El Estado y la Generalitat dejan de ejecutar entre el 33% y el 23%, respectivamente, de sus presupuestos para infraestructuras cada año en Cataluña. Así lo estima Foment del Treball, la patronal de los grandes empresarios catalanes, en un estudio sobre el déficit presupuestario en Cataluña. No obstante, no es la comunidad autónoma con mayor falta de inversión en este sentido. En Madrid, según las propias declaraciones de Foment, el incumplimiento en la ejecución presupuestaria alcanza el 41%.
No se cumplen con las cifras y provocan distorsión en la opinión pública
«Los Presupuestos de las administraciones públicas no se cumplen», ha afirmado la patronal. «No se cumplen con las cifras y provocan distorsión en la opinión pública», ha aseverado.
Desde 2013 a 2020, las administraciones públicas han dejado de ejecutar un total de 35.000 millones de euros, de los que 7.000 millones corresponden únicamente a los dos últimos ejercicios, 2019 y 2020. Todas las cifras aportadas por Foment se basan en «estimaciones teóricas«.
LOS PRESUPUESTOS SE QUEDAN EN PAPEL MOJADO
De esta forma, anualmente, el grado de incumplimiento del Estado sumaría un déficit de 3.075 millones, mientras que la Generalitat arrastra 2.280 millones. Para Foment, se trata de una habitual falta de inversión, que se quedan en el papel mojado de los Presupuestos. Y es que, una cosa es el anuncio y otra muy distinta su ejecución.
Cataluña suele estar en el foco cada vez que se aprueban unas cuentas públicas del Estado. Anuncios de grandes inversiones, como el Corredor Mediterráneo u obras de ampliaciones y conexiones de autopistas y autovías, son el centro de atención en la inversión en infraestructuras, pero finalmente no llegan a término. Las denominadas «promesas incumplidas» y que ahora Foment se está encargando de fiscalizar junto a la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña.
Pero no sólo ocurre con la administración central. Casi exactamente en la misma situación se encuentra la Generalitat, que para criticar al Estado suele incrementar la inversión de infraestructuras -cuando logra aprobar las cuentas- pero tampoco llega a licitarlas.
FOMENT EXIGE UNA INVERSIÓN PÚBLICA ANUAL DE 5.000 M€
Para suplir esta falta de inversión, Foment ha pedido al Gobierno invertir anualmente el 2,2% del PIB, unos 5.000 millones de euros. Este nivel de inversión situaría a Cataluña a la misma altura que las doce primeras potencias europeas y poder aprovechar todas las oportunidades que ofrece la globalización. Para Foment, Cataluña tiene una «posición geográfica privilegiada, junto a un capital humano equiparable al de los países más desarrollados, junto a una estructura sectorial. Sin esta inversión, hay carencia de infraestructuras adecuadas y supone una limitación tanto al crecimiento como a la competitividad de la autonomía.
Además, ha hecho un repaso exhaustivo de grandes obras en Cataluña presupuestadas, partidas que se repiten en el tiempo año tras año, como la variante de Vallirana (N-340). Foment ha puesto como ejemplo de incumplimiento una obra que esta en servicio desde el 2019 y que fue paralizada por el estallido de la crisis de 2008. De hecho, las obras se paralizaron por completo entre 2011 y 2015, pero para la patronal era urgente.
FOMENT DA LA ALERTA POR LOS PRESUPUESTOS
En total, se han invertido 176 millones, pero la patronal rebaja la cifra a 167 al excluir el coste de las expropiaciones, las asistencias técnicas y vigilancia de las obras. La queja de Foment es que esta obra ha aparecido en los Presupuestos hasta en dieciséis ocasiones. En 2004 se estimó que su ejecución estaría prevista para 2007 con un coste de 60 millones.
Sánchez Llibre ha considerado la «necesidad de un sistema de colaboración público-privada» para poder llevar a cabo estas inversiones. Además, la patronal sondea la posibilidad de alcanzar «pactos de Estado» entre las diferentes formaciones políticas para llegar a ese 2,2% de inversión en Cataluña. «La competitividad y la mejora económica dependen en cierta manera de la inversión en infraestructura«, ha considerado.
Joaquim Llansó, presidente de la Cámara de Contratistas, ha asegurado que «no pedimos inversión en infraestructuras por pedirlo». «Siempre hemos defendido el cómo y cuándo se hacen las infraestructuras», ha sostenido. Así, ha dicho que las infraestructuras conllevan la creación de empleo y generan riqueza no sólo durante su construcción, sino «toda la vida útil» del proyecto. En este sentido, ha indicado que en los países anglosajones no se están licitando las obras, sino la preselección de una empresa para realizar los proyectos.
LAS PRINCIPALES VÍAS, LA PREOCUPACIÓN DEL EMPRESARIADO CATALÁN
La de Vallirana no es la única infraestructura que ha fiscalizado Foment. También se ha centrado en la conexión entre la A-2 y la AP-7 a la altura de Castellbisbal, abierta este año pasado. Es una infraestructura clave para la movilidad y la competitividad de los municipios beneficiados. El proyecto se presupuestó y aprobó en 2006. Las obras, sin embargo, se pararon en 2010, 2011, 2013 y 2016, según el informe de Foment.
El proyecto se modificó debido a los posibles cuellos de botella en los accesos y finalmente se replanteó para incrementar el número de carriles en las zonas de confluencia y bifurcación. La obra se inauguró al mismo tiempo que concluían los peajes en la AP-7. Según los Presupuestos, la obra ha tenido un coste total de 115 millones, un 30% más que los 88 millones. Asimismo, la primera vez que se presupuestó el montante alcanzaba los 36,65 millones. Todo cuando la obra se puso en servicio en 2014.
Lo mismo ocurre con el desdoblamiento de la N-II a su paso por Girona. La obra que iba para tan sólo un año y ocho meses ha durado siete años y medio, con un coste superior a los 27 millones de euros. También el desdoblamiento de la N-240 ha sido otro de los problemas que ha identificado Foment, que se ha presupuestado a lo largo de los años hasta su licitación final.
Las obras del nuevo acceso por carretera al Puerto de Barcelona también se han fiscalizado. Según las cifras de Foment, se licitaron un total de 143 millones, para adjudicar finalmente 97, en 2014. Las obras aún continúan y se espera que finalicen el julio de 2022. La primera partida incluida en las cuentas del Estado para esta infraestructura fue de 69,79 millones.
LOS FONDOS EUROPEOS Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Con todo, la patronal ha insistido que numerosos proyectos dependen ahora de los fondos europeos y ha reclamado una mayor colaboración con las entidades privadas para poder ejecutarlos. Llansó, como ya hiciera la pasada semana, ha destacado que España debería estar a la altura del resto de países de Europa.
Asimismo, la propia patronal ha admitido que los proyectos no son «inmóviles«, sino que son obras «vivas». «Debemos ir todos a una, no es un enfrentamiento del constructor contra la Administración», ha destacado.
