La Unión Europea ha aprobado una modificación del reglamento del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) que permitirá una «mejor y más rápida» utilización de sus recursos, con el objetivo de hacer frente a las consecuencias socioeconómicas que la situación generada por el Covid-19 está teniendo en el sector de la pesca y la acuicultura.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado la agilidad y rapidez de las instituciones comunitarias para adoptar estas decisiones, que tienen en cuenta las medidas solicitadas por España.

Así, Planas ha resaltado que, desde el primer momento, España ha trabajado «intensamente» con la Comisión Europea, Consejo y Parlamento Europeo para facilitar la adopción de estas medidas, que tendrán efectos «muy beneficiosos» para el sector pesquero español.

Durante las negociaciones se han conseguido incorporar las medidas propuestas por España, como la inclusión de los mariscadores como posibles beneficiarios de las ayudas por paradas temporales provocadas por el Covid-19.

También se han recogido compensaciones por las pérdidas económicas que esta situación genere en las Canarias, en su condición de región ultraperiférica, así como modificaciones del reglamento dirigidas a apoyar específicamente el sector de la acuicultura.

El ministro ha destacado que estos cambios en el FEMP son «clave» para el mantenimiento del sector pesquero y acuícola, una actividad económica fundamental de la que dependen muchas familias de los pueblos costeros.

Entre las principales medidas aprobadas destacan ayudas a las paradas temporales provocadas por el Covid-19. De estas subvenciones se podrán beneficiar tanto la flota como los tripulantes y pescadores a pie, estos últimos a propuesta de España, ya que incluye a los mariscadores.

Los requisitos de acceso a esta ayuda son los mismos que están actualmente en vigor, flexibilizándose el acceso a la parada para buques, tripulantes y pescadores a pie cuyo tiempo de registro o embarque es inferior a dos años.

Asimismo, en el sector de la acuicultura se permite la compensación económica por las pérdidas originadas, ya sea por la suspensión temporal de la actividad, por la reducción de la producción y ventas o por los costes adicionales provocados por el almacenamiento de stocks en las empresas productoras.

APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

Igualmente, se incrementa la intensidad del apoyo a las Organizaciones de Productores, hasta un máximo de un 12% de la media anual del valor de la producción de los tres años anteriores, al tiempo que se reintroducen las ayudas al almacenamiento, como medida de apoyo a los mercados.

En el caso específico de Canarias, en su condición de región ultra-periférica, en respuesta a la petición de España se permitirá que se puedan compensar las pérdidas económicas que se produzcan como consecuencia del Covid-19.

Estas ayudas se enmarcarán dentro del Plan de Compensación de Canarias y establece un procedimiento simplificado de 15 días para la modificación rápida de los Planes de Compensación de los Estados Miembros.

Planas ha resaltado que con el conjunto de estas medidas se aportan soluciones a los distintos segmentos de la actividad pesquera y acuícola, a las que se proporciona una red de seguridad, tanto a su estructura productiva como a los mercados, afectados por la actual situación.

«El objetivo final es lograr que, una vez finalizada esta crisis, se pueda reanudar con normalidad la actividad pesquera y acuícola, sector estratégico en el ámbito nacional y comunitario», ha señalado.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha adoptado medidas extraordinarias en el ámbito de la formación profesional para el empleo ante la crisis sanitaria originada por la pandemia del coronavirus.

La resolución amplía los destinatarios de la formación y establece que podrán participar «en cualquier programa de formación» los colectivos más afectados por la situación de emergencia sanitaria: trabajadores despedidos por un ERE, trabajadores con contratos suspendidos por un ERTE, trabajadores autónomos y trabajadores de la economía social.

Asimismo, regula las variaciones de la impartición en modalidad presencial derivadas de la declaración del estado de alarma, con el uso del «aula virtual»; amplía el tipo de entidades que pueden impartir este tipo de formación y eleva hasta un máximo del 40% el porcentaje de participación de desempleados en los programas de formación.

En dicha resolución, en vigor desde mañana, Trabajo reconoce que la suspensión de la actividad educativa por la emergencia sanitaria ha tenido un «enorme impacto» en el sistema de formación profesional para el empleo, que se ha visto «gravemente afectado», ya que el estado de alarma no permite, con carácter general, continuar ejecutando la formación presencial tal y como estaba regulada esta modalidad.

Ello, explica, afecta a un importante número de acciones formativas financiadas con cargo a este sistema. Las previsiones en cuanto a la ejecución de acciones formativas financiadas al amparo del sistema de formación profesional para el empleo eran de casi un millón de participantes en las convocatorias de subvenciones actualmente en ejecución. En cuanto a la formación programada por las empresas, estaba previsto que participaran más de 360.000 empresas y cinco millones de trabajadores.

Por estas razones, Trabajo ha considerado preciso flexibilizar las condiciones en que ha de ejecutarse temporalmente la formación profesional para el empleo, todo ello con el objetivo de que la empleabilidad de los trabajadores y la competitividad de las empresas pueda seguir reforzándose y de mantener el mayor número posible de puestos de trabajo.

Dadas las características especiales de las acciones formativas que se imparten en el ámbito de la formación profesional para el empleo, el Gobierno establece en esta resolución que su vigencia no se circunscriba al ámbito temporal en que esté en vigor el estado de alarma, sino que se extienda durante todo el periodo de ejecución de las actividades formativas afectadas.

De este modo, los plazos correspondientes a las convocatorias formativas se amplían seis meses a contar desde la finalización del estado de alarma.

Este nuevo plazo afectará concretamente a la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2018, de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal dirigidos a la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital; a los planes de formación de ámbito estatal dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, y a la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.

Según esta resolución, la actividad formativa asociada a los permisos individuales de formación que se hubiera suspendido por la declaración del estado de alarma podrá reanudarse una vez cesada la vigencia del mismo. No obstante, se admitirán los cambios necesarios en las condiciones de concesión de los permisos solicitados por los trabajadores a sus empresas para posibilitar al trabajador continuar el disfrute del permiso en el caso de que las entidades en las que se impartan las acciones formativas hayan establecido medidas para la continuación de la actividad.

SE ABRE EL ABANICO DE ENTIDADES QUE PODRÁN DAR FORMACIÓN

De acuerdo con esta resolución, podrán actuar como entidades de formación, siempre que se inscriban en el correspondiente registro mediante declaración responsable, junto a las demás entidades formativas inscritas o que se inscriban, los centros integrados públicos de formación profesional; los centros de Referencia Nacional; los centros públicos del Sistema Nacional de Empleo, los centros públicos de formación de adultos, las universidades públicas y privadas, y las Cámaras de Comercio.

Las empresas podrán organizar la formación e impartir acciones formativas, cuando estén inscritas para ello, a trabajadores que presten servicios en otras empresas y siempre que éstas les encomienden la formación de sus trabajadores y cumplan los requisitos legalmente exigidos para ser beneficiarias del crédito de formación.

Además se permitirá que participen en las acciones formativas programadas por las empresas los trabajadores que hayan visto suspendidos sus contratos por un ERTE durante el periodo de suspensión, con independencia de que la suspensión haya sido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.

La impartición de las acciones o grupos formativos que se hubiera suspendido por el estado de alarma podrá reanudarse una vez termine la vigencia del mismo. A tal efecto, las empresas beneficiarias del crédito de formación, así como las entidades beneficiarias de las subvenciones, deberán comunicar en el plazo máximo de dos meses desde la finalización del estado de alarma las nuevas fechas, calendario y horario de impartición de las acciones formativas suspendidas, debiendo completarse el total de las horas de la acción formativa comunicada.

Se podrá cambiar a la modalidad de teleformación la impartición de las acciones o grupos formativos no iniciados pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta resolución, que se inicien durante el estado de alarma o una vez finalizado el mismo, cuya modalidad fuera presencial, así como la parte presencial de la modalidad mixta, manteniéndose el coste del módulo de la modalidad inicial de la acción formativa.

Las empresas beneficiarias del crédito de formación en la formación programada por las empresas, así como las entidades beneficiarias de las subvenciones en la oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas, deberán mantener, al menos, la plantilla media de los últimos 6 meses anteriores a la declaración del estado de alarma, durante el periodo de ejecución de las acciones formativas sobre las cuales se hayan aplicado las medidas de cambio de modalidad formativa a teleformación o realización de la parte de modalidad presencial mediante aula virtual.

No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora; en el caso de contratos temporales, incluidos los formativos, cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto, y en el caso concreto de los fijos discontinuos, cuando finalice o se interrumpa el periodo estacional de actividad.

El turismo, el comercio al por menor no alimentario, la automoción y componentes, el textil y confección, los bienes de consumo duradero y las actividades de ocio y culturales son los seis sectores en los que la crisis generada por la pandemia del virus Covid-19 tendrá un mayor impacto en el corto plazo.

Esa es una de las conclusiones del informe elaborado por el equipo de análisis del Observatorio Sectorial DBK de Informa, filial de CESCE, sobre el impacto del coronavirus en la economía española, tras analizar más de 500 actividades de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), agrupadas en 31 sectores y segmentadas en tres grupos, fuerte, significativo y moderado, según el impacto que están sufriendo.

En el estudio, Informa advierte de cómo la cancelación de reservas, viajes y el parón de los desplazamientos, suspendiéndose la actividad prevista en Semana Santa, han penalizado toda actividad relacionada con el turismo, un sector que representa más del 12% del PIB español.

También afectan el cierre de los establecimientos a los proveedores del comercio al por menor no alimentario, los bienes de consumo duradero como muebles, electrodomésticos, electrónica, textil o calzado, y el automóvil, que acusará el déficit de materias primas exteriores y la parada temporal de las plantas productivas.

AMENAZAS TAMBIÉN EN CONSTRUCCIÓN, FINANZAS Y ENERGÍA

Impacto significativo, aunque menor que en los anteriores, registrarán sectores como los de la construcción y materiales, actividades inmobiliarias, servicios a empresas, finanzas, seguros, energía, transportes, química industrial, metalurgia y productos metálicos, productos eléctricos y electrónicos, maquinaria y equipos, edición y medios, educación, bebidas, industrias extractivas, otros sectores manufactureros y mayoristas.

El sector de la construcción merece especial mención porque a principios de 2020 ya mostró signos de debilitamiento de la actividad, con descensos, por ejemplo, en el consumo de cemento y en las transacciones de viviendas, tendencias que se agudizarán en el segundo trimestre del año.

En este grupo también están el sector financiero, que se enfrentará a un aumento de las tasas de morosidad, y el de la energía, que acusará el efecto del desplome de los precios del petróleo.

IMPACTO MODERADO EN ALIMENTACIÓN, ‘TELECOS’ Y COMERCIO ‘ONLINE’

Según este informe, sólo registrarán impacto moderado por esta crisis la industria y distribución de productos alimentarios y tabaco, farmacia y salud, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, telecomunicaciones, servicios urbanos y gestión de residuos, envases, actividades de alquiler, otros productos de consumo y comercio electrónico

Precisamente este último, el comercio ‘online’, impulsará al sector de los envases de cartón por el aumento en la demanda de pedidos a domicilio.

Farmacia-salud y telecomunicaciones amortiguarán sus efectos negativos por el consumo creciente de productos sanitarios y por el aumento del tráfico de datos derivado de las medidas de confinamiento y del teletrabajo.

Los gestores administrativos han asegurado que la «tardía» resolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) llevará a muchas pymes a la quiebra, al tiempo que han reprochado a las administraciones implicadas la falta de respuesta a un número elevado de solicitantes.

En concreto, el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, ha afirmado que están empezando a recibir, con fecha de hace varios días, denegaciones de ERTEs justificadas en que los negocios representados no estaban obligados a cerrar.

Según ha explicado, estas negativas llegan sin tiempo para reaccionar y poder presentar un nuevo ERTE por causas económicas con el tiempo suficiente para que no suponga la quiebra de las empresas afectadas.

«Si se hubieran notificado a tiempo, las empresas podrían haber reaccionado antes, hubieran presentado un ERTE por causas económicas y los trabajadores hubieran cobrado su prestación de marzo y abril por parte del Estado. Ahora, el empresario que no tiene liquidez, que no tiene ingresos, debe afrontar el pago de unas cantidades para las que no tiene fondos porque los préstamos del tampoco ICO llegan a tiempo o no le son concedidos», ha explicado Santiago.

Según señala el presidente de los Gestores Administrativos, también presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, la Comunidad de Madrid solo ha contestado hasta ahora al 29% de los ERTEs que se han presentado por gestores administrativos y el 2% del total han sido denegados.

En numerosos casos, según ha señalado, el rechazo a estos ERTEs ha sido justificado porque los negocios entraban en la categoría de esenciales, sin considerar que, a consecuencia del virus, los ingresos han caído de «manera estrepitosa».

Las resoluciones, según señala, llegan tras haber transcurrido los plazos establecidos, aunque la fecha de la resolución sí se encuentra dentro de dichos plazos.

Según los gestores, en Tenerife se han contestado de forma expresa un 8,7% de los ERTEs presentados, todos de forma positiva, mientras que en Málaga el porcentaje de respuesta expresa se eleva al 57% y apenas un 0,7% denegados.

En Cantabria se han resuelto de forma expresa el 11,6%, con un 0,4 % de denegaciones expresas, al tiempo que en Baleares se ha contestado de forma expresa al 26,6% de los tramitados, con un 4% del total presentados denegados. En todos los casos, son ERTEs presentados por gestores administrativos.

El Gobierno ha ampliado de manera extraordinaria, por la situación de emergencia sanitaria, el plazo para que las comunidades autónomas justifiquen los gastos de los fondos que les concedieron el Estado y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el ejercicio 2019 para políticas activas de empleo, incluyendo el plan de choque por el Empleo Joven, el Plan Reincorpora-T y las ayudas destinadas a mantener los Centros Especiales de Empleo.

Así figura en una resolución del Ministerio de Trabajo y Economía Social, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en vigor desde mañana, en el que se explica que el plazo para justificar estos gastos, que finalizaba el 31 de marzo de este año, «resulta insuficiente para la adecuada justificación» de los fondos distribuidos por el SEPE, máxime cuando esta justificación es un requisito necesario para poder proceder al libramiento de los fondos correspondientes a 2020.

Por este motivo, el Gobierno amplía de forma extraordinaria por un tiempo equivalente al del periodo de vigencia del estado de alarma más un periodo adicional de un mes, el plazo de justificación de los fondos librados por el SEPE a las comunidades autónomas en el ejercicio económico 2019 para la gestión de subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos de dicho organismo.

El Ministerio explica en su resolución que el plazo establecido inicialmente para que las comunidades autónomas remitieran la información relativa a la totalidad de los compromisos de créditos, de las obligaciones reconocidas y de los pagos realizados, relativos a las subvenciones financiadas con cargo a los Presupuestos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del SEPE de 2019, habría vencido durante la vigencia del estado de alarma.

Este plazo (hasta el 31 de marzo de este año) ha de considerarse suspendido, prosigue el Ministerio, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto de 17 de marzo.

El producto interior bruto (PIB) de China registró en el primer trimestre de 2020 una contracción del 6,8% en términos interanuales como consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19 y de las medidas de contención implementada, lo que representa la primera caída de la actividad del gigante asiático de toda la serie histórica, que se remonta a 1992, aunque la última caída del PIB reconocida por las autoridades chinas data de 1976, según ha informado este viernes la Oficina Nacional de Estadística de China (ONE).

Según las estimaciones preliminares de la oficina estadística china, en el primer trimestre el sector primario registró una contracción interanual del 3,2%, mientras que la caída del sector industrial fue del 9,6% y del 5,2% en el sector terciario .

En el cuarto trimestre de 2019, la economía del gigante asiático había registrado un crecimiento anual del 6%, cerrando el conjunto de 2019 con una expansión del 6,1%, entonces la más débil desde 1990.

En datos trimestrales, la economía de China registró entre enero y marzo de 2020 una contracción del 9,8%, después de hacer crecido un 1,5% en el cuarto trimestre de 2019, un 1,3% en el tercer trimestre del año pasado, un 1,5% en el segundo y un 1,6% en el primer trimestre de 2019, según precisó la oficina estadística china.

Durante los tres primeros meses de 2020, la inversión en activos fijos experimentó una caída anual del 16,1%, moderando parcialmente el desplome del 24,5% observado entre los meses de enero y febrero, después de que a partir del pasado mes de marzo las autoridades chinas empezasen a levantar las restricciones impuestas para controlar la pandemia.

Asimismo, las ventas del comercio minorista en el primer trimestre registraron un descenso interanual del 19%, después de que en el mes de marzo la caída se moderase al 15,8% desde el desplome del 20,5% correspondiente a los dos primeros meses de 2020.

Los datos de marzo ofrecen signos más amplios de que la economía de China ha pasado lo peor, pero la recuperación probablemente seguirá siendo decepcionante», han indicado los analistas de Capital Economics Julian Evans-Pritchard y Martin Rasmussen, señalando el impacto sobre la demanda doméstica del incremento del desempleo en China, así como del freno a la recuperación del país que representa la caída de la demanda internacional por la pandemia, lastrando las exportaciones del gigante asiático.

«Aunque sospechamos que la caída en la producción fue aún más profunda de lo que afirman los funcionarios. Los datos mensuales sugieren que la actividad mejoró en marzo, pero se mantuvo débil incluso cuando los esfuerzos para contener Covid-19 se relajaron», añaden.

Por su parte, desde la consultora Oxford Economics han expresado su confianza en que la recuperación continuará en el segundo trimestre de 2020, aunque coinciden en señalar el lastre procedente de la demanda doméstica y de las exportaciones, por lo que anticipan que el crecimiento anualizado chino no se situará «en torno al 4% antes del segundo semestre».

«A pesar de que prevemos un fuerte crecimiento en 2021 y podríamos revisar ligeramente al alza nuestros pronósticos para 2020 tras los datos de hoy, seguimos esperando un crecimiento escaso de la economía este año. No anticipamos grandes estímulos, algo que continúa siendo impopular en Pekín. En su lugar, pensamos que los líderes políticos aceptarán un ritmo de crecimiento más bajo este año, dados los pronósticos positivos para 2021», añaden.