Las comparecencias en el Parlament por la nueva ley de transporte de vehículos de hasta 9 plazas han seguido avanzando; de hecho, acelerándose de cara a las próximas elecciones generales. El martes pasado Pablo Álvarez-Pire Santiago, especialista sénior de Asuntos Públicos de Cabify, estuvo presente en el hemiciclo para presentar la posición de la empresa de cara a la ley y para sumar su voz como advertencia ante el efecto que la nueva normativa tendrá sobre los trabajadores del transporte y sobre la movilidad de la ciudad.
«Numerosos profesionales del taxi barcelonés utilizan nuestra tecnología para conectar con nuevos usuarios y ampliar sus oportunidades de actividad. Esto demuestra que las plataformas tecnológicas y el taxi no tienen por qué ser realidades enfrentadas», ha explicado el directivo de la VTC española. «Nuestra vocación no es sustituir unos modelos por otros, sino ofrecer más alternativas y contribuir a que las ciudades funcionen mejor», aseguró.
Pero Álvarez-Pire no se limitó a presentar el efecto que la ley tendrá sobre la empresa, sino sobre toda la industria de la movilidad en Barcelona, así como para sus trabajadores, señalando que la norma subordina a las aplicaciones de lo que se considera la «nueva movilidad» a la capacidad del taxi para cubrir los días y eventos de alta demanda.
Una ley que hace a las VTC dependientes del taxi
«La proposición de ley contempla que puedan concederse autorizaciones urbanas VTC cuando el taxi no resulte suficiente para atender la demanda. Creemos que esta configuración sitúa a las VTC en una posición subsidiaria, cuando ambos modelos deberían poder contribuir a la movilidad en condiciones proporcionadas», ha sentenciado la empresa.
También ha subrayado que los tiempos de espera que se ordenan en la nueva ley pueden acabar castigando a todo el sector y reduciendo los ingresos no solo de las empresas, sino de los trabajadores del ramo.
«El texto contempla un tiempo mínimo de diez minutos entre la contratación y la prestación del servicio, además de obligaciones de estacionamiento cuando el vehículo no esté trabajando. Estas medidas pueden perjudicar la eficiencia del transporte, incrementar los desplazamientos innecesarios y reducir la disponibilidad de vehículos. La propia Comisión Europea ha advertido de los efectos negativos de las esperas obligatorias y de las exigencias de regreso a garaje», ha defendido el representante de Cabify.
Competencia señala el riesgo de la nueva ley
El directivo de la empresa ha señalado que la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) también duda de la nueva ley. «La ACCO considera que el texto establece un marco altamente restrictivo de la competencia que puede provocar la expulsión efectiva de las VTC del mercado urbano, con consecuencias negativas para los usuarios», ha señalado.
Ha recordado que no es la única institución preocupada por el efecto de la nueva ley. Ha recordado también que desde Europa se ha señalado que la nueva ley puede ir en contra de las directivas de la UE y que, por tanto, puede complicar su aplicación a largo plazo y obligar a revisar la normativa una vez aprobada.
«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de junio de 2023 sobre las VTC en Barcelona, estableció límites a las restricciones que no estén suficientemente justificadas y no superen los criterios de proporcionalidad», ha insistido el directivo de Cabify.
La patronal de VTC comparte posición con Cabify
Pero las críticas desde el sector privado no llegan solo desde Cabify. La principal patronal del sector, Unauto VTC, ha comparecido en la comisión parlamentaria de la proposición de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, conocida como «ley del taxi». En su intervención, ha denunciado el absurdo de un texto que supondrá la eliminación de todo un sector de servicios de movilidad (VTC) con millones de usuarios en Cataluña, lo que conllevará una reducción muy significativa de la oferta para los ciudadanos, esto en un contexto claro de crisis evidente de movilidad.
«Mientras Cataluña atraviesa una de las peores crisis de movilidad de su historia, la prioridad de este Parlament es eliminar el 40% de la oferta disponible en vehículos de nueve plazas», recalca el presidente ejecutivo nacional de Unauto VTC, José Manuel Berzal. «Es decir, en vez de solucionar el problema, este Govern lleva casi dos años centrado en una ley que solo va a empeorar la movilidad de los ciudadanos y dejar a miles de personas en el paro».
En este sentido, la patronal de las VTC también ha destacado que el texto planteado en esta proposición de ley amenaza casi 6.000 empleos y tendría un coste de más de 326 millones de euros para Cataluña. «!– /wp:paragraph –>
«Lo que debía ser un proceso de debate, escucha y búsqueda de consenso se está convirtiendo en una tramitación acelerada que cuestiona seriamente la calidad del debate parlamentario», considera el presidente de Unauto VTC. Tras un inicio de comparecencias con sesiones de tres a cinco participantes, el Parlament concentró ocho intervenciones el pasado 27 de octubre y ha programado diez más para este martes, 10 de noviembre.
