3El escollo jurídico: por qué prohibir una red social choca con la UE y con la Ley de Servicios Digitales
El primer muro es el reparto de competencias en la Unión Europea. TikTok presta servicio en la UE desde una sociedad con sede en Dublín, de modo que su supervisor natural es el coordinador irlandés de servicios digitales y, en las obligaciones propias de una gran plataforma, la propia Comisión Europea, que mantiene abierto un expediente a la red social desde el 19 de febrero de 2024 y ha apuntado a su diseño adictivo, con multas que pueden alcanzar el 6% de la facturación mundial. El portavoz comunitario de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, advirtió de que los Estados no pueden añadir «obligaciones adicionales» a las que fija la Ley de Servicios Digitales, so pena de procedimiento de infracción. La paradoja es que España tampoco puede exprimir ese marco: la CNMC está designada como coordinadora, pero sigue sin poderes, y Bruselas la ha llevado al Tribunal de Justicia (asunto C-841/25) por incumplir los artículos 51 y 52 del reglamento.
Queda la vía nacional, el artículo 8 de la LSSI, que permite interrumpir un servicio por protección de la infancia, pero con requisitos duros: proporcionalidad, control judicial y cooperación con el Estado de origen, con notificación a la Comisión que, en caso de urgencia, debe llegar en un máximo de 15 días. La jurisprudencia estrecha aún más el camino: el Tribunal de Justicia descartó en 2023 las medidas «generales y abstractas» —en un asunto, el C-376/22, con TikTok entre las recurrentes— y en junio de 2026 avaló órdenes individualizadas contra un proveedor concreto solo si son necesarias y proporcionadas. Bloquear una aplicación con más de 23 millones de usuarios en España obligaría a explicar por qué no basta con retirar vídeos, suspender cuentas o exigir mejor moderación. Mientras, la decisión se desplaza a Bruselas: en septiembre anunció su propuesta de edad mínima común.
