EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Plataforma 2015 per l’Accés a l’Habitatge convoca el 5 de noviembre en Barcelona una acampada cubierta para exigir la reforma de los artículos 10 y 11 del Decreto 141/2012.
- ¿Quién está detrás? Una entidad que se presenta como plataforma de constructores, profesionales inmobiliarios, propietarios y arrendatarios, que reclama ante la Generalitat y ha pedido el respaldo del COAC.
- ¿Qué impacto tiene? Permitiría sustituir la cédula por una solicitud registrada con certificado técnico en compraventas de segunda mano; la plataforma cifra en más de 82.000 las viviendas afectadas, sin desglose verificable.
La cédula de habitabilidad de segunda ocupación bloquea en Cataluña la venta de miles de pisos usados. Una plataforma ciudadana ha decidido llevar el pulso a la calle y ha convocado para el 5 de noviembre en Barcelona una acampada cubierta con la que exigirá a la Generalitat reformar la normativa que, sostiene, impide comercializar viviendas que considera aptas para vivir.
La cédula de habitabilidad es el certificado administrativo que acredita que una vivienda reúne las condiciones mínimas para ser habitada. En Cataluña se exige para vender, alquilar o dar de alta los suministros, y su obtención en viviendas usadas pasa por la Agència de l’Habitatge de Catalunya. Cuando la resolución se deniega o se archiva, el inmueble queda, en la práctica, fuera del mercado.
Qué pide la plataforma y qué cambiaría en los artículos 10 y 11 del Decreto 141/2012
La Plataforma 2015 per l’Accés a l’Habitatge, que se presenta como entidad de constructores, profesionales inmobiliarios, propietarios, y arrendatarios, ha redactado una propuesta de modificación de los artículos 10 y 11 del Decreto 141/2012. El texto está formateado como un decreto, pero mantiene la numeración y las fechas en blanco: es la reforma que reclama, no una norma aprobada.
El mecanismo que propone es concreto. En las transmisiones de segunda mano, comprador y vendedor podrían acordar ante notario sustituir la entrega de la cédula por una solicitud registrada acompañada de un certificado emitido por un técnico competente. La plataforma plantea extender la misma sustitución a la contratación de suministros, de modo que la solicitud y el certificado se presenten ante las empresas en lugar de la cédula.
La cifra de 82.000 viviendas: dos números, ningún desglose y una Generalitat que replica
El argumento de la plataforma se apoya en un volumen de viviendas atrapadas. Sus materiales hablan de 82.762 viviendas en el correo de convocatoria y de 82.672 en el burofax remitido al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), cantidad que vincula a solicitudes de cédula denegadas o archivadas entre 2013 y 2025.
La pregunta de fondo no es cuántos pisos hay atrapados, sino cuánto poder debe tener la administración para decidir qué inmueble puede venderse.
Los propios adjuntos debilitan el dato. No incorporan un desglose que permita comprobar si el cómputo corresponde a viviendas o a expedientes, ni separan los motivos de denegación y archivo. Tampoco detallan cuántos inmuebles están desocupados o cuántos propietarios venderían si prosperase la reforma.
La Generalitat sostiene que aplica la normativa junto con los ayuntamientos y cumple los plazos de resolución, según la documentación facilitada por la propia plataforma. Otras piezas de la campaña quedan en el aire: el burofax enviado al COAC para pedir su adhesión incorpora un espacio para formalizar el respaldo, pero no acredita que el colegio comparta la propuesta.
La movilización del 5 de noviembre servirá, según sus promotores, para presentar públicamente la reclamación y recabar apoyos. Vinculan la acampada cubierta a la reforma de las cédulas, con la que aseguran que se facilitaría la comercialización y se ampliaría la oferta. El formato entronca con la ola de acampadas por la vivienda, aunque aquí el objeto no es el alquiler turístico ni el precio, sino el papel de la administración como cuello de botella de la compraventa.
La Ficha del Inversor
La métrica que resume este episodio no es un precio ni un yield, sino un cuello de botella administrativo: la plataforma sitúa en más de 82.000 las viviendas atrapadas, aunque el dato no resista un escrutinio documental. Para el propietario de un piso usado en Cataluña, la cédula es la llave que abre —o cierra— la venta y el alquiler, y sin ella las empresas suministradoras pueden negar el alta.
La tendencia a seis meses depende de dos calendarios. El primero es político: si la acampada logra eco en los grupos parlamentarios y en el president de la Generalitat, el debate sobre los artículos 10 y 11 del Decreto 141/2012 podría activarse. El segundo es administrativo: mientras la Agència mantenga los criterios actuales y los ayuntamientos sigan exigiendo la cédula, el stock seguirá bloqueado. En el escenario más probable, la protesta generará presión, pero no una reforma exprés.
El perfil al que interpela esta reclamación es el pequeño propietario de vivienda usada en Cataluña que quiere vender o alquilar y se topa con un expediente atascado, además del comprador que necesita la cédula para cerrar la operación. Para el gran inversor institucional el asunto es menos determinante. Donde más muerde es en el mercado de segunda mano de proximidad, el que sostiene buena parte del stock residencial catalán.
El pulso tiene precedente. La Ley de Vivienda de 2023 y las zonas tensionadas ya situaron a la Generalitat en el centro de la disputa entre control administrativo y ampliación de la oferta. Aquí, sin embargo, la palanca no es el precio del alquiler, sino la capacidad de decidir qué inmueble puede venderse. La plataforma sostiene que la cédula sustituible ampliaría la oferta; la Generalitat replica que cumple la norma.
La próxima cita es el 5 de noviembre en Barcelona. De allí saldrá o no un respaldo institucional y se medirá la fuerza real de una reclamación que, por ahora, se apoya más en la indignación de los afectados que en un censo verificado de viviendas bloqueadas.
