Banco Santander ha rediseñado su app móvil para dar respuesta a las necesidades de sus clientes en el nuevo entorno Covid-19, con el objetivo de reducir al máximo la necesidad de acudir presencialmente a la oficina, según ha informado este viernes.

La nueva app, que ya está disponible para todos los clientes de banca móvil de Santander, ha sido diseñada a partir de las propias recomendaciones y sugerencias de los clientes.

Según Santander, destaca por las herramientas de relación con los gestores. El usuario elige los aspectos visuales y el tipo de uso que le quiere dar, de modo que puedan realizarse tanto las operaciones más complejas hasta las actividades de consulta más básicas. Además, simplifica la gestión de los productos reduciendo al máximo la carga visual de datos.

Una de las principales novedades que incorpora es el buscador global, que permite la búsqueda por texto de transacciones y otras acciones relevantes realizadas en el pasado, y ofrece herramientas de análisis para tener el control del ahorro y los gastos y poder planificar los pagos futuros mediante la utilización de inteligencia artificial. A través de este análisis avanzado de los movimientos, la aplicación será capaz de realizar recomendaciones personalizadas para cada cliente.

También tiene mejoras en la gestión de los pagos con tarjeta, como un buscador que permite localizar en un mapa los últimos pagos ejecutados y verificar con precisión los movimientos realizados, y ofrece al cliente la posibilidad de enrolar su nueva tarjeta en Apple Pay o Samsung Pay sin salir de la app de Santander y en un solo ‘clic’, así como sacar dinero en cajeros con un código.

Naturgy prevé reducir al menos un 21% sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 2017 y 2022, como parte de su objetivo de convertirse en protagonista en la transición hacia las energías limpias y renovables.

Esta iniciativa forma parte del anuncio realizado el pasado mes de mayo por el presidente de la empresa, Francisco Reynés, durante la junta de accionistas, de la creación de una Comisión de Sostenibilidad y también detalló las líneas maestras de la compañía para la transición energética y el compromiso medioambiental.

«Naturgy quiere ser, dentro de su sector, la compañía protagonista en esa transición hacía las energías limpias y renovables, marcándose objetivos que en 2022 la convertirán en una de las energéticas más limpias», explicó la firma.

Durante el pasado ejercicio, la entidad energética destinó cerca de 500 millones de euros a proyectos ambientales, de los que 422 millones fueron a parar a parques eólicos y plantas fotovoltaicas en España.

Así, la empresa contempla reducir en al menos un 21% las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2022, en comparación con 2017, así como recortar un 22% la intensidad de dióxido de carbono (CO2) en generación eléctrica y que el 34% de toda la generación sea de origen renovable.

Para lograr estas metas, la compañía trabaja en una serie de medidas que están en línea con el objetivo de global de frenar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados y con acciones específicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reforzar la gobernanza en medio ambiente y cambio climático, impulsar el gas renovable y la economía circular y la protección de la biodiversidad y el desarrollo del capital natural.

De esta forma, Naturgy está implementando ya una nueva Política y Plan Global de Medio Ambiente, que recoge líneas de actuación para cumplir en 2022. Entre los principales objetivos de este programa destaca, además de los ya mencionados, disminuir un 20% el consumo de agua en el año 2022.

Además, la empresa también se ha fijado como objetivos disminuir un 70% la producción de total de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, así como duplicar en 2022 el porcentaje de residuos reciclados y valorizados y realizar al menos 300 iniciativas de biodiversidad al año.

AVANCES

Según los datos de la corporación, durante el año pasado redujo un 16% sus emisiones de CO2, además de un 25% el uso de agua en sus actividades, generó un 66% menos de residuos y revalorizó o recicló el 57% de los residuos producidos.

Igualmente, la firma también está impulsando el uso de las tecnologías limpias, de forma que el año pasado invirtió más de 1.000 millones de euros en renovables y fue «la primera compañía en solicitar el cierre de todas sus plantas de carbón».

En términos de biodiversidad, la empresa desarrolló 257 iniciativas, alcanzándose una superficie restaurada ambientalmente superior a las 2.600 hectáreas, 60% de las cuales corresponden a espacios protegidos o hábitats de especies protegidas.

Por todo ello, el índice CDP Climate Change otorgó en 2019 la máxima calificación a Naturgy, que, además, es una de las finalistas por primera vez en su historia en los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa (Premios EBAE, por sus siglas en inglés), otorgados por la Comisión Europea.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha avanzado este viernes que confía en que antes del próximo verano pueda estar en vigor la modificación legislativa que ha anunciado su departamento para prohibir en los servicios de atención al cliente el uso de cualquier número de tarificación adicional, entre los que se incluyen los que usan el prefijo 902.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Garzón ha explicado que fecharlo en el próximo verano es «una estimación conservadora» dado que ahora se inicia un proceso de consulta pública a la ciudadanía para su mejora y después empezará a tramitarse en el Congreso, donde espera que tenga «un apoyo absoluto». «Ningún partido puede estar en contra, debe ser muy rápido», ha vaticinado.

Según ha explicado, los 902 en la atención al cliente encarecen la factura de las familias trabajadoras cuando ejercen su derecho a reclamar ya que no están incluidos en la tarifa plana «y elevan considerablemente la factura».

A juicio de Garzón, «eso es un abuso» y su aplicación «desincentiva que la gente quiera ejercer su derecho a reclamar» por el coste que le va a suponer ya que «la factura se puede disparar si llamas a una empresa y te ocupa mucho rato para solventar un problema.

Con esta medida, el Gobierno busca que los consumidores dispongan siempre de un número geográfico de tarifa básica para sus relaciones con las empresas y acabar así con «abusos y sobrecostes en las facturas mensuales» beneficiando a toda la población, especialmente a aquella con menos recursos.

Con este objetivo, el Gobierno modificará el artículo 21.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) para precisar este punto, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

De esta manera, se evitará que las compañías puedan aplicar a las llamadas a sus servicios de atención al cliente precios que excedan el precio de llamada a una línea telefónica geográfica.

ATENCIÓN AL CLIENTE TELEFÓNICA

Toda empresa o profesional tiene la obligación de facilitar servicios de atención telefónica con el objetivo de que sea una comunicación «rápida y eficaz» y, según la legislación, deben disponer de un número que no tenga un coste superior al de la tarifa básica.

El artículo 21.2 de la LGDCU dispone en la actualidad que en caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica de atención al cliente, su uso no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica, que se entiende por el «coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario».

Hasta ahora existen discrepancias sobre la interpretación del concepto de «tarifa básica» y muchas empresas lo aprovechan para poner números que suponen un coste para quienes llaman. Los más comunes son los 902, que a día de hoy tienen «unos costes muy altos y suponen unos elevados sobrecargos en las facturas mensuales de los hogares».

Esto se debe a que los 902 son más caros que una llamada provincial pero más baratos que una llamada nacional, un precio que se estableció en el pasado. Sin embargo, a día de hoy, donde todos los operadores ofrecen tarifas planas de llamadas desde fijos y móviles, «los 902 han quedado obsoletos».

Ante las dudas que planteaba el concepto «tarifa básica» en este contexto, el TJUE en una sentencia de marzo de 2017 establecía que debe interpretarse en el sentido de que el coste de una llamada a una línea telefónica de asistencia operada por un comerciante, en relación con un contrato celebrado, «no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar».

En este sentido, la sentencia del tribunal europeo recoge que «siempre que se respete este límite, el hecho de que el comerciante obtenga o no beneficios por medio de esa línea telefónica de asistencia es irrelevante».

El acceso a una atención eficaz, transparente y de calidad y una información completa, veraz y accesible en los servicios de atención al cliente, quejas, reclamaciones e incidencias, no pueden estar condicionados por los recursos económicos del consumidor y estos no se pueden ver reducidos o perjudicados como consecuencia del ejercicio de un derecho básico», resaltan desde el Ministerio de Consumo.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha asegurado que salvar autónomos, empresas y empleos debe ser un objetivo «urgente» y que para ello es fundamental prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 1 de abril en todos los sectores y «de forma automática».

Así lo ha señalado en su perfil de Twitter, donde ha resaltado que también es imprescindible restablecer la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos.

«El futuro de muchas empresas, el empleo de muchos trabajadores y la actividad de muchos autónomos está en juego», ha alertado, tras insistir en la necesidad de que se apruebe un plan de emergencia ante «un otoño e invierno muy duro para la economía y el empleo».

Para Amor, España no puede seguir yendo «al trantrán» de los acontecimientos. El presidente de ATA ha hecho hincapié en que los rebrotes y las nuevas restricciones sanitarias han puesto de manifiesto que «hay que anticiparse en las respuestas a esta crisis y establecer medidas que no dañen más la economía y el empleo. «O reaccionamos o fracasaremos», ha apostillado.

El Gobierno ha elevado del 20% al 30% el porcentaje para entender que el trabajo a distancia es regular en una empresa, según el borrador de la norma que el Gobierno pretende aprobar «cuanto antes» en el Consejo de Ministros.

«Se entenderá que el trabajo a distancia es regular cuando, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato, sea prestada bajo esta modalidad», dice el último texto que el Ministerio ha remitido a los agentes sociales.

También apunta que la modificación del porcentaje de presencialidad «solo podrá realizarse si concurre voluntariedad tanto por parte de la persona trabajadora afectada como por parte de la empresa» y que se realizará de conformidad con lo previsto en el convenio colectivo o el acuerdo de empresa que resulten de aplicación.

Por el contrario, el personal laboral de las administraciones públicas no aparece recogido en el anteproyecto de la Ley de Teletrabajo, tal y como pedían las organizaciones sindicales.

De hecho, el texto dice que «hasta que se apruebe la normativa prevista en la disposición adicional XX, se mantendrá en vigor para el personal laboral al servicio de las administraciones públicas lo previsto por el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en la redacción vigente antes de la entrada en vigor de la presente ley».

NO SE COMPENSARÁN LOS GASTOS DE LA PANDEMIA

Por otro lado, en el borrador se recoge que cuando el trabajo a distancia sea algo excepcional promovido por una pandemia, la empresa no tendrá que establecer un acuerdo específico con los trabajadores que incluya, entre otras cosas, la compensación de los gastos.

«Cuando el trabajo a distancia se haya implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, quedarán exceptuadas la obligación de suscribir el acuerdo al que se refiere el artículo 6 de la presente norma y el mínimo de jornada presencial establecido para los contratos formativos en el apartado 2 del artículo 4 de la misma», dice el texto.

No obstante, de carácter general y como se recoge en el artículo 6 del borrador, será contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en los convenios colectivos, el inventario de medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia, «incluidos los consumibles y los elementos muebles», así como de la vida útil o un periodo máximo para la renovación de estos.

También dice que lo serán la enumeración de gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como la forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio colectivo de aplicación.

Por otro lado, en el acuerdo de trabajo a distancia también deberá incluirse el horario de trabajo y las reglas de disponibilidad del trabajador, la distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, el centro de trabajo donde queda adscrito el trabajador, el lugar de trabajo a distancia elegido por la persona o la duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, según adelanta este viernes ‘Cinco Días’.

Asimismo, establece que tendrán que aparecer en este acuerdo los medios de control empresarial de la actividad, el procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia y las instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de los sindicatos, para la protección de datos y seguridad de la información específicamente aplicables a esta modalidad de trabajo. Por último, también debe recogerse el plazo o duración del acuerdo o la prestación de los servicios a distancia.

Las empresas tendrán un plazo de tres meses desde que esta norma resulte de aplicación para formalizar este acuerdo de trabajo a distancia con las medidas que se recogen en este artículo seis.

En su artículo 11 resalta que el desarrollo del trabajo a distancia «deberá ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral».

El borrador de la norma además dice que las personas que trabajan a distancia tendrán los mismos derechos que las que lo hagan en el centro de trabajo, «salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional».

En esta línea, deja claro que las personas que desarrollan trabajo a distancia no podrán sufrir perjuicio alguno ni modificación en las condiciones pactadas, particularmente en materia de tiempo de trabajo o de retribución, por las dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo.

MISMAS CONDICIONES DE CONCILIACIÓN 

La norma subraya que las personas que realizan trabajo a distancia tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad, incluyendo el derecho de adaptación a la jornada establecido en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, a fin de que no interfiera el trabajo con la vida personal y familiar.

Por otro lado, establece que la negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, «el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y su falta de adaptación o la ineptitud sobrevenida, cuando estén vinculadas exclusivamente con esta fórmula de ejecución de trabajo, no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo».

Otra de las puntualizaciones que se recogen en este nuevo borrador es que las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la formación profesional en los mismos términos que las que prestan servicios de manera presencial y que la empresa debe informar a estas personas «de manera expresa y por escrito».

Respecto a la evaluación de riesgos, el texto dice que la empresa deberá obtener toda la información acerca de los riesgos a los que está expuesta la persona que trabaja a distancia y que esta información deberá recogerse visitando el domicilio del trabajador con su permiso. No obstante, si el trabajador se opone a que la empresa vaya a su domicilio a evaluar los riesgos, «el desarrollo de la actividad preventiva por parte de la empresa podrá efectuarse en base a la determinación de los riesgos que derive de una autoevaluación a cumplimentar por el trabajador».

Sobre el derecho a la intimidad y la protección de datos, como novedad, se establece, en el artículo 16 apartado 3, que las empresas deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente y que en la elaboración de estos criterios deberán participar los sindicatos.

La división de vehículos industriales del grupo Volkswagen, Traton, planea retomar este mes las negociaciones para la compra del también fabricante de camiones Navistar después de haber paralizado esta operación debido a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Según fuentes cercanas a las compañías, Traton estaría buscando reiniciar las negociaciones para conseguir adquirir Navistar, después de que el pasado mes de enero Volkswagen ofreciese 2.900 millones de dólares (unos 2.630 millones de euros) para hacerse con el 83,2% del capital de la empresa.

Sin embargo, varios directivos de Traton y Volkswagen sembraron dudas de si estas negociaciones seguirían adelante después de reconocer que estaban suspendidas por la pandemia, según recoge Bloomberg.

Por su parte, Navistar todavía no ha aceptado la oferta del consorcio alemán. Su presidente, Troy Clarke, aseguró en junio que la oferta «permanecía sobre la mesa», aunque reconoció que la situación sanitaria «ralentizó el proceso».

Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han coincidido este viernes en solicitar «medidas no traumáticas» para las plantillas de Caixabank y Bankia si se completa el éxito la negociación para la fusión que ambas entidades ya han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En declaraciones a Canal Sur Radio, Sordo ha asegurado que se trata de una operación «con una lógica empresarial bastante acusada y que, si se confirma, tiene un alcance estratégico importante para el país porque estamos hablando de una entidad financiera con importantes participaciones en otras empresas de energía, de comunicación y de infraestructuras».

«Desde luego, CCOO lo que va a hacer va a ser velar porque los criterios laborales que se puedan dar, porque siempre que hay una fusión esto tiene algún tipo de efecto en las relaciones laborales y en el número de las plantillas, que en todo caso las medidas no sean traumáticas», ha añadido el líder de CCOO, que también ha apostado por «romper una dinámica que además existe en España, que es una creciente exclusión financiera, porque cada vez hay más partes de nuestro país que tienen dificultades para acceder a un banco y a un sistema financiero normalizado».

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Junto a ello, Sordo ha defendido la necesidad de «poner en valor también la participación pública que podría tener todavía esta entidad porque España va a necesitar palancas financieras para la reconstrucción económica del país«. «Es una operación que hay que ver si se confirma y en qué términos, con una lógica empresarial y donde el sindicato, sobre todo, va a velar por los criterios laborales y sociales de la entidad resultante si esto si esto se confirmara», ha concluido.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado convencido de que en un proceso de fusión de «dos entidades tan importantes y con tantas sucursales como Caixabank y Bankia, sin lugar a dudas y más allá de otras connotaciones, va a haber recorte de plantillas«, por lo que ha expresado su «preocupación» y ha trasladado a las dos entidades «la necesidad de mantener el empleo».

En declaraciones a Canal Sur Radio, Álvarez ha señalado que «será difícil de entender por los ciudadanos que en un momento como el que estamos no se mantenga el empleo en estas entidades y en el sector financiero en particular», aunque ha admitido que los ajustes de plantilla es «algo que va a estar ahí presente, más o menos, y a más corto o largo y medio plazo, porque hay una confluencia de oficinas en las ciudades más importantes de nuestro país, en algunos casos incluso puerta con puerta, y eso con toda seguridad va a generar que la nueva entidad se acople a las necesidades de los propios ciudadanos».

En cualquier caso, el líder de UGT ha querido subrayar que «esta no es la única consecuencia» de la posible fusión de Caixabank y Banka, sino que «también hay consecuencias sobre el consumo porque cada día hay más concentración bancaria y menos posibilidades de que haya oferta diferente entre las entidades financieras. «Seguramente para el sector financiero español en el contexto europeo es un elemento que tiene interés pero hay que ver la otra cara de la moneda», ha finalizado Álvarez.

Los accionistas de MásMóvil tienen una semana para decidir si acuden a la Oferta de Adquisición de Acciones (Opa), ya que el próximo viernes finaliza el periodo de aceptación. El precio por título ofrecido es de 22,5 euros por acción, por lo que la considerada cuarta operadora nacional en España se valora en 2.963 millones de euros, incluyendo la deuda la operación asciende a más de 5.000 millones de euros.

Los fondos de inversión KKR, Cinven y Providence lanzaron a comienzos de junio esta opa, a través de la sociedad Lorca Telecom BidCo, por el cien por cien del capital de MásMóvil.

Este mismo domingo termina el plazo para poder presentar una contra opa, algo que el mercado ya descarta a estas alturas, según las fuentes consultadas.

Posteriormente, el martes finalizará el plazo para un posible incremento del precio, algo que, según fuentes financieras, no se contempla por ahora teniendo en cuenta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consideró el precio equitativo y fue refrendado por el Consejo de Administración tras la publicación de un informe que consideraba razonable el precio. Desde entonces, las acciones de Másmóvil cotizan por debajo del precio de la opa.

La próxima semana los accionistas deben tomar una decisión al respecto. La opa está sujeta a la aceptación de un 50% de las acciones. En el momento del anuncio, ya contaba con el compromiso del 30% de los accionistas que habían firmado irrevocables. El objetivo final es excluir de bolsa a la compañía.

El equipo directivo de MásMóvil ha mostrado de forma expresa su apoyo a la opa pero los fondos accionistas de la ‘teleco’ amarilla contrarios a ella han ido perdiendo fuerza en los últimos días.

Snowy Hydro y Global Power Generation (GPG), la ‘joint venture’ de Naturgy Energy Group y Kuwait Investment Authority, han acordado construir un parque eólico de 218 MW, ubicado en el estado de Victoria (Australia), según ha informado la compañía presidida por Francisco Reynés a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El parque eólico, denominado Ryan Corner, requerirá una inversión total estimada de 359 millones de dólares australianos (equivalente a 219 millones de euros aproximadamente) y se espera que entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2022.

El contrato adjudicado consiste en un contrato PPA (acuerdo de compraventa de energía) a 15 años por el 75% de la energía producida.ubicado en el estado de Victoria, aproximadamente a 300 kilómetros de Melbourne.

Dadas las características del contrato adjudicado y las condiciones del mercado australiano, uno de los países más atractivos para invertir en renovables, el proyecto cumple plenamente con los criterios de inversión y rentabilidad exigidos por Naturgy para la creación de valor», ha destacado la compañía, que posee una participación del 75% en la ‘joint venture’, mientras que el otro 25% restante está en manos de Kuwait Investment Authority.

Con este acuerdo, Naturgy duplica su presencia en Australia aumentando su capacidad hasta aproximadamente 500MW, convirtiéndose en el tercer mayor productor independiente de energía eólica del país y confirmando su apuesta por el crecimiento de las renovables en Australia.