El Gobierno y los principales organizaciones sindicales de la función pública se reunirán este lunes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para abordar la regulación del teletrabajo y previsiblemente la apertura de un nuevo espacio de diálogo para alcanzar un nuevo acuerdo para la mejora del empleo público, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al encuentro.
Recientemente, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, anunció durante su intervención en la Comisión de Función Pública en el Senado que tiene el propósito de aprobar un nuevo acuerdo «de amplio alcance» para seguir avanzando en las mejoras del empleo público y las condiciones de trabajo.
También remarcó que el Gobierno mantiene su compromiso con las retribuciones de los empleados públicos, e hizo hincapié en que el diálogo con las organizaciones sindicales es un elemento «vital» en la acción diaria de su Ministerio.
La subida salarial del 2% para los empleados públicos aprobada por el Gobierno para este año deriva del II Acuerdo para la mejora del empleo público suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con los principales sindicatos de función pública (CSIF, CC.OO y UGT) en 2018.
Este acuerdo, que finaliza este año, contemplaba un incremento del salario de funcionarios del 1,7% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a lo que se podía añadir más aumento en función del crecimiento y fondos adicionales, ya que el acuerdo recogía por primera vez una vinculación de los incrementos salariales a la evolución del Producto Interior Bruto del país, de manera que la mejora de la economía se pueda trasladar a las retribuciones de los funcionarios.
En 2019, la subida fue finalmente del 2,5% por la suma adicional de un 0,25%, debido a que el PIB registró un incremento igual o superior al 2%, y para este año del 2,3% (subida fija del 2% más 0,3% de fondos adicionales).
UGT y CCOO trasladaron en las últimas semanas un texto a Función Pública en el que instaban a alcanzar un nuevo acuerdo para recuperar los salarios de los funcionarios.
En la carta que remitieron al Gobierno, establecían tres grandes prioridades. La primera recoge la defensa de los servicios públicos, porque «es un pilar fundamental de la sociedad española».
Por otro lado, ponían en valor la obligatoriedad de culminar los procesos de estabilización y consolidación, «para rebajar la tasa de temporalidad, así como eliminar la tasa de reposición para dar respuesta a las necesidades urgentes de incremento estructural de las plantillas, habiéndose demostrado claramente insuficientes y muy mermadas por las políticas austericidas llevadas a cabo en la anterior crisis económica».
Además, también veían necesario seguir en la senda de recuperación del poder adquisitivo y los derechos laborales de los empleados públicos, «igualmente recortados en la anterior crisis».
Igualmente, en el escrito se recogían otros elementos, como es todo lo relacionado con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, adaptaciones normativas, leyes de función pública y clasificación profesional, entre otros.
