La CFTC ha movido ficha en Washington. El principal regulador de derivados de Estados Unidos ha propuesto este lunes un paquete de normas para los mercados y las transacciones de activos digitales que permitiría a los exchanges de criptomonedas del país acogerse a un régimen federal voluntario de supervisión. Traducido al lenguaje de la calle: las plataformas que quieran podrán registrarse ante el organismo y operar bajo su paraguas, sin depender únicamente de las licencias que expide cada estado.
La propuesta llega con un telón de fondo incómodo. El Congreso bloqueó el mes pasado la CLARITY Act, la ley llamada a repartir competencias entre la CFTC y la SEC y a decidir qué criptoactivos son valores, cuáles son materias primas y cuáles stablecoins (monedas digitales atadas al valor de una divisa, normalmente el dólar). Sin esa ley, los reguladores han decidido avanzar por su cuenta.
El presidente del organismo, Mike Selig, ha descrito la medida como ‘un paso crítico’ para que ‘Estados Unidos siga siendo la capital mundial de las criptomonedas’. Selig, que antes fue consejero jefe del equipo de criptoactivos de la SEC, enmarca el anuncio como el arranque de un proceso apoyado en las competencias que la CFTC ya tiene y en el mandato del presidente Donald Trump. El mes pasado ya avisó de que la agencia se preparaba para mercados que operan sin descanso y directamente en cadena.
No es un cambio inmediato, ni mucho menos. El borrador entra en un periodo de comentarios públicos de 60 días después de su publicación en el el Registro Federal. Solo entonces la agencia decidirá si lo convierte en propuesta formal, que a su vez pasaría por otra ronda de alegaciones antes de ser norma definitiva. El calendario se estira, como mínimo, hasta bien entrado 2027.
El movimiento tampoco es aislado. La SEC, también dirigida por un regulador afín al sector, aprobó en septiembre la negociación de acciones tokenizadas y en agosto propuso su propio marco para las ofertas de criptoactivos. Son dos agencias federales avanzando en paralelo mientras el Congreso sigue sin cerrar la ley marco.
Dos agencias federales están escribiendo por la vía administrativa la regulación que el Congreso no ha sabido aprobar.
Qué significa el régimen voluntario para un exchange
La clave está en la palabra opt-in. Ninguna plataforma estará obligada a sumarse. Pero quien lo haga quedará bajo supervisión federal y podrá ofrecer productos apalancados —es decir, operar con dinero prestado para multiplicar la exposición— registrándose ante la CFTC. Hoy esa actividad vive en un limbo de licencias estatales y advertencias judiciales.
Para el inversor español, la letra pequeña importa menos que el efecto de arrastre. Si los grandes exchanges estadounidenses acaban operando con un marco claro, la presión sobre Bruselas y sobre la CNMV para armonizar criterios crece. Europa ya tiene su propio texto, el reglamento MiCA, pero la referencia estadounidense condiciona cómo se interpreta en la práctica y con qué rapidez se aplica.
Hay un matiz que conviene no perder de vista: la propuesta habla de mercados y transacciones de activos digitales, no de una amnistía. Las reglas contra el blanqueo de capitales, la obligación de identificar a los clientes y los requisitos de capital siguen en pie. Lo que cambia es quién vigila.
Por qué la CLARITY Act se quedó atascada
La ley tenía una misión sencilla de enunciar y complicada de ejecutar: poner orden en el reparto de competencias. La CFTC se quedaría con las materias primas digitales, la SEC con los valores, y ambas con las stablecoins en función de su respaldo. El texto se atascó este año por dos frentes bien distintos.
El primero fue el lobby bancario, incómodo con que las empresas cripto puedan pagar intereses o recompensas a los clientes que depositan sus stablecoins, algo que compite de forma directa con el negocio de los depósitos tradicionales. El segundo fue político: varios legisladores, en su mayoría demócratas, plantearon dudas sobre la ética de la norma y los conflictos de interés que podía dejar abiertos.
Trump llegó a pedir públicamente a los legisladores que sacaran adelante la ley, a la que calificó de ‘muy potente’. No hubo manera. Y ese vacío es justo el que la CFTC intenta llenar ahora con un instrumento mucho más modesto, pero también mucho más rápido de activar.
Lo que aún no está resuelto
Conviene mirar atrás para medir el tamaño del cambio. La Commodity Futures Trading Commission nació en 1974 para vigilar los futuros agrícolas y hoy supervisa derivados de todo tipo. Desde 2023, la estrategia dominante en Washington fue regular por expediente y por demanda: la SEC de la etapa anterior acumuló casos contra exchanges y emisores, y el sector vivió dos años de incertidumbre judicial.
Eso tiene una consecuencia directa que conviene subrayar: cualquier norma administrativa es reversible. Lo que una agencia propone, otra administración puede deshacerlo con menos trámites de los que exige tumbar una ley aprobada por el Congreso. Quien construya su negocio sobre este marco está construyendo sobre terreno que puede moverse tras las próximas elecciones presidenciales.
El segundo riesgo es de fondo y no tiene que ver con la política. Buena parte del ecosistema cripto funciona sin intermediarios, con protocolos que se ejecutan solos y sin sede física. Un régimen voluntario sigue siendo un régimen pensado para entidades identificables, con consejo de administración y oficina. Las finanzas descentralizadas, las que operan sin empresa detrás, quedan fuera del dibujo casi por definición.
Toca esperar. El reloj de los 60 días empezará a contar cuando el texto se publique oficialmente, y hasta entonces las cartas están sobre la mesa pero sin firmar. La pregunta útil ya no es si la CFTC quiere ser el árbitro del mercado cripto estadounidense. Eso lo ha dejado claro. La pregunta es si alguien con poder para frenarlo —un tribunal, el Congreso o la próxima administración— decidirá lo contrario.
