El Congreso de Estados Unidos ha puesto fecha a una de las citas más esperadas por la industria de las criptomonedas: el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes celebrará el 17 de julio en Nueva York una audiencia sobre la Ley CLARITY (Digital Asset Market Clarity Act, H.R. 3633).
El proyecto, presentado en mayo de 2025 por el presidente del comité, French Hill, es el intento legislativo más ambicioso para trazar una línea clara entre dos gigantes regulatorios: la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
La mecánica es sencilla sobre el papel. La CFTC recibiría autoridad exclusiva sobre los mercados al contado de commodities digitales, con bitcoin como estandarte. La SEC conservaría la supervisión de los activos digitales que encajen en la definición de contrato de inversión. Esa frontera lleva años borrosa y ha generado un solapamiento de sanciones que, según denuncian empresas y fondos, ha enfriado la innovación y empujado el desarrollo fuera del país.
La audiencia de julio no es un mero trámite. Llega después de que el Comité Bancario del Senado avanzara la norma el 14 de mayo con un 15-9, todos los republicanos más dos demócratas. Eso sí, varios senadores dejaron claro que su apoyo en el pleno no está garantizado sin un refuerzo de las provisiones éticas que impidan a funcionarios públicos tener vínculos financieros con criptoactivos.
El 1 de junio la ley aterrizó en el Calendario Legislativo del Senado (Calendario 423), lo que la habilita formalmente para el debate en el pleno. Pero el camino dista de ser recto: necesita superar una mayoría de 60 votos, reconciliarse con la versión del Comité de Agricultura del Senado y armonizarse con el texto que salió de la Cámara, que ya aprobó avanzar la Ley CLARITY junto a la GENIUS Act y disposiciones anti-CBDC.
Más de cien empresas cripto han presionado al Senado para que tire adelante. Incluso Coinbase, que amagó con retirar su apoyo por el lenguaje sobre responsabilidad de los desarrolladores, ha mantenido a la coalición unida. La consultora Galaxy Research estima entre un 60% y un 75% de probabilidades de que la ley se convierta en realidad en 2026, con una firma presidencial durante la semana del 3 de agosto.
La industria lleva años esperando un mapa claro. La audiencia del 17 de julio marcará si ese mapa llega este año o se vuelve a archivar.
Por qué la vista de Nueva York es la señal definitiva
La fecha elegida no es casual. Nueva York es el centro financiero de Estados Unidos y sede de la SEC. Celebrar allí la audiencia tiene un potente valor simbólico: el Congreso pone sobre la mesa, en el territorio del supervisor bursátil, el debate sobre quién manda en las criptomonedas. Si las intervenciones de los legisladores confirman un consenso amplio y se sortean los últimos escollos técnicos, el calendario de agosto se vuelve realista.
Mientras, el impulso legislativo cripto se refuerza con otros proyectos en paralelo. El Senado aprobó el 22 de junio la ROAD to Housing Act con 85 votos a favor y solo 5 en contra, y dentro de esa ley de vivienda se ha colado una prohibición expresa: la Reserva Federal no podrá emitir una moneda digital de banco central (CBDC) hasta el 31 de diciembre de 2030. La Cámara ya había dado luz verde a una medida similar y los líderes republicanos planean una votación exprés tras el receso del 23 de junio. Con respaldo de la Casa Blanca y un apoyo casi unánime, la prohibición de la CBDC avanza camuflada en una reforma de vivienda que nadie quiere tumbar.
Un paso hacia un marco estable, pero con flecos pendientes
Que el Congreso estadounidense esté a punto de decidir quién regula qué en el universo cripto ya es noticia. Durante años, la SEC y la CFTC han librado una guerra de competencias que ha dejado a los emisores de tokens sin saber si su activo es una commodity o un valor. La incertidumbre ha sido tan dañina como las propias sanciones: litigios interminables, proyectos cancelados y un éxodo de talento hacia jurisdicciones más amables, como Suiza o Singapur.
La Ley CLARITY, con todos sus matices, pone orden en esa zona gris. Es la primera vez que una iniciativa con posibilidades reales de prosperar dibuja una frontera operativa y no solo una declaración de intenciones. Pero no conviene olvidar los riesgos. La exigencia de una mayoría cualificada de 60 senadores obliga a sumar al menos a siete demócratas. Algunos de los que apoyaron en comité ya han advertido que sin un endurecimiento de las reglas éticas para los cargos públicos, su voto en el pleno no está comprometido. Y la cosmética de esa provisión no es menor: puede convertirse en la moneda de cambio que retrase o descarrile todo el paquete.
Además, aunque la firma llegue en agosto, la letra pequeña de la implementación dará para muchos meses de reglamentos, consultas públicas y, probablemente, nuevos litigios. El mercado respira con la expectativa de claridad, pero la prudencia sigue siendo la mejor consejera. La audiencia del 17 de julio será un termómetro. Si las piezas encajan, el sector podría estrenar mapa regulatorio antes de que termine el verano. Si no, la incertidumbre seguirá siendo la única certeza.
