Las acciones de Telefónica han cerrado la sesión de este martes con una fuerte caída de más del 9%, situando de nuevo el valor de los títulos de compañía de telecomunicaciones por debajo de los cuatro euros, en una jornada en la que el Ibex 35 ha estado marcado por un importante tendencia bajista.

En concreto, las acciones de Telefónica han concluido la sesión en los 3,9 euros, lo que representa un descenso del 9,43% en comparación con los 4,306 euros en los que concluyeron el lunes, e incluso han llegado a descender durante la jornada hasta los 3,881 euros.

De esta manera, los títulos de la operadora vuelven a situarse por debajo de la barrera de los cuatro euros por primera vez desde el pasado 24 de abril, cuando concluyó en los 3,973 euros, y registran su nivel más bajo desde el 16 de marzo, cuando cerraron en su valor mínimo histórico de 3,682 euros.

La compañía registraba, tras Banco Sabadell y Bankia, la tercera mayor caída del Ibex 35, que este martes se ha vuelto a poner el ‘traje rojo’ al cerrar con un descenso del 2,52%, colocándose en los 6.609,1 enteros.

En declaraciones a Europa Press, la responsable de análisis y selección de fondos de Singular Bank, Victoria Torre, ha señalado que la magnitud de la caída registrada por Telefónica es «un poco sorprendente», ya que, aunque hay un par de noticias negativas sobre el valor, a simple vista no justifican el castigo.

Por un lado, indica que Independent Research ha rebajado el precio objetivo para la operadora desde 6,80 hasta los 4,80 euros y, por otro, apunta a los resultados de Telecom Italia, cuyos ingresos caen más de 11% y el resultado bruto de explotación (Ebitda) una cifra similar, afectados por los cierres de las tiendas y por un menor tráfico de roaming.

Por su parte, el analista de XTB Joaquín Robles remarca que Telefónica se ha visto arrastrada por las fuertes caídas que se han producido en el selectivo español.

«Durante la sesión de ayer, los inversores se apoyaron en factores cortoplacistas como los avances en un nuevo fármaco, la reapertura de varias economías y los estímulos de los bancos centrales. Sin embargo, todavía hay una gran incertidumbre sobre las perspectivas económicas, y existe el temor a nuevos repuntes, una recuperación más lenta de lo esperado o nuevas tensiones comerciales», explica.

Asimismo, añade que, en el caso particular de Telefónica, las últimas palabras del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, podrían haber afectado negativamente, ya que ayer confirmaba su intención a abandonar la Unión Europea a finales de este año, con o sin acuerdo, y hoy amenazaba con aranceles por valor a 30.000 millones tras su salida.

A este respecto, recuerda que Telefónica, que hace escasas semanas anunció la fusión de su filial en Reino Unido O2 con Virgin Media, propiedad de Liberty Global, tiene «una gran exposición al Reino Unido y podría verse afectada negativamente por esta situación».

El director financiero de Banco Sabadell, Tomás Varela, ha adquirido 85.910 acciones de la entidad a razón de 0,3 euros por título, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación articulada este lunes 18 de mayo mediante una única orden de compra implica una inversión de unos 25.773 euros. Con este paso, el directivo ha querido ofrecer una muestra de confianza al mercado.

Se da la circunstancia de que las acciones de Banco Sabadell acumulan pérdidas superiores al 70% desde inicios de año calculado con el precio de cierre de ayer, una caída que se ha visto profundizada sobre todo a partir del pasado mes de marzo. Desde entonces, el descalabro acumulado ha sido del 62%.

Además, los títulos de la entidad presidida por Josep Oliu se hundían este martes en torno a un 12% sobre las 17.00 horas, llegando a cotizar en los 0,27 euros unitarios y colocándose como el valor que peor se comportaba de todo el Ibex 35, a la espera de que cierre la sesión bursátil.

Precisamente hace algo más de dos semanas, el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, admitía en una rueda de prensa telemática celebrada con motivo de la presentación de resultados trimestrales el mal comportamiento de la cotización de las acciones de la entidad en Bolsa.

No obstante, Guardiola aseguró que se siente cómodo debido a que el banco ya habría hecho sus deberes con el stock de activos improductivos, lo que lo coloca en una situación «muy buena» para hacer frente al contexto actual.

«El precio en Bolsa es una referencia que no se puede controlar, es cierto que estamos sufriendo algo más de impacto que el resto, pero el mercado tarde o temprano nos reconocerá», añadió entonces el ‘número dos’ de Banco Sabadell.

En su opinión, el mal comportamiento de la acción podría ser resultado del elevado peso de pymes con el que cuenta Banco Sabadell en su balance, un colectivo empresarial que está sufriendo en mayor medida la crisis del coronavirus.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la remisión a las Cortes del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que contempla que desde 2040 no se podrán matricular en España vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2), ya sean diésel, gasolina, híbridos o de gas.

Así lo anunció la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros, en el que se ha dado ‘luz verde’ a la tramitación parlamentaria del anteproyecto que busca que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050.

Ribera explicó que el anteproyecto de Ley deja claro lo que el Gobierno quiere como país, transmitiendo «un mensaje sólido» de cómo pretenden contribuir a la Europa que quieren. «No podemos volver al modelo anterior», aseguró.

«Sienta las bases para una movilidad sostenible, permitiendo que el sector de la movilidad, clave en nuestra cadena de valor, pueda aprovechar las oportunidades de un mercado que demanda cada vez más opciones de movilidad segura y limpia», subrayó, al tiempo que destacó que el de la movilidad es un sector al que el Ejecutivo debe «acompañar».

«Lo que hace este anteproyecto es recoger letra a letra el compromiso de la Unión Europea», resaltó Ribera, que mostró su impresión de que puede haber grupos parlamentarios que quieran ir «más deprisa».

No obstante, calificó como «garantía» ir de la mano de las decisiones comunitarias porque ofrece una dimensión de mercado «interesante» a la hora de facilitar la transformación de un sector «fundamental» para la economía, para el sistema industrial y para el empleo.

CONSULTA CON EL SECTOR

El anteproyecto de Ley contempla el objetivo de que desde 2040 no se vendan turismos y vehículos comerciales nuevos que emitan CO2, para lo que el Gobierno consultará con el sector del automóvil las medidas que implementará para impulsar la penetración de vehículos sin emisiones directas de CO2.

El horizonte 2040 como fecha límite representa el primer paso establecido en esta Ley de Cambio Climático y Transición Energética para lograr que en 2050 el parque automovilístico español no emita CO2.

Ribera, que confirmó que en 2050 no se podrá circular con coches que emitan CO2, indicó no obstante que desde 2023 los municipios de más de 50.000 habitantes podrán establecer zonas de bajas emisiones en las que «no es descartable» que se limite la entrada a vehículos de combustión.

Fuentes gubernamentales explicaron a Europa Press que encima de la mesa no hay ninguna prohibición y que la previsión es seguir dando ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos y a la instalación de puntos de recarga hasta 2025, por la diferencia entre el precio de adquisición de un modelo eléctrico con uno con motor de combustión.

Dichas fuentes subrayaron que, entre 2023 y 2027, se estima que exista una paridad en los precios de las dos tecnologías, aunque resaltaron que una vez que los coches eléctricos sean más baratos, estas ayudas no serán necesarias.

De esta forma, desde el Ejecutivo se establecerán objetivos de penetración de vehículos con «nulas o bajas emisiones» directas de dióxido de carbono para el ejercicio 2030 en el conjunto del parque automovilístico español.

Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán en la planificación de la ordenación urbana medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, entre las que se encontrarán el establecimiento de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023, así como medidas de impulso a los desplazamientos a pie, bicicleta y otros medios de transporte activo.

Además, el documento destaca que, de acuerdo con la normativa de movilidad limpia aprobada por la Unión Europea y con las revisiones y mejoras posteriores que se acuerden, tanto Baleares como Canarias tendrán la posibilidad de solicitar la puesta en marcha de medidas de promoción de la movilidad limpia, así como la restricción de la circulación en su territorio de turismos y furgonetas contaminantes.

CUOTA DE PUNTOS DE RECARGA EN ESTACIONES DE SERVICIO

Entre las medidas recogidas en el anteproyecto de Ley también se encuentra el que las estaciones de servicio que vendan más de 10 millones de litros de combustible al año tendrán que instalar «al menos» una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kilovatios (kW) que deberá prestar servicio en un plazo de 21 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

De su lado, los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes, con un volumen anual agregado de ventas en 2019 superior o igual a 5 millones de litros y menor a 10 millones de litros, instalarán, por cada una de estas instalaciones, al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW, que deberá prestar servicio en un plazo de 27 meses.

Desde 2021, las nuevas estaciones de servicio o las que se reformen tendrán que instalar, independientemente de su volumen de ventas, al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio desde la puesta en funcionamiento de la instalación.

El Gobierno ha celebrado este martes la propuesta de Francia y Alemania, «en gran parte impulsada por España», de un fondo de recuperación de la economía europea de 500.000 millones de euros destinado a los países y los sectores más golpeados por el Covid-19 vía transferencias presupuestarias, porque servirá para paliar los efectos de la crisis y sentar las bases de la futura reconstrucción.

Además, cree que supone «un cambio respecto a la forma de abordar las crisis» por parte de la Unión Europea.

Así lo ha señalado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se ha aprobado solicitar mañana al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 7 de junio, tras el acuerdo anunciado ayer por Angela Merkel y Emmanuel Macron para la puesta en marcha de un fondo de 500.000 millones de euros.

Montero ha subrayado que se necesita un «gran acuerdo» europeo y ha celebrado la propuesta francoalemana de 500.000 millones en transferencias directas y no reeembolsables, que «tiene que servir para paliar los efectos de la crisis y sentar las bases de la futura reconstrucción» que, a su vez, «se tiene que sustentar en un acuerdo verde europeo y una fiscalidad justa».

Asimismo, Montero ha subrayado que el acuerdo entre Francia y Alemania fue impulsado «en gran parte» y «de forma especial» por España, por lo que ha destacado que los tres países caminan «en la misma dirección» y se establece un «punto y aparte» en las soluciones «clásicas» de la UE a las crisis económicas más recientes.

«Este nuevo acuerdo supone un cambio en la forma de abordar los problemas en ese esquema tradicional y jugando un papel muy importante para que los más vulnerables y con más dificultades no se queden atrás en el proyecto de construcción europeo», ha enfatizado.

En esta línea, ha indicado que se necesitaban «señales de esperanza», por lo que ha celebrado el acuerdo agradeciendo el papel desempeñado por las fuerzas políticas que sustentan el gobierno en el Parlamento Europeo.

La portavoz del Gobierno ha indicado también que la reactivación económica y la modernización del modelo productivo se deberá asentar sobre los pilares de la transición energética y la lucha contra el cambio climático, y espera que la Comisión de Reconstrucción del Congreso empiece a dar resultados las «próximas semanas».

Las principales asociaciones empresariales del país vinculadas al negocio de los ascensores han pedido al Gobierno una respuesta «inmediata» para que puedan retomar su actividad de mantenimiento, sustituciones y reparaciones, algo que consideran «esencial» para el funcionamiento de los elevadores y la seguridad de sus usuarios.

Así lo ha transmitido la Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda), en la que se encuentran representadas Otis, Schindler o ThyssenKrupp, tras remitir una carta al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En la misiva, enviada también a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal), el sector informa sobre el problema actual que hay dentro del sector de la elevación y lo que para las empresas está suponiendo esta crisis causada por el Covid-19.

«Nuestras empresas están sufriendo, laboral y económicamente, debido a las dificultades que encuentran para realizar su trabajo habitual: reparaciones, modificaciones importantes, sustitución en edificios existentes o instalación de ascensores en edificios ya existentes sin ascensor», explica el director general de Feeda, Francisco González.

Por ello, la asociación pide una pronta respuesta por ambas partes, ya que la situación «se está convirtiendo en insostenible». El escrito también fue entregado a las direcciones generales de las diferentes autonomías, para que también tengan conocimiento del problema.

Por ahora, Feeda recuerda que no ha habido respuesta a los últimos escritos enviados al Ministerio, por lo que lamenta no poder contestar a la «multitud de quejas» recibidas por trabajadores del sector.

Las comunidades de propietarios y los administradores de fincas ya están solicitando la finalización de las reparaciones, modificaciones o sustituciones contratadas, imprescindibles para el correcto y seguro funcionamiento de los ascensores de las comunidades.

«Durante los últimos quince meses, las empresas de nuestro sector tienen centradas sus expectativas de negocio y el mantenimiento de sus plantillas de montaje y reparaciones en este tipo de obras», concluye González.