«Las ocho horas salieron de un buzón de sugerencias. Las vacaciones pagadas, de una cesta de Navidad. Y el alquiler te lo van a bajar por buena inquilina». Con esta ironía, el Sindicato de Inquilinas llama a participar en la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, una jornada que pretende situar la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo en el centro de las reivindicaciones sociales.
La convocatoria llega en medio de las denuncias por la escasa atención mediática que está recibiendo la movilización. Frente a ese silencio, las organizaciones impulsoras defienden que es el momento de «cambiar las reglas del juego» y acabar con un modelo de vivienda basado en la especulación para construir otro sustentado en derechos. El llamamiento no se limita a los alquileres: plantea una agenda que conecta la crisis residencial con los salarios, las pensiones, los servicios públicos y el coste de la vida.
La historia española ofrece ejemplos de lo que puede conseguir la movilización colectiva. En 1919, la huelga de La Canadiense contribuyó a conquistar la jornada laboral de ocho horas; en 1931, unas 100.000 familias participaron en la huelga de alquileres de Barcelona para exigir rebajas de las rentas y frenar los desahucios. Décadas después, la huelga general del 14 de diciembre de 1988 obligó al Gobierno de Felipe González a retirar el Plan de Empleo Juvenil, mientras que la movilización de 2002 forzó al Ejecutivo de José María Aznar a dar marcha atrás en buena parte de su reforma del desempleo.
Reivindicaciones
El movimiento plantea seis grandes bloques de reivindicaciones. El primero reclama que las casas sirvan para vivir y no para especular. Para ello, exige recuperar las viviendas vacías para el alquiler, eliminar los pisos turísticos y prohibir las compras especulativas. El segundo propone construir un gran parque público de vivienda en alquiler, con el objetivo de alcanzar un millón de inmuebles mediante un impuesto a la riqueza. También reclama la expropiación de viviendas en manos de fondos buitre y bancos, así como la creación de constructoras públicas para evitar que los recursos destinados a vivienda terminen convertidos en un negocio privado.
La tercera exigencia se centra en la seguridad residencial: contratos de alquiler indefinidos, prohibición de los desahucios y desmantelamiento de las empresas de desokupación. A ello se suma una reducción del 50% de los alquileres y la vinculación de sus precios a los ingresos de los hogares. La plataforma amplía, además, sus demandas al conjunto del coste de la vida, con medidas para acabar con los abusos bancarios en las hipotecas y establecer controles sobre los precios de la cesta de la compra, la energía y el transporte.
Otra de las novedades del planteamiento es la reclamación de derechos sindicales en el ámbito de la vivienda. El movimiento defiende que los inquilinos puedan negociar colectivamente y organizar huelgas de alquiler, de manera similar a los trabajadores en sus centros laborales. También pide derogar la Ley Mordaza para que quienes tratan de paralizar desahucios no reciban multas y reclama combatir el racismo estructural e inmobiliario.
La convocatoria no se limita, sin embargo, al mercado residencial. El sexto bloque conecta la lucha por la vivienda con las condiciones laborales y el deterioro del poder adquisitivo. Exige subidas de salarios y pensiones, reducción de la jornada laboral sin disminución salarial, refuerzo de los servicios públicos y garantía de acceso a los suministros básicos. La idea es que la crisis de vivienda no puede separarse de la precariedad laboral, el encarecimiento de la vida o las dificultades para acceder a servicios esenciales.
La movilización se enmarca en una trayectoria de organización social que cobró especial fuerza tras la crisis económica de 2008, cuando los desahucios y el sobreendeudamiento hipotecario impulsaron plataformas de afectados y nuevas formas de protesta por el derecho a la vivienda. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) convirtió la paralización de los desahucios y la denuncia de los abusos hipotecarios en algunas de sus principales banderas. Con el paso de los años, el encarecimiento de los alquileres, la expansión de los pisos turísticos y las dificultades para acceder a una vivienda han ampliado el conflicto hacia los inquilinos y los barrios.
