La SEPI es ya accionista de referencia de Indra y Telefónica. El balance de su aterrizaje en ambas compañías son 92 cambios en las cúpulas directivas a lo largo de cinco años, contabilizados a partir de los hechos relevantes depositados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la documentación de gobierno corporativo de las dos empresas.
La cifra no equivale a 92 personas. Hay ejecutivos que suman varios movimientos porque han cambiado de cargo, han saltado de un órgano a otro o han sido sustituidos en responsabilidades distintas. El reparto, además, es desigual: 56 movimientos corresponden a Indra y 36 a Telefónica, señal de que la sacudida arrancó antes en la tecnológica de defensa que en la operadora.
Dos entradas y dos ritmos
El Estado ya era accionista de referencia de Indra cuando el Consejo de Ministros autorizó en febrero de 2022 a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a elevar su participación desde el 18,71% hasta un máximo del 28%. La operación se cerró con la compra de 16,4 millones de acciones, un desembolso cercano a 174 millones de euros.
En Telefónica el calendario fue otro. La orden llegó en diciembre de 2023 y la ejecución culminó el 20 de mayo de 2024: 567 millones de acciones, el 10% del capital, por unos 2.000 millones de euros. Ese día empezó a correr el reloj de la remodelación más profunda que ha vivido la operadora en décadas.
El coste de la remodelación
En Indra el relevo ha tocado todos los pisos del edificio. Desde 2021 se han registrado 23 salidas o ceses de consejeros y, con los movimientos de alta dirección, el total de salidas se eleva a 31, frente a 25 nombramientos y relevos. La compañía ha pasado por cuatro presidentes y cuatro consejeros delegados en cinco ejercicios. El último capítulo llegó el 29 de septiembre, con la desvinculación de cinco miembros del comité de dirección, entre ellos Manuel Ausaverri, el último alto cargo que quedaba de la etapa de Fernando Abril-Martorell.
El Estado no firma los ceses, pero ninguna de las dos compañías habría renovado su cúpula a este ritmo sin un accionista de referencia empujando desde dentro.
El proceso no ha salido gratis. Las indemnizaciones por cese de los primeros espadas de Indra rondan los 50 millones de euros, una factura que la compañía ha asumido mientras reorganizaba su comité de dirección, ahora reducido a diez directores generales con reporte al consejero delegado. Defensa y Espacio se han fusionado, igual que Tráfico Aéreo y Movilidad, y la empresa ha promocionado a Víctor Martínez, Miguel Forteza y David Santos dentro de la nueva estructura.
En Telefónica el primer gran golpe llegó en enero de 2025, con la salida de José María Álvarez-Pallete de la presidencia y la llegada de Marc Murtra procedente, precisamente, de Indra. Dos meses después, Ángel Vilá dejaba la presidencia ejecutiva y el consejo, y Emilio Gayo asumía el puesto de consejero delegado. Entre ambos ejecutivos, la factura superó los 80 millones de euros en indemnizaciones. La remodelación del equipo ejecutivo se llevó por delante a Mark Evans, Enrique Blanco, Chema Alonso y José Cerdán, entre otros, y alcanzó también al consejo de administración.
La reorganización aprobada el 30 de septiembre ha vuelto a mover el tablero. Telefónica España se estructura ahora en tres unidades —B2B, B2C, y Mayorista—, más una estructura CTIO para red, sistemas y operaciones. Javier de Paz abandona la presidencia de Movistar Plus+ y el consejo de la filial audiovisual desaparece, pero continúa en el grupo como director adjunto al presidente, con nuevas funciones de desarrollo y continuidad de negocio en Europa. Su caso ilustra la naturaleza del recuento: un relevo de cargo no siempre equivale a una salida de la compañía. Algo parecido ocurre con varios consejeros externos del órgano audiovisual, cuya vinculación con el grupo se limitaba al propio consejo.
Qué revela la rotación y qué riesgo esconde
El balance de estos cinco años deja una lectura incómoda. La SEPI ha cumplido el papel que le asignó el Gobierno —anclar el capital de dos compañías consideradas estratégicas—, pero lo ha hecho a costa de una rotación que pocos consejos habrían tolerado en circunstancias normales. En Indra la paradoja es evidente: la empresa se ha volcado en defensa justo cuando ya no queda en su cúpula ningún alto directivo con experiencia industrial en ese negocio. El nuevo responsable del área procede de las relaciones institucionales y el de operaciones, del automóvil. Se puede defender esa mezcla como aire fresco. También se puede leer como una pérdida de memoria técnica en el sector que sostiene el crecimiento.
La comparación bursátil añade ruido al debate. Las acciones de Indra subieron un 178% en 2025, el mejor valor del Ibex en todo el ejercicio, al calor de los contratos del Ministerio de Defensa, y hoy rondan los 60 euros, cerca de máximos históricos. Las de Telefónica se mueven alrededor de los 3,30 euros, a un paso de su mínimo histórico. Dos compañías con el mismo accionista de referencia y trayectorias opuestas. El Gobierno se ha desmarcado de los ceses en dos respuestas parlamentarias a Vox y sostiene que las decisiones partieron de los órganos societarios de cada empresa. La explicación es formalmente correcta. También resulta difícil de sostener cuando el calendario de los relevos sigue tan de cerca la entrada del accionista público.
No hay una respuesta cerrada sobre dónde se detiene esta rotación. Indra afronta la consolidación de su negocio de defensa con una cúpula todavía en construcción, y Telefónica, la ejecución de su nueva estructura española sin el lastre de la anterior. El próximo hito será comprobar si el goteo de nombramientos se frena o si el accionista público sigue encontrando motivos para intervenir. Ahí se medirá el coste real de tener al Estado dentro.
