La CNMC ha contabilizado 39 comercializadoras inhabilitadas y 250 millones de euros en impagos al sistema eléctrico en apenas tres años. El agujero, concentrado entre 2022 y 2025, ha obligado al regulador a proponer un endurecimiento radical de los requisitos de acceso y permanencia en el mercado para frenar la sangría.
El informe INF/DE/040/26 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) examina las grietas abiertas por la crisis de precios de 2021-2022. La liberalización del sector atrajo a decenas de nuevos actores, pero muchos carecían del músculo financiero y los medios técnicos necesarios para operar con seguridad. El resultado fueron liquidaciones impagadas a Red Eléctrica y deudas acumuladas con las distribuidoras por peajes de acceso y cargos, que superan los 250 millones de euros.
El diagnóstico: 39 inhabilitaciones y 250 millones en impagos
Los datos del supervisor son concluyentes: entre 2022 y 2025, 39 comercializadoras quedaron fuera del mercado por no cumplir las exigencias legales. Esas salidas no fueron ordenadas. Dejaron tras de sí impagos multimillonarios que el sistema eléctrico tuvo que asumir, con el consiguiente perjuicio para el resto de agentes y, en última instancia, para los consumidores.
El Real Decreto 88/2026 intentó poner coto a esta situación al reforzar las obligaciones de capacidad técnica y económica de las comercializadoras. Sin embargo, la CNMC considera que la norma se queda corta y ha desgranado un catálogo de recomendaciones para blindar el mercado frente a nuevas quiebras desordenadas.
Las exigencias de la CNMC: capital mínimo, idoneidad y supervisión continua
La primera medida es nítida: exigir un capital social desembolsado mínimo para ejercer la actividad. El regulador propone, además, vetar el acceso a empresas en fase preconcursal, concursal o que hayan sido inhabilitadas con anterioridad, y evaluar los antecedentes de administradores y directivos para evitar reincidencias.
También reclama desarrollar con urgencia el mecanismo de depósito de garantías previsto en el RD 88/2026. Actualmente, los comercializadores que no depositan las fianzas exigidas al operador del mercado y del sistema ya no pueden captar nuevos clientes. La CNMC quiere que esa prohibición se aplique ante cualquier incumplimiento, no solo por falta de garantías, y para ello urge la aprobación de un procedimiento de operación que lo haga efectivo.
En el plano técnico, el supervisor pide que las empresas dispongan de medios técnicos y recursos humanos cualificados y que presenten un plan de previsión de suministro y aprovisionamiento que demuestre su viabilidad. Son condiciones que, en la práctica, elevarían la barrera de entrada y reducirían la presencia de operadores improvisados.
Los 250 millones en impagos no son un fallo de unas pocas empresas, sino un síntoma de que el sistema de acceso no medía la solvencia real de los aspirantes.
El eslabón débil de la liberalización eléctrica en España
La liberalización del mercado minorista de electricidad, iniciada hace más de una década, amplió la oferta para millones de hogares y empresas. Pero esa apertura se hizo con un sistema de acceso que apenas discriminaba perfiles de riesgo. Bastaba con cumplir unos requisitos formales para obtener la licencia de comercialización, sin una supervisión posterior que vigilase la salud financiera real de los operadores.
Otros países europeos, como Francia o Alemania, exigen desde hace años umbrales de capitalización y planes de contingencia que la normativa española no incorporó hasta la reforma de 2026. El saldo de esa falta de previsión se ha traducido en los 250 millones de euros perdidos y en la desprotección de miles de clientes que, al quebrar su comercializadora, vieron interrumpido el suministro o tuvieron que ser traspasados de urgencia a una comercializadora de referencia.
El informe de la CNMC no cuestiona la competencia, pero sí advierte de que la entrada de nuevos actores sin la debida solvencia acaba generando costes sistémicos que pagan todos. Es una contradicción que la propia Comisión califica de ineficiente. La pregunta que queda en el aire es si el catálogo de medidas bastará para filtrar a los operadores más endebles o si, una vez más, la demora en desarrollar los procedimientos de operación diluirá el efecto disuasorio.
La CNMC ha puesto el foco en un punto que la crisis energética reveló con crudeza: la liberalización sin supervisión robusta convierte cualquier shock de precios en un examen de estrés que muchas empresas no pasan. El regulador quiere que la próxima vez el sistema eléctrico no tenga que poner los 250 millones.
