Los trabajadores de la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo) y de empresas auxiliares se han congregado este domingo, en un «encuentro familiar», en la Playa de Las Catedrales para seguir reclamando soluciones que eviten el cierre de las instalaciones y el despido de 534 personas.

Los trabajadores y sus familias acudieron a las 12.00 horas al turístico arenal, situado en A Mariña, con pancartas rechazando el cierre. Además, escribieron mensajes sobre la arena pidiendo una intervención de la planta por parte del Gobierno.

La multinacional estadounidense Alcoa ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 534 trabajadores cuyo periodo formal de consultas se alargará hasta el 4 de agosto. El mes establecido para estas negociaciones terminaba el 24 de julio, pero se llegó a un acuerdo el jueves para tratar de ganar tiempo.

La empresa insistió entonces en que está dispuesta a «estudiar cualquier alternativa» para el futuro de la planta, pero vinculó una posible venta a la hibernación de las cubas porque «un proceso de este tipo requiere tiempo para ejecutarse y su éxito es incierto».

Mañana lunes se vuelve a reunir la mesa multilateral de Alcoa, en la que estarán presentes también representantes de las auxiliares. Al encuentro, el comité de empresa vuelve a llevar la petición de que no se paralicen las cubas.

El Banco Central Europeo (BCE) dará a conocer este martes los resultados de las pruebas a las que ha sometido a los bancos de la eurozona para evaluar la vulnerabilidad bancaria ante el impacto de la pandemia de coronavirus y que reemplazan este año a los habituales test de estrés del sector, tras lo que la institución decidirá si extiende hasta 2021 su recomendación de no repartir dividendos.

Según indicaron desde el BCE, los resultados serán publicados de manera agregada «a nivel de la zona euro», por lo que la institución no ofrecerá datos individuales de la evaluación ni tampoco por países, evitando así que puedan establecerse comparaciones entre los distintos sistemas bancarios de la eurozona.

El ejercicio, realizado sin sobrecargar a las instituciones con solicitudes de datos adicionales, tiene como objetivo evaluar cómo afrontarían los bancos un entorno bajo las nuevas proyecciones macroeconómicas del BCE, anunciadas el pasado 4 de junio y que incorporan distintos escenarios para el horizonte 2020-2022 en función de la evolución de la pandemia.

En su escenario central, con una gradual recuperación de la actividad a partir del tercer trimestre a medida que se levantan las restricciones, a pesar de algunos rebrotes de las infecciones en los próximos trimestres, el BCE prevé que el PIB de la zona euro caerá en 2020 un 8,7%, cuando el pasado mes de marzo anticipaba un crecimiento del 0,8%, mientras que en 2021 rebotará un 5,2% y un 3,3% un año después.

Sin embargo, la economía de la zona euro podría llegar a sufrir un desplome de hasta el 12,6% en 2020, con apenas una recuperación del 3,3% del crecimiento en 2021 y del 3,8% en 2022, según el peor de los escenarios planteados por el BCE, que incluye el impacto de una hipotética segunda oleada de contagios de Covid-19 que obligase a reinstaurar algunas medidas de confinamiento en la región.

Por contra, en el caso de que la gradual reapertura económica venga acompañada de una exitosa contención del virus que evite un repunte futuro de las infecciones, el mejor de los escenarios planteados por el BCE, la caída del PIB estimada para este año se limitaría al 5,9%, con un rebote del 5,8% en 2021, que continuaría en 2022, con un crecimiento del 2,2%.

Por otro lado, el BCE aún tiene que anunciar si permite al sector repartir dividendos a partir del próximo mes de octubre o sigue la recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), presidida por Christine Lagarde, presidenta también del BCE, que el pasado mes de junio planteó extender hasta el próximo año las restricciones a la capacidad de la banca europea para repartir dividendos o llevar a cabo recompras de acciones.

El pasado mes de marzo, el BCE instó a los bancos a que no abonen ningún dividendo a sus accionistas hasta al menos el próximo mes de octubre, ya sean estos a cuenta de 2019 o de 2020, debido al impacto del coronavirus Covid-19, con el fin de elevar la capacidad de las entidades de absorber pérdidas y apoyar los préstamos a hogares, pequeñas empresas y compañías durante la pandemia.

La Comisión de Hacienda del Congreso ratificará este jueves las ponencias y previsiblemente aprobará con competencia legislativa los proyectos de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (‘tasa Google’) y del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (‘tasa Tobin’), después de haberse incluido esta semana una enmienda conjunta del PSOE y Unidas podemos para dejar fuera de la ‘tasa Tobin’ a las operaciones de autocartera.

De esta forma, los proyectos legislativos se abordarán así en un único debate en la Comisión de Hacienda, del jueves, tras la que serán enviados al Senado.

Sobre los cambios, los grupos que forman el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) introdujeron el pasado martes en la ponencia designada al efecto por la Comisión de Hacienda una exención a la iniciativa de la ‘tasa Tobin’ mediante una enmienda por la que se deja fuera del nuevo impuesto a las operaciones de autocartera, compras de acciones entre entidades de un mismo grupo, que se realicen dentro de un programa específico de recompra.

La iniciativa ya recogía entre sus exenciones las adquisiciones de acciones entre entidades que formen parte del mismo grupo, y en el texto de la enmienda introducida, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE y Unidas Podemos ahora eximen directamente del impuesto a todas las adquisiciones de acciones propias o de acciones de la sociedad dominante efectuadas por cualquier entidad que forme parte del grupo que se realicen dentro de un programa de recompra que tenga como único propósito aquellos especificados en el reglamento europeo sobre abuso de mercado.

Concretamente, según explican, la reducción del capital de un emisor; el cumplimiento de obligaciones inherentes a los instrumentos financieros de deuda convertibles en acciones; y el cumplimiento de obligaciones derivadas de los programas de opciones de acciones, o de otras asignaciones de acciones para empleados o miembros de los órganos de administración o supervisión del emisor de una empresa asociada.

El PSOE y Unidas Podemos justifican en su propia enmienda que estas operaciones «están sometidas a estrictos requisitos en materia de transparencia, divulgación pública y condiciones de negociación», ya que las empresas deben hacer públicos los detalles completos del programa antes de iniciar su negociación, notificando a la autoridad competente y después difundiéndolos en público.

Por otro lado, aseguran que estas operaciones de autocartera cuenta con un «régimen restrictivo» en su regulación española, de «vocación claramente garantista» y con supuestos tasados para poder recurrir a estas compras, un destino preferente a las mismas, límites cuantitativos y restricciones en los derechos que otorgan estas acciones, como el de voto, así como las correspondientes obligaciones de información.

Además de esta enmienda, ambas formaciones han incluido otra propuesta para modificar este proyecto de ley, con el fin de aclarar el sujeto pasivo de este impuesto cuando la compra de acciones no la realice una empresa de servicios de inversión o entidad financiera. Se especifica que cuando intervengan uno o más intermediarios financieros por cuenta del comprador, el sujeto pasivo será el intermediario que reciba la orden directamente por parte de este comprador, una condición ya recogida para circunstancias similares en los centros de negociación.

En concreto, en la ponencia para la ‘tasa Tobin’ se han incorporado dos enmiendas transaccionales aclaratorias pactadas con todos los grupos, así como otra del PSOE, según han indicado fuentes socialistas, por lo que este jueves se debatirá el texto, que podría ver incorporadas más enmiendas.

ENMIENDAS EN LA TASA DIGITAL: ELIMINAR EL CENSO DE LAS EMPRESAS

De su lado, el proyecto de ley de la ‘tasa Google’ fue analizado a mediados de mes en la Comisión de Hacienda, el PSOE y Unidas Podemos incorporaron sus dos enmiendas, pero no aceptaron incluir ninguna de la oposición, por lo que quedan ‘vivas’ para el debate final este jueves en la comisión.

En sus enmiendas, los grupos que sustentan al Gobierno habían propuesto eliminar el censo de las empresas a las que se les aplicará este nuevo impuesto, una de las obligaciones formales que recogía este proyecto de ley en el texto original que aprobó el Consejo de Ministros.

En concreto, argumentan que la Agencia Estatal de Administración Tributaria «no requiere de la creación de dicho registro para poder operar», por lo que quieren eximirla de ponerlo en marcha. A su juicio, es suficiente con que las entidades se den de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, especificando la correspondiente obligación de presentar el modelo.

La otra enmienda incorporada pasa por una modificación en la exposición de motivos de la ley, con el fin de aclarar que los servicios de transmisión de datos, cuyas empresas están afectadas por este impuesto, no son los que prestan las empresas transportadoras de señales de comunicación que figuran en la Ley General de Telecomunicaciones, y así evitar que las mismas estén gravadas por el impuesto.

EL PP VE UN «GRAVE ERROR» LA APROBACIÓN ANTICIPADA DE LOS IMPUESTOS

Así las cosas, ambas leyes quedan pendientes solo de un único debate en la comisión de este jueves, para su aprobación y posterior remisión al Senado.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y responsable económico del PP en la Cámara Baja, Mario Garcés, ha señalado que hay dos categorías de enmiendas a ambas leyes, aquellas que tienen por objeto la modificación técnica de los elementos que configuran los tributos y aquellas que tienen por objeto el aplazamiento de la entrada en vigor del tributo al momento en que se haya aprobado su armonización supranacional.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideran que una aprobación «anticipada» de los impuestos, más cuando «van a ser considerados en ciertos casos como recursos propios de la Unión Europea», representa un «grave error» dentro de la «deriva incrementalista» del PSOE en materia fiscal. Pérdida de competitividad de LAS empresas y posible deslocalización de servicios serían las consecuencias más visibles, según los ‘populares’, que trabajan con otros partidos para que «no se culmine el agravio».

Asimismo, desde ERC han señalado a Europa Press que tienen «dudas» sobre su apoyo a la ‘tasa Tobin’ después de que desde el PSOE no hayan aceptado ninguna de sus enmiendas, por lo que la votación se decidirá el mismo jueves en el debate.

El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales abordarán este martes de nuevo en una reunión la nueva propuesta del Gobierno sobre el anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia, con las aportaciones de las partes, tras haber sido trasladado el pasado lunes por el Ejecutivo a sindicatos y empresarios y en el que accede a desvincular el teletrabajo de la conciliación, según han informado a Europa Press en fuentes de la negociación.

El departamento de Yolanda Díaz presentó una nueva propuesta sobre la regulación del teletrabajo el pasado lunes tras las alegaciones realizadas por sindicatos y empresarios, y ese nuevo documento y las propuestas de las partes serán abordadas este martes en un nuevo encuentro del diálogo social.

En concreto, la nueva propuesta de Trabajo recoge algunos puntos que figuraban en las alegaciones sindicales y patronales realizadas tras la primera reunión el pasado 8 de julio, como la petición de que en el anteproyecto no se recogiese ningún aspecto que pudiese interpretarse como que el trabajo está dirigido para la mujer, así como la eliminación del documento de la expresión referida a la lactancia, según explicó el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, el secretario confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO, Carlos Gutiérrez, ha indicado que el diálogo social avanza «de forma razonable» y ha valorado que el Gobierno ha recogido planteamientos de patronal y sindicatos, por lo que, aunque faltan por cerrar «discrepancias», se muestra «optimista» sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

LOS PUNTOS PENDIENTES

Algunos de los puntos que faltan por concretar ahora es el derecho de los trabajadores al trabajo a distancia y su voluntariedad, así como evitar la interpretación del teletrabajo como conciliación, de forma que se regule esa forma de trabajo a distancia y a posteri las herramientas para conciliación dentro del mismo, ha precisado Pino.

A su vez, queda por concretar qué es el trabajo regular e irregular para dar seguridad jurídica, así como que la prioridad del teletrabajo se circunscriba a aquellos empleados que quieran acceder voluntariamente al mismo en igualdad de condiciones (en el anteproyecto se apuntaba a personas con atención de dependientes o con lactancia).

La intención del Gobierno es tener lista lo antes posible la norma para contar con la regulación del teletrabajo en el caso de que volviese a darse una situación similar a la de los últimos meses con la pandemia del Covid-19, con un trabajo a distancia «forzado» en vez de «voluntario».

Tanto UGT como CC.OO. reclaman que el teletrabajo tenga carácter voluntario; que las empresas pongan los medios necesarios para que sus empleados puedan trabajar desde sus casas y que se compense económicamente los gastos derivados del trabajo a las personas que teletrabajan, entre otros.

CEOE TILDÓ DE «DESEQUILIBRADO» EL TEXTO

Por su parte, CEOE tras la primera reunión tildó de «desequilibrado» el texto del anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia sometido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a información pública, considerando que tiene un enfoque «errático» y «apartado de la realidad» del tejido productivo español y de las necesidades de empresas y trabajadores.

La patronal criticó que se concibiese el texto al margen del diálogo social, reproche que también realizaron los sindicatos, y advirtió de que «lejos de fomentar con garantías la utilización de esta forma de organización del trabajo podría desincentivar su implantación en España y ralentizar su consolidación» ya que el enfoque no aporta la «confianza y la seguridad» precisa para generar inversiones y empleo.

Los empresarios abogan por incorporar «el vector de la sostenibilidad» en su espíritu y en su articulado, fomentando el protagonismo de la negociación colectiva para su mejor adaptación a las distintas realidades.

EL ANTEPROYECTO DEL GOBIERNO

Según el anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia que ha elaborado el Gobierno y que tiene como marco el acuerdo europeo sobre teletrabajo, los empleados que teletrabajen tendrán derecho al «horario flexible» y podrán «alterar» dicho horario respetando la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso, salvo en el caso de los tiempos de disponibilidad obligatoria o los límites que se hubieran acordado.

Además, el texto normativo fija que los costes que conlleve para el trabajador el desarrollo del trabajo a distancia deberán ser sufragados en su «totalidad» por la empresa.

La nueva ley define al trabajo a distancia como «aquel trabajo que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar libremente elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, de modo no ocasional»; y el teletrabajo como «aquel trabajo que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación».

El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y requerirá acuerdo de trabajo a distancia, si bien los contratos en prácticas y los contratos para la formación y el aprendizaje no admiten acuerdo de trabajo a distancia, sin perjuicio del desarrollo telemático, en su caso, de la formación teórica vinculada a estos últimos.

Asimismo, fija igualdad de trato y no discriminación, por lo que establece que las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial.

Además, señala que no sufrirán perjuicio en sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo y promoción profesional.

Respecto al horario, la norma recoge el «derecho al horario flexible» y establece que la persona que desarrolla trabajo a distancia podrá «alterar» el horario de prestación de servicios, aunque se podrá establecer un registro horario que refleje «fielmente» el tiempo que la persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria.

Deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada y de los tramos de actividad, el tiempo de activación y desactivación de los equipos o el tiempo dedicado a la preparación y realización de las tareas de cada una de las fases del ciclo de procesamiento y entrega.

El anteproyecto dedica un espacio relevante al tratamiento de los derechos de contenido económico, estableciendo que el desarrollo del trabajo a distancia «deberá ser sufragado en su totalidad por la empresa, y no podrá suponer, en ningún caso, la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos, directos o indirectos, relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral».

De esta forma, por medio de convenio colectivo o de acuerdo entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras podrá establecerse el mecanismo para la determinación de estos gastos, que podrá consistir en complementos específicos que, en todo caso, deberán garantizar la «completa compensación» de aquellos.

Igualmente, los trabajadores a distancia tendrán derecho a la dotación de «todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad», de conformidad, como mínimo, con el inventario incorporado en el acuerdo fijado en la ley.

La norma aborda el derecho a la desconexión digital de las personas que trabajan a distancia, particularmente en teletrabajo, y apela a la negociación colectiva o acuerdo de empresa con el objetivo es evitar el llamado ‘smart working’ (trabajo en cualquier momento y en cualquier lugar).

No obstante, el texto indica que el control de la actividad corresponderá a la empresa.

El Consejo de Ministros formalizará el próximo martes, 28 de julio, el acuerdo para poner en marcha la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 40.000 millones de euros para empresas, después de que la primera línea de 100.000 millones de euros se haya agotado y sigan existiendo necesidades de financiación.

Esta nueva línea de créditos estaría destinada no solo a financiar capital circulante, sino también a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

Tras el fin del estado de alarma y las consecuencias derivadas de las restricciones a la actividad y la movilidad impuestas, el Ejecutivo ha puesto en marcha una segunda fase de medidas económicas y sociales para impulsar la reactivación. Los requisitos específicos de este nuevo tramo, el porcentaje de cobertura o los subtramos se aprobarán el próximo martes.

Ante el elevado uso de la anterior línea de avales de 100.000 millones de euros, aprobada el pasado 17 de marzo y destinada a cubrir las necesidades de liquidez, y el «óptimo» funcionamiento del modelo de colaboración público-privado, el Ejecutivo tiene previsto replicar el modo de aprobación y gestión, con el fin de optimizar los recursos y la capilaridad de la llegada de los fondos al tejido productivo.

Hasta el pasado miércoles –últimos datos disponibles–, la línea de avales del ICO ya desbloqueada había movilizado 91.479 millones de euros en financiación, de los que pymes y autónomos han protagonizado el 97% de operaciones, con una movilización de más de 50.800 millones en avales y de más de 62.500 millones en acceso a liquidez para afrontar las necesidades diarias empresariales.

Por su parte, el resto de empresas han sido avaladas con 18.760 millones de euros y han sido financiadas con más de 27.900 millones de euros. Toda esta financiación ha llegado al tejido productivo a través de 734.163 operaciones tramitadas a través de las entidades financieras.

Estos avales los pueden solicitar hasta el 30 de septiembre de forma exclusiva las empresas afectadas por los efectos económicos del Covid-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.