían dividendos no se cobraba nada», explica la asociación.

Asufin concluye señalando que fue la entidad bancaria la que recomendó entre sus clientes la contratación de un producto complejo de elevado riesgo «como si se tratase de un producto simple, sin riesgo y en el que se podía rescatar el dinero invertido en cualquier momento».

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que le parece una «magnífica» noticia que el PSOE considere blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones y supondría un «espaldarazo» a los acuerdos que se han tomado en los últimos tiempos al respecto.

«Nosotros nos lo venimos planteando desde hace mucho tiempo. En España es evidente que algunas veces ocurren cuestiones que luego vemos con el tiempo que tenemos que afianzar. Y una manera de afianzarlo es que la Constitución lo recoja. Eso creo que nos daría muchísimo más valor al sistema que tenemos», ha afirmado, en el marco del 41º Congreso Federal del PSOE.

En este sentido, Álvarez ha mostrado su confianza en que el resto de fuerzas políticas respalden esta medida. En su intervención también ha hecho alusión a la propuesta socialista de 36 horas laborales a partir de 2030, sobre la que ha asegurado que le parece bien y espera que la media laboral antes de ese año «sea inferior».

«Nuestro camino son las 32 horas laborales, los alemanes están ya con las 33, los franceses están por debajo de las 35, pero a mí todo lo que sea tomar resoluciones es positivo y si lo hace un partido que está gobernando como el Partido Socialista me parece todavía más positivo», ha sentenciado.

La icónica marca de juguetes Scalextric, de la mano de la familia fundadora, prevé disparar sus ventas un 55% en 2024, impulsada por una buena campaña de Navidad, hasta alcanzar los 5 millones de euros.

En concreto, Scalextric, que acaba de cumplir recientemente 60 años y que desde hace seis años sus dueños originarios se hicieron de nuevo con la compañía, encara la Navidad con «optimismo», ya que supone el 70% de las ventas anuales de la marca, por lo que es el momento «más decisivo» para la firma, según ha avanzado el consejero delegado de la enseña, Luis Arnau, en declaraciones a Europa Press.

«Somos muy optimistas, esperamos vender alrededor de 55.000 circuitos y lo somos a pesar de la situación del mercado. Estamos navegando contracorriente, ya que tenemos demanda que cubrir, tanto en nuestro principal mercado, España, como en México», ha explicado.

BUSCAN EL ‘PARTNER’ ADECUADO PARA CRECER EN LA UE Y ESTADOS UNIDOS

De esta forma, la internacionalización de la marca se ha convertido en una «parte muy importante» de la estrategia de la compañía para los próximos años. En este momento tenemos presencia en España y México principalmente, pero también en Europa, Estados Unidos y Sudamérica», ha precisado.

«Los próximos años tenemos como objetivo seguir creciendo tanto en España como en México, pero queremos ganar ‘share’ en Estados Unidos y la Unión Europea. Estamos buscando el partner adecuado que nos permita recorrido a futuro», ha avanzado.

Arnau ha explicado que el principal canal de venta del fabricante de circuitos de coches de carreras es el ‘offline’ a través de sus clientes especializados y grandes cuentas. «A pesar del crecimiento del ‘online’, nosotros apostamos por el ‘offline’, ya que te permite una capilarización y prescripción que el ‘online’ no», ha indicado.

«Nuestro objetivo es estar presentes en el máximo de puntos de venta posibles lo que nos obliga a trabajar los lineales de los actuales retailers y a su vez descubrir nuevos posibles ‘players’. Tenemos la suerte de tener una gran capilaridad de tiendas con muchos años de experiencia y conocimientos de nuestro producto. La venta por Internet va creciendo año tras año, y ‘marketplaces’ como Amazon u otros, que cada año representan un porcentaje mayor de las ventas», ha asegurado, recordando que el total de la venta ‘online’ es de un 30% aproximadamente.

UN PRODUCTO QUE TAMBIÉN «ADORAN» LOS ADULTOS

En un contexto donde cae la natalidad, Scalextric entra en la categoría de ‘muy kidult’, es decir, «un producto para niños y que también adoran los adultos, ya que muchos de los clientes son adultos coleccionistas». «Nos gusta decir que Scalextric es mucho más que un juguete. Es un hobby que traspasa generaciones y no distingue entre sexos», ha explicado Arnau.

«El objetivo de Scalextric es crear momentos únicos para que padres, hijos y abuelos compartan tiempo de calidad e interactúen, dando rienda suelta a la imaginación, montando las pistas del circuito, metiéndose en la piel de un auténtico piloto de carreras y compitiendo de forma deportiva. También es un juego educativo que ayuda a desarrollar las habilidades psicomotrices y potencia la capacidad de atención y concentración», ha explicado.

De esta forma, el consejero delegado de este icónico juguete ha subrayado que las «múltiples posibilidades» que ofrece han permitido que, «el juego de niños, sea también una afición para los mayores en forma de competición, de modelismo, de historia del automóvil o de coleccionismo».

Adif Acerca prestó 672.957 asistencias a viajeros con discapacidad o movilidad reducida para facilitar su paso por las estaciones y la subida y bajada de los trenes en los diez primeros meses del año, lo que supone un incremento del 6% respecto al mismo periodo de 2023.

Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes es la estación donde se prestó el mayor número de asistencias, con 102.913 (el 15,3% del total), seguida de Madrid Chamartín Clara Campoamor (74.290 asistencias, el 11%), Barcelona Sants (66.841, el 9,9% del total) y Sevilla Santa Justa (32.511, el 4,8%), según el balance de Adif Acerca con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Por tipo de asistencia, más de la mitad (352.127, el 52,3% del total) se prestó a personas mayores con dificultades de movilidad; otras 95.489 (el 14,1%) a viajeros con movilidad reducida; 92.386 (un 13,7%) a pasajeros en silla de ruedas; 61.959 (un 9,2%) a viajeros con discapacidad visual y 43.500 (un 6,4%) a personas que viajan con carritos de bebé. También se facilitó asistencia a embarazadas, y personas con discapacidad auditiva y cognitiva.

Adif ofrece este servicio de forma gratuita a viajeros de todas las empresas ferroviarias para favorecer la accesibilidad a este modo de transporte.

Unos 600 asistentes de movilidad prestan Acerca en 146 estaciones con circulaciones de alta velocidad, y media y larga distancia. Se puede solicitar mediante los canales de venta de las empresas ferroviarias y presencialmente en 70 estaciones de Adif. En estas terminales la petición puede realizarse hasta treinta minutos antes de la salida del tren y en las 76 estaciones restantes, al menos doce horas antes.

Además, Adif Acerca acaba de movilizar una inversión de 5,8 millones de euros para dotarse de 270 nuevas plataformas elevadoras para embarque y desembarque al tren de viajeros en sillas de ruedas.

Una posible pandemia tecnológica por ataques cibernéticos, una crisis demográfica o la velocidad de la transición ecológica son algunas de las amenazas para las corporaciones en Europa que ha identificado la consultora Steering Futures, especializada en la disciplina ‘Strategic Foresight’.

Dicha especialidad tiene como objetivo mejorar la toma de decisiones de las compañías, mirando al futuro pero actuando en el presente, y es utilizada por empresas multinacionales como Disney, McDonalds, Ferrovial o BBVA e instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o el Foro Económico Mundial.

Así, desde Steering Futures han identificado cinco amenazas que tienen el potencial de impactar de lleno en las empresas europeas dentro de unos años.

TENSIONES GEOPOLÍTICAS A NIVEL MUNDIAL

El primero de dichos desafíos es una pandemia tecnológica, promovida por potenciales ataques cibernéticos cada vez más organizados y lesivos; mientras que el segundo son las tensiones geopolíticas a nivel mundial y la posición de vulnerabilidad en la que se encuentra actualmente Europa.

Por otra parte, la consultora también ha identificado los riesgos de autoabastecimiento energético y alimentario derivados de una transición ecológica acelerada como un reto, al igual que el impacto que los nuevos desarrollos tecnológicos como la Inteligencia Artificial (IA) y la robótica tendrán en el procesamiento cognitivo y bienestar socioemocional de toda una generación venidera.

Por último, la crisis demográfica también es reconocida como una amenaza para las empresas europeas, ya que supone la inversión de la pirámide poblacional y los flujos migratorios, lo que conlleva un reto a nivel social, económico y cultural.

Así, Steering Futures indica que todos los factores mencionados obligarán a las empresas a afrontar «potenciales tensiones relacionadas con la cadena de suministros, la recesión económica, la inestabilidad política y social, o la renovación y fidelización de un talento cada vez más escaso y con nuevas demandas y valores».

DETECTAR SEÑALES DE CAMBIO Y ANTICIPAR ESCENARIOS QUE PODRÍAN OCURRIR

Tal y como ha destacado la co-fundadora y directora general de la consultora, Isabel de Salas, «no se trata de predecir el futuro, sino de detectar señales de cambio y anticipar escenarios que eventualmente podrían ocurrir, para desarrollar estrategias que nos permitan afrontarlos con mayor solidez, o incluso minimizar su probabilidad de ocurrencia».

En este sentido, desde Steering Futres subrayan que, pese a que el entorno y el momento histórico «plantearán grandes retos a las organizaciones», ‘Strategic Foresight’ abre la puerta a una nueva mentalidad que permite no sólo capitalizar las oportunidades que puedan surgir en un futuro, sino también crearlas, ya que la clave es plantear cómo puede la organización aportar valor en cada uno de los escenarios de futuro posibles, y si en la actualidad no está preparada para hacerlo, aprovechar el tiempo ganado para hacer los cambios oportunos.

«El entorno es el que es, pero precisamente, la parte humana puede darle la vuelta y aportar valor», ha mencionado de Salas, al tiempo que ha recalcado que es importante que las empresas se planteen dónde quieren estar dentro de diez años, las barreras que tienen que superar para conseguirlo o las tendencias que les pueden impulsar hacia el cambio que quieren lograr».

Por último, desde la consultora han asegurado que aplicar ‘Strategic Foresight’ a nivel corporativo aporta una ventaja competitiva a las compañías. En concreto, según el estudio ‘Corporate Foresight and Its Impact on Firm Performance: A Longitudinal Analysis’, las organizaciones con una cultura de prospectiva estratégica obtienen un 33% más de rentabilidad y hasta un 200% de crecimiento a medio plazo superior a la media de su sector.

«Intentar predecir lo que ocurrirá resulta imposible, pero mirar sólo el corto plazo es un riesgo demasiado alto, por ello, es fundamental atreverse a incorporar el futuro en la labor estratégica y utilizar nuevas herramientas para que las organizaciones sean capaces no sólo de hacer frente con solidez a los desafíos del futuro, sino también de vislumbrar las oportunidades futuras que quieren construir desde hoy», ha concluido Steering Futures.

El Tribunal de Cuentas presentará este martes a Congreso y Senado un informe que recomienda al Gobierno reforzar la cooperación y coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos al desarrollar los planes de vivienda estatales.

En concreto, la presidenta del organismo, Enriqueta Chicano, presentará a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas las principales conclusiones del informe de fiscalización de las actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, realizadas por los órganos de la Administración General del Estado.

En dicho informe, el organismo fiscalizador detectó que el Plan Estatal en esos años dispuso de 1.872 millones de euros, de los que 1.473 correspondían a la financiación estatal (el 78,70%) y 398 a la cofinanciación por las comunidades (el 21,30%).

El Tribunal apuntó que había diversas debilidades en la planificación y diseño del Plan, derivadas, especialmente, de su desconexión con las estrategias nacionales para la implementación de la Agenda 2030 y de una insuficiente coordinación y cooperación entre los agentes implicados como son el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y el Tercer Sector.

ADVERTÍA DE RIESGOS DE DESIGUALDADES ENTRE CCAA

Según la institución, estas debilidades propiciaban la falta de homogeneidad de criterios en la aplicación de las medidas en materia de vivienda por las diferentes comunidades, incrementando el riesgo de que se produzcan desigualdades.

Asimismo, el informe señalaba que los objetivos definidos en el plan no estaban cuantificados, lo que dificultaba la adopción de medidas correctoras en caso de desviaciones o la imposibilidad de diseñar, adecuadamente, futuras estrategias en materia de vivienda.

Es por ello que el Tribunal recomendaba al Ministerio de Vivienda que coordine los futuros planes estatales de vivienda con las demás estrategias que inciden en este tema, en particular, con la Estrategia de Desarrollo Sostenible, y que refuerce la cooperación y coordinación interadministrativa con el fin de alcanzar un enfoque integral de la política de vivienda y una participación real de los diferentes niveles de la Administración y de los distintos actores interesados.

También instaba a establecer un sistema de seguimiento efectivo de los planes de vivienda con objetivos y metas cuantificados, tablas de indicadores e informes periódicos de seguimiento, para diseñar los programas de actuación realmente ajustados al horizonte temporal de cuatro años y para emplear un mayor rigor en el seguimiento de los compromisos asumidos por las comunidades autónomas en los convenios de colaboración.

La entrada en vigor de la llamada cuota de solidaridad afectará a los asalariados con sueldos elevados, pero no a los autónomos


La Seguridad Social aplicará desde el 1 de enero de 2025 una cotización adicional, denominada cuota de solidaridad, por los salarios que superen la base máxima, que para el próximo año se situará en 4.909 euros mensuales (58.908 euros al año), tras revalorizarse un 4% respecto a 2024

Esta cuota de solidaridad se repartirá entre empresario y trabajador, aunque no en la misma proporción: en torno al 83,4% irá a cargo de la empresa y cerca del 16,6% correrá a cargo del trabajador.

La reforma de pensiones llevada a cabo José Luis Escrivá cuando era ministro de Seguridad Social establece que, desde 2024 hasta 2050, las bases máximas de cotización han de subir anualmente el IPC promedio de los doce meses anteriores a noviembre de cada año más un cuantía fija de 1,2 puntos.

Teniendo en cuenta que el IPC interanual de noviembre adelantado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha sido del 2,4% (dato que deberá confirmarse a mediados de diciembre), se obtiene que la inflación promedio desde diciembre de 2023 a noviembre de 2024 es del 2,8%.

Este es el porcentaje en el que subirán las pensiones contributivas el próximo año y también la base máxima, aunque a ésta última hay que sumarle 1,2 puntos, de forma que su subida para 2025 será del 4%, hasta los 4.909 euros mensuales ó 58.908 euros al año.

La llamada cuota de solidaridad que entrará en vigor el próximo 1 de enero consiste en una cotización adicional para la parte del salario que excede de la base máxima de cotización. Se aplica por tramos y de manera progresiva.

En 2025 la cuota de solidaridad será del 0,92% para la parte del salario que supere en hasta un 10% la base máxima; del 1% para la parte del salario que se sitúe entre el 10% adicional de la base y el 50%, y un 1,17% para el tramo de salario que exceda la base máxima en más de un 50%.

A modo de ejemplo, y tomando como referencia la base máxima de 4.909 euros al mes que estará vigente en 2025, los salarios un 10% superiores a la base máxima, en este caso 5.400 euros al mes, tendrán una cotización adicional del 0,92% sobre los 491 euros de ganancias que exceden de la base máxima, es decir, que cotizarían 4,5 euros más al mes o 54 euros más al año.

Al ser un sistema progresivo, si el salario superara en hasta un 50% la base máxima, esto es, si se cobraran como máximo 7.363,5 euros mensuales, habría que aplicar la cuota de solidaridad sobre la cantidad que excede de la base máxima (2.454,5 euros al mes) en dos tramos: los primeros 491 euros de exceso sobre la base máxima se gravarían con una cotización adicional del 0,92% (4,5 euros mensuales) y los 1.963,5 euros restantes se gravarían al 1% (19,63 euros). Así, en total, la cuota de solidaridad para un salario de 7.363,5 euros sería de 24,13 euros al mes ó 289,56 euros anuales.

Si el salario fuera superior a los 7.363,5 euros mensuales, es decir, si superara en un 50% la base máxima, se aplicarían los tres tipos de cotización adicional (0,92%, 1% y 1,17%) en sus correspondientes tramos.

En 2045, cuando la cuota de solidaridad esté desplegada al completo, el primer tramo tendrá una cuota 5,5%, al segundo tramo se le aplicará un tipo del 6%, y al tercero, del 7%.

Esta cotización adicional no genera el derecho a un importe de pensión mayor y afecta a los trabajadores por cuenta ajena, no a los autónomos, que ya tienen establecido su propio sistema de cotización en función de los ingresos reales.

La distribución de los tipos de cotización por solidaridad entre empresario y trabajador mantiene la misma proporción que la distribución del tipo general de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.

NUEVA SUBIDA DEL MEI EN 2025

Junto al arranque de la cuota de solidaridad, en 2025 se volverá a subir la sobrecotización que supone el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

En concreto, la cotización del MEI será del 0,8%, frente al 0,7% de este año) tanto para autónomos como asalariados y sea cual sea el importe de su salario.

El MEI continuará subiendo hasta 2029, año a partir del cual quedará situado en el 1,2%, y lo que se ingresa a través de él va destinado a engrosar la denominada ‘hucha de las pensiones’.

Tanto con la cuota de solidaridad, como con el MEI y la subida de la base máxima por encima del IPC, se pretende mejorar los ingresos de la Seguridad Social para proteger al sistema de cara a los años de mayor tensión financiera, la década de los 40 de este siglo, cuando se jubile la generación del ‘baby boom’.

Este lunes, 2 de diciembre, entrará en vigor la aplicación del Real Decreto 933/2021 por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor y que contempla multas de hasta 30.000 euros para los incumplidores.

Esta nueva medida ha sido objeto de constante crítica del sector de alojamiento y de las agencias de viajes, denunciando la elevada carga burocrática, la pérdida de competitividad y la posible vulneración de privacidad de los viajeros.

Sin embargo, el Ministerio Interior asegura que en todo el proceso de elaboración y aprobación del decreto ha respetado el principio de transparencia y eficiencia, al haber contado con la participación de los destinatarios y quedar los objetivos de la regulación claramente definidos tanto en el preámbulo de la norma como en la memoria, sin que «se hayan incluido cargas administrativas innecesarias o accesorias».

Finalmente, las empresas afectadas se verán obligadas a proporcionar los datos correspondientes en la plataforma Ses.Hospedajes, que lleva disponible desde 2022 y en la que ya se han registrado 61.540 establecimientos hoteleros, 1.994 agencias de viajes, 222 plataformas digitales, 1.720 empresas de alquiler de vehículos a motor.

Sumando todas estas empresas, se han registrado un total de 4,77 millones de datos de usuarios vinculados a estas empresas.

INCREMENTAR LA SEGURIDAD, FINALIDAD PRINCIPAL

Desde el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska se ha hecho hincapié en la situación de seguridad actual, afirmando que los mayores ataques a la ciudadanía vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado, en los dos supuestos con un marcado carácter transnacional.

«En ambos casos cobran especial relevancia en el modus operandi de los delincuentes la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías, incluida la telemática, que proporciona una mayor privacidad en esas transacciones», ha explicado al respecto.

Por tanto, para Interior, la normativa actual queda «obsoleta» e «inservible» debido a que, por ejemplo, la norma del registro en hospedaje tiene 65 años de antigüedad (Decreto 1513/1959).

Este hecho supone dejar fuera de su ámbito de aplicación las nuevas modalidades de actividades de hospedaje, como son las viviendas turísticas de corta duración explotadas por empresas o particulares mediante el registro en portales o centrales de reserva a través de medios digitales o internet.

En este sentido, esa totalidad de casi 4,8 millones de datos ha permitido localizar a 18.584 personas que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o internacionales, entrando en consonancia con la finalidad principal del decreto, que es mejorar la seguridad ciudadana, según Interior.

EMPRESAS AFECTADAS: ALOJAMIENTO, ALQUILER DE VEHÍCULOS Y AGENCIAS

Según recoge la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la obligación de registro documental recae en las personas físicas o jurídicas que ejerzan, profesionalmente o no, actividades de hospedaje o alquiler de vehículos a motor sin conductor.

En primer lugar, las actividades de hospedaje son las llevadas a cabo, de modo profesional o no, con la finalidad de proporcionar, a cambio de un precio, contraprestación o compensación, habitación o espacio para la pernoctación a las personas, con o sin otros servicios de carácter complementario.

En este apartado se incluyen hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos, campings y zonas de estacionamiento de autocaravanas.

Por su parte, las actividades de alquiler de vehículos a motor sin conductor son las realizadas con el fin de facilitar su utilización por un tercero, por un tiempo determinado, y a cambio de una compensación, contraprestación o precio cierto. Queda excluido de lo dispuesto en este apartado el alquiler de los vehículos autotaxis y, en general, el arrendamiento de vehículos con conductor.

Además, la normativa contempla en ambas actividades a los operadores turísticos que presten servicios de intermediación entre las empresas y los consumidores, y a la actividad de las plataformas digitales dedicadas, a título oneroso o gratuito, a la intermediación en estas actividades a través de internet, presten o no el servicio subyacente objeto de mediación, siempre que ofrezcan servicios en España.

En relación a la posibilidad de un aumento de costes para las empresas afectadas, desde Interior ha asegurado que el nuevo registro no tiene por qué traducirse en esta posibilidad, descartando inversiones «considerables», ya que «los datos recabados son los mismos que hasta ahora».

DATOS OBLIGATORIOS

En cuanto a la recogida de datos, Interior ha recordado que las empresas no recabarán más de los que ya están haciendo en la actualidad. En particular, se distinguen varias categorías para el registro. Por un lado, las actividades de hospedaje tienen que comunicar y registrar la siguiente información:

— Datos de la empresa arrendadora: Nombre o razón social del titular, CIF o NIF, municipio, provincia, teléfono fijo y/o móvil, dirección de correo electrónico, web de la empresa y url para identificar el anuncio.

— Datos del establecimiento: Tipo de establecimiento, denominación, dirección completa, código postal, localidad y provincia.

— Datos de los viajeros: Nombre completo, sexo, número de documento de identidad, tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE), nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual (dirección completa, localidad y país), teléfono fijo y móvil, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad).

— Datos de la transacción: Contrato (número de referencia, fecha y firmas), datos de ejecución del contrato (fecha de y hora de entrada y fecha y hora de salida) y datos del pago (tipo, identificación del medio de pago como tipo de tarjeta y número, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha de pago).

Además, para alojamiento no profesional varían algunos datos, incluyendo nombre completo, sexo y DNI del titular del inmueble, así como número de habitaciones o conexión a internet del establecimiento.

En el caso del alquiler de vehículos, los datos a aportar son parecidos a los de hospedaje, aunque añadiendo la información correspondiente del conductor principal y del segundo conductor (si procede).

SANCIONES DESDE 100 EUROS HASTA 30.000 EUROS

Por último, aunque el Ministerio ha querido dejar claro que esta normativa no tiene «un fin recaudatorio para llenar las arcas del Estado», se impondrán sanciones leves y graves sobre las empresas que incumplan la normativa.

En concreto, se consideran infracciones leves las irregularidades o deficiencias en la cumplimentación de los registros previstos en este real decreto y la realización de las comunicaciones obligatorias fuera del plazo establecido. El precio de la multa oscila entre los 100 y los 600 euros.

Por su parte, las sanciones graves incluyen la carencia de los registros documentales previstos en este real decreto y la omisión de las comunicaciones obligatorias. El precio de la infracción irá desde los 601 a los 30.000 euros.