El Fondo Monetario Internacional ha aprobado un desembolso de 139 millones de dólares para El Salvador y, en la misma decisión, ha pedido a su Gobierno que reduzca la implicación del Estado en todo lo relacionado con bitcoin. El anuncio resume la relación entre las dos partes: el organismo elogia la marcha de la economía salvadoreña mientras intenta desactivar, paso a paso, su apuesta por la criptomoneda.
La película viene de lejos. El país centroamericano convirtió bitcoin en moneda legal en 2021, en plena negociación de un préstamo con el Fondo, y aquella decisión irritó a la institución. Desde entonces, cada revisión del programa se ha convertido en un pulso entre un Gobierno que presume de comprar monedas y un prestamista que no quiere ver dinero público dentro de esa estrategia.
Qué ha aprobado el FMI y por qué llega con condiciones
Los 139 millones recién liberados no son un fondo nuevo. Forman parte del acuerdo marco de 1.400 millones de dólares que El Salvador y el FMI cerraron a finales de diciembre. El tramo se aprueba con dispensas, los waivers (perdones técnicos) que concede el organismo cuando un país incumple parte de lo pactado pero presenta medidas correctivas creíbles.
El incumplimiento tiene nombre. Según el comunicado del Fondo, entre los criterios que no se cumplieron está el de la acumulación de bitcoin, y por eso se concedieron las dispensas. La institución añade que la participación del Estado salvadoreño en las actividades vinculadas a la criptomoneda ‘se está desmantelando’ y que ‘no se prevé ninguna acumulación adicional más allá de las donaciones documentadas’.
Traducido: si el país suma más monedas, tendrá que ser con fondos que no sean públicos y que queden registrados. Ahí está la discrepancia que se arrastra desde hace meses. En septiembre, el FMI sostuvo que El Salvador no estaba comprando bitcoin; la Oficina Nacional del Bitcoin ha repetido lo contrario. Hasta ahora, nadie ha publicado un registro completo que zanje la discusión.
El debate ya no es si El Salvador compra bitcoin, sino quién lleva la cuenta de cuánto tiene y con qué dinero lo pagó.
Qué cambia para los salvadoreños y qué señala al mercado
El proyecto arrancó con dos patas. Una, la ley que obligaba a los comercios a aceptar bitcoin. Otra, una cartera digital estrenada en 2021 con la que el Estado repartió monedas entre los ciudadanos para empujarles a usarlas en un país dolarizado desde hace un cuarto de siglo. El objetivo era que la criptomoneda circulara de verdad entre la gente.
Bukele admitió en 2024 que los salvadoreños no la estaban usando para comprar cosas como se esperaba. Eso sí, siempre defendió que el Gobierno seguía acumulando. En 2022 prometió comprar un bitcoin al día, aunque nunca quedó claro de dónde salía el dinero ni si esas compras se ejecutaban de verdad.
Para el mercado, la señal es ambigua y por eso importa. El FMI no prohíbe nada: condiciona. Y un condicionamiento que se renueva en cada revisión convierte la tesorería estatal en algo menos predecible que antes. La parte formal del programa avanza, pero la parte simbólica —el país que se atrevió a meter bitcoin en su legislación— queda en una zona gris.
Qué revela este pulso sobre la adopción estatal de bitcoin
Visto con distancia, el choque no es ideológico. Al Fondo le da igual que un país tenga bitcoin en su balance; le preocupa que no se pueda auditar. Un préstamo de 1.400 millones se sostiene sobre cuentas claras, y una reserva de criptomonedas sin registro público es exactamente lo contrario. De hecho, el propio comunicado insiste en la mejora de las cuentas, el refuerzo de la seguridad, y la confianza de los inversores como motores de la actividad económica.
Hay otro elemento que suele pasarse por alto. El Salvador no emite su propia moneda desde 2001: usa el dólar. Eso le da estabilidad, pero también le quita margen de política monetaria. Bitcoin nunca funcionó allí como dinero de uso diario, sino como escaparate soberano. Y un escaparate se mantiene con reservas pequeñas, donaciones o compras intermitentes sin que el ciudadano note nada en el bolsillo.
El riesgo real está en la opacidad. Si la Oficina del Bitcoin compra al margen de lo pactado y el FMI cierra los ojos mientras los indicadores macro acompañen, la próxima revisión puede repetir este mismo guion. Si, por el contrario, un tramo queda retenido por una discrepancia contable, el mercado leerá una señal mucho más dura para cualquier Gobierno que piense en copiar el modelo.
A partir de aquí, la vigilancia cabe en tres preguntas. Cuánto bitcoin tiene hoy el Estado salvadoreño y con qué fondos lo adquirió. Si la Oficina del Bitcoin publica ese desglose antes de la siguiente revisión del programa. Y si el próximo desembolso del FMI se libera sin nuevas dispensas. Las tres respuestas dirán más sobre el futuro de la adopción estatal de criptomonedas que cualquier discurso.
