La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha tomado una decisión histórica al iniciar las conversaciones de adhesión con Tailandia, convirtiéndola en el segundo país del Sudeste Asiático, después de Indonesia, en convertirse en candidato a incorporarse a este importante grupo de economías avanzadas. Esta decisión refleja el creciente reconocimiento de la OCDE sobre la importancia estratégica de la región y la confianza en el potencial de Tailandia para alinearse con los estándares y mejores prácticas de la organización.

El proceso de adhesión será exhaustivo y riguroso, con una evaluación profunda de más de 20 comités técnicos de la OCDE sobre la alineación de Tailandia con sus políticas y prácticas. Esto incluirá áreas prioritarias como comercio e inversión, gobernanza pública, integridad y anticorrupción, así como la protección del medio ambiente y las acciones contra el cambio climático. Si bien no hay un plazo definido, el resultado y el cronograma dependerán de la capacidad de Tailandia para adaptarse y alinearse con los requisitos de la OCDE.

La Transformación de Tailandia: De País Emergente a Miembro de la OCDE

Tailandia ha logrado un progreso económico y social notable desde la década de 1960, convirtiéndose en uno de los primeros países del Sudeste Asiático en abrir su economía, buscar la integración en las cadenas de valor globales y atraer inversión extranjera directa. Esta trayectoria de crecimiento y desarrollo ha sido reconocida por la OCDE, que ha destacado el compromiso de Tailandia con la agenda de reformas centrada en convertirse en un país de altos ingresos para 2038.

Además, Tailandia ha participado activamente en el Programa Regional del Sudeste Asiático (SEARP) de la OCDE desde su creación en 2014, y ha servido como copresidente junto con Corea entre 2018 y 2022. Esta colaboración ha permitido a Tailandia aumentar significativamente su participación en diversos órganos, revisiones de políticas y bases de datos de la OCDE, incluso adhiriéndose a varios de sus instrumentos legales.

El proceso de adhesión a la OCDE representa una oportunidad única para Tailandia de anclar su agenda de reformas en el futuro, mejorando aún más su atractivo como destino de inversión y promoviendo un mayor crecimiento y mejoras en los ingresos y los niveles de vida de su población.

Beneficios Mutuos: La Adhesión de Tailandia a la OCDE

La decisión de la OCDE de iniciar las conversaciones de adhesión con Tailandia no solo beneficiará al país asiático, sino también a la propia organización. Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE, ha destacado que este proceso fortalecerá, profundizará y ampliará aún más el compromiso activo de la OCDE con el Sudeste Asiático, una región de prioridad estratégica para la institución.

Asimismo, Cormann ha señalado que la adhesión de Tailandia a los estándares y las mejores prácticas de la OCDE tendrá un impacto beneficioso en el desarrollo y el crecimiento del país en proceso de adhesión y de la región en general. Esto representa una clara muestra del compromiso de la OCDE de expandir su alcance y de fortalecer su presencia en una de las regiones de mayor crecimiento y dinamismo del mundo.

El camino de Tailandia hacia la membresía de la OCDE es una oportunidad transformadora tanto para el país como para la propia organización. Mientras Tailandia se enfrenta a un proceso riguroso de alineación con los estándares y mejores prácticas, la OCDE fortalece su presencia estratégica en una región clave para el desarrollo económico global.

La plataforma de compraventa de ropa de segunda mano Vinted se ha convertido en una de las principales opciones para los amantes de la moda sostenible y el reciclaje de prendas. Sin embargo, la empresa ha enfrentado desafíos en cuanto a la transparencia de sus políticas de precios y devoluciones, lo que ha generado quejas por parte de los consumidores europeos. En respuesta a estas inquietudes, Vinted se ha comprometido a realizar una serie de mejoras significativas para brindar una experiencia de compra más satisfactoria.

La respuesta de Vinted a las preocupaciones de los consumidores es un paso positivo en la dirección correcta. Sin embargo, aún hay trabajo por hacer para garantizar una experiencia de compra justa, transparente y satisfactoria para todos los usuarios de esta innovadora plataforma.

Atender las Preocupaciones de los Consumidores

La red europea de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC), liderada por la autoridad competente en Lituania, inició un diálogo con Vinted a finales de 2021. El objetivo era abordar las prácticas de la empresa que se alejaban de las normas de protección al consumidor en la Unión Europea. Tras este proceso, Vinted ha accedido a realizar una serie de cambios para mejorar la información que ofrece a sus usuarios, tanto en su sitio web como en sus aplicaciones.

Una de las principales quejas de los clientes era que, en el último momento antes del pago, se sumaban cargos adicionales de los que no se había informado durante el proceso de compra. Para abordar esta problemática, Vinted se ha comprometido a informar previamente a la compra sobre los precios totales de los productos, incluyendo el gasto de «protección del comprador» que se añade de manera automática.

Además, la empresa ha accedido a suprimir los anuncios engañosos que pudieran dar a entender que las compras en esta plataforma son gratuitas. Esto contribuirá a una mayor claridad y transparencia en la información proporcionada a los usuarios.

Seguimiento y Posibles Medidas Adicionales

Si bien Vinted ha realizado estas mejoras, la red CPC considera que aún hay aspectos por mejorar. Específicamente, la compañía no ha accedido a brindar una información más clara sobre los gastos de envío desde el inicio del proceso de compra, algo que los consumidores habían solicitado.

Por lo tanto, la red europea seguirá vigilando de cerca la situación y se reserva la opción de tomar medidas adicionales en caso de que Vinted no cumpla con las expectativas de transparencia y protección al consumidor. La mejora continua y la satisfacción del cliente son cruciales para la evolución y el éxito a largo plazo de esta plataforma de comercio de ropa de segunda mano.

El Tribunal Supremo de España ha hecho suya la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con el plazo de prescripción para reclamar gastos hipotecarios que hayan sido indebidamente pagados por un consumidor. Según esta nueva interpretación, el plazo de prescripción comenzará a contar a partir de la fecha en la que adquiera firmeza la sentencia que declare la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos.

Sin embargo, el Alto Tribunal español prevé que el inicio del plazo pueda retrasarse si la entidad prestamista logra demostrar que, en el marco de sus relaciones contractuales, el consumidor pudo conocer con anterioridad la abusividad de dicha cláusula. Esta decisión del Tribunal Supremo tiene importantes implicaciones en materia de protección de los derechos de los consumidores y de seguridad jurídica.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El Tribunal Supremo español ha tomado como referencia la sentencia del TJUE del 25 de abril, en la que se destacaba que es en la fecha en la que adquiere firmeza la resolución que determina la nulidad de una cláusula cuando el consumidor adquiere un conocimiento cierto de su irregularidad.

A partir de ese momento, el consumidor está en condiciones de hacer valer eficazmente los derechos que le confiere la normativa europea, y es cuando puede empezar a correr el plazo de prescripción de la acción de restitución, cuyo objetivo principal es restablecer la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula.

La Decisión del Tribunal Supremo Español

En su sentencia del 14 de junio, el Tribunal Supremo español señala que no le corresponde hacer consideraciones de orden doctrinal sobre el contenido de la jurisprudencia del TJUE, ni sobre sus implicaciones en el sistema general de Derecho privado de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Tampoco optar por soluciones no previstas en el ordenamiento jurídico español, por más que, de ‘lege ferenda’, pudieran resultar plausibles o convenientes.

Así, el Tribunal Supremo dicta sentencia que asume lo resuelto por el TJUE y cumple su función como tribunal de casación para armonizar la interpretación del Derecho español y en aras de la seguridad jurídica. En el caso analizado, al no haber probado el banco demandado que los consumidores tuvieran conocimiento de la abusividad de la cláusula de gastos antes de la firmeza de la sentencia que declaró su nulidad, el Supremo no considera que la acción de restitución estuviera prescrita.

Implicaciones de la Decisión del Tribunal Supremo

La decisión del Tribunal Supremo español tiene importantes implicaciones en materia de protección de los derechos de los consumidores y de seguridad jurídica. Al establecer que el plazo de prescripción para reclamar gastos hipotecarios indebidamente pagados comienza a contar a partir de la fecha en la que adquiere firmeza la sentencia que declare la nulidad de la cláusula correspondiente, se garantiza que los consumidores puedan ejercer eficazmente sus derechos.

Además, la posibilidad de que el banco demandado pueda retrasar el inicio del plazo de prescripción si logra demostrar que el consumidor conocía con anterioridad la abusividad de la cláusula, representa un importante equilibrio entre los intereses de ambas partes y contribuye a la seguridad jurídica en esta materia.

En definitiva, la decisión del Tribunal Supremo español se enmarca en un esfuerzo por armonizar la interpretación del Derecho español con la jurisprudencia del TJUE, con el objetivo de brindar una mayor protección a los derechos de los consumidores en el ámbito de las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario.

El Gobierno ha dado un paso significativo para reducir el poder del Senado en la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Esta modificación, incluida en el informe de la ponencia de la Ley de Paridad, busca evitar bloqueos políticos que puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias del país.

La reforma legal modifica el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, eliminando la irrevocabilidad del veto del Senado. En adelante, si los objetivos de estabilidad y deuda son rechazados por el Senado, se someterán a una nueva votación en el Pleno del Congreso, donde se aprobarán si obtienen una mayoría simple. En caso de rechazo en la Cámara Baja, el Gobierno tendrá un mes para remitir un nuevo acuerdo siguiendo el mismo procedimiento.

Eliminando el Bloqueo Político y Fortaleciendo la Estabilidad Presupuestaria

Esta modificación busca evitar el bloqueo político que puede resultar de un bicameralismo perfecto que no se corresponde con la realidad constitucional española. El PSOE y Sumar, socios de Gobierno, argumentan que la ley actual permite que el Senado, con mayoría absoluta del PP, pueda bloquear la aprobación de los objetivos de estabilidad, poniendo en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias del país.

Es importante recordar que el PP ha utilizado su mayoría en el Senado para tumbar los objetivos de estabilidad en dos ocasiones durante este año. Esta situación ha provocado una tensión política y ha dificultado la gestión económica del país.

Una Reforma Necesaria para la Estabilidad Económica

Esta reforma, que ya había sido impulsada en la pasada legislatura, busca asegurar la estabilidad económica del país. Al eliminar la capacidad del Senado para bloquear los objetivos de estabilidad, se facilita la gestión presupuestaria y se evita un bloqueo político que podría afectar negativamente al cumplimiento de las obligaciones financieras de España.

La aprobación de esta reforma en la Comisión de Igualdad es un paso importante para asegurar la estabilidad presupuestaria del país. Se espera que la Ley de Paridad, que incluye esta modificación, sea aprobada en el Congreso de los Diputados.

El diálogo social entre empresarios y trabajadores es un elemento fundamental para el desarrollo económico y la estabilidad de un país. En España, este diálogo se ha consolidado a lo largo de los años, contando con la participación de organizaciones empresariales y sindicales que representan los intereses de ambas partes. Sin embargo, los cambios en el entorno económico y social han planteado nuevos retos que requieren de una adaptación constante de este diálogo.

En este contexto, las declaraciones del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ponen de manifiesto la importancia de mantener una representación empresarial sólida y consolidada en las mesas de negociación, así como la necesidad de involucrar a los agentes sociales en la gestión y aplicación de los fondos europeos destinados a la recuperación y transformación económica.

La Representación Empresarial en el Diálogo Social

Pepe Álvarez ha afirmado que la representación empresarial en España está dignamente representada y que la modificación del Consejo Económico y Social (CES) para incluir a las organizaciones empresariales más representativas a nivel autonómico es una medida absolutamente innecesaria en la actualidad. Según Álvarez, las mesas de concertación deben mantenerse en el ámbito en el que ya están y desde UGT no se va a poner en cuestión un diálogo social «que funciona».

Sin embargo, el dirigente sindical ha reconocido que el tema de la representación empresarial necesita de un debate y un acuerdo con las organizaciones empresariales, ya que desde UGT buscan organizaciones empresariales fuertes con las que poder interlocutar y llegar a acuerdos sólidos.

La Aplicación de los Fondos Europeos: Un Reto Conjunto

Además de abordar la cuestión de la representación empresarial, Pepe Álvarez ha señalado que el reparto y aplicación de los fondos europeos es «mejorable» y ha insistido en que la patronal y los sindicatos deben tener más presencia en las mesas de negociación y participación para conocer cómo se están desarrollando los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Pertes).

Según Álvarez, los fondos Next Generation son una gran oportunidad para la economía española, por lo que es crucial incluir a los agentes sociales en las negociaciones en torno a los Pertes, con el fin de asegurar una implementación eficaz y transparente de estos instrumentos de colaboración público-privada.

La Agencia Tributaria (AEAT) es un organismo fundamental para el funcionamiento del sistema tributario español, desempeñando un papel crucial en la recaudación de impuestos y la asistencia a los contribuyentes. Sin embargo, en los últimos años, los trabajadores de la AEAT han visto deterioradas sus condiciones laborales y salariales, lo que ha motivado una serie de movilizaciones por parte de los principales sindicatos del sector.

En este contexto, los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, SIAT y CIG han convocado una concentración para este miércoles 19 de junio frente a las Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria en toda España. El objetivo de esta acción es reivindicar mejoras laborales y salariales para los trabajadores del organismo, una demanda que se enmarca en un conflicto más amplio que ha llevado incluso a los sindicatos a realizar un encierro en la Dirección General de la AEAT.

Deterioro de las Condiciones Laborales en la AEAT

Las principales organizaciones sindicales de la Agencia Tributaria han denunciado que las condiciones laborales de la plantilla se han deteriorado hasta el punto de afectar a la prestación de un servicio público fundamental para la ciudadanía, como es la información, asistencia y apoyo para el cumplimento de sus obligaciones tributarias.

Según los sindicatos, mientras que los altos cargos de la AEAT cobran complementos superiores a los 60.000 euros, el grueso de la plantilla tiene bloqueadas sus retribuciones, su carrera profesional y su convenio colectivo. Esto ha generado un desequilibrio entre las condiciones de los trabajadores de diferentes niveles, lo que ha sido objeto de fuertes críticas por parte de los representantes sindicales.

Además, los trabajadores de la AEAT reclaman el desarrollo del teletrabajo y la negociación del servicio de atención telefónico, anunciado por la ministra de Hacienda. Asimismo, consideran que se debe revisar la productividad cuyo reparto prima al colectivo de inspectores, discriminando al resto de la plantilla.

Movilizaciones y Posible Convocatoria de Huelga

Ante esta situación, los sindicatos convocantes no descartan que las movilizaciones que están llevando a cabo desde principios del pasado mes de abril acaben desembocando en la convocatoria de una huelga si no se da solución a sus demandas.

CCOO ha advertido que «no van a parar» y que van a «continuar con el conflicto planteado hasta que consigamos nuestras reivindicaciones, pues entendemos que son justas y que nos las deben desde hace años». Por su parte, el sindicato mayoritario de funcionarios, CSIF, ha indicado que «intensificarán las asambleas de trabajadores para estudiar la convocatoria de una huelga en el organismo.

En este sentido, los sindicatos han entregado una carta dirigida a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para pedirle que atienda sus reivindicaciones. Sin embargo, según UGT, tanto el secretario de Estado de Hacienda y ex director general de la AEAT, Jesús Gascón, como la ministra de Hacienda, «continúan desaparecidos sin querer recibir a los representantes sindicales«.

En definitiva, los trabajadores de la Agencia Tributaria se enfrentan a un deterioro de sus condiciones laborales y salariales, lo que ha desencadenado una serie de movilizaciones por parte de los principales sindicatos del sector. Estas acciones tienen como objetivo exigir mejoras en ámbitos como las retribuciones, la carrera profesional, el convenio colectivo y el desarrollo del teletrabajo, entre otros. Si no se dan soluciones a estas demandas, los sindicatos no descartan convocar una huelga para hacer valer sus reivindicaciones.

El Banco Central Europeo (BCE) desempeña un papel crucial en la estabilidad económica de la Unión Europea. Como vicepresidente del BCE, Luis de Guindos ha recalcado la importancia fundamental de los datos en las deliberaciones del Consejo de Gobierno sobre el rumbo de la política monetaria. Las actualizaciones de las proyecciones macroeconómicas en las reuniones de septiembre y diciembre son momentos «más significativos» en este proceso.

Las proyecciones del BCE son un indicador clave a la hora de decidir la evolución de los tipos de interés. Si bien el último tramo del proceso de desinflación y la consecución del objetivo del 2% será «complejo», Guindos ha defendido que la dirección a medio plazo es clara: se irá reduciendo el nivel de restrictividad de la política monetaria. No obstante, el momento de los ajustes dependerá de los datos que se vayan recibiendo, ya que se prevén subidas y bajadas de la tasa de inflación en los próximos meses.

La Incertidumbre y los Riesgos Electorales

En este contexto de elevada incertidumbre, Guindos ha advertido que los «riesgos electorales» se han sumado a los de índole geopolítica y de potencial fragmentación del mercado. Después de las turbulencias en el mercado francés tras el anuncio de elecciones legislativas anticipadas, se ha observado una ampliación de diferenciales en Europa, aunque la situación de liquidez sigue siendo relativamente buena y no ha habido una «situación desordenada» en cuanto a la evolución de los tipos de interés de los bonos soberanos.

El BCE cuenta con el Instrumento de Protección contra la Fragmentación (TPI) para abordar situaciones en los mercados que no tienen relación con los fundamentos de un país. Más allá de la situación de un país concreto, Guindos ha señalado que el próximo año entrarán en vigor nuevas reglas fiscales, lo cual será fundamental para el futuro.

El Papel del BCE en la Estabilidad Económica

El Banco Central Europeo desempeña un papel esencial en la estabilidad económica de la Unión Europea. Como vicepresidente, Luis de Guindos ha destacado la importancia de los datos en las decisiones de política monetaria del BCE. Las actualizaciones de las proyecciones macroeconómicas son momentos clave, ya que estos indicadores son fundamentales para determinar la evolución de los tipos de interés.

Aunque el último tramo del proceso de desinflación será «complejo», Guindos ha defendido que la dirección a medio plazo es clara: se irá reduciendo el nivel de restrictividad de la política monetaria. Sin embargo, el momento de los ajustes dependerá de los datos que se vayan recibiendo, dado que se prevén subidas y bajadas de la tasa de inflación en los próximos meses.

En un contexto de elevada incertidumbre, Guindos también ha advertido sobre los «riesgos electorales» que se han sumado a los de índole geopolítica y de potencial fragmentación del mercado. Tras las turbulencias en el mercado francés, se ha observado una ampliación de diferenciales en Europa, aunque la situación de liquidez sigue siendo relativamente buena. En este sentido, el BCE cuenta con el Instrumento de Protección contra la Fragmentación (TPI) para abordar situaciones en los mercados.

Más allá de la situación de un país concreto, Guindos ha señalado que el próximo año entrarán en vigor nuevas reglas fiscales, lo cual será fundamental para el futuro. El papel del BCE en la estabilidad económica de la Unión Europea es crucial, y la institución deberá navegar a través de estos desafíos para mantener la solidez de la economía europea.