Lo que arranca este viernes 10 de julio en Luxemburgo no es un juicio al acuerdo Mercosur-UE en su totalidad, sino a la decisión de la Comisión Europea de partirlo en dos. La primera sesión de vistas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) examinará si fue legal separar la parte comercial —ya en vigor provisional desde el 1 de mayo— de la componente política, que sigue bloqueada.
La maniobra, ejecutada en enero pasado, permitió que el Consejo de la UE aprobara el texto comercial por mayoría cualificada, evitando la exigencia de unanimidad que habría hecho descarrilar el pacto. Francia, Irlanda, Polonia, Hungría y Austria votaron en contra, pero no lograron una minoría de bloqueo. La parte política, que incluye capítulos de diálogo político y cooperación, sigue estancada porque para ella sí se requiere el consenso de los 27, y al menos seis países mantienen objeciones firmes.
La batalla jurídica y las posturas encontradas
Los argumentos que se ventilarán estos días pivotan sobre un eje: ¿puede la Comisión trocear un acuerdo internacional para facilitar su ratificación?
- Bruselas defiende que la parte comercial es de competencia exclusiva de la UE y, por tanto, no necesita el visto bueno de los parlamentos nacionales; basta con el Consejo (por mayoría cualificada) y el Parlamento Europeo.
- El Parlamento Europeo, demandante, sostiene que la división fue un artificio para sortear la voluntad de los Estados y los parlamentos nacionales, y que el acuerdo es “indivisible por naturaleza”.
- Gobiernos como el francés o el polaco han presentado sus propias demandas ante el TJUE, argumentando que se vulneran normas medioambientales, sanitarias y de derechos humanos, y exigen “cláusulas espejo” que obligarían a los productores del Mercosur a cumplir los mismos estándares que los europeos.
«La división del acuerdo en dos instrumentos separados es una opción jurídica sólida que responde a la realidad de las competencias de la Unión y a la urgencia de abrir mercados en un contexto de tensiones globales» — portavoz de la Comisión Europea, durante las vistas del caso.
El acuerdo comercial, que crea una zona de más de 700 millones de consumidores, elimina la práctica totalidad de los aranceles y concede a las empresas europeas acceso a las licitaciones públicas de gigantes como Brasil o Argentina. Para la UE, supone diversificar fuentes de materias primas y tierras raras, reduciendo la dependencia de China; para el Mercosur, un salto cuantitativo y cualitativo en el acceso al mayor mercado único del mundo.
Análisis: el riesgo de un fallo que hunda lo construido
Lo que me parece más relevante de este examen judicial no es tanto el fondo del acuerdo como la timing y las consecuencias de un eventual fallo adverso. El TJUE no dictará sentencia hasta, como mínimo, finales de 2027 o principios de 2028 (los plazos habituales oscilan entre 18 y 24 meses desde la admisión a trámite en febrero de 2026). Mientras tanto, las empresas ya están firmando contratos, ajustando cadenas de suministro y realizando inversiones al amparo de la aplicación provisional.
Si dentro de dos años los jueces declararan ilegal la división, se generaría un shock de inseguridad jurídica pocas veces visto en la historia comercial de la UE. Miles de contratos podrían quedar sin base legal, las relaciones diplomáticas con los países del Mercosur sufrirían un deterioro profundo y el bloque comunitario perdería credibilidad como socio negociador. Paradójicamente, algunos de los eurodiputados que votaron a favor de llevar el caso ante el TJUE aseguran apoyar el acuerdo; su objetivo declarado era ganar seguridad jurídica, pero la maniobra está sirviendo, sobre todo, para ralentizar su aplicación y dar tiempo a que las presiones políticas internas, especialmente en Francia, modifiquen el equilibrio de fuerzas.
Lo que observo es una fractura Norte-Sur dentro de la UE que el fallo del TJUE no resolverá, sino que probablemente agudizará. Los países con sectores agropecuarios más protegidos exigen estándares equivalentes a los europeos, mientras los exportadores del sur (España, Italia, Portugal) ven en el acuerdo una oportunidad para sus productos y para diversificar suministros. La exigencia de “cláusulas espejo” —en la práctica, aranceles técnicos— vaciaría de contenido la liberalización arancelaria y, en mi opinión, no se sostiene con los datos: no se puede olvidar que varias empresas europeas, incluidas francesas, exportan a África y América Latina fertilizantes y pesticidas prohibidos en la UE.
🌍 El impacto en España y Europa
Para España, la aplicación provisional del acuerdo ya está abriendo puertas en sectores estratégicos. Las empresas españolas tendrán acceso a contratos de infraestructura y obra pública en Brasil y Argentina, mercados hasta ahora muy protegidos. Sin embargo, una hipotética anulación del acuerdo por el TJUE pondría en riesgo esos contratos y enfriaría las inversiones bilaterales. En el plano agroalimentario, si prosperaran las exigencias francesas de cláusulas espejo, los exportadores españoles de frutas y hortalizas podrían beneficiarse de una menor competencia del Mercosur en productos como los cítricos, pero el coste sería un deterioro general de las relaciones comerciales con América Latina y un encarecimiento de los alimentos en Europa.
- Euríbor e hipotecas: el impacto directo es prácticamente nulo. Sin embargo, un fallo adverso generaría incertidumbre en los mercados de bonos y podría retrasar cualquier relajación monetaria del BCE al añadir un factor de riesgo geopolítico en un momento de inflación aún pegajosa.
- Inflación: el acuerdo Mercosur, al abaratar importaciones de alimentos y materias primas, ejerce un efecto desinflacionista. Si se anula, esa presión bajista desaparecería, justo cuando la tasa de variación del IPC armonizado en la eurozona sigue lejos del objetivo del 2%.
En resumen, el TJUE no se pronuncia sobre la bondad del acuerdo, sino sobre una argucia procedimental. Pero las ondas expansivas de su fallo podrían transformar —o romper— el mayor tratado comercial que ha negociado la UE en décadas.
