Bruselas quiere que las grandes tecnológicas se paguen la fiesta. Las empresas tradicionales, de cualquier sector que no sea el tecnológico, pagan más impuestos que las grandes corporaciones surgidas desde internet 1.0 en adelante. Con este argumento, el doctor en biomedicina e Inteligencia Artificial (IA), Ignasi Belda, explica cómo la economía digital ha conseguido zafarse de los cambios tributarios que otras revoluciones económicas sí han provocado para ajustar los impuestos a las nuevas realidades. Así, los Facebook, Amazon y Google con actividad planetaria, como su negocio tiene una localización pero discurre en la etérea red, se libran de tributar mientras esquilman redes e infraestructuras que les ponen otros con enorme esfuerzo inversor.
La irrupción hace apenas 20 años de la economía digital ha pillado a Bruselas y a sus Estados miembros con el pie cambiado, y según el profesor Belda «no ha sabido adaptar los enfoques tributarios para congeniar con estos nuevos modelos de negocio. Por esta razón han surgido voces que claman por un «cambio de paradigma tributario tanto a nivel nacional como internacional para adaptarlo a la economía digital», según aclara este académico en una publicación recogida en el medio científico The Conversation.
BRUSELAS Y LA TRIBUTACIÓN DE LAS TECNOLÓGICAS
El experto recoge cómo ha habido varias iniciativas e intentonas de diferentes legislaciones internacionales para que las grandes corporaciones, la mayoría estadounidenses, que viven de lo digital, paguen lo que corresponde por lo mucho que ganan » y la mayoría, por no decir todas, han ido fracasando». Como ejemplo destaca las de Francia en 2011, en la que los órganos legislativos aprobaron un impuesto sobre la publicidad online. Fue aprobada tanto por el Senado francés como la Asamblea Nacional, pero el gobierno galo la retiró antes de que entrase en vigor.
Bruselas no ha sabido adaptar los enfoques tributarios para congeniar con estos nuevos modelos de negocio
Lo mismo ocurrió con la llamada tasa Google, «relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales», que instaba a los Estados miembros de la UE a implantar un impuesto sobre los servicios digitales. La directiva no prosperó, porque «enfrentó críticas y presiones de diversos sectores, incluyendo empresas, académicos e incluso el Gobierno de los Estados Unidos, debido a sus deficiencias y dificultades de supervisión».
Así que, Bruselas se «achantó», y renunció a su implantación de manera obligada en los 27 Estados miembros, porque se opusieron los países del norte de Europa y sufrieron incisivas presiones diplomáticas que llegaban por todos los puntos cardinales.
El profesor argumenta que vistos estos fracasos, está claro que se necesita con urgencia un «cambio de paradigma tributario para adaptar la fiscalidad a la economía digital y, en general, a la economía del conocimiento. Todos, como usuarios, podemos tener la impresión de que es gratis usar Google, Facebook y el resto de plataformas, pero muchos ya defienden de que su utilización podría verse como un trabajo no remunerado, cuya renta de trabajo es el acceso a la plataforma, y a cambio les cedemos nuestro datos de navegación.
Visto así, al final, según el razonamiento de este experto, acabaríamos teniendo que «gravar a los individuos que usamos estas plataformas a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas por estas rentas del trabajo» ¿nos imaginamos pagando IRPF por usar Google o Instagram? (usar, no cobrar ningún dinero como influencers o autores).
BRUSELAS PUEDE IMPONER EL IVA POR «REGALO»
Ignasi Belda ya en 2020 propuso un nuevo modelo fiscal basado en el IVA e inspirado en una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) de 2015 por el que se instaba a una entidad financiera a autoliquidar el IVA devengado por esos regalos que antes daban los bancos a sus clientes y te arreglaban el ajuar de la casa. Se trataba de las entregas a sus clientes de mantelerías, cuberterías o pequeños electrodoméstico como premios por la realización de determinadas operaciones financieras (depósitos, imposiciones…). Las entidades financieras si regalaban algo, debían ingresar el IVA correspondiente en las arcas públicas. No había razón para que no fuera así, y Hacienda se viera por ello perjudicada.
De igual manera, según Belda «podemos calificar el acceso gratuito a las plataformas como un regalo de las grandes empresas tecnológicas a cambio de los datos de navegación. En consecuencia, por cada uso que se hace de ellas (una búsqueda en Google, un mensaje de WhatsApp, una foto subida a Instagram, etc), las empresas se deberían autoliquidar un IVA que, a continuación, deberían ingresar a Hacienda».
En el caso de España está más o menos apañado a la hora de gravar la economía digital, tal y como explica el profesor, con la aplicación del impuesto sobre algunos servicios digitales llamado IDSD, que fue creado precisamente por el Consejo de Europa, pero que acabó descartado y no se ha aplicado en el resto de la Unión Europea.
podemos calificar el acceso gratuito a las plataformas como un regalo de las grandes empresas tecnológicas a cambio de los datos de navegación. Por cada uso que se hace de ellas, las empresas se deberían autoliquidar un IVA que, a continuación, deberían ingresar a Hacienda
Pero tiene muy mala inspección, y por esa razón no se puede decir que haya triunfado. Se aprobó en 2020, entró en vigor en 2021, y se esperaba con él una recaudación al año de 968 millones de euros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) redujo en abril de 2020 la cifra a 542 millones de euros «debido a la incertidumbre y la dificultad de inspección del nuevo impuesto», apunta Belda.
La recaudación real se quedó en solo 250 millones de euros, muy por debajo de los esperado. En 2022 se estimó que se recaudaría 225 millones de euros (el 10% menos que el año anterior, aunque al final se cobraron 278 millones. Según el académico, «la previsión de ingresos para 2023 y 2024 (presupuestos prorrogados) es de 285 millones de euros, aunque aún no hay publicados datos reales de recaudación«.
Con los datos en la mano, la reflexión final de Belda indica que, claramente, cobrar impuestos de la economía digital es muy complejo, visto los fracasos de distintas instituciones públicas y políticas, entre ellas el Consejo de Europa y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo (OCDE), «que han intentado fijar un modelo y han fracasado». Belda insiste en que queda patente la necesidad de un cambio de paradigma para gravan de manera justa y equitativa a la industria digital y a los ingentes ingresos de las grandes tecnológicas en Europa, «de acuerdo con los principios constitucionales», que nos rigen, lo cual no debemos olvidar.
