Foment del Treball ha propuesto este domingo inyectar 30.000 millones de euros en la economía con la garantía del Estado, para apoyar la financiación empresarial ante los efectos económicos del coronavirus, según un comunicado de la patronal.

Considera que, «dada la capacidad de financiación del sistema bancario, a diferencia de la anterior crisis», la garantía del Estado es importante para que esta financiación pueda ir a las empresas y, especialmente, a los autónomos y pymes.

Para Foment, las empresas con pocas ventas –«durante semanas e incluso meses»– deben recibir propuestas de liquidez con la garantía del Estado en su financiación, y con tiempo para devolver el dinero, teniendo en cuenta la falta de ingresos.

Eso evitaría «efectos multiplicadores de destrucción de empleo y del tejido empresarial que incluso también pudieran darse con carácter exponencial».

DOS EJES

Plantea en concreto un programa de garantías con dos elementos fundamentales, uno de los cuales sería ayudar a las grandes y pequeñas empresas a soportar los gastos fijos de los próximos tres meses, con un préstamo a siete años, con carencia de dos años, y con la garantía del ICO al 80%.

La patronal considera que esta garantía debería ser otorgada por el ICO en igualdad de condiciones y sin costes del aval.

El otro elemento fundamental que plantea es permitir el desbloqueo del flujo de cobros y pagos pendientes entre las empresas, otorgando líneas de confirming por un importe equivalente al 50% de la partida contable de la cuenta de proveedores, también con la garantía del ICO del 80%.

Esta garantía sería otorgada por un plazo de un año, prorrogable a otro, según las necesidades de la empresa.

Foment considera que el gran objetivo es evitar que se rompa la cadena de pagos y permitir que las potenciales pérdidas que surjan se financien «en un plazo razonable» de tiempo.

«Al efecto de las finanzas públicas, este esquema de garantías, al ser un apoyo ‘contingente’, permite también un impacto en fases, a lo largo del tiempo, en los PGE», según Foment, lo cual favorece la iniciativa y sus posibles costes en el conjunto de la política presupuestaria.

AGILIZAR LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS

Además, la patronal ve necesario agilizar las devoluciones de impuestos, para inyectar liquidez y especialmente en el IVA, «y de manera prioritaria para aquellos que disponen del régimen de exportadores, que suelen ser los que tienen devoluciones significativas».

Al margen de todas estas propuestas, Foment ha expresado su total apoyo a las decisiones tomadas con el Estado de Alarma, y espera que el Gobierno apruebe en el próximo Consejo de Ministros el «imprescindible» segundo paquete de medidas económicas.

Correos ha puesto en marcha la implementación de un protocolo con el fin de garantizar la prestación del servicio postal público en todo el Estado asegurando la seguridad y salud tanto de sus trabajadores como de sus clientes durante el estado de alarma ante la crisis provocada por el coronavirus.

Las nuevas medidas organizativas y operativas que la sociedad postal pondrá en marcha a lo largo de la tarde se suman a las medidas preventivas que la compañía asegura que ya venía aplicando en virtud de las recomendaciones que en cada momento ha dado el Ministerio de Sanidad.

Con las nuevas medidas, Correos pretende «preservar la continuidad del servicio postal público y, al mismo tiempo, velar por la seguridad y salud de trabajadores, clientes y proveedores», según indicó en un comunicado.

El Grupo El Corte Inglés mantendrá abiertas todas las áreas de alimentación y productos de primera necesidad ante la situación de alerta sanitaria que vive el país y que ha supuesto el cierre de comercios en todo el territorio nacional.

Esto supone tener operativos alrededor de 300 establecimientos comerciales que incluyen todos los supermercados Supercor, los hipermercados Hipercor, y las áreas de alimentación y gran consumo de los centros de El Corte Inglés.

El horario de atención al público será de 10.00 a 20.00 horas de lunes a sábado, y de 11.00 a 20.00 horas los domingos y festivos establecidos con anterioridad.

Además, como respuesta a la alerta sanitaria y al compromiso de la compañía con sus clientes, empleados y con la sociedad en general, el Grupo ha hecho un esfuerzo para intensificar los servicios que conectan el mundo digital con el entorno real. La empresa ha reforzado los servicios online y telefónico con recogida de mercancía en el aparcamiento de los centros comerciales.

En paralelo a esta serie de medidas y como respuesta a aquellas personas que no disponen de acceso a Internet o que desean una atención personalizada y a distancia, El Corte Inglés ha reforzado también el servicio telefónico con nuevas líneas a disposición de los ciudadanos. El teléfono habilitado es el 901 930 930.

La Confederación General del Trabajo (CGT) muestra su «preocupación» por la falta de protección que se mantiene en centros de trabajo «altamente masificados» como los ‘contact center’ y ‘call center’.

Según el sindicato, desde hace días en los centros de trabajo de este sector se está produciendo una «grave situación», ya que «las empresas obligan a ir a trabajar a decenas de miles de personas para realizar servicios no esenciales, que en el pasado nunca han sido decretados como servicios mínimos y que, en esta ocasión son fundamentales para las multinacionales que los tienen subcontratados».

Grandes empresas ofrecen teletrabajo y permisos retribuidos a sus propios empleados, pero muchos de ellos prohíben a sus subcontratas dejar de prestar servicio temporalmente por motivos sanitarios, según denuncia CGT.

Estas subcontratas, entre las que destacan grandes empresas proveedoras de telemarketing se han negado, según el sindicato, a tratar esta situación en los términos recogidos en la normativa sobre salud laboral como un «riesgo grave o inminente.

«En estos centros de trabajo, las personas trabajan a menor distancia que la recomendada por el Ministerio de Sanidad, y las aglomeraciones exponen a los trabajadores y trabajadoras a contagios masivos. Sin embargo, según las empresas, éstas son situaciones que no se pueden evitar y exigen a las personas que sigan acudiendo a su puesto de trabajo», advierte CGT.

Para monitorizar la situación, el sindicato lleva días exigiendo a las empresas máxima información sobre los riesgos que se están produciendo.

Precisamente, avisa de que en Madrid, lugar donde esta pandemia está más extendida y donde se concentran la mitad de las empresas del sector, hay casos diagnosticados de Covid-19 en «multitud» de centros de trabajo, y en prácticamente todos existen personas en cuarentena a las que desde hace días la sanidad pública no hace la prueba diagnóstica por la saturación de los servicios sanitarios. Además, «los casos se multiplican exponencialmente, y ya están llegando al resto de comunidades autónomas, pero la codicia de las empresas de telemarketing se hace patente cada día que pasa».

«Las empresas se están negando, en todos estos casos, a reconocer el peligro de contagio inminente e inevitable, contando con la complicidad de sus servicios de prevención que están haciendo dejación de funciones y se están negando a interrumpir la actividad y dejar que las personas abandonen de inmediato los centros de trabajo», añade el sindicato.

RECTIFICACIÓN DEL GOBIERNO

La Confederación lamenta que el Gobierno podría haber obligado a que las empresas de telemarketing justificaran el estricto cumplimiento de los artículos 14 y 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y que también podría haber obligado a las empresas con este tipo de aglomeraciones de trabajadores a justificar ante la autoridad laboral el carácter esencial de sus obras y servicios.

Por ello, la CGT se dirigirá de inmediato al Ministerio de Trabajo y a la Inspección de trabajo para que el Gobierno rectifique y, de inmediato, cumpla con sus obligaciones, dada la falta de reacción de las empresas.

La dirección de Ford ha decidido cerrar su planta valenciana en Almussafes durante una semana completa, desde el próximo lunes, 16 de marzo, para prevenir la expansión del coronavirus en la fábrica, donde ya se han registrado tres casos positivos en las últimas 24 horas, según ha informado la compañía en un comunicado.

La fábrica tenía previamente planeados tres días de no-producción esta semana de miércoles 18 a viernes 20 de marzo y ante la situación actual del Covid-19, ha decidido cerrar la planta durante la semana completa del 16 de marzo. Durante este tiempo, la dirección irá «monitorizando la situación y decidirá los siguientes pasos a seguir», añade el comunicado.

Este tema será tratado en la reunión ya convocada previamente con los sindicatos este lunes 16, a las 15.00 horas, para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter extintivo que la empresa ha planteado para 410 personas en Almussafes (Valencia), la mayoría, 255, en el área Assy (Montaje). El resto, 102, en Carrocerías; 30 en Pinturas; 12 en Calidad y 11 en el área de Logística.

En este encuentro, se abordará cómo actuar ante el problema sanitario y se «evaluará la situación», ha explicado el presidente del Comité de Empresa y portavoz de UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel. La paralización de la actividad fábrica «de manera preventiva» era algo que ya había planteado este sindicato desde el pasado jueves ante la «preocupante» situación del coronavirus. En la reunión de este lunes habrá que ver también cómo repercute en los «miles de puestos de trabajo» de la planta y cómo afecta a la negociación del ERE, ha explicado Faubel.

También desde STM apuntaban la esta semana la posibilidad de «dejar de producir temporalmente» ante el avance del coronavirus, mientras desde CCOO habían propuesto utilizar los dos días de jornadas industriales que les quedaban a los trabajadores los días 16 y 17 de marzo, juntando con las vacaciones, para no volver a la planta hasta el 23 de marzo.

La compañía automovilística ha asegurado que están «siguiendo con rapidez el protocolo establecido», incluyendo la identificación y aislamiento de todos los empleados que han tenido contacto cercano con los empleados afectados y han insistido en que seguirán «todos los pasos necesarios» para que el riesgo derivado de esta situación sea minimizado.

Naturgy ha decidido posponer la celebración de su Junta General de Accionistas prevista para el próximo martes en Madrid en «aras de preservar la seguridad y salud de todos los accionistas, empleados y colaboradores, en un ejercicio de responsabilidad ante el avance del coronavirus», informó la compañía.

La energética presidida por Francisco Reynés señaló que decidirá una nueva fecha para realizar esta asamblea «una vez que el país vuelva a la completa normalidad».

Por otro lado, y como consecuencia de la excepcionalidad que supone el anuncio de estado de alarma del Gobierno, que ha limitado los movimientos en toda España, Naturgy ha intensificado las medidas de su protocolo de actuación ante el coronavirus en todas sus infraestructuras críticas.

Con ello, la empresa destaca que garantiza el suministro energético «ante la situación de excepcionalidad vivida en el país por la crisis causada por el avance del ‘Covid-19’, teniendo así preparada toda la operativa necesaria tras la declaración de alerta sanitaria decretada por el Gobierno.

En concreto, la compañía ya tiene operativos centros físicos y tecnología de respaldo en diferentes puntos del país, además de la capacidad de gestión remota, para así garantizar en todo momento el suministro energético a los ciudadanos, a los hospitales, centros sanitarios, de emergencias, supermercados y establecimientos de necesidades básicas que en estos momentos están trabajando a un ritmo exhaustivo frente al coronavirus.

En concreto, cada instalación del grupo, tanto las referidas a redes, como las de gestión del mercado y generación, cuentan con la posibilidad de gestión virtual y con planes de emergencia preventiva, ‘back-up’ y traslado de actividad entre centros de ser necesario.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, destacó que se está en «un momento crítico» en el que el grupo va a poner a disposición «todos los recursos necesarios para garantizar el servicio energético, tanto eléctrico como de gas».

Asimismo, la energética ha establecido un Comité de Crisis permanente «para monitorizar y tomar todas las decisiones que sean necesarias en tiempo real», añadió Reynés.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO.

Naturgy también ha activado un protocolo de actuación para la prevención del contagio del virus entre sus técnicos especialistas que deben seguir acudiendo a sus puestos de trabajo para realizar las actividades esenciales.

Entre ellas cabe destacar la separación del colectivo de operadores críticos en equipos diferentes y sin contacto entre ellos. Cada técnico cuenta, además, con su propio equipo e higiene personalizada. Adicionalmente, se ha implementado un protocolo específico de limpieza de los Centros de control durante y en cada cambio de turno.

Reynes se mostró «muy orgulloso» de los empleados de la compañía, especialmente de los técnicos y especialistas que trabajan en instalaciones críticas, y «del sentido del deber que están demostrando en estos momentos tan complicados para ponerse al frente de su labor sin ningún tipo de reticencia para garantizar el suministro energético a toda la población española».

Las entidades bancarias, en coordinación con el Banco de España, garantizarán el acceso a los servicios bancarios en todo el país en esta situación excepcional que supone la declaración del estado de alarma para frenar la propagación del coronavirus, según informa la institución.

El Real Decreto aprobado este sábado que declara el estado de alarma en España incluye la banca entre los servicios que seguirán siendo accesibles a los ciudadanos.

En concreto, además de los servicios proporcionados habitualmente a través de la banca digital, las entidades seguirán estando a disposición del público a través de su red de sucursales, cubriendo todos los municipios en los que cuentan con presencia física.

Asimismo, la plena operatividad de las redes de cajeros automáticos permitirá a los clientes la disposición de efectivo y el acceso a parte de la operativa básica sin necesidad de acceder al interior de las sucursales, indica el Banco de España.

Las entidades españolas aplicarán las medidas de prevención necesarias para evitar que los empleados asuman riesgos en las sucursales abiertas al público.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que el coronavirus tenga un impacto demoledor este año sobre la economía española, que registraría ausencia de crecimiento en el escenario más favorable y una contracción de varias décimas en el caso de que el impacto de la pandemia se prolongue, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de las nuevas estimaciones del organismo.

De este modo, la mayor fortaleza exhibida durante los últimos años por la economía española respecto a los grandes países de la zona euro no protegerá al país de los devastadores efectos del Covid-19, al tratarse de una economía con un gran peso del sector servicios y una atomización del tejido empresarial representado en un 80% por pequeñas y medianas empresas (pymes).

Las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la propagación del virus, que han culminado de momento en la declaración del estado de alarma (con la limitación de movimientos de ciudadanos o el cierre de establecimientos de restauración) han supuesto un drástico frenazo en el consumo y han dañado severamente a sectores como el turismo o el transporte, motores de la economía española, mientras que el sector exterior ya venía enfrentándose a dificultades derivadas de la ‘guerra’ comercial.

Además de retraer la demanda, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la economía española es a una previsible falta de liquidez de muchas empresas, que de no recibir apoyo financiero o fiscal para superar el bache, podrían enfrentarse a un graves dificultades de solvencia.

Todos estos factores convertirán en papel mojado el cuadro macroeconómico, la senda de déficit, el techo de gasto y los esbozados Presupuestos Generales del Estado, que deberían ser reelaborados sobre otras bases. Los expertos consultados por Europa Press coinciden en que la economía española ni crecerá un 1,6% este año como estimaba hace poco el Gobierno, ni su déficit se limitará al 1,8%, sino que será sensiblemente mayor, ante las medidas de gasto contempladas para apoyar a los sectores más afectados por la pandemia.

De este modo, la OCDE se suma a los sombríos pronósticos avanzados el pasado viernes por la Comisión Europea, que aunque no esbozó previsiones por países, sí que adelantó que la pandemia arrastrará a Europa a la recesión este año, aunque en 2021 volvería a crecer.

En concreto, la Comisión estima que el virus restará 2,5 puntos porcentuales a la economía europea este año, lo que de facto supone una contracción del PIB europeo de entre el 1 y el 1,1%. Por ello, Bruselas prepara medidas de liquidez para las empresas europeas y prevé dar la máxima flexibilidad a los gobiernos para combatir la crisis.

Según las últimas previsiones oficiales de la OCDE publicadas el 2 de marzo, la epidemia del coronavirus restará medio punto porcentual al crecimiento de la economía mundial en 2020, que frenará así su expansión al 2,4% este año, cinco décimas menos que lo previsto en noviembre por la Organización.

El organismo actualizó a principios de mes sus previsiones alertando del impacto a medio y largo plazo si el virus no se contiene. En el caso de que la epidemia se extienda a través de la región Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica, alerta de que el crecimiento de la economía global podría verse reducido al 1,5% en 2020, la mitad de lo anticipado en noviembre, con varias economías entrando en recesión, incluyendo Japón y la zona euro.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, visitó el pasado martes España y se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar sobre los efectos del coronavirus en la economía y los mercados globales, así como de laas posibles medidas de respuesta.

Durante el encuentro también avanzaron en los preparativos de la reunión del consejo de la OCDE a nivel ministerial que se celebrará en París los próximos 25 y 26 de mayo y será presidido por España, siempre y cuando para entonces se haya conseguido controlar la pandemia.

CEOE y Cepyme han instado al Gobierno a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes las medidas urgentes que los empresarios han solicitado para hacer frente a la crisis del coronavirus, entre las que figura la de contemplar el estado de alarma como situación de fuerza mayor para que las empresas presenten expedientes de regulación de empleo temporales (ERTEs).

Las patronales reclaman al Gobierno «mecanismos útiles y rápidos» que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas y a los autónomos, para evitar su «quiebra inmediata» y para que puedan mantener la actividad protegiendo el empleo.

«La situación de excepcionalidad económica por el coronavirus exige una respuesta amplia desde las instituciones nacionales y desde la UE», aseguran las organizaciones sindicales en un comunicado.

Por ello, y toda vez que no se aprobaron en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de este sábado, los empresarios «instan» al Gobierno a que en su reunión del próximo martes se adopte un paquete medidas económicas según los empresarios, deben incidir en tres aspectos.

Así, consideran que se precisan «medidas urgentes» en materia laboral, especialmente la simplificación y agilización de los procedimientos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) con efecto retroactivo y el reconocimiento en situaciones como el actual estado de alarma de una fuerza mayor para su presentación.

PALIAR LA FALTA DE LIQUIDEZ

Ante la falta de liquidez derivada del parón de actividad, los empresarios piden que se suspenda el pago de las cotizaciones por parte de la empresa, y que, del lado de trabajador, se contemple el acceso al paro sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras prestaciones por desempleo.

Las patronales también ven «imprescindible» facilitar el teletrabajo entendiendo por cumplida la obligación de las empresas de evaluar los riesgos con la autoevaluación realizada por el propio trabajador.

En esta misma línea apuntan a los aplazamientos y fraccionamientos de pago de manera automática y sin intereses por un plazo suficiente para todos los pagos de impuestos que afronten las empresas que hayan sufrido de «forma significativa» una caída en sus ingresos o un incremento de los gastos a causa del impacto del virus.

En este punto señala la «especialmente difícil situación de los autónomos», que «requiere también una suspensión de las cotizaciones sociales, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario.

Por último, reclama como absolutamente necesario y urgente» articular una línea de avales públicos suficiente que facilite el acceso al crédito por parte de las empresas, especialmente de pymes y autónomos, y que las Administraciones Públicas paguen «de inmediato» las facturas pendientes a sus proveedores, sin siquiera agotar los plazos que fija la Ley de morosidad, así como que se aceleren lasdevoluciones tributarias pendientes.

SENTIDO DE ESTADO

En su comunicado, CEOE y Cepyme expresan su apoyo al Gobierno, a los equipos sanitarios y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los territorios en la contra el virus, al tiempo que «garantizan» que todo el ecosistema empresarial, cumplirán «con responsabilidad los mandatos que implica el estado de alarma decretado».

Asimismo, manifiestan su confianza en la eficacia de las medidas extraordinarias aprobadas en Consejo de Ministros extraordinario este sábado para garantizar los «absolutamente prioritario» que es garantizar la salud pública.

«Compartimos con el Gobierno que se trata de una crisis que es preciso abordar con sentido de Estado, más allá de las diferencias territoriales e ideológicas, y en la que toda la sociedad española debe permanecer unida», indican las patronales, que además subrayaron el «inestimable trabajo que está realizando el equipo humano que sostiene en estos momentos la sanidad tanto pública como privada, una de las mejores del mundo».

Iberdrola ha incrementado un 115% su inversión anual en actividades de Innovación, Desarrollo e Investigación (I+D+i) en la última década, alcanzando su cifra récord de 280 millones de euros en 2019.

Según consta en el Informe Integrado de 2020 de la compañía, la apuesta inversora de la energética por la innovación creció un 5% el año pasado frente a 2018.

Desde 2010, cuando la inversión en esta partida ascendió a 130 millones de euros, Iberdrola ha ido incrementando año a año su apuesta por una línea clave para el desarrollo de nuevas tecnologías.

En 2015, ya alcanzó la cota de los 200 millones de euros y desde entonces ha elevado esa partida un 40%, hasta los 280 millones de euros del año pasado.

De la cifra inversora del pasado ejercicio, el 32% se destinó al área de Redes, el 25% a Renovables, el 24% a Generación y Clientes y el 19% a Sistemas.

CASI 2.000 MILLONES EN LA DÉCADA

De esta manera, la inversión en I+D+i acumulada de la eléctrica en la última década se acerca a los 2.000 millones de euros, focalizada fundamentalmente en renovables, redes inteligentes y nuevas soluciones para el consumidor, en línea con las principales líneas de negocio de la compañía.

Esta apuesta por la innovación ha situado al grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán como la segunda compañía eléctrica más innovadora en Europa y la tercera en el Mundo.

Además, Iberdrola cuenta con el programa internacional ‘startups’ Iberdrola – Perseo, su plan de inversión en tecnológicas que cuenta con una dotación de 70 millones de euros.