El negocio sostenible de BBVA alcanza ya los 250.000 millones de euros. Son cifras acumuladas desde 2025, y cerca de 100.000 millones han ido a parar a economías emergentes, el terreno donde la financiación climática escasea y se paga más cara.
La entidad ha elegido la COP31, que se celebra este mes de noviembre, para poner el foco en esa segunda parte. Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, ha respaldado en la cumbre la iniciativa BRIDGE, una plataforma pensada para acelerar la inversión climática en los mercados emergentes y para arrastrar capital privado hacia proyectos que hoy no cierran.
Dónde están los 250.000 millones
El desglose importa más que la cifra redonda. De los 250.000 millones acumulados, unos 100.000 corresponden a países emergentes: cuatro de cada diez euros movilizados por el grupo. El resto se reparte entre España y los mercados desarrollados donde opera.
Pero el foco está en la otra mitad del mapa.
Torres Vila ha situado en cerca de 60.000 millones la parte destinada a electrificación sostenible. Es el segmento con la tecnología más madura: renovables, redes, movilidad eléctrica y calor industrial. Ahí el problema no es la demanda, es el precio del dinero.
El perímetro es más ancho de lo que sugiere la etiqueta verde. BBVA computa financiación de plantas renovables, préstamos corporativos atados a objetivos de descarbonización, bonos verdes y asesoramiento en operaciones de transición. Todo suma. Y todo se revisa.
La metodología tampoco es homogénea en el sector. Cada banco fija sus criterios de elegibilidad y los retoca cuando cambia el marco regulatorio. Sin estándar común, comparar los 250.000 millones de BBVA con los de un rival europeo es un ejercicio frágil, por decirlo suave.
Una cifra de 250.000 millones solo significa algo si el lector sabe qué se cuenta, qué se excluye y con qué criterio se revisa cada año.
Del calendario tampoco se deduce gran cosa. La serie arranca en 2025 y no se detalla el reparto por ejercicio, así que el mercado no puede distinguir si el ritmo se acelera o se aplana. El detalle de las líneas de negocio puede consultarse en la web corporativa de BBVA.
BRIDGE o cómo envolver el riesgo emergente
La iniciativa BRIDGE apunta al punto exacto donde se atasca el dinero. Un parque solar en Kenia o una línea de transmisión en Colombia cargan con riesgo de divisa, riesgo político y garantías más débiles que las de un proyecto en Alemania. Eso encarece el capital y aleja al inversor institucional, que busca retornos predecibles.
La respuesta pasa por mezclar dinero público y privado. Bancos multilaterales, agencias de crédito a la exportación, y fondos de infraestructura comparten primera pérdida para que la banca comercial entre con tickets grandes.
El mensaje de Torres Vila ha sido consistente con esa lógica: sin reglas estables, el capital no se mueve. La entidad pide marcos regulatorios predecibles, taxonomías que no cambien cada dos años y garantías públicas que cubran la fase de construcción. El marco de referencia sigue siendo el de la convención de la ONU sobre cambio climático, donde se negocian las metas de financiación.
Hay interés comercial evidente detrás del discurso. BBVA tiene franquicias relevantes en México, Turquía y América del Sur, y la financiación verde es una forma de acompañar a sus clientes corporativos en esas geografías. También es un argumento reputacional en una banca europea que compite por el relato de la transición.
El marco europeo de reporte de sostenibilidad sigue en revisión, y cada ajuste obliga a rehacer el inventario de lo que computa como verde. Las entidades que ya publicaron series con criterios anteriores tienen que reconstruirlas. Eso desgasta la comparabilidad y, de paso, la credibilidad del dato.
Lo que una cifra así no resuelve
Llevo tiempo señalando lo mismo cada vez que un banco publica un acumulado de financiación sostenible: el número crece, la métrica se ablanda. No es un problema exclusivo de BBVA. Es un rasgo estructural de un mercado construido a base de compromisos voluntarios y definiciones propias.
Eso sí, hay algo distinto en este caso: la proporción destinada a emergentes. Cuatro de cada diez euros en geografías con riesgo de divisa y garantías frágiles es una apuesta que muchas entidades europeas rehúyen. Si esa cartera aguanta un ciclo de tipos altos y alguna crisis soberana, el argumento tendrá cuerpo. Si no, será la primera línea que se revise a la baja.
El riesgo más incómodo es el cambiario. Un préstamo en liras turcas o en pesos mexicanos puede ser impecable en impacto ambiental y ruinoso en cuenta de resultados si el tipo de cambio se mueve. La cobertura ayuda, pero cuesta, y ese coste rara vez aparece en los titulares de sostenibilidad.
Queda una pregunta que nadie formula en las cumbres: cuánto de estos 250.000 millones habría existido igual sin la etiqueta verde. Buena parte de la electrificación industrial se habría financiado de todos modos, porque el ahorro energético se paga solo. La etiqueta ordena el relato. No siempre añade capital.
Y luego está la letra pequeña del cierre financiero. Una porción notable de los proyectos de infraestructura climática en mercados emergentes se quedan sin firma por falta de garantías suficientes. Sin ellas, BRIDGE será otro marco con buena prensa y poca caja.
La prueba de fuego llegará con las cuentas del ejercicio. Cuando BBVA presente sus resultados anuales a comienzos de febrero, la cartera sostenible tendrá que mostrar margen, no solo volumen. Ahí se verá si los 100.000 millones en emergentes son negocio o postureo contable.
