La Inspección de Trabajo sobre KPMG, Deloitte, PwC y EY, denominadas como ‘big four’ o las auditorias del Ibex 35, ha levantado polvareda y la veda sobre el resto de grandes compañías de servicios que operan en España, como los bufetes de abogados, auditoras medianas y asesorías. Las jornadas maratonianas en estas cuatro grandes eran un secreto a voces, pero nunca habían recibido al mismo tiempo la visita de los funcionarios del Ministerio de Trabajo para conocer si se aplica correctamente la legislación laboral.
La Inspección tendría que calcular la cotización de cerca de 1,84 millones de horas extra mensuales en las ‘big four’
Sin embargo, la Inspección de Trabajo sólo realizó la labor en Madrid, sin entrar en ninguna de las oficinas en ninguna de las grandes ciudades españolas en las que operan. Son casi un centenar de sucursales, que junto a las sedes principales, trabajan cerca de 23.000 personas.
La información, adelantada por El Confidencial, tan sólo se refiere a las sedes de KMPG, Deloitte, EY y PwC en Madrid. Según ha podido constatar de fuentes solventes MERCA2, la Inspección únicamente ha actuado en la capital, sin que se haya realizado entrada alguna en algunas de las decenas de oficinas que operan en el país. En el caso de PwC, existen hasta 18 delegaciones, sin tener en cuenta las plantas dispersas por Madrid.
LA INSPECCIÓN EVITÓ LA ENTRADA EN LAS OFICINAS DE LAS BIG FOUR DE FUERA DE MADRID
La Inspección, además, tampoco revisó la veintena de oficinas de Deloitte repartidas por el territorio, como Alicante, Málaga, Valencia o Barcelona. EY, con trece oficinas al margen de Madrid, tampoco recibió la visita de los trabajadores públicos en ninguna de las sucursales, como ocurrió con KMPG. «Sólo fueron a por las sedes en Madrid», afirman las fuentes consultadas.
De hecho, no hubo denuncia previa y la Inspección de Trabajo indagó durante meses antes de realizar la entrada en las sedes de Deloitte, KPMG, EY y PwC el pasado mes de noviembre. Las pesquisas se centran ahora en conocer si estas firmas computaban las horas extras de sus empleados en la cotización a la Seguridad Social o bien ofrecían al trabajador días de descanso por el trabajo. Y es que, las sanciones específicas por las horas extras se estipulan entre los 751 y los 7.500 euros. Sin embargo, no haber cotizado por las horas extras tiene sanciones más duras y cuya la cuantía en varía función del número de trabajadores afectados, de la cuantía no cotizada y si era una práctica sistemática.
Según la normativa vigente, las empresas deben aplicar un tipo de cotización del 28,3% para el caso de las horas extras estructurales, siendo el 23,6% a cargo de la empresa y el 4,7% a espaldas del trabajador. Asimismo, en el caso de superar las 80 horas anuales -máximo permitido por ley-, las adicionales cotizarán según lo establecido en los Presupuestos. Además, estas horas deben comunicarse a la Administración, tener el visto bueno del Comité de Empresa -prácticamente ausentes en estas compañías- y dar a conocer el número de empleados afectados. Estas horas, además, son de carácter «voluntario», ahondan las fuentes laborales consultadas por este medio.
LAS BIG FOUR SE ENFRENTARÍAN A UN RECARGO DE ENTRE EL 20% Y EL 35% SÓLO POR LA COTIZACIÓN
Asimismo, existen otra clase de horas extras, las de fuerza mayor, cuya cotización es del 14%, un tipo reducido, donde el 12% lo abona la empresa y el 2% restante el empleado. Estas horas se producen por carga extraordinaria en las empresas, como bajas o un mayor volumen de trabajo. En las auditoras es frecuente esta acumulación dado que tienen que presentar informes trimestrales y anuales.
De hecho, en el mercado ya se conoce por qué numerosas empresas dan a conocer sus cuentas a mediados de año. «Los precios se disparan con el cierre anual de las grandes compañías cotizadas», según explican fuentes financieras de entidades no cotizadas. «Por este motivo, esperamos a mayo o junio para dar a conocer las cuentas», han señalado.
Por el momento, la Inspección de trabajo mantiene abierta la investigación y de sus conclusiones dependerá la cuantía a pagar. Y es que, en el caso de las cotizaciones sociales, se tendrán que despejar numerosas dudas. Por un lado, los recargos alcanzan el 20% en el caso de abonar las debidas cuotas a partir del segundo mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso. Asimismo, este porcentaje podría alcanzar el 35% si se abonan después del plazo estipulado.
LA INSPECCIÓN TENDRÁ QUE DECIDIR LA CUANTÍA DE LA SANCIÓN AL NO HABER BAREMOS
Con todo, la Inspección tendrá que averiguar primero el número de trabajadores afectados, la hipotética cuantía de las cotizaciones no satisfechas por las horas extras trabajadas y los recargos. Cabe recordar que el sueldo de entrada en una auditora alcanza los 25.000 euros anuales en los primeros años, para después incrementarlos hasta 50.000 para el grupo de escogidos. En la cúpula de las ‘big four’, estos salarios alcanzan los cientos de miles de euros.
En este sentido, los trabajadores hacían una media de unas doce horas diarias, unas 60 semanales, 20 más de las previstas en el obsoleto convenio colectivo que lleva sin moverse prácticamente desde 2013. Si todos los empleados de estas firmas realizaron este tiempo, la Inspección tendría que calcular la cotización de cerca de 1,84 millones de horas solo al mes. El número, sin embargo, será muy inferior debido a que sólo se han registrado las sedes, sin tener en cuenta el casi centenar de oficinas ubicadas fuera de la capital.
Pese a no haber denuncia previa, los sindicatos fueron a la huelga el pasado mes de mayo cuando las ‘big four’ plantearon una jornada de 12 horas para cerrar el nuevo convenio. La Asociación de Empresas de Consultoría (AEC) propuso esta medida y sumó los sábados como un día laborable más, sin abonar las horas a precio de festivo. El rechazo fue casi unánime en la parte de los trabajadores, al secundar el 85% el paro convocado. Poco después, la patronal rectificó por completo y descartó plantear estas medidas. Por el momento, la negociación del convenio está próxima a su cierre.
