El Gobierno ha constituido el Consejo Asesor de Asuntos Económicos, un órgano consultivo compuesto por 17 expertos españoles de reconocido prestigio en distintas disciplinas económicas que proporcionarán asesoramiento en materia de política económica, según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, departamento al que está adscrito en nuevo consejo.

Los expertos del Consejo proporcionarán asesoramiento en materia de política económica para la mejora de la productividad y el apoyo a la empresa y aportarán su conocimiento sobre la aplicación y efectividad de las mejores prácticas internacionales y ofrecerán una visión del análisis académico de cada materia.

La creación del Consejo de Asuntos Económicos se enmarca en el objetivo para los próximos años de alcanzar un crecimiento más inclusivo y sostenible, contando en el proceso de diseño de la política económica con el conocimiento y experiencia de expertos en los ámbitos académico y de investigación.

Asimismo, el Ministerio subraya que está en línea con las mejores prácticas puestas en marcha por otros países, que cuentan también con consejos o comités de expertos especializados en las distintas áreas económicas.

La primera reunión del Consejo Asesor se ha desarrollado de forma semipresencial en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ya que algunos de los expertos han participado de forma telemática.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, presidirá el Consejo Asesor, y la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ocupará la vicepresidencia, tal y como se recoge en la orden de creación publicada este miércoles en el BOE.

EXPERTOS DE RECONOCIDO PRESTIGIO

El Consejo Asesor está integrado actualmente por 17 expertos de reconocido prestigio, como la pofesora titular Universidad Complutense y directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Isabel Álvarez; la CEO de 40dB Samuel Bentolila, Profesor de Economía, Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Belén Barreiro; el subdirector de FEDEA y profesor titular de la Universidad Complutense, José Ignacio Conde Ruiz; la catedrática Universidad Carlos III, Natalia Fabra, y la economista jefe de Asia-Pacífico en Naxitis, profesora en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong e Investigadora senior en Bruegel, Alicia García Herrero.

También forman parte la catedrática de la Universidad Pompeu Fabra y directora de Barcelona Graduate School of Economics, María Teresa García Mila; el director general en Red2Red Consultores y profesor en la Universidad Camilo José Cela, José Moisés Martín; la catedrática en la Universidad de Valencia y directora de Proyectos Internacionales en el IVIE, Matilde Mas; el presidente AFI y catedrático emérito de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid, Emilio Ontiveros; y el profesor de Economía del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Diego Puga; el catedrático y director de Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Rafael Repullo; la directora de la Fundación Iseak, Sara de la Rica; el analista económico y técnico comercial y economista del Estado, José Juan Ruiz; el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador principal del Real Instituto Elcano y asesor especial del Alto Representante para la política exterior de la Unión Europea, Federico Steinberg.

Por último, también forman parte del Consejo Asesor el director de coyuntura y análisis internacional en Funcas, Raymond Torres, y el director de análisis económico y Renta fija global en Citadel LLC, Ángel Ubide.

LOS EXPERTOS NO COBRARÁN, SALVO GASTOS DE DESPLAZAMIENTO O MANUTENCIÓN

La norma de creación del Consejo establecen que los expertos «no perciben remuneración alguna por el ejercicio de sus funciones» y las medidas incluidas en las normas «no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal, salvo en cuanto a los gastos de desplazamiento o manutención se refiere que sean necesarios para el normal funcionamiento del consejo».

Además, los miembros del Consejo desarrollarán sus tareas con total autonomía y estarán sujetos a un deber de confidencialidad sobre el contenido de las reuniones». También se incorporarán a las reuniones del Consejo los altos cargos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que sean convocados en función de los asuntos a tratar.

En este sentido, el Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, que se constituyó ayer, martes, presenta la misma estructura y también estará presidido por Calviño, mientras que la vicepresidencia la ostentará la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.

Puertos del Estado ultima el diseño de su estrategia para los próximos diez años, su nuevo Marco Estratégico, con el que pretende garantizar el «óptimo posicionamiento de los puertos españoles en las redes de transporte y logística del futuro».

La estrategia surgirá del encuentro que los presidentes de todas las autoridades portuarias y de Puertos del Estado, Francisco Toledo, celebran en Santander este miércoles y jueves, con el que concluye el proceso de análisis y debate que se inició el pasado año.

Toledo aseguró que el nuevo Marco Estratégico constituye uno de los ejes esenciales de su presidencia y que su diseño está «en línea» con el objetivo del Ministerio de Transportes de fomentar «una movilidad segura, sostenible y conectada, con la que generar valor añadido y empleo».

Por ello, garantizó que documento que salga del encuentro de Santander «permitirá que los puertos españoles estén mejor preparados para los importantes cambios que se avecinan en los sectores del transporte y la logística».

DIAGNÓSTICO ANTE LA CRISIS.

La ‘Propuesta de contenidos básicos’ de la que debe surgir la nueva ‘hoja de ruta’ de la red de puertos públicos del país contempla 16 líneas estratégicas y 56 objetivos generales de gestión.

Entre los bloques de trabajo y debate que las analizarán se incluye, dentro del referido al aspecto económico y de financiación, un diagnóstico ante la actual crisis.

El resto giran en torno a aspectos como son las infraestructuras, la innovación, la digitalización, la dimensión ambiental, la seguridad la conexión entre puerto y ciudad, y el capital humano.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y se modifica el Real Decreto 139/2020 de 28 de enero, por el que se establece la estructura básica de los departamentos ministeriales, de forma que se crea la nueva Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial y el Ministerio de Consumo asume la regulación del juego.

En concreto, a través de la disposición del Ministerio de Política Territorial y Función Pública publicada en el BOE se desarrolla la nueva estructura orgánica del Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Se completa dicha estructura con la determinación de los órganos con nivel orgánico de subdirección general y se concretan sus respectivas competencias. También se establecen las adscripciones y dependencias de los organismos y entidades de su ámbito.

Asimismo, se procede a la modificación del Real Decreto 139/2020, al objeto de crear una nueva Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial, que se justifica en la necesidad de dotar de nueva estructura a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, desdoblando las funciones que tiene atribuidas.

Por otro lado, se ha producido una ajuste organizativo para adaptarse a la nueva distribución de las competencias asignadas por el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, tanto al Ministerio de Consumo, como al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que han pasado a ocuparse de las competencias en materia de regulación del juego, y clases pasivas, respectivamente.

La nueva estructura orgánica se desarrolla en el marco de un objetivo de eficiencia y contención de crecimiento orgánico, como pauta para el desarrollo organizativo de los departamentos ministeriales.

El Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de la Administración Central subió en 3,18 días en mayo respecto al mes anterior, hasta los 30,79 días, mientras que el plazo de pago de las comunidades autónomas se elevó en 0,76 días, hasta los 34,18 días, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Hacienda.

Asimismo, el plazo de pago a proveedores de las entidades locales se elevó en 9,8 días en el quinto mes del año, hasta los 92,50 días. No obstante, Hacienda matiza que en abril el 70% de las entidades presentaban pagos iguales o inferiores a 29,31 días, y que de las 148 entidades que han presentado información, 106 cumplen con el PMP, de forma que el 71,62% presentan en dicho mes un PMP igual o inferior a 30 días.

Hacienda explica que el dato de media del subsector de entidades locales está calculado conforme a la misma metodología establecida para cada corporación local a nivel individual, por lo que se ponderan los días en función del volumen de deuda de cada entidad, de manera que en el cálculo del PMP tienen más peso aquellas entidades con mayor endeudamiento con los proveedores.

Si no se utilizara este método, la media simple de los PMP individuales muestra un dato de 40,71 días, frente a los 92,50 días resultantes de aplicar la metodología como si el subsector fuera una sola entidad.

Por su parte, el PMP de los Fondos de la Seguridad Social se incrementó en 1,09 días, hasta los 11,07 días.

En el Estado la ratio de operaciones pagadas se situó en 26,17 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago alcanzó los 38,56 días.

A su vez, en las CC.AA. la ratio de operaciones pagadas fue de 29,44 días y la de operaciones pendientes de pago de 40,54 días, lo que supone un alza de 1,53 días y una disminución de 1,66 días, respectivamente, respecto al mes previo.

Por regiones, el PMP superó los 30 días en ocho regiones: Aragón (39,03 días), Islas Baleares (48,42), Cantabria (41,5), Castilla y León (32,99), Cataluña (52,04), Murcia (32,13), La Rioja (47,27) y Comunidad Valenciana (36,05).

En el resto se situó por debajo: Andalucía (16,9 días), Asturias (23,36), Canarias (16,53) Castilla-La Mancha (23,65), Extremadura (26,94), Galicia (13,19), Madrid (28,25), Navarra (28,09) y País Vasco (21,44).

En cuanto a la deuda comercial, el importe de la misma ascendió a 4.365,22 millones de euros, equivalente al 0,39% del PIB nacional, lo que representa un incremento de 354,88 millones de euros.

MEDIDAS ANTE EL COVID

Teniendo en cuenta este aumento del volumen de operaciones tramitadas, Hacienda apunta que para contener la deuda comercial y el PMP ha sido básico el incremento del volumen de pagos efectuados por el conjunto de comunidades autónomas.

Entre las medidas adoptadas para las comunidades de régimen común destaca el abono en marzo y abril de 2.862,55 millones de euros correspondientes a la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación y el mayor importe anticipado en relación a la liquidación del sistema de financiación a practicar en julio, que hasta mayo alcanza una cuantía de 3.657,02 millones.

«Estas medidas están permitiendo hasta mayo que los niveles de deuda comercial y PMP de las CCAA no se hayan visto afectados por la crisis sanitaria», ha subrayado el Ministerio.

De las principales ciudades, tres localidades presentaron un PMP superior a 30 días –Zaragoza (35,06), Las Palmas de Gran Canaria (131,49) y Coruña (35,66)–. El resto quedaron por debajo: Málaga (28,73 días), Sevilla (29,35), Barcelona (9,82), Madrid (22,46), Valencia (18,5), Palma (29,41) y Murcia (28,79).

Por último, la ratio de operaciones pagadas en los fondos a la Seguridad Social ha ascendido a 9,17 días, mientras que la de operaciones pendientes de pago se ha situado en 20,18 días.

El Tribunal Supremo ha estimado los recursos presentados por los sindicatos que conforman el Comité de empresa de Thyssenkrupp Elevadores SL de Gipuzkoa, reconociendo el tiempo de desplazamiento como tiempo de trabajo, independientemente de la distancia, según ha informado LAB.

La central sindical, en un comunicado, ha considerado que esta sentencia del Supremo «hace justicia y da colofón a una lucha de 6 años» de los trabajadores de la empresa de ascensores Thyssenkrupp Elevadores S.L., con centros de trabajo en San Sebastián y Eibar.

En ese sentido, pedían que se reconociese a todos los empleados que su jornada laboral «se inicia cuando ponen en marcha el vehículo de la empresa para desplazarse al lugar de trabajo donde se produce la revisión del ascensor, y no en el momento en que propiamente se inicia la revisión técnica del mismo en el centro del cliente, independientemente de la distancia».

LAB ha explicado que la empresa no reconocía a 9 trabajadores el tiempo de desplazamiento porque argumentaba que «trabajaban en el mismo municipio que el centro de trabajo», a diferencia del resto de la plantilla que se desplazaban por toda Gipuzkoa.

El sindicato, en su recurso de casación, destacaba que «no cabía este desigual trato» que daba la empresa y que el tiempo de desplazamiento «debía ser el mismo, independientemente de la distancia, en aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 2015″.

El Tribunal Supremo da la razón a LAB en ambas cuestiones y dictamina que «no concurren razones objetivas y proporcionadas que justifiquen el trato diferenciado a los trabajadores».

Para la central abertzale, esta sentencia «abre la posibilidad de poder regular el tiempo de desplazamiento, no sólo para las empresas que se dedican al mantenimiento de ascensores, sino también a otros sectores donde el mantenimiento es esencial a su actividad.

Por esa razón, LAB presentó en su plataforma del convenio del metal de Gipuzkoa que se considerará el tiempo de desplazamiento como tiempo de trabajo «a todos los efectos». «Esta sentencia nos reafirma y solicitaremos a Adegi que se reconozca su aplicación en el convenio del metal», ha concluido.

Renta Corporación ha registrado pérdidas de 1,3 millones de euros en el primer semestre, frente a las ganancias netas de 5,1 millones del mismo período del año anterior, a causa del impacto de la crisis generada por el coronavirus y prevé un cambio de tendencia en la segunda mitad del año que permita acabar 2020 «en positivo».

En un comunicado este miércoles, la compañía ha explicado que prevé este cambio en la medida que se controle la pandemia y se reactive la actividad económica y que mantiene a medio y largo plazo los objetivos trazados en su plan estratégico.

La firma ha contabilizado unos ingresos de 25,6 millones de euros, un 19% menos, y un margen de operaciones de cuatro millones en estos seis primeros meses, mientras que la cartera de activos asciende a 129,3 millones de euros, compuesto por activos «altamente líquidos y bien localizados».

La compañía ha cerrado el primer semestre con «una buena posición de liquidez» y un nivel de apalancamiento sostenible del 40% y ha explicado que para optimizar dicha liquidez en el contexto actual está incorporando nuevas vías de financiación a las ya existentes.

Renta Corporación cerró el primer trimestre de este año con un beneficio neto de 800.000 euros, lo que supone un 78% menos que el mismo periodo del año anterior, cuando ganó 3,7 millones de euros, debido al coronavirus, mientras que en 2019 cerró el ejercicio con un beneficio neto de 17,1 millones de euros, un 3% más que en 2018.