El cambio del sistema de seguridad LZB al ERTMS en la ruta que conecta Madrid y Andalucía ha sido un dolor de cabeza para Adif mucho antes de los accidentes en Adamuz y Urda. Y es que los pliegos del contrato para realizar el proyecto —adjudicado a Thales Group en 2021 a pesar de que su oferta fue considerada temeraria— abrieron la polémica. Ya antes de esta decisión, la empresa pública tuvo que parar el proceso por un recurso presentado por Siemens ante la Audiencia Nacional en el que avisaba de que, tal como estaba diseñado el contrato, Thales era la única empresa que podía resultar elegida en el concurso.
Como explica la resolución de la Audiencia Nacional, Siemens sostuvo que las condiciones fijadas en los pliegos (en particular la exigencia de mantener el sistema LZB operativo mediante una interfaz serie con los nuevos enclavamientos) rompen el principio de igualdad entre licitadores. Argumentaba también que Thales es el tecnólogo de la línea y el propietario del protocolo de comunicación del LZB, lo que le otorga el poder discrecional de decidir a quién concede licencias de uso y a qué precio.
Por su parte, Siemens señalaba también que la única vía para garantizar la seguridad durante la transición era la exigencia de una interfaz serie entre el LZB y los nuevos enclavamientos. Denunció que este modelo condicionaba la seguridad a un protocolo de comunicación propiedad exclusiva de Thales, lo que en la práctica forzaba a los licitadores a depender del tecnólogo originario.

Consideraba que exigir la coexistencia del sistema LZB hasta el final de las obras era una exigencia innecesaria que solo beneficiaba a Thales, cuando dicho sistema se podría ir retirando progresivamente a medida que se implantara el ERTMS. El recurso de la empresa alemana fue interpuesto a mediados de noviembre de 2020, con la resolución que lo desestimó publicada por la Audiencia Nacional el 26 de marzo de 2021.
Adif consideró clave mantener ambos sistemas
Por su parte, en el Informe sobre las precisiones presentadas por las empresas con las ofertas incursas en presunción de temeridad o anormalidad, consultado por Merca2, Adif justificaba su decisión de contar con Thales España GRP precisamente en que ya conocían la línea y podían aplicar el protocolo de seguridad necesario.
«!– /wp:paragraph –>
De hecho, incluso en este documento, Adif señala que uno de los motivos para contar con Thales para este proceso era que sería más seguro operar con ellos. En el texto se insiste también en que la empresa lleva ya varios años realizando servicios y modificaciones en esta ruta, lo que les daba otra ventaja competitiva. Pero los argumentos no se quedan allí.
Según la resolución de la Audiencia Nacional, en el pliego original se defendía la necesidad de que el sistema LZB siguiera operando durante toda la instalación del nuevo sistema. «Se ha justificado por el órgano de contratación en su informe la razón de ese mantenimiento de la funcionalidad LZB durante todo el contrato de modo razonado y lógico: “la experiencia que ha demostrado la dificultad en conseguir por parte de los suministradores soluciones ERTMS maduras y consolidadas, totalmente interoperables y compatibles con los equipos embarcados, incluso siendo el equipamiento de tierra y a bordo perteneciente al mismo suministrador”».
La liberalización, para justificar mantener el diseño del pliego
Por otro lado, de forma llamativa, uno de los argumentos presentados por Adif frente a la Audiencia Nacional defendía la conveniencia de mantener ambos sistemas de seguridad. «La versatilidad que se proporciona a las empresas ferroviarias para operar en la línea, al coexistir dos sistemas de seguridad alternativos disponibles para circular. Dicha versatilidad está prevista mantenerla al menos hasta 2032, de acuerdo con las fechas establecidas en el “Plan de Implementación Nacional del sistema ERTMS” de 2017, del Gobierno de España. Dicho documento recoge igualmente que las medidas de mercado abierto están garantizadas en los sistemas de clase B en España dado el cumplimiento de las especificaciones europeas al respecto», se explica en el documento de la Audiencia Nacional.

«Este asunto adquiere especial importancia como consecuencia del proceso de liberalización del transporte ferroviario de viajeros, que dará comienzo en el presente horario de servicio y en el que tres empresas ferroviarias operarán la capacidad marco ofertada por el Administrador de Infraestructuras en julio de 2019 en tres ejes de AV, entre los que se incluye el eje sur de alta velocidad. En dicho proceso las empresas ferroviarias contaban con la premisa de que, durante el periodo de duración del acuerdo, marco a suscribir con el administrador operarían dicho eje en las condiciones actuales, por lo que la supresión de este sistema de seguridad podría suponer una alteración en las condiciones del mismo, en virtud de las cuales las empresas desarrollaron los planes de negocio con los que resultaron finalmente adjudicatarios de la capacidad marco», sentenciaba la empresa pública.
La oferta más barata a pesar de usar fondos europeos
Aunque no se encuentra en el recurso presentado por Siemens, otra de las críticas que ha recibido el contrato en los días posteriores al accidente de Urda es que la oferta reducía demasiado los costes, a pesar de que se pagaba en su totalidad con los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Aun así, la empresa pública apostó por la oferta que reducía un 28,45% el precio del presupuesto original, alegando que se justificaba lo suficiente y que había motivos para confiar en la adjudicataria. «En base al análisis realizado, se considera que la justificación aportada por el licitador está debidamente motivada, puesto que los argumentos esgrimidos evidencian la justificación de los ahorros producidos desglosados para la obtención de cada una de dichas cifras de ahorro», sentencia la empresa pública.
«De acuerdo con lo expuesto anteriormente, realizado en base a la información y justificaciones presentadas por el licitador se concluye que la oferta presentada por Thales España GRP SA sí justifica suficientemente lo bajo de su importe, por lo que no se encuentra en situación de temeridad y continúa en el proceso de licitación», completa.




