El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defendido este miércoles mantener los ERTEs para afrontar la crisis del coronavirus: «Muchas empresas no podrán empezar de nuevo porque no tienen las condiciones para hacerlo y necesitan este balón de oxígeno».

Lo ha dicho al intervenir en la reunión ‘Empresas españolas liderando el futuro’ de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el mismo día en el que el Gobierno y los agentes sociales vuelven a la mesa de negociación para intentar cerrar una prórroga de los expedientes.

Ha defendido que patronales y sindicatos están actuando desde el diálogo y la concertación como la sociedad espera de ellos: «Probablemente, los que más estamos haciendo para generar la confianza necesaria somos los agentes sociales».

También ha pedido también al Gobierno «solucionar ya, sin más dilaciones, el fiasco del pago» de las prestaciones de los ERTEs a los trabajadores que todavía no lo han cobrado.

UN PAÍS «ENDEUDADO»

Ha destacado el rol de la CEOE en la reactivación de la economía, que defiende abordar mediante consensos: «Tiene que ser un elemento fundamental en ayudar al Gobierno a conseguir que lleguen de Europa fondos europeos para la reconstrucción de la economía.

En este contexto, los fondos europeos son «un soplo de aire fresco» al que no se puede renunciar, según Sánchez Llibre, para poder diseñar un nuevo modelo productivo que convierta a España en un referente en Europa.

«No nos engañemos. Somos un país endeudado con una economía muy dependiente del sector servicios», a los que debe sumarse una industria fuerte, lo que ha situado como uno de los objetivo de la reconstrucción.

Así, ha apostado por detectar «nuevos nichos de progreso», garantizar inversiones, crear empleo y establecer pautas para el cambio del ciclo económico, a través de la colaboración público-privada.

«POLÍTICAS RIGUROSAS»

También ha solicitado al Gobierno «políticas rigurosas y eficientes», que atiendan a las necesidades de las pymes y los autónomos, cuya liquidez ha pedido garantizar.

«Los aplazamientos de impuestos del segundo trimestre, el IVA, el IRPF y la Seguridad Social, así como una segunda tanda de avales ICO por valor de 70 millones de euros, han de ser tomados en consideración por parte del Gobierno», ha defendido.

Y ha pedido trabajar en medidas compartidas entre agentes sociales y administraciones: «Los empresarios estamos a favor de arrimar el hombro, a favor de crear un nuevo proyecto colectivo que el Gobierno debe liderar, pero debe hacerlo con políticas viables, sin estridencias y sin ocurrencias».

Renfe tendrá una rebaja en el canon que paga a Adif por el uso de las líneas ferroviarias, que se le aplicará a los trenes que hayan circulado durante los tres meses de estado de alarma con la obligación de limitar el número de plazas para cumplir con las distancias de seguridad entre viajeros.

En virtud del descuento, la operadora deberá abonar canon en función de los billetes de tren que pudiera vender en vez de por los kilómetros recorridos por cada tren.

Así se establece en el Real Decreto Ley de medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica aprobado este martes por el Gobierno, que hoy publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La rebaja permitirá así a Renfe amortiguar parte del impacto de la crisis que le ha llevado a revisar su plan estratégico. La compañía ha dejado de ingresar 420 millones de euros por la venta de billetes de AVE y Larga Distancia durante las semanas de estado de alarma, según detalló recientemente su presidente, Isaías Táboas.

En concreto, la reducción «excepcional y temporal» del canon establece que para su liquidación se tendrá en cuenta el resultado de multiplicar «los kilómetros recorridos por un tren por el número de plazas que Renfe haya estado autorizada a comercializar, atendiendo a las medidas necesarias de máxima separación posible entre viajeros determinadas por las autoridades competentes en cada momento».

Durante los meses del estado de alarma, Renfe tuvo restringido el número de plazas de cada tren AVE y Larga Distancia que podía vender primero a un tercio de su capacidad total y, posteriormente, al 50%, para dejar vacío el asiento contiguo a cada pasajero.

En el marco del plan de desescalada, la compañía ferroviaria pública ya pudo volver a vender todas las plazas de sus trenes desde el pasado 8 de junio.

Así, la reducción de este importe, el que constituye uno de los principales costes de explotación de Renfe, se aplicará a los pagos mensuales que correspondan desde que se decretó el estado de alarma y hasta que «decayeron las medidas de restricción obligatoria de la oferta».

NO PAGAR POR PLAZAS SIN INGRESO

En el Real Decreto, el Gobierno atribuye la rebaja al hecho de que, en caso de no realizarse el ajuste, Renfe pagaría a Adif un peaje «por unas plazas sobre las que no puede obtener ingreso alguno, y no por una hipotética falta de demanda, sino por una novedosa limitación impuesta por graves motivos sanitarios».

Asimismo, el Ejecutivo argumenta la necesidad y urgencia de aprobar la medida mediante Real Decreto Ley en el hecho de que el canon vigente aún tiene carácter de tributo y de que el canon se liquida mensualmente.

El canon que Renfe y los futuros operadores que entren en la red ferroviaria abonan a Adif por el uso de la infraestructura constituye a su vez la principal fuente de ingresos de esta compañía.

MORATORIA DE ALQUILERES

El Real Decreto aprobado por el Gobierno este martes incluye otra medida relacionada con Adif, se trata de la moratoria que esta compañía pública promotora y gestora de las infraestructuras ferroviarias puede aplicar en el pago de los alquileres de los locales comerciales de las estaciones de tren, cuyo negocio se ha visto afectado por el parón del transporte durante el estado de alarma.

El Ejecutivo enmarca esta medida, que también beneficia a otros activos en renta, como las instalaciones logísticas, en las políticas que viene desarrollando para «para proteger y dar soporte al tejido productivo».

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles en el Congreso que entre el pasado viernes 19 de junio y este lunes 22, en apenas tres días, unos 150.000 trabajadores salieron de sus expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para reanudar su actividad.

En total, más de un millón de trabajadores han finalizado ya los ERTEs facilitados por el Gobierno a las empresas para ajustar sus plantillas, ante las restricciones impuestas y la paralización de la actividad por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, según ha dicho la titular de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En una interpelación dirigida por el PP en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso, Calviño ha señalado que, hasta el mes de abril, la Seguridad Social ha recuperado un tercio de la afiliación perdida y que en mayo se ha detectado un «repunte» en indicadores económicos como los de gestores de compra, la confianza empresarial, el consumo eléctrico o el gasto de tarjeta.

Unos datos que, ha explicado la vicepresidenta tercera, evidencian «signos de recuperación» y que, si bien ha concedido que «queda camino por delante», considera que «reafirman» al Gobierno en sus «previsiones prudentes» y sus «acciones acertadas» para que se produzca una aceleración «paulatinamente» de la economía a partir de esta segunda mitad de año y durante el próximo año.

Las ampliaciones de capital de las sociedades mercantiles alcanzaron los 8.459,6 millones de euros en los cinco primeros meses del año, un 32,4% menos que en el mismo periodo del año pasado, tras ceder un 19,5% en mayo, hasta los 479,2 millones de euros, según el radar de Axesor.

De esta forma, Axesor destaca que las ampliaciones de capital se han reducido en más de 4.000 millones de euros en los cinco primeros meses del año, periodo afectado desde mediados de marzo por la crisis sanitaria del Covid-19.

Por sectores, con excepción de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, sector que registra un aumento el 2,56% en mayo, las ampliaciones de capital cayeron en el resto de los 20 sectores en los que Axesor divide la actividad económica.

En el acumulado del año solo cuatro de ellos registran tasas positivas: transporte y almacenamiento (+259,95%), actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+43,79%), industrias extractivas (+15,37%) y actividades administrativas y de servicios auxiliares (+9,35%).

En términos absolutos, el sector de las actividades financieras y de seguros y el de las actividades inmobiliarias continúan liderando las ampliaciones, muy por encima del resto con 2.130,5 y 1.901,37 millones de euros entre enero y mayo. Le sigue construcción con 963,27 millones de euros.

LAS REDUCCIONES DE CAPITAL BAJAN UN 17%

En paralelo, en las reducciones de capital, continúa la tendencia de moderación iniciada en el mes de abril. Con respecto a dicho mes, las desinversiones cayeron más de 144 millones de euros (un 46,91% menos), pasando desde los 307,75 a los 163,4 millones de euros.

Respecto al mismo mes del año anterior el desplome fue del 89,2%. Así, el volumen acumulado del año 2020 sumó un total de 4.364,66 millones de euros, un 17% menos que en el mismo periodo de 2019.

En lo que va de año, Axesor aprecia una leve recuperación en el comercio, uno de los sectores estratégicos para la economía de España, ya que las ampliaciones de capital cayeron un 42,95%, casi medio punto menos de lo que lo hacían hasta abril (-43,47%). Así, en los cinco primeros meses del año se alcanzó un importe de 522,49 millones de euros.

Por el contrario, en el sector de la hostelería el volumen se contrajo un 31%, casi 10 puntos por encima del la caída acumulada hasta el mes de abril (-21,3%), siendo el volumen de ampliaciones de capital en los cinco primeros meses del año de 277,4 millones de euros, frente a los 402,15 de hace un año.

EXTREMADURA Y VALENCIA, EN POSITIVO

Por comunidades autónomas, solo tres de ellas cierran los cinco primeros meses del año con cifras positivas, Extremadura (+12,6%), Comunidad Valenciana (+11%) y Ceuta y Melilla (+22,3%).

En el lado contrario de la tabla, Asturias (-67,5%), Canarias (-56,8%) y La Rioja (-55,7%) son las regiones donde más se contraen las ampliaciones de capital.

En cifras absolutas, Madrid, con un volumen acumulado en el año de 3.346,94 millones de euros, Cataluña, con 1.665,07 millones de euros y Valencia, con 761,33 millones de euros, lideran las operaciones de ampliación de capital.

Frente a ellos Ceuta y Melilla, con sólo 3,11 millones de euros, La Rioja, con 20,53 millones de euros, y Navarra, con 48,92 millones de euros, son las comunidades autónomas que concentran los menores importes.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha acusado a Alcoa de no querer un plan industrial para garantizar la continuidad de su planta en San Cibrao (Lugo) y el empleo, y ha asegurado que la multinacional estadounidense solo quiere «subvenciones, subvenciones y subvenciones».

En respuesta a una pregunta del diputado de Vox José María Figaredo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Maroto afirmó que las ayudas recibidas por la compañía por emisiones de CO2 ascienden a 38,4 millones. «Eso es Alcoa, subvenciones, subvenciones y subvenciones, y no proteger a los trabajadores», dijo.

La ministra reiteró que la prioridad del Gobierno pasa por «proteger el empleo y mejorar las condiciones de los trabajadores», mientras que otros «se quedan de perfil.

Por su parte, Figaredo subrayó que más de 2.000 trabajadores «necesitan que el Gobierno les escuche» y afirmó que Alcoa cerrará su planta «por la inseguridad jurídica y los costes de la energía».

«Su Gobierno tiene en su mano la llave para la supervivencia de Alcoa, les han puesto encima de la mesa un plan: con un estatuto del consumidor electrointensivo, unas subastas de interrumpibilidad e indemnizaciones por los derechos de emisiones de CO2», dijo.

A este respecto, la titular de Industria lamentó que Vox, motivado por las elecciones en Galicia, haya decidido alinearse «con la Xunta, en lugar de con el Gobierno».

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que llevará en los próximos días al Consejo de Ministros el proyecto de Ley que transpone la directiva europea de prácticas comerciales desleales, que permitirá que la cadena alimentaria sea «más justa y equilibrada» para agricultores y ganaderos.

«En los próximos días el Consejo de Ministros efectuará la primera lectura del proyecto de ley que traspone la directiva europea de prácticas comerciales desleales. Trabajaremos en los próximos meses para lograr una cadena alimentaria más justa, equilibrada, que forme valor y que sea el reflejo de un sector, que ha estado respondiendo a las necesidades de los ciudadanos durante la crisis del coronavirus«, ha asegurado Planas durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El titular del ramo cree que el Real Decreto Ley de febrero, que introduce por «primera vez que los costes de producción en el sector primario deben de ser inferiores al precio de venta de los productos», y con la próxima transposición de la directiva europea se podrá responder a los «problemas fundamentales» del sector como son el «desequilibrio de la cadena alimentaria, la transparencia en la formación de precios y proteger al eslabón más débil, agricultores y ganaderos».

De esta forma, Planas ha vuelto a reiterar que es una «obligación» que en los contratos agrarios la base de la negociación sean los costes de producción. «La Ley y su cumplimiento no es una opción, es una obligación legal que hay que llevar adelante», ha recalcado, tras ser cuestionado en el Pleno a las pregunta del diputado de EAJ-PNV, Joseba Andoni Agirretxea.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que el diseño de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) propiciado por el Gobierno se ha convertido en la herramienta «más eficaz» para proteger a trabajadores y empresas y ha reprochado al PP que, existiendo consenso social sobre ello, «se haya quedado al margen de manera incomprensible».

Así lo ha señalado la ministra durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso en respuesta a una pregunta del diputado ‘popular’ Diego Gago, que ha pedido a Díaz que escuche al PP, a empresarios y sindicatos y prorrogue los ERTEs hasta el 31 de diciembre, en lugar de hasta el 30 de septiembre, como tiene previsto hacer.

Gago ha denunciado que «decenas de miles» de trabajadores en ERTEs no han cobrado «ni un solo euro» desde marzo y están viviendo un «auténtico drama». «Usted le ha tenido que explicar esta primavera a los niños lo que eran los ERTEs; en otoño, de seguir así, va a tener que explicarles lo que son los EREs y en Navidades me parece que va a tener que explicarles por qué no tienen regalos«, ha señalado el diputado ‘popular’.

El representante del PP también ha dicho a la ministra que la reforma laboral que el Gobierno «intenta derogar de la mano de Bildu» y los Presupuestos Generales de Cristóbal Montoro que aún se mantienen «son precisamente el escudo social». «Gracias a la reforma laboral no tenemos hoy seis millones de parados en España», ha añadido.

A partir de ahí, Gago se ha referido a la situación de Alcoa y le ha reprochado que, mientras antes capitaneaba las manifestaciones para defender ésta y otras empresas, ahora «no se la vea». «Es usted un fraude para Galicia y para España», le ha espetado.

Tras estas palabras, la ministra ha criticado a Gago por «intentar convertir» la pregunta de control en el Congreso «en un mitin electoral» para el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Díaz ha afirmado que las políticas del Gobierno socialista han permitido que más de 288.000 trabajadores gallegos estén protegidos por un ERTE, con un coste total de 533 millones de euros, y ha aprovechado para decirle a Gago que, «gracias al señor Feijóo se han perdido 20.000 empleos industriales en Galicia».

«Le voy a hablar de la inexistente política industrial del PP en mi país, que se llama Galicia. Le voy a hablar de las competencias que no ejerce el señor Feijóo», ha respondido la ministra, que ha mencionado algunas empresas que, según ella, el PP ha dejado caer en Galicia, entre ellas Caramelo, Alcoa y Conservas Cuca.

«No me va a hablar a mí de política industrial en Galicia, sobre todo porque tengo una hija que es ferrolana. Hago barcos, señor Gago, y conozco muy bien la política industrial. Sé muy bien lo que ha hecho el PP en Galicia: dejar morir la industria», ha concluido.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles en el Congreso que detecta un «enorme consenso social» de «todo el espectro social del país», entre patronales y sindicatos, sobre cómo afrontar la recuperación económica y social del país tras la crisis del virus Covid-19.

Preguntada por EH-Bildu en la sesión de control al Gobierno celebrada en la Cámara Baja, ha abundado en la necesidad de apostar por la transformación del modelo productivo hacia la economía ‘verde’, su digitalización, un sistema educativo «más fuerte», la formación profesional, «trabajos dignos» y un «crecimiento más fuerte e inclusivo».

En su respuesta, Calviño ha asegurado que, tras las medidas de protección de empresas y trabajadores, «a partir de ahora» el Gobierno está aprobando medidas de «apoyo a la reactivación económica» para «empezar a crecer de forma vigorosa lo antes posible» y «un plan de relanzamiento centrado en esos ejes» sobre los cuales, ha dicho, detecta un «amplio acuerdo».

Todo ello tras preguntar el portavoz económico de EH-Bildu, Oskar Matute, si contempla aplicar las «recetas» de mayor «flexibilidad laboral», colaboración público-privada y rebajas fiscales por parte de la CEOE, ofrecidas en el foro de grandes empresas que clausura este miércoles el propio Rey Felipe VI -«No sabemos si va a ir recoger leche y aceite», ha ironizado, en referencia a las donaciones de la nobleza a petición del monarca por la crisis-.

Calviño ha replicado que «la envergadura de la crisis es tal» que el Gobierno necesita «todas las voces y brazos remando todos en la misma dirección», que «todas las ideas son útiles y bienvenidas» para elaborar un plan de reconstrucción y que el Ejecutivo escucha a todos los grupos políticos y a «todos los grupos sociales.

BILDU LLAMA A ELEGIR: «O GRANDES EMPRESAS O CIUDADANÍA»

«Tengo serias dudas de que podamos remar en la misma dirección quienes nos quieren llevar a la perpetuidad una reforma laboral que ha traído paro y precariedad que quienes la han sufrido», ha contestado Matute, que ha insistido en que «es tiempo de elegir»: «O la lógica de las grandes empresas o de la ciudadanía».

El diputado de EH-Bildu ha aclarado que no existe «una aversión específica y calculada contra los grandes empresarios», sino que ha justificado su argumento en que, si desde el inicio de pandemia el número de personas en riesgo de exclusión ha aumentado en 700.000 personas, los 23 «ultrarricos» de España han ganado más de 19.200 millones, según datos de Intermón Oxfam; y que una empresa como Netflix tribute por 3.478 euros, el equivalente a un trabajador con una renta anual de 23.000 euros.

CALVIÑO: «EL GOBIERNO HA ELEGIDO NO DEJAR A NADIE ATRÁS»

«Es tiempo de elegir, pero tampoco es justo elegir solamente algunas de las ideas que se vierten en un determinado foro», ha aseverado la vicepresidenta tercera del Gobierno, apostillando que «lo justo es escuchar todas esas ideas» de todos los sectores y en los que ve «un enorme consenso».

En este sentido, ha subrayado que «la apuesta de este Gobierno es clara»: «Atendemos a todos, pero nuestras prioridades son bien conocidas», ha recalcado la titular de Economía, que ha apostado por un crecimiento «más sostenible» desde el punto de vista «ambiental, y social también. «Este Gobierno ha elegido. Hemos elegido no dejar a nadie atrás», ha zanjado.

La balanza por cuenta corriente, que mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias, se redujo a más de la mitad su déficit en el primer trimestre del año, hasta los 900 millones de euros, frente al déficit de 2.000 millones del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Banco de España.

La evolución de la balanza por cuenta corriente en los tres primeros meses del año se explica por el menor déficit de la balanza de bienes, de la renta secundaria y el mayor alza del superávit de la renta primaria, que compensaron el menor superávit de la renta de servicios.

En concreto, la balanza de bienes presentó un déficit de 6.300 millones de euros, por debajo de los 8.500 millones del año anterior, en tanto que la de servicios redujo en 1.700 millones su superávit, hasta los 8.500 millones de euros.

Dentro de ésta, el turismo y los viajes redujeron a 4.800 millones de euros su superávit, frente a los 10.200 millones de euros logrados el año pasado, mientras que los servicios no turísticos elevaron su superávit hasta los 3.700 millones de euros, 600 millones más que en el primer trimestre del año pasado.

Por su parte, la balanza de rentas primaria (rentas de trabajo, de la inversión, impuestos sobre producción y la importación y subvenciones) aumentó en 500 millones de euros su superávit, hasta los 1.200 millones de euros, y la renta secundaria (transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, etc.) redujo su déficit en 100 millones de euros, hasta los 4.300 millones de euros.

Así, el saldo de la cuenta de capital redujo entre enero y marzo su superávit en 100 millones de euros, hasta los 700 millones de euros.

Por consiguiente, la necesidad de financiación, medida por el saldo conjunto de las cuentas corriente y de capital, registró un déficit de 300 millones de euros en el primer trimestre, cifra inferior a la de 1.200 millones registrada un año antes.

MENOR ENTRADA DE CAPITALES

La posición de inversión internacional neta de España tuvo un saldo negativo de 885.700 millones de euros en el primer trimestre de 2020 (71,6% del PIB), inferior a los 925.900 millones de euros registrados el trimestre anterior (74,4% en términos del PIB) y a los 964.500 millones de euros (80,2% del PIB) de 2018.

Por otro lado, durante el primer trimestre del año, España registró una entrada de capitales de 685.900 millones de euros, por debajo de los 736.000 millones que entraron en el mismo periodo del año anterior.

La salida o entrada de capitales es un saldo que resulta de tener en cuenta lo que los residentes españoles invierten fuera del país y lo que los extranjeros destinan a España en ese mismo periodo.