El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.225 millones de euros en la cuarta liquidación, correspondiente al mes de abril, informó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En concreto, el total de ingresos del sistema fue de 4.101 millones de euros, mientras que el conjunto de costes se situó en 5.326 millones de euros, lo que da como resultado ese déficit provisional.

Dado que los ingresos no fueron suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, el coeficiente de cobertura, la relación entre los costes que se pueden pagar con los ingresos disponibles y los que se deberían pagar con cargo a las liquidaciones provisionales, fue del 72,85%.

La demanda en consumo fue de 61.834 gigavatios hora (GWh). En lo que se refiere a los puntos de suministro, a finales de 2019 el mercado eléctrico estaba compuesto por 29,5 millones de puntos de suministro.

El 62,6% de ellos, 18,5 millones de puntos, eran suministrados por un comercializador en el mercado libre, mientras que el 37,4% restante (11 millones de puntos) lo suministraba un comercializador de referencia mediante la tarifa regulada, el denominado PVPC.

En lo que se refiere a las energías renovables, se han liquidado 63.695 instalaciones. La liquidación provisional acumulada y a cuenta para esta cuarta liquidación de este año asciende a 1.993 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, se ha aplicado ese coeficiente de cobertura del 72,85%. La cantidad que hay que pagar a cuenta a los productores asciende a 441 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

Mientras, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) fue de 25,8 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente.

EL SECTOR GASISTA

En lo que se refiere al sector gasista, el déficit provisional se situó en los 103 millones de euros, frente a los 89 millones de euros del mismo periodo de 2019. El índice de cobertura en esta cuarta liquidación fue del 90,0% de la retribución acreditada.

El total de ingresos liquidables declarados por las empresas fue de 967 millones de euros, un 3,2% inferior al mismo periodo de 2019. Por su parte, los costes liquidables ascendieron a 13 millones, un 24,2% inferiores al mismo periodo.

Como consecuencia, el total de ingresos netos liquidables fue de 924 millones, un 1,2% inferior al de la misma liquidación del ejercicio anterior.

En lo que se refiere a la demanda nacional de gas en 2020 facturada hasta el pasado 30 de abril, fue sido de 99,6 teravatios hora (TWh), lo que supone un descenso del 4,2% respecto al mismo periodo de 2019.

El número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras a 30 de abril ascendía a 7,95 millones, con un aumento interanual de 50.365 consumidores (+0,6%), de los que 1,58 millones se suministran con tarifa de último recurso.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha advertido de que imponer al sector bancario más impuestos o requerimientos que puedan afectar a su rentabilidad «es muy contraproducente» en las circunstancias actuales, pues el desarrollo de un país «requiere que sus bancos sean rentables».

Así lo ha puesto de manifiesto durante la Cumbre Empresarial ‘Empresas españolas liderando el futuro’ organizada por CEOE, en la que ha puesto en valor que el sector bancario español y sus equipos de profesionales están siendo «un soporte muy importante» para empresas y familias en estos meses de pandemia del Covid-19.

Sin embargo, el presidente de Bankia ha reconocido que la crisis tendrá un impacto en el sector financiero, pues su rentabilidad depende del comportamiento de la economía y ya tenía un problema de rentabilidad antes de la crisis del coronavirus como consecuencia del escenario prolongado de tipos negativos, por lo que tras el impacto del Covid-19 su situación «no va a mejorar», ha reconocido.

«Siendo esto así, creo que es muy contraproducente que, en estas circunstancias, se le pida al sector esfuerzos extraordinarios en forma de impuestos o requerimientos de diverso tipo que puedan incidir en su rentabilidad, porque el desarrollo de un país requiere que sus bancos sean rentables», ha advertido.

Goirigolzarri ha explicado que, si el sector bancario no es rentable, las entidades estarán infracapitalizadas y no podrán cumplir con su objetivo de apoyar a la recuperación socioeconómica de España ayudando a las familias y las empresas.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este lunes que, por ahora, el Gobierno sólo quiere ampliar la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) asociados al coronavirus hasta el 30 de septiembre, pero ha dado por hecho que al final se extenderán hasta el 31 de diciembre, como quieren empresarios y sindicatos.

«Está bastante claro que se van a ampliar hasta septiembre y creo que también está bastante claro que se va a hacer hasta diciembre. El Gobierno no quiere tomar la decisión ahora de que sea hasta diciembre, supongo que por razones estrictamente presupuestarias», ha afirmado en declaraciones a Antena 3.

En todo caso, el dirigente de UGT ha subrayado que los trabajadores pueden tener «la absoluta seguridad de que los sindicatos no van a permitir» que esta medida no se mantenga en el tiempo dada su contribución a la salvaguarda del empleo.

«Ahora no se puede ser cicatero. Hay que mantener las plantillas y ayudar sobre todo a las pequeñas tiendas, a los pequeños restaurantes porque es fundamental volver con todas las empresas y todos los trabajadores y la manera de garantizarlo es dar tranquilidad y poder ampliar los ERTEs hasta el 31 de diciembre», ha subrayado Álvarez, que ha añadido que «si no son necesarios, no se van a utilizar».

El líder sindical ha insistido en la eficiencia de los ERTEs para mantener el empleo, lo que, según ha dicho, volverá a tener su reflejo en los datos de paro y afiliación de junio y julio, pues de los tres millones de trabajadores que aún están en un ERTE, una «inmensa mayoría» se va a reincorporar a su puesto de trabajo.

Por otro lado, Álvarez ha informado de que aún quedan muchos trabajadores por cobrar la prestación por desempleo asociadas a los ERTEs y, en este sentido, ha señalado que su sindicato ha tramitado en torno a 18.000 reclamaciones que acabarán siendo favorables porque había pequeños errores, como números de cuenta donde hacer los ingresos o las cifras del DNI de los afectados.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, considera que crear políticas consensuadas que permitan a las empresas invertir y generar empleo, apoyar la temporada turística para afrontar con mejor forma el otoño y contar con un plan de ayuda de compra de vivienda para jóvenes son las principales líneas de actuación para hacer frente a la situación generada por el coronavirus.

Así lo ha puesto de manifiesto Botín durante su intervención en la cumbre empresarial organizada por CEOE, que ha iniciado este lunes una serie de encuentros en los que participarán líderes de diferentes sectores y que se prolongará hasta el próximo 24 de junio.

Para la presidenta de Banco Santander, la prioridad del Gobierno, de la iniciativa privada y de los agentes sociales debe ser mantener y generar empleo, evitando su destrucción permanente. Aún quedan unos 6,5 millones de personas paradas, casi la mitad por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). «Debemos ser capaces de crear una oportunidad para este colectivo y que consiga un puesto de trabajo digno», ha indicado Botín.

«Cualquier iniciativa política publica debe someterse a examen. ¿Va a ayudar al tejido empresarial y a crear empleo? Si la respuesta no es rotunda, hay que replantearla«, ha subrayado, al tiempo que ha añadido que las políticas deben ser de Estado, en las que todos estén de acuerdo y que permitan avanzar hacia un pacto de reforma de los mercados.

Además del empleo, Botín ha hecho hincapié en la necesidad de apoyar al turismo, un sector que representa el 12% de la economía española. «Tiene que conseguir una buena temporada turística que nos haga más fuertes de cara al otoño», ha dicho. La banquera cree que se puede lograr con un modelo de turismo sostenible y ecológico, y ha asegurado que algunos empresarios del sector ya tienen planes en este sentido.

Por otra parte, ha apuntado a un plan de ayuda de compra de vivienda para jóvenes, ya que muchos menores de 35 años están desempleados o tienen contratos precarios. «Así no pueden empezar una vida autónoma», ha dicho. El proyecto al que se refiere, que ya se ha empezado a hablar con el Gobierno, eliminaría entre otras cosas la barrera de aportar un 20% o un 25% del precio de inmueble.

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha afirmado que «no hay soluciones mágicas, ni fáciles» para afrontar la crisis derivada de la pandemia del Covid-19 y ha pedido «no revertir las reformas eficaces», al tiempo que ha subrayado que el plan de recuperación es «muy complejo y con muchas variables», por lo que ha pedido responsabilidad y diálogo social.

«El plan de recuperación es muy complejo y con muchas variables y exigirá mucha disciplina, constancia, rigor, imaginación, audacia y madurez, un comportamiento de muchísima responsabilidad por parte del Gobierno, partidos políticos, empresarios, sindicatos y de todos los ciudadanos», ha afirmado en su intervención en la Cumbre empresarial de la CEOE, donde ha señalado que se trata de una crisis de «una complejidad muy grande», caracterizada por su «severidad, temporalidad y globalidad».

Además de la búsqueda de consensos «lo más amplios posibles», Isla ha considerado necesario que, en muchos ámbitos, «lo que se haga, salga del diálogo social».

Isla ha considerado clave generar «certidumbre y seguridad jurídica» a empresas e inversores nacionales e internacionales. Cuando no hay seguridad jurídica la inversión se retrae, la seguridad jurídica es clave para planificar inversiones a largo plazo y generar empleo. Este es nuestro gran objetivo», ha señalado.

«NO DESMONTAR LO QUE ESTA FUNCIONANDO»

Asimismo, ha afirmado que es necesario «huir de dogmatismos e ideas preconcebidas» en las medidas para salir de la crisis. «Tan importante como las medidas que se tomen es no desmontar lo que está funcionando. No hay que revertir las reformas eficaces, la economía española lo que necesita es ser mas flexible y competitiva, no hay que introducir rigideces que sean negativas para la creacion de empleo», ha subrayado.

En materia de fiscalidad, el presidente de Inditex ha señalado que hay que procurar llevar a cabo un debate sobre cómo generar más crecimiento económico y en consecuencia mayor recaudación «mucho más que subidas de tipos impositivos».

En el corto plazo, Isla ha considerado «muy importantísimo» no retirar o «descafeinar antes de tiempo» las medidas que está ayudando a que no se destruya el tejido empresarial, fundamentalmente los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) y los avales públicos. «Si se destruye el tejido empresarial es mucho más difícil reconstruirlo y tendría un impacto muy signficativo en términos de empleo», ha señalado.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este lunes que son las empresas españolas «las que realmente tienen que liderar el futuro y poner en marcha» España tras la pandemia del coronavirus.

Durante la inauguración de la Cumbre Empresarial que ha organizado la patronal desde hoy hasta el 25 de junio, Garamendi ha destacado que el objetivo de las empresas españolas es contribuir a la reconstrucción de España.

«Venimos con ganas constructivas y venimos a sumar, con lealtad institucional y con independencia», ha destacado el dirigente empresarial, que ha insistido en el compromiso de los empresarios con España y en la necesidad de «ser más Europa».

Habrá gente que no nos entienda, pero otros sí», ha apuntado Garamendi, que ha calificado esta Cumbre Empresarial como una cita «sin precedentes», en la que participarán numerosas empresas de diferentes sectores e importantes líderes empresariales.

El Gobierno y los principales organizaciones sindicales de la función pública se reunirán este lunes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para abordar la regulación del teletrabajo y previsiblemente la apertura de un nuevo espacio de diálogo para alcanzar un nuevo acuerdo para la mejora del empleo público, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al encuentro.

Recientemente, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, anunció durante su intervención en la Comisión de Función Pública en el Senado que tiene el propósito de aprobar un nuevo acuerdo «de amplio alcance» para seguir avanzando en las mejoras del empleo público y las condiciones de trabajo.

También remarcó que el Gobierno mantiene su compromiso con las retribuciones de los empleados públicos, e hizo hincapié en que el diálogo con las organizaciones sindicales es un elemento «vital» en la acción diaria de su Ministerio.

La subida salarial del 2% para los empleados públicos aprobada por el Gobierno para este año deriva del II Acuerdo para la mejora del empleo público suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con los principales sindicatos de función pública (CSIF, CC.OO y UGT) en 2018.

Este acuerdo, que finaliza este año, contemplaba un incremento del salario de funcionarios del 1,7% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a lo que se podía añadir más aumento en función del crecimiento y fondos adicionales, ya que el acuerdo recogía por primera vez una vinculación de los incrementos salariales a la evolución del Producto Interior Bruto del país, de manera que la mejora de la economía se pueda trasladar a las retribuciones de los funcionarios.

En 2019, la subida fue finalmente del 2,5% por la suma adicional de un 0,25%, debido a que el PIB registró un incremento igual o superior al 2%, y para este año del 2,3% (subida fija del 2% más 0,3% de fondos adicionales).

UGT y CCOO trasladaron en las últimas semanas un texto a Función Pública en el que instaban a alcanzar un nuevo acuerdo para recuperar los salarios de los funcionarios.

En la carta que remitieron al Gobierno, establecían tres grandes prioridades. La primera recoge la defensa de los servicios públicos, porque «es un pilar fundamental de la sociedad española».

Por otro lado, ponían en valor la obligatoriedad de culminar los procesos de estabilización y consolidación, «para rebajar la tasa de temporalidad, así como eliminar la tasa de reposición para dar respuesta a las necesidades urgentes de incremento estructural de las plantillas, habiéndose demostrado claramente insuficientes y muy mermadas por las políticas austericidas llevadas a cabo en la anterior crisis económica».

Además, también veían necesario seguir en la senda de recuperación del poder adquisitivo y los derechos laborales de los empleados públicos, «igualmente recortados en la anterior crisis».

Igualmente, en el escrito se recogían otros elementos, como es todo lo relacionado con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, adaptaciones normativas, leyes de función pública y clasificación profesional, entre otros.

Este lunes, 15 de junio, se inicia el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital, la nueva prestación aprobada por el Gobierno para «reducir el nivel de pobreza y exclusión», según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La solicitud debe realizarse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social y, cuando la situación sanitaria lo permita, también se podrá efectuar en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

Las solicitudes que se presenten durante los tres primeros meses serán reconocidas con efecto retroactivo desde el 1 de junio. Después de este plazo, el derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud.

Los solicitantes que resulten beneficiarios de la nueva ayuda recibirán un SMS del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Los ciudadanos se pueden informar a través de la página web de la Seguridad Social (http://www.seg-social.es) y mediante el nuevo asesor virtual, ISSA.

Asimismo, a través de una herramienta de simulación se puede comprobar si se cumplen los requisitos para acceder a esta prestación, y hay habilitada una línea de teléfono para realizar consultas concretas (900 20 22 22), que la próxima semana comenzará a funcionar también en horario de tarde.

El INSS reconocerá de oficio la prestación a casi 75.000 familias que ya reciben la asignación de menor a cargo y que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley. Estos beneficiarios recibirán un SMS y una resolución donde se explica su concesión. Además, percibirán el primer pago del Ingreso Mínimo Vital el próximo 26 de junio, casi un mes antes de lo que correspondía.

El ingreso mínimo vital establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar y completará las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta ese umbral garantizado para cada tipología que, en el caso de los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva, que se distribuirá en doce pagas.

El primer requisito para acceder a la nueva renta será el de la vulnerabilidad económica. También habrá que haber solicitado las prestaciones y pensiones a las que pudiera tener derecho.

Habrá un titular por unidad de convivencia, que deberá tener entre 23 y 65 años, salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo, en los que no habrá requisito de edad. Si el solicitante vive solo, tendrá que acreditar que lleva tres años viviendo de manera independiente de sus progenitores y tendrá que haber estado de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social durante al menos doce meses.

Si los solicitantes viven integrados en una unidad de convivencia, ésta tendrá que llevar constituida al menos un año a la presentación de la solicitud. Para todos los solicitantes se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.

Para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia. Además, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a tres veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar.

Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia de Covid-19, también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año. En el caso de que el titular no esté ocupado, se exigirá la inscripción como demandante de empleo para el acceso a la prestación.

Para solicitar el ingreso mínimo vital será necesario el DNI o NIE; la inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE o tarjeta de identidad de extranjeros; certificado de empadronamiento donde consten todas las personas empadronadas en el domicilio y la fecha de antigüedad; y el libro de familia, certificado de nacimiento del registro civil de los hijos, o inscripción en el registro de parejas de hecho.

Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) volverán a abrir al público desde este lunes, 15 de junio, en los territorios que se encuentren en fase III, siempre que cumplan las medidas en materia de riesgos laborales contempladas en el protocolo del SEPE, según comunicó la dirección de este organismo a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

El sindicato rechaza esta apertura «inmediata» porque todavía hay cerca de 200.000 expedientes de ERTE sin resolver, además de otro número significativo de desempleados pendientes del abono de otras prestaciones extraordinarias de protección por desempleo aún sin cuantificar, según CSIF, a diferencia, añade, de lo que traslada la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien asegura que ya se ha acometido el 98,5% de las cargas de trabajo.

En este sentido, CSIF considera que se debería estabilizar esta carga de trabajo para proceder a la reapertura con las debidas garantías al ser «más que previsible que la angustia e incertidumbre de estas personas se trasladará a las oficinas del SEPE y a los profesionales que las atienden».

De hecho, el pasado viernes el sindicato interpuesto una denuncia penal en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para que se investiguen «amenazas físicas y coacciones» que reciben los empleados del SEPE.

Además, CSIF rechaza la reapertura por fases planteada por los responsables del SEPE al considerar que las oficinas de prestaciones del SEPE deben reanudar la atención al público al mismo tiempo, de la mano de las comunidades autónomas con las que se comparte el espacio físico en las oficinas, garantizando «las mismas y máximas medidas de seguridad sanitaria, además de la vigilancia de seguridad, tanto para los gestores de prestaciones como para nuestros usuarios».

En este sentido, reclama la presencia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el conjunto de las unidades, que garanticen la invulnerabilidad tanto de gestores como de usuarios. «Poco sentido tiene reanudar la atención a nuestros usuarios en unos territorios sí y en otros no, si no podemos estar en condiciones de garantizar una respuesta efectiva al conjunto de desempleados a los que, lamentablemente, todavía no hemos podido llegar», subraya.

LA CARGA LABORAL SE MULTIPLICA POR CINCO 

La organización denuncia que los profesionales del SEPE «desde que comenzó la crisis, han estado trabajando siete días a la semana y a doble turno, durante el confinamiento en sus propios domicilios y con sus equipos informáticos para resolver la avalancha de solicitudes de protección por desempleo, con una plantilla deficitaria».

De hecho, apunta que, respecto al año pasado, la carga de trabajo se ha incrementado un 530%, mientras que la plantilla solo ha aumentado un 10% con personal interino por seis meses, prorrogable a nueve.

A esta situación se suman, según CSIF, las declaraciones políticas «irresponsables» sobre el abono de la práctica totalidad de prestaciones, cuando aún hay 200.000 personas que aún no han percibido su prestación solamente en lo que respecta a los ERTE.

En detalle, señala que quedan por tramitarse la protección al colectivo de empleados del hogar, que aún no ha podido acometerse, además de las prestaciones ordinarias de la extensa carta de servicios del SEPE que ya se habían visto incrementadas exponencialmente antes de la pandemia y con motivo de la ralentización de la economía.

«Todo ello ha generado una lógica frustración y preocupación en los ciudadanos afectados, a los que los empleados públicos quieren seguir atendiendo, eso sí, en las mejores condiciones», ha añadido.

Una vez que la campaña de la declaración de la renta haya comenzado, como ocurre en estos momentos, tenemos que ponernos manos a la obra con todos los trámites, a veces un tanto fastidiosos. Pero antes de proceder a ella, debemos gestionar la manera de cómo podemos acceder a la presentación, ya que ahora es mediante un proceso digital.

Éste el sistema que creó la Agencia Tributaria, y se llama Cl@ve PIN, para llevar a cabo a través de Internet la que será la solicitud del número de referencia. Este dato permite que lleguemos a la descarga del borrador y empezar con el proceso de formalizar la declaración. Por ello, y para hacerlo mucho más fácil, desde nuestro portal de Merca2.es te mostramos los pasos a seguir para solicitar esta clave y manejar la aplicación.

La cl@ve PIN para tener acceso a la declaración de la renta

Es tal el proceso de digitalización e informatización, que actualmente gran parte de los propósitos, declaraciones y obligaciones que forman parte de nuestro día se hace todos a través de plataformas tecnológicas.

Tampoco podía ser de otra manera en el caso de la Agencia Tributaria, quien desde hace varios años cuenta ya con servicios y opciones para que, a la hora de proceder a hacer algún trámite, sea mediante procesos digitales.

De esta forma, y con el plazo aún abierto para presentar por Internet las declaraciones de renta y Patrimonio del pasado año (hasta el 30 de junio de 2020), es la propia Agencia Tributaria quien requiere que usemos una de sus plataformas para su acceso. Se trata de la aplicación Cl@ve PIN que está pensado para presentar nuestra declaración de la renta de manera sencilla y rápida.

Es la manera más sencilla de mantener nuestros datos controlados con otros usos aparte de para la declaración de la renta

Cabe decir que para acceder a esta solicitud de presentación para la declaración de la renta también lo podemos hacer a partir de los conocidos como certificados digitales, un documento virtual expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

La cual contiene nuestros principales datos identificativos, permitiendo llevar con seguridad la tramitación. Sin embargo, y a diferencia de la Cl@ve PIN, su burocracia es bastante más lenta.

Centrándonos en la primera plataforma, ésta es una solución ideal para acceder de una manera muy efectiva y sencilla de mantener nuestros datos controlados, ya que su principal virtud es que sirve tanto para realizar nuestra declaración de la renta como para otros procesos burocráticos que tengan relación con la Agencia Tributaria.

Dirígete a la página web de la Agencia Tributaria y regístrate en cl@ve para la declaración de la renta

Y si su modo de efectividad es total, así como su sencillez a la hora de su utilización, el proceso de pedirla o hacerse con ella si antes no lo habíamos hecho es también muy fácil, por eso gana también muchos adeptos.

Para el primer paso, deberemos de solicitarlo a la misma Agencia Tributaria, que será la Administración desde donde posteriormente podremos entrar a la declaración de la renta y otros servicios para nuestro interés.

Por lo que antes de nada habrá que dirigirse a la página web de la Agencia Tributaria y desde allí tendremos la facilidad de conseguirlo. Para ello se pinchará en la sección Cl@ve PIN, que se encuentra en la zona baja de la web resaltado por una imagen cuadrada de color rojo, que será el que nos redirigirá hacia la página del procedimiento. Será el momento de registrarse, en el epígrafe ‘Trámites‘.

La carta de invitación para obtener el código CSV para la declaración de la renta

Una vez dentro será todo muy sencillo, no te preocupes. Debemos pulsar sobre el botón de ‘Obtener Cl@ve PIN’. A continuación se accederá a una sección en la que encontrarás todas las vías para solicitar la famosa clave.

Esta primera parte consiste en darse de alta mediante la introducción del número de DNI y la fecha de expiración del mismo, por lo que como todo el siguiente proceso no tendrá demasiada complicación para ningún usuario.

Tras esto aparece un recuadro en esa misma introducción, donde nos presenta un mensaje que nos dice que si queremos que nos envíe una carta de invitación a nuestro domicilio fiscal, del que marcaremos que sí. Esto tardará unos días, pero en dicha carta está el llamado Código Seguro de Verificación –CSV-  que será necesario para continuar con el proceso.

La validación del código CSV y datos identificativos a introducir

Una vez llegue el código a casa mediante esa carta de invitación, que será después de unos días, tenemos que localizar el llamado Código Seguro de Verificación o CSV, y acceder de nuevo a la opción Registrarse en Cl@ve.

A donde nos hemos dirigido anteriormente. Será el momento entonces de seleccionar la casilla que aparece en la misma pantalla, que será la de ‘Ya dispongo de una carta invitación‘ para el que se introducirá el CSV y pulsaremos Continuar.

Con ello se validarán los datos que nos llevará a una de las últimas pantallas. Nos pedirán algunos datos nuevos identificativos con nuestra persona; estos serán introducir nuestro número de teléfono móvil y dirección de correo electrónico. Tras aportar estos datos y aceptar las condiciones, quedaremos registrados en la plataforma que darán lugar a los últimos pasos antes de la declaración de la renta.

La clave de acceso de cuatro dígitos

Una vez validados estos nuevos datos de identificación, que serán a los que luego nos llegarán nuestros números de referencia, nos llevará directamente a la página en la que podemos solicitar el buscado PIN.

Será en ella donde nos pedirán que introduzcamos el DNI y que indiquemos la fecha de validez. Luego, nos solicitarán que elijamos una clave de acceso de cuatro dígitos y que la escribamos otra vez para confirmarla.

Cada vez que necesites hacer un trámite en una de las sedes online de la Agencia Tributaria, como puede ser en este caso la obligación de presentar la declaración de la renta, tendrás que obtener un nuevo PIN. Siempre será necesario indicar que quieres acceder a través de la Cl@ve PIN; recuerda que tu número de teléfono es imprescindible para poder recibir el código.

Recibiremos un SMS y ya podremos usarlo: será una credencial con la que identificarnos

Tras esto pulsamos en el recuadro de abajo, ‘Obtener PIN’ y al momento recibiremos el código por SMS en el móvil. Una vez que tengas instalada la plataforma en tu móvil solo será necesario acudir a ella.

Por lo que siempre que necesitemos un nuevo PIN recurriremos a este último punto. Cuando recibamos ese mensaje en nuestro móvil ya podremos usarlo, tanto para la declaración de la renta como censos, requerimientos, comunicaciones…

Como ves es algo muy sencillo, desde el momento que nos iniciemos y queramos solicitar el registro, como a la hora de usarlo. Con él tendremos acceso inmediato a la declaración de la renta, pero también será algo muy seguro para ti. De aquí en adelante, esta credencial será nuestra manera de identificarnos ante un servicio de la administración electrónica. Además de que se puede cambiar, y si la olvidamos existen métodos de recuperación.