El sector de la automoción español en su conjunto (fabricantes de vehículos, proveedores, concesionarios, talleres, renting, alquiladoras y actividades de reciclaje y desguace, así como otras asociaciones de vehículos de motor) han solicitado al Gobierno que apruebe un «plan de choque» nacional de medidas «urgentes y específicas» de apoyo a este sector que incluya, entre otros elementos, acciones de impulso para reactivar la demanda.

Así lo han señalado en un comunicado conjunto las asociaciones AELR, AER, Aedra, Ancera, Anesdor, Anfac, Ascabús, Asfacres, Asnef, Cetraa, Conepa, Faconauto, Feneval, Ganvam, Sernauto y Sigrauto, que han lamentado el «drama humano y sanitario» que supone el brote de coronavirus, pero también en el ámbito económico.

«Nuestro sector ha sido y es uno de los más afectados a nivel económico por la pandemia. La necesidad de proteger a nuestros trabajadores, junto a las restricciones derivadas del estado de alarma, han provocado un cese total de la actividad productiva y comercial, lo que coloca al sector en una muy difícil situación, no solo a corto plazo sino también cuando se vayan levantando las medidas progresivamente», han destacado.

Por todo ello, han augurado una recuperación «paulatina», que estará muy condicionada a la existencia y a la contundencia de medidas de impulso. Por ello, serán necesarias acciones de apoyo «contundentes y ágiles» centradas en dinamizar el mercado y la producción, que permitan al sector recuperar su efecto «tractor» en el conjunto de la economía.

Este «plan de choque nacional» debería incluir, según las asociaciones, medidas de impulso a la demanda, que ayuden a la recuperación global del mercado. Además, ha de complementarse con acciones para mejorar la liquidez de las empresas, en especial las de menor tamaño; así como con medidas fiscales para reactivar el mercado; con iniciativas de flexibilidad laboral y para el impulso de la inversión y de la industria 4.0.

«Este paquete de medidas debería abordar todos los aspectos relevantes para la industria y el sector de la automoción, de tal manera que se garantice, en la medida de lo posible, la competitividad y la viabilidad futura de todas las empresas y componentes de la cadena de valor», han reivindicado.

Las asociaciones calculan que han tenido que acogerse a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) al menos unos 350.000 empleados del sector, que representa el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de España y el 9% del empleo.

Dia ha decidido reclamar Ricardo Currás, consejero delegado de la firma hasta finales de agosto de 2018, fecha en la que fue cesado, más de 2,78 millones de euros en concepto de variables anuales e indemnizaciones tras activar las cláusulas ‘clawback’.

De esta forma, la compañía le reclama la devolución de las cantidades abonadas con ocasión de su cese, según la información remitida este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la cadena de supermercados, en la que LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, posee un 74% del capital, ha reclamado a Currás 616.620 euros correspondientes a la retribución variable anual de 2016 y otros 217.500 euros a la de 2017.

A estas cantidades se suman 1,64 millones de euros de la indemnización por cese y 303.300 euros de la indemnización por falta de preaviso.

Adicionalmente, en noviembre de 2018, Dia decidió suspender el abono de la contraprestación económica derivada de la obligación de no competencia post-contractual asumida en el contrato de Currás. Hasta ese momento, Dia le había abonado 101.000 euros, correspondientes a dos mensualidades de dicha contraprestación.

Respecto a Antonio Coto, consejero delegado que sustituyó a Currás hasta el 28 de diciembre de 2018, la compañía ha decidido no activar la cláusula ‘clawback’ por retribuciones satisfechas en su condición de consejero delegado dado que no percibió retribución variable ni a corto ni largo plazo.

Por otro lado, ni Borja de la Cierva, nombrado consejero delegado en sustitución de Coto, cargo en el que permaneció hasta mayo de 2019, ni Miguel Ángel Iglesias, consejero ejecutivo entre enero y marzo de 2019, no han percibido retribución variable anual correspondiente al año pasado al haber cesado en sus cargos con anterioridad al 31 de diciembre.

El Gobierno ha adoptado una serie de medidas extraordinarias para simplificar la tramitación de las solicitudes de prestaciones ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Instituto Social de la Marina (ISM) y la Seguridad Social como consecuencia de la declaración del estado de alarma y el cierre de oficinas de cara al público.

Estas medidas de simplificación se han incluido en el Real Decreto-ley para la contratación de parados e inmigrantes en el sector agrario, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así, para la resolución de forma provisional de las solicitudes de prestación por desempleo presentadas por los ciudadanos, el Ejecutivo establece que, si el solicitante carece de certificado electrónico o clave permanente, podrá formalizar su solicitud provisional de acceso a la protección por desempleo a través de un formulario de pre-solicitud disponible en la página web del SEPE y en su sede electrónica, o en la sede electrónica de la Seguridad Social para el supuesto de trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Cuando se formalice la solicitud provisional por esta vía, el Gobierno precisa que se admitirá la identidad declarada por el interesado, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda hacer la entidad gestora, a través de los medios ya establecidos para verificar la identidad: el sistema SVDIR, que pone en práctica la verificación y la consulta de los datos de identidad y de los datos de residencia, y el SECOPA, donde se pueden consultar los datos padronales.

La entidad gestora podrá consultar además o recabar la información y los documentos necesarios para el reconocimiento de las prestaciones que ya se encuentren en poder de las administraciones públicas.

En el supuesto de que el interesado carezca de firma electrónica, deberá dejar constancia expresa de su voluntad o consentimiento a la tramitación de su expediente.

En aquellos supuestos en los que, debido al cierre de oficinas públicas, el solicitante de la prestación no pueda presentar la documentación exigida u observar el procedimiento habitual establecido al efecto, deberá aportar documentos o pruebas alternativas que obren en su poder y que acrediten la concurrencia de los requisitos o condiciones exigidos en el procedimiento para el reconocimiento o la revisión del derecho a las prestaciones por desempleo, sin perjuicio de la obligación de presentar los documentos preceptivos una vez que desaparezcan las restricciones provocadas por el estado de alarma.

Cuando el interesado no dispusiera de los documentos alternativos que acrediten su derecho a la prestación ni pudiera obtenerlos, podrá presentar una declaración responsable sobre los datos o documentos que pretenda hacer valer, sin perjuicio de la obligación de presentar con posterioridad los documentos acreditativos de los hechos o datos alegados.

De acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, el SEPE o el ISM efectuarán las comprobaciones correspondientes y dictarán la resolución provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho a la prestación.

Asimismo, revisarán las resoluciones provisionales de reconocimiento o de revisión de prestaciones adoptadas bajo este régimen transitorio y si, como resultado de dicha revisión, comprobaran que la prestación no ha sido reconocida en los términos establecidos en la ley, iniciarán el procedimiento de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas o, en su caso, procederán al abono de la prestación correspondiente.

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Al mismo tiempo, el Gobierno ha introducido también medidas extraordinarias de simplificación para la tramitación de los procedimientos que permiten a las entidades gestoras de la Seguridad Social resolver de forma provisional las prestaciones solicitadas.

Así, se establece que en el supuesto de que el solicitante careciera de certificado electrónico o clave permanente, podrá ejercer sus derechos, presentar documentos, realizar cualquier trámite o solicitar servicios a través del canal ‘Acceso directo a trámites sin certificado’, ubicado en la sede electrónica de la Seguridad Social, accesible desde la web de la Seguridad Social (www.seg-social.es), y en función de la entidad gestora competente para gestionar las prestaciones, a través de los enlaces establecidos al efecto. La información se mantendrá permanentemente actualizada a través de la web de la Seguridad Social.

En el supuesto de que el interesado carezca de certificado electrónico o clave permanente, se admitirá provisionalmente la identidad declarada por él, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda hacer la entidad gestora a través de los medios ya establecidos para verificar la identidad.

Las entidades gestoras podrán consultar o recabar la información y los documentos que ya se encuentren en poder de las administraciones públicas, salvo que el interesado se opusiera a ello.

En el caso de que se carezca de firma electrónica, el interesado deberá dejar constancia expresa de su voluntad o consentimiento a la tramitación de su expediente.

En aquellos supuestos en los que, debido al cierre de oficinas públicas, no se pueda presentar el documento preceptivo u observar el procedimiento habitual establecido al efecto, el interesado deberá aportar documentos o pruebas alternativas de que reúne los requisitos o condiciones exigidas para el reconocimiento o revisión de la prestación solicitada, sin perjuicio de la obligación de presentar los documentos preceptivos una vez que deje de estar vigente el estado de alarma.

Si el interesado no tuviera o no pudiera obtener documentos alternativos que acrediten su derecho, se podrá admitir una declaración responsable sobre los datos o documentos que pretenda hacer valer, sin perjuicio de la obligación de presentar con posterioridad los documentos acreditativos de los hechos o datos alegados y la revisión de las prestaciones reconocidas con carácter provisional.

Las entidades gestoras de la Seguridad Social revisarán todas las resoluciones provisionales de reconocimiento o revisión de prestaciones adoptadas bajo este régimen transitorio. En su caso, se efectuará el abono de aquellas cantidades que resulten procedentes tras la oportuna revisión. En el supuesto de que tras estas actuaciones se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, se iniciarán las actuaciones necesarias en orden a reclamar las cantidades indebidamente percibidas.

La CEOE estima que el PIB caerá este año entre un 5% y un 9% como consecuencia de la crisis del coronavirus y el paro crecerá entre medio millón y más de 900.000 personas, con una tasa de paro que podría escalar hasta el 18%.

Así lo recoge el departamento de Economía de la CEOE en un informe especial sobre el impacto de la crisis del Covid-19 en las empresas y en la economía española en general, del que se desprende que sus consecuencias serán mayores que las inicialmente previstas.

Según la CEOE, España volverá a entrar en recesión en 2020 debido al parón de la actividad y de la demanda a partir de la segunda quincena de marzo y su extensión a abril, con una caída del PIB estimada en un 5% para el conjunto del año en un escenario de recuperación más intensa, en el que se estima el final del confinamiento para los primeros días de mayo, una alta efectividad en las medidas adoptadas y una recuperación rápida en la mayor parte de los sectores.

En este escenario, la patronal prevé que se perderán 445.300 ocupados en términos de EPA, un 2,3% menos en media anual, y la tasa de paro crecerá del 14,1% al 16,5%, con un incremento del paro en 560.400 personas, hasta situarse en 3,8 millones.

En el más adverso de estos escenarios, con una confinamiento más prolongado y una menor efectividad de las medidas adoptadas, la caída del PIB podría situarse alrededor del 9%.

En este caso, el empleo caería un 4% en media anual, con un descenso de la ocupación de 796.800 personas, y el paro se elevaría en 912.000 personas, hasta casi los 4,2 millones, con una tasa de desempleo del 18%.

En cualquier caso, advierte de que la excepcionalidad de la situación hace «difícil» predecir escenarios centrales puesto que se desconoce aún la evolución de la propia crisis sanitaria o el grado de efectividad de las medidas adoptadas por el Gobierno hasta el momento, entre otros factores.

EL PIB CRECERÁ UN 5,2% EN 2021

Con todo, teniendo en cuenta que la economía se enfrenta esta vez a un «shock de impacto», la CEOE afirma que los niveles de actividad podrían alcanzar en diciembre los existentes al cierre de 2019, con lo que la recuperación en un escenario como el actual debería ser más rápida que al final de ciclo del tipo de la pasada recesión.

En este sentido y en el escenario más optimista, la patronal estima que el PIB experimentaría un notable rebote del 5,2% el próximo año.

Para la CEOE, la «cara más dramática» de la caída del PIB por el efecto del Covid-19 es su impacto sobre las empresas y los niveles de empleo, y por ello analiza el efecto sobre el empleo sin la posibilidad de acogerse a un ERTE.

SIN LOS ERTES LA TASA DE PARO PODRÍA ESCALAR AL 20,7%

En concreto, estima que sin los ERTEs y en el escenario de recuperación más intensa, la ocupación caería en cerca de un 5%, con casi un millón de empleos menos, y la tasa de paro escalaría al 18,7%; mientras que en el escenario más adverso, la caída de la ocupación sería del 7,3%, con 1,4 millones ocupados menos, y la tasa de paro volvería a alcanzar el 20,7%.

En cuanto al impacto del coronavirus sobre el déficit y la deuda pública, la organización dirigida por Antonio Garamendi afirma que, por el lado de los gastos, habrá un incremento del gasto público derivado de las prestaciones asociadas a los ERTEs y por cese de actividad de autónomos.

También se estima un coste de entre 5.000 y 6.000 millones derivados de las medidas de gasto en el ámbito sanitario y para dar cobertura a colectivos vulnerables, a lo que habría que sumar el gasto asociado al repunte del desempleo y entre otros 5.000 y 6.000 millones más por la subida salarial de los funcionarios y la revalorización de las pensiones.

30.000 MILLONES MÁS DE GASTO PÚBLICO

Así, el aumento de las necesidades de gasto público podría ser de entre 25.000 y 30.000 millones de euros, sin contar con las medidas que aún pueden quedar por anunciar, aunque la CEOE admite la dificultad de realizar los cálculos.

Por el lado de los ingresos, afirma que probablemente sufrirán un «importante impacto» por la caída del consumo. En este sentido, destaca que la recaudación caerá sobre todo en el IVA y estima una caída «prudente» de entre el 10% y el 20%, es decir entre 7.000 y 14.000 millones de euros menos para el conjunto del año, dependiendo de lo que tarde en recuperarse el consumo tras el confinamiento.

Asimismo, la reducción del consumo de hidrocarburos por las restricciones de movilidad supondrá también un descenso de entre el 20% y el 30% de este impuesto, en función del calendario de recuperación de la movilidad y el consumo, lo que detraerá entre 4.000 y 6.000 millones de euros.

CAÍDA DEL IRPF Y DEL IVA

En cuanto a los impuestos directos, la CEOE destaca que el IRPF se verá afectado por el incremento del desempleo y la pérdida de facturación de autónomos, pero sus efectos se dividirán entre 2020 _este año se presenta la declaración de la Renta de 2019, pero se registrarán menores retenciones a cuenta_ y 2021 _año en que se presenta la liquidación correspondiente a 2020-.

En este caso, la patronal estima que la cifra será menor que la correspondiente al IVA, con una posible caída de entre el 5% y el 10%, de entre 4.000 y 8.000 millones de euros.

En el Impuesto sobre Sociedades, el calendario de liquidaciones introduce las mismas dificultades para el cálculo, no obstante, la CEOE estima que el pago a cuenta de abril para las empresas que facturan más de seis millones de euros, en función de los escenarios que se barajan, podría reducirse entre 1.000 y 2.000 millones.

En el capítulo de las cotizaciones a la Seguridad Social, el impacto sí va a ser bastante inmediato por el incremento del desempleo, las bajas de trabajadores autónomos y el efecto de los ERTEs. En concreto, adelanta una pérdida total de recaudación que podría situarse entre el 8% y el 15% en función de la profundidad de la caída de la actividad y la velocidad de su posterior repunte.

DEUDA PÚBLICA DE HASTA EL 115% DEL PIB

El resultado de todas estas desviaciones arroja un déficit público de entre los 80.000 y los 120.000 millones de euros, en una horquilla de entre el 7,5% y el 11% del PIB, en función del comportamiento de la actividad. Al mismo tiempo, la deuda pública ascendería hasta el 108% o el 115% del PIB.

No obstante, precisa que buena parte de estas desviaciones no tienen un efecto acumulativo, por lo que la mayor parte de la influencia de las mismas sobre las finanzas públicas debería ir diluyéndose a medida que se recupera la normalidad, sin afectar al déficit estructural.

LIQUIDEZ Y MORATORIA DE IMPUESTOS

De acuerdo con este escenario, la CEOE pide la implementación de medidas que vayan dirigidas a facilitar la adaptación de las empresas, otorgando «más flexibilidad», apoyando a la liquidez y posibilitando la moratoria de impuestos.

Al mismo tiempo, asegura que es fundamental que las empresas estén preparadas para un escenario en donde la crisis se mantenga en el tiempo más allá de lo previsto. «La economía española necesita de recursos con cierta celeridad para que el cuidado de la salud sea compatible con la normalización de la actividad económica», subraya.

Para la CEOE, las empresas actuarán como palancas de salida de la actual situación y además de cumplir los protocolos para salvaguardar la salud en los centros de trabajo, se les debería permitir que puedan producir en aquello que consideren que la sociedad demanda, «ya que es el mejor incentivo para que se transformen y adapten a las nuevas necesidades».

Por último, pide salvaguardar la competitividad de las empresas españolas para que las exportaciones también sean una «palanca de recuperación», como ya pasó en la crisis de 2008.

BBVA ha creado un proceso de gestión de todos los cajeros en funcionamiento en España para garantizar que los clientes puedan retirar efectivo durante los próximos días, festivos por la Semana Santa.

Así lo ha comunicado este martes el banco, que continúa recomendando el pago de las compras esenciales con tarjetas sin contacto o con el teléfono móvil para minimizar el contagio en los establecimientos.

Desde el inicio de la crisis sanitaria por el Covid-19 en España, BBVA ha implantado un proceso de desinfección en aquellas oficinas bancarias que se encuentran abiertas al público cada día, con especial foco a aquellas zonas con más riesgo de transmisión del virus, y también desinfecta los cajeros, ya que se encuentran en funcionamiento incluso en el caso de las oficinas cerradas.

Este proceso se mantendrá durante la Semana Santa, en la que los clientes podrán hacer uso de los cajeros, aunque las oficinas permanezcan cerradas.

Por otro lado, BBVA ha puesto en marcha en España un procedimiento centralizado para garantizar que los cajeros estén a disposición de los usuarios. Así, dos veces al día (a las 9 y a las 12 de la mañana) se generan alertas para advertir a los empleados autorizados de que algún cajero concreto tiene una carga menor al 30% y, por tanto, debe reponer efectivo. A través de este sistema, también se alerta de las posibles averías que puede tener un cajero completo y se inicia el procedimiento de reparación.

Además, los vehículos blindados que transportan el efectivo están dentro de las actividades calificadas como esenciales por el Gobierno de España, por lo que siguen trabajando con normalidad.

CAÍDA GENERALIZADA DE LAS RETIRADAS DE EFECTIVO

BBVA ha comunicado que desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo, ha caído sustancialmente la retirada de efectivo en sus cajeros. El primer día laborable (lunes 16 de marzo), cayó un 67% respecto al primer día laborable del mismo mes y, desde entonces, la tónica habitual de los clientes de BBVA es hacer un uso menor del cajero.

Las retiradas de efectivo únicamente repuntaron levemente el día 25, coincidiendo con el pago de la pensión. Sin embargo, los cajeros de BBVA registraron menos de la mitad de operaciones que el día de ingreso de la pensión en febrero.

En general, las visitas al cajero desde la declaración del estado de alarma han caído a un tercio de las que se realizaban en la primera quincena del mes. Sin embargo, cuando los clientes retiran dinero, su importe es un 30% superior de media a las cantidades retiradas antes del 13 de marzo.

Las matriculaciones de vehículos industriales con motor diésel se situaron en 372.803 unidades durante 2019 en el conjunto del mercado europeo, lo que representa un incremento del 3,4% en comparación con 2018, según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

Este volumen de ventas representó el 98% de las entregas totales de camiones en toda Europa, que se situaron en más de 380.000 unidades, mientras que el año pasado solo se matricularon 235 unidades con motor de gasolina en la región, un 63,2% más y con una cuota mínima del 0,1%.

Los camiones electrificados representaron el 0,2% del mercado total de vehículos industriales en Europa durante el año pasado, con un volumen de 762 unidades y un crecimiento del 103,2% respecto a las 375 unidades de 2018.

En 2019 se comercializaron 273 vehículos industriales híbridos en el mercado europeo, un 10,5% menos, por lo que representaron solo el 0,1% de las entregas totales, mientras que los camiones con otros sistemas de propulsión alternativos crecieron un 73,7% el ejercicio pasado, con 6.553 unidades y una penetración del 1,7%.

MENOS CUOTA DE DIÉSEL EN ESPAÑA

En cuanto a los datos en el mercado español, las entregas de camiones diésel alcanzaron un volumen de 23.648 unidades, un 0,3% de crecimiento en la comparativa interanual. Esta cifra representó el 96,2% del total de camiones vendidos en el mercado nacional, un porcentaje menor que el contabilizado en Europa.

En España se vendieron ocho camiones electrificados el ejercicio pasado, el doble respecto a los cuatro de 2018, representando una participación inapreciable en el conjunto de las ventas, mientras que las entregas camiones híbridos aumentaron un 7,1%, hasta 91 unidades, con una cuota del 0,4%.

Además, los modelos con combustibles alternativos coparon el 3,4% del mercado español de vehículos industriales en 2019, con 827 unidades, un 29,4% más. De su lado, solo se vendió un camión de gasolina en España el año pasado y ninguno en 2018.

Mapfre ha aportado 5,7 millones de euros al fondo sectorial de 37 millones de euros constituido por más de un centenar de compañías aseguradoras para proteger al personal sanitario que lucha contra el coronavirus Covid-19, ha informado la compañía.

La compañía ha apoyado esta iniciativa desde el primer momento, en la que las aseguradoras han aportado según cuota de mercado, y ha colaborado de forma muy activa en la elaboración de los análisis técnicos para el diseño de la póliza.

Para ello, se ha requerido de la recopilación y análisis de estadísticas disponibles a nivel internacional y el manejo de diferentes trabajos de investigación existentes sobre posibles escenarios de la pandemia.

«Con nuestro impulso y contribución a este fondo queremos proteger a los héroes de la lucha contra el virus, los profesionales sanitarios, que literalmente se están dejando la piel para salvarnos a todos», ha afirmado el consejero delegado de Mapfre Iberia, José Manuel Inchausti.

Para poner en marcha esta iniciativa, Mapfre ha contado con el respaldo de sus socios de bancaseguros, Bankia, Bankinter y Liberbank(CCM).

Este fondo permitirá suscribir un seguro de vida colectivo que cubrirá el fallecimiento por causa directa del Covid-19 en sanitarios, así como un subsidio para los que resulten hospitalizados por esta causa. El producto tendrá cobertura retroactiva al 14 de marzo.

En total, Vidacaixa, Mapfre y Mutua Madrileña habrían contribuido con más de 15 millones de euros a este fondo, lo que supone que los tres primeros grupos aseguradores han aportado casi la mitad del montante total del fondo, según indicaron a Europa Press en fuentes del sector.

Unespa, la patronal del seguro, ha comunicado que, en caso de que la siniestralidad sea menor que el fondo constituido, el importe sobrante se destinará a apoar a los afectados por el coronavirus.

FCC se ha adjudicado el contrato de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos del condado de Volusia, en Florida (Estados Unidos), para un periodo de siete años y medio, y por un importe de 90 millones de dólares (unos 84 millones de euros), según informó la compañía.

El grupo controlado por Carlos Slim avanza de esta forma en la estrategia de crecimiento que su filial de servicios aborda en el país Norteamericano desde hace cinco años, donde ya suma una cartera de contratos por unos 2.000 millones de dólares (unos 1.850 millones de euros).

Con este nuevo servicio, que comenzó a operar el pasado 1 de abril, la filial estadounidense de FCC Servicios Medio Ambiente atiende la recogida de residuos a unas 45.000 viviendas.

La compañía presta este contrato con una plantilla de 45 empleados y una flota de 35 vehículos nuevos de gas natural comprimido (GNC), alimentados a través de un sistema de compresor de combustible.

Se trata del cuarto contrato que la filial de servicios de FCC logra en el Estado de Florida y tiene su base en el municipio de Daytona Beach.

En Estados Unidos, a través de FCC Environmental Services, FCC cuenta con una cartera de contratos de recogida de basura, reciclaje y tratamiento de residuos sólidos urbanos, gestión de residuos industriales y descontaminación de suelos, entre otros, con los que atiende a una población de más de 8,5 millones de ciudadanos.

PRIMERA FUENTE DE INGRESOS.

El grupo también participado por Esther Koplowitz refuerza su negocio de servicios medioambientales en el país Norteamericano coincidiendo con la reciente reestructuración de esta actividad como una filial independiente del grupo, que, llegado el caso, podría abrirse a un socio.

FCC Servicios medioambientales es actualmente la primera fuente de ingresos de la compañía, por delante de la tradicional actividad constructora, dado que le reporta el 46% de sus ingresos y el 48% de su beneficio bruto de explotación (Ebitda).

Además, esta división presenta la segunda mayor cartera de contratos del grupo, tras la filial de agua Aqualia, al sumar proyectos y servicios que reportarán ingresos futuros por valor de 10.366 millones de euros.

El fabricante de automóviles Nissan, ante la declaración de estado de emergencia en Japón a causa del coronavirus, maximizará el teletrabajo siempre que sea posible en sus centros y rebajará la actividad de sus concesionarios, según informó la empresa en un comunicado.

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, decretó este martes el estado de emergencia en el país asiático ante la alerta sanitaria por el coronavirus. Esta medida se aplicará, por el momento, hasta el 6 de mayo en algunas regiones.

Ante la decisión del Gobierno nipón, Nissan mandará a trabajar desde a casa a todos los trabajadores cuya labor lo permita, mientras que reducirá el empleo presencial al mínimo y recomendará a los empleados que eviten el transporte público siempre que sea posible y que mantengan una distancia mínima con otras personas.

LAS PLANTAS SEGUIRÁN OPERANDO

En cuanto a las instalaciones productivas, la compañía automovilística indicó que cada centro continuará operando para dar respuesta a la demanda de sus productos, aunque incidirá en reforzar la seguridad y el bienestar de sus trabajadores.

Respecto a la red de concesionarios en Japón, Nissan señaló que los puntos seguirán dando servicio a sus clientes, aunque reducirán sus actividades, centrándose principalmente en la actividad de mantenimiento de vehículos y de recambios de piezas.