El PP, ERC, Ciudadanos, Junts, el PNV y EH-Bildu han avalado este jueves en el Pleno del Congreso el decreto ley con la regulación del trabajo a distancia, si bien todas estas formaciones han exigido al Gobierno su tramitación como proyecto de ley para poder introducir cambios a través de enmiendas.

Estas formaciones han avanzado su apoyo a la convalidación del decreto ley durante su debate en la Cámara este jueves, señalando también que el contenido está auspiciado por el acuerdo con los sindicatos CC.OO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, si bien varios han criticado que la fórmula del decreto ley haya impedido realizar aportaciones antes de su entrada en vigor.

Diego Movellán, del PP, ha señalado que el propio Consejo Económico Social (CES) ha criticado que, tras dar el aval al texto, luego este ha sido modificado durante su tramitación, afeando las «prisas» del Ministerio de Trabajo por aprobar las normas.

Por parte de Vox, Mireia Borrás ha lamentado que la ausencia del reparto de gastos no dé certidumbre a las empresas, ni al trabajador sobre un posible aumento en el IRPF por los equipos proporcionados al poder ser considerados salario en especie, por lo que ha reclamado que se fijen estas partidas como «conceptos retribuidos exentos de cotización y tributación»

PNV Y Cs CELEBRAN QUE SE DELEGUE EN LA NEGOCIACIÓN

También Iñigo Barandiaran (PNV) ha advertido «cierta contradicción» entre este instrumento y el elogio al diálogo social, si bien ha celebrado el acuerdo social y ha valorado positivamente, al igual que María Muñoz (Cs), que haya «suficiente flexibilidad» en la norma y delegue en el acuerdo entre empresa y trabajador cuestiones no reguladas.

Una vía que otros grupos, como EH-Bildu y el BNG han cuestionado pues cree que estas «indefiniciones», como ha dicho Mertxe Aizpurua, «tienen riesgos» que puedan desembocar en una mayor desigualdad o incluso situaciones de explotación. La portavoz de Bildu ha reclamado un mayor nivel de definición, además de que esta regulación abra la puerta a un replanteamiento de las jornadas laborales, con menos horas o incluso menos días.

También ha echado en falta el portavoz laboral de ERC, Jordi Salvador, sanciones para empresas que vulneren aspectos de la desconexión digital, o concreción sobre cómo fichar en el teletrabajo, avanzando que reclamará que todo trabajador pueda acogerse a esta regulación, aun no alcanzando el 30% de jornada a distancia.

Ferrán Bel, de Junts, ha felicitado a la ministra Yolanda Díaz por los acuerdos conseguidos, pero también ha abogado por vincular esta ley con una «reforma horaria», como la que impulsa el Parlament de Cataluña.

«SIN ORGANIZACIÓN, LOS DERECHOS SON PAPEL MOJADO»

Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos, ha asegurado comprender, e incluso compartir ciertas críticas, pero ha celebrado la regulación como la conquista de un nuevo derecho, que se impida el despido por una negativa a teletrabajar y ha subrayado que «la única forma de garantizar derechos es organizarse y luchar», pues sin ello «los derechos quedarían en papel mojado». Seguiremos legislando, pero que la gente no olvide que lo que hace falta es organizarse y luchar para que lo que pone el BOE se haga realidad», ha concluido.

Por parte del PSOE, su diputada María Dolores Narváez Bandera ha reivindicado la importancia de «adelantarse» y regular el teletrabajo pues la necesidad de trabajar a distancia «entraña el riesgo de que sean más las mujeres que se acojan a él», aumentando las responsabilidades de las mismas y, por ello, «perpetuando el rol de género tradicional». «Lo hemos visto y lo hemos sufrido durante el confinamiento cuando las escuelas estaban cerradas», ha dicho.

La crisis económica derivada de la pandemia se ha colocado en octubre como el primer problema nacional seguida del coronavirus, con una presencia en el 39,6% y el 38,3% de los cuestionarios, respectivamente, y desplazando al paro a la tercera plaza de la lista que mensualmente elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En el último barómetro, hecho público este jueves, se detecta un importante incremento de la preocupación por la situación económica y la sanitaria. Las menciones a ambas suben en torno a diez puntos respecto al sondeo de septiembre.

El trabajo de campo del estudio se realizó durante los primeros siete días de octubre, en plena polémica por el cierre de parte de la Comunidad de Madrid en aplicación del acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud*, que luego tumbó un tribunal, pero terminó antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma en la región.

En concreto, las menciones a la crisis económica se sitúan en el 39,6% –frente al 29,7% de septiembre cuando era el segundo problema– y también suben, en su caso once puntos, las alusiones a al Covid-19 y a la falta de recursos para hacer frente a la pandemia, que llegan al 38,3%, aún lejos del 49,3% del pasado mes de abril.

EL PARO, EN SU MÍNIMO HISTÓRICO

Estas importantes subidas han provocado que el paro, que había vuelto a liderar la lista de problemas desde junio, ahora caiga a la tercera posición, perdiendo casi seis puntos respecto al mes anterior y marcando un 25%, su cota más baja de la serie histórica. En marzo, antes del estallido de la pandemia, aparecía citado como un problema en el 59,8% de las encuestas.

Por detrás del desempleo figura el mal comportamiento de los políticos (20,7%) y la quinta plaza es para la sanidad, con un 20%, 6,5 puntos más que en septiembre y por encima del 19,8% que reunió en marzo, al inicio de la primera ola de la enfermedad.

Tras la sanidad, aparecen hasta cuatro categorías que hacen referencia a los «problemas políticos» y la actuación de los representantes públicos y que copan de la sexta a la novena plaza de la tabla de problemas del país.

El pasado mes de enero, tras confirmar el nuevo Gobierno a José Félix Tezanos como presidente del organismo, el CIS modificó las categorías que desde hacía décadas figuraban en la tabla de problemas de España y dividió en tres apartados las menciones negativas hacia los políticos que antes se agrupaban en una y que se había consolidado como la segunda preocupación de los encuestados.

TEZANOS DIVIDE EN CINCO LOS PROBLEMAS VINCULADOS A LOS POLÍTICOS

Ahora las alusiones a los problemas políticos se dividen hasta en cinco apartados: el «mal comportamiento de los políticos», con un 20,7% de menciones, «los problemas políticos en general» (18,9%), la «falta de acuerdos, de colaboración y de unidad» (11,8%), lo que «hacen los partidos» (8,5%) y «la acción del Gobierno y los partidos o políticos concretos» (7,1%).

A esto se añade que desde el pasado mes de marzo, el CIS ya no pregunta por la situación política y únicamente pide opinión a los encuestados sobre la situación económica general y personal.

En concreto, en octubre marcan récord quienes descalifican la coyuntura económica del país. Es «mala o muy mala» para 86,7% –un porcentaje que sube 7,8 puntos respecto al mes anterior– y supera en 46 puntos la cifra de antes del inicio de la pandemia (40,3%).

En el ámbito personal en octubre un 56,3% admite tener «buena o muy buena» situación económica, frente al 20,6% que confesaba tenerla «mala o muy mala».

SUBE LA PREOCUPACIÓN POR LA MONARQUÍA, PERO EN EL 1%

El sondeo refleja también que la inquietud por la corrupción y el fraude sigue en descenso (ahora sólo aparece en el 4,3%, frente al 17,9% con el que empezó 2020) y ya es el decimocuarto problema. Por contra, tras la polémica por el veto del Gobierno a Felipe VI en el acto de entrega de despachos judiciales el pasado 25 de octubre, se han incrementado las alusiones a la Monarquía como un problema.

En concreto, repiten su récord histórico de junio de 2014, cuando Juan Carlos I anunció su decisión de abdicar. Sigue siendo un porcentaje muy bajo –en septiembre se había anotado un 0,5%–, pero ya figura en el puesto 21 de una tabla de 45 categorías, mientras que el mes anterior estaba en el 30.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha mejorado su propuesta de oferta de empleo público de 2020 para la Administración General del Estado con un incremento de unas 1.923 plazas respecto a su planteamiento inicial, hasta un total de 15.236 plazas, si bien los sindicatos señalan que sigue siendo insuficiente al continuar por debajo de la oferta del año pasado. Las partes se reunirán el lunes para concluir la negociación, según han indicado fuentes sindicales.

En concreto, el Gobierno ha elevado su propuesta inicial en 1.923 plazas al plantear ahora un oferta de empleo público de 15.236 plazas (8.061 plazas de acceso libre y 7.175 de promoción interna), frente a la primera propuesta de ayer que contemplaba 13.313 plazas (7.066 plazas de acceso libre y 6.247 de promoción interna).

Pese a la mejora, los sindicatos (CSIF, CC.OO. y UGT) señalan que la oferta sigue siendo inferior a la del año pasado, que alcanzó las 19.688 plazas (11.338 de acceso libre y 8.350 de promoción interna), si bien en esta cifra se incluían los anexos referidos a los empleados públicos de Justicia, personal estatutario de Defensa, algunos funcionarios de la administración local o docentes de Ceuta y Melilla, entre otros, mientras que ahora se están negociando solo las plazas en la AGE y habría que añadir a la cifra total esa parte. Además, los tres sindicatos han pedido un detalle de la disgregación de las plazas por sectores.

El Gobierno ha fijado la última reunión para el próximo lunes como fecha límite para concluir la negociación con la oferta de empleo público definitiva, haya o no acuerdo, con la intención de convocar a continuación la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas y poder aprobar la nueva oferta vía real decreto en el Consejo de Ministros del martes 27 de octubre.

LOS SINDICATOS PIDEN MÁS PLAZAS Y MEJORAS EN LA DISTRIBUCIÓN

El responsable de AGE de UGT, Carlos Álvarez, ha explicado en declaraciones que el Gobierno ha apurado su oferta en acceso libre lo que da «de sí» los topes en las tasas de reposición que permite la ley de Presupuestos, que fija un 100% de las bajas vegetativas del año anterior y servicios prioritarios y el 75% para los servicios no prioritarios.

En cualquier caso, Álvarez considera que hay «margen» para subir en promoción interna al no haber tope y espera que se pueda incrementar la oferta en unas 1.000 plazas de promoción y otras 1.000 en acceso libre en la parte referida a los anexos del personal estatutario de hospitales militares, funcionarios y secretarios de la administración local, Justicia y Educación, que no se está abordando actualmente, para acercarse a la cifra de la oferta del año pasado.

UGT ha demandado negociar un plan de ordenación de recursos humanos a largo plazo en vez de ir «parcheando» de año en año, si bien pide un aumento de las plazas, sobre todo en promoción interna, si finalmente ese es el esquema que elige Función Pública.

Asimismo, desde CCOO consideran que la propuesta ofrecida este jueves tendría que haber sido el «punto de partida de mínimos», que pasa por la aplicación estricta de los criterios presupuestarios (tasa de reposición del 100% para determinados sectores, 75% para el resto e incremento del 5% adicional por alto volumen de jubilaciones).

En cualquier caso, denuncia que continúa la pérdida de empleo neto, por lo que considera «imprescindible» la negociación de una OEP extraordinaria para los ámbitos con mayores dificultades y riesgo de colapso del servicio público y la atención a la ciudadanía, como ha sucedido en 2017 y 2018.

El secretario de Empleo del sector estatal de la AGE de FSC-CC.OO., Javier Martínez, ha precisado a Europa Press que el sindicato apuesta por que el número de 10.989 puestos, que fueron los de la OEP ordinaria del año pasado, se destinen a fortalecer los colectivos y servicios públicos que la OEP ordinaria no alcanza: personal laboral y cuerpo general C2 auxiliar de atención al público, como SEPE, Seguridad Social, AEMPS, Extranjería, investigación, Instituciones Penitenciarias, Documentación.

De su lado, fuentes de CSIF esperan que haya un aumento de la oferta, ya que la nueva propuesta sigue «muy lejos» de las cifras del año pasado, tras advertir ayer de que se pone en riesgo la «viabilidad» de la AGE y podría haber «colapso» en el SEPE y la Seguridad Social.

15.000 PUESTOS PENDIENTES DE CONVOCATORIA

CSIF recuerda que la AGE ha perdido en los últimos diez años, entre enero de 2010 y enero de 2020, 43.477 plazas, según datos del Registro Central de Personal, lo que supone una pérdida de 12 empleados públicos al día.

A esto se suma que el 19,2% ciento de la plantilla tiene más de 60 años y por tanto está a las puertas de la jubilación.

CC.OO. pide dotar a la OEP de medidas que garanticen un desarrollo ágil, ya que actualmente más de 4.500 aspirantes de las OEP 2017, 2018 y 2019 tienen procesos aprobados y llevan meses a la espera de incorporarse a la Administración y hay 15.000 puestos pendientes de convocatoria o en desarrollo, algunos desde hace más de dos años.

Igualmente, reclama instrumentos de diagnóstico del empleo público, que permitan identificar las necesidades reales del servicio público y de la ciudadanía, tal y como se había acordado en OEP previas.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha vuelto a plantear este jueves que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez cree una agencia independiente para controlar los fondos europeos que recibirá España destinados a afrontar la crisis del coronavirus. Según ha recalcado, ese órgano es «fundamental» para «evitar el clientelismo y la ineficacia».

Así lo ha asegurado Casado desde Bruselas, antes de participar en la Cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que precede a los Consejos Europeos. Se trata de una petición que él mismo trasladó personalmente al jefe del Ejecutivo en la reunión que mantuvieron el 2 de septiembre en el Palacio de la Moncloa.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, dijo entonces que esa propuesta de agencia era algo «accesorio» y «absolutamente instrumental», porque lo importante es decidir la orientación de los Presupuestos, fondos europeos incluidos.

SEGUIR LA LÍNEA DE PAÍSES COMO GRECIA, ITALIA O FRANCIA

Antes de reunirse con sus colegas del PPE, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Casado ha defendido la creación de ese órgano poniendo al frente a una personalidad independiente como han hecho otros países europeos.

Así, ha hecho hincapié en seguir la línea de actuación de países como Grecia, «poniendo al frente a un premio Nobel, Italia poniendo al frente a un empresario de prestigio o Francia, poniendo al frente a un político de la oposición».

«Esa independencia y esa imparcialidad de la agencia para gestionar los fondos europeos es algo fundamental que seguiremos reclamando a Pedro Sánchez para evitar el clientelismo y la ineficacia», ha manifestado.

Casado ha indicado que los fondos europeos centrarían parte del debate con sus colegas del PPE porque este 15 de octubre «había que presentar el plan nacional de reformas» que, según ha dicho, su partido «propuso apoyar junto al plan de recomendaciones semestrales».

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha afirmado que la Administración Pública va a pasar a formar parte de las diez políticas palanca que van a permitir que España lleve a cabo un plan de reformas, «que será un punto de inflexión».

Así lo ha señalado durante su intervención para pedir la convalidación en el Congreso del Real Decreto Ley que regula el teletrabajo en la Administración Pública, donde ha dejado claro que la regulación del trabajo a distancia en la Administración supone «abrir un camino hacia una Administración Pública del Siglo XXI».

«Sin lo público y sin los empleados públicos, la respuesta a esta pandemia no hubiese sido la misma», ha apostillado la ministra, tras señalar que cree que el teletrabajo va a ser «un hito fundamental» en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno.

Darias ha explicado que cada Administración será la encargada de concretar cuáles son los medios tecnológicos necesarios para desempeñar la actividad y ha indicado que la modalidad del trabajo a distancia debe ser «expresamente autorizada» y hacerse «con arreglo a criterios objetivos», pero también ser compatible con la modalidad presencial.

Asimismo, ha asegurado que el teletrabajo no puede suponer «ni un incumplimiento de la jornada ni del horario». «Las tareas que sean susceptibles de teletrabajar tienen que poder serlo y el empleado público debe tener las competencias digitales necesarias para su desempeño», ha apuntado Darias.

No obstante, la ministra ha subrayado que esta modalidad no es «ordinaria ni absoluta», puesto que la ordinaria sigue siendo la presencial. También ha señalado que será cada Administración la que decidirá cómo combinar el trabajo presencial con el teletrabajo. «Es voluntario y reversible», ha recordado.

También ha aprovechado para recordar que esta modalidad puede ser aplicable a más de dos millones de empleados públicos de todo el país y señalar que esta es una norma básica y aplicable tanto al personal funcionario como al laboral.

«Parte de un marco común y compartido entre todas las administraciones públicas. Eso sí, cada Administración dispondrá de un plazo de seis meses para adaptar esta regulación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) a su propio ámbito autonómico que le corresponda», ha resaltado.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha admitido este jueves que el adelanto de la segunda ola de Covid-19 en España ha retrasado la toma de medidas específicas para el turismo y la movilidad, como es el caso de los corredores turísticos seguros.

«Los datos epidemiológicos de España y el adelanto de esta segunda ola, que también está sufriendo Europa, nos ha hecho más difícil el poder plantear estos corredores. Llegamos tarde pero porque la situación epidemiológica nos ha retrasado la toma de decisiones», ha reconocido la ministra durante una entrevista en el canal 24h.

La semana pasada, el Gobierno acordó con los ejecutivos autonómicos de Canarias y Baleares un protocolo para establecer corredores turísticos con países europeos que permitan la movilidad de viajeros con el fin de reactivar el turismo en los dos archipiélagos «sin poner en riesgo la salud pública. Entre las medidas acordadas se encuentran la realización de test antes de abandonar las islas y cuando la incidencia acumulada del país sea mayor a 50 casos por cada 100.000 habitantes.

La ministra ha asegurado que el acuerdo entre Gobierno y los archipiélagos de Canarias y Baleares para establecer corredores turísticos seguros se extenderá al resto de la Península y que la última recomendación sobre movilidad de la Unión Europea también supondrá una «ventana de oportunidad» para seguir avanzando en los desplazamientos seguros.

SOBRE UNA BAJADA DEL IVA AL TURISMO

Sobre si se bajará el IVA al sector turístico, la ministra ha señalado que España parte ya de uno de los IVA «más bajos de la UE», pero ha matizado que no es algo a lo que el Gobierno «se haya negado definitivamente».

«No es algo a lo que hayamos dicho que no definitivamente. Dentro de las medidas que estamos analizando seguimos abiertos a tomar más medidas porque el sector sin duda necesita el respaldo de todas las administraciones», ha remarcado.

La ministra ha destacado que el sector turístico «ha sido uno de los más beneficiados», con 25.000 millones de euros movilizados del plan de choque. «La falta de movilidad nos ha puesto muchas trabas pero seguimos trabajando», ha insistido.

La mayor parte de los casos de mediación tramitados por el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en 2019 tenían como origen conflictos relacionados con cuestiones salariales y el tiempo de trabajo, según la Memoria de Actividades del SIMA presentada este jueves en rueda de prensa por la directora de la Fundación SIMA-FSP, Beatriz Losada, y la presidenta del patronato de la Fundación, Elena Gutiérrez.

El número de procedimientos tramitados por el SIMA en 2019 ascendió a 424, lo que supone que gestionó el 92,2% del total de las discrepancias que se produjeron en su ámbito de actuación, esto es, todos los conflictos colectivos laborales que afectaban a más de una comunidad autónoma. De la tramitación de estos expedientes se beneficiaron 4.822.850 trabajadores pertenecientes a 165.318 empresas.

Según la memoria, en el 99,3% de los casos se optó por la mediación y el 80,9% de los expedientes gestionados se instó para la interpretación y aplicación de una norma, acuerdo o pacto colectivo.

El 25% de estos expedientes sobre interpretación de normas o pactos colectivos versó sobre cuestiones salariales, en particular sobre aspectos como la retribución variable, los beneficios sociales o el abono de incentivos.

Le siguen los planteados por discrepancias en torno al tiempo de trabajo (20,7%), principalmente en materias referentes a la determinación de la jornada, su duración o su cómputo anual y al disfrute de permisos o licencias.

La memoria refleja además que, de los 69 procedimientos que se promovieron con carácter previo a la convocatoria formal de una huelga, un tercio fueron consecuencia de procesos de restructuración de empresas.

La mayoría de los asuntos tramitados por el SIMA durante 2019 se debieron a conflictos de negociación o aplicación de lo acordado surgidos en el ámbito empresarial, de los que el 82,3% pertenecían al sector servicios.

De todos los procedimientos gestionados por el SIMA en 2019, el 30,6% finalizó con acuerdo, la mayor parte por discrepancias planteadas en el ámbito empresarial por la interpretación y/o aplicación de una norma, acuerdo o pacto colectivo y con el objeto de dirimir desencuentros en torno al salario o al tiempo de trabajo.

La Fundación SIMA-FSP es una institución tripartita perteneciente al sector público estatal cuya creación, que data de 1996, fue fruto del acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales alcanzado entre CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para contribuir a resolver las discrepancias surgidas entre las partes en sus negociaciones colectivas a través de procedimientos de mediación y arbitraje.

UGT propuso a Liberty House la compra de las plantas de Alcoa de A Coruña y Avilés junto a la de Cervo (Lugo). «Ha salido en las conversaciones», según ha reconocido el secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas, en declaraciones en Santiago coincidiendo con el congreso de esta sección en Galicia.

En cualquier caso, para «no presionar», ha evitado responder a la pregunta de si la empresa, parte del grupo GFG Alliance e interesada en la compra de la fábrica de A Mariña, baraja la opción de hacerse también con las otras dos factorías que con anterioridad eran propiedad de Alcoa.

«Se lo hemos planteado los sindicatos. Nos gustaría. Y ellos conocen la realidad», ha apuntado Pedro Hojas, antes de urgir a las administraciones a que «se vuelquen» con este inversor, para «que no se canse» y desista de la operación, ante la negativa de Alcoa de venderle la planta de San Cibrao.

Y es que, según ha advertido el sindicalista, la venta de las fábricas de A Coruña y Avilés fue «fallida» y realizada «bajo la mentira y el engaño», dada la crisis que todavía les afecta.

En este escenario es en el que UGT considera que hay que «revertir esa venta» y buscar «una solución conjunta» para las factorías de las tres localidades.

SIEMENS-GAMESA

Por otra parte, también ha reclamado al Gobierno «que intervenga» en relación con la situación de Gamesa, y que declare «nula la venta a Siemens» en caso de que se quiera «ir» y dejar de producir en España. «No podemos permitir este goteo continuo», ha avisado.

«No se lo podemos permitir, se tiene que comprometer», ha resaltado, en referencia a un proceso de «deslocalización» de la producción por parte de la compañía. «Si se quiere ir, que la administración intervenga y declare nula la venta a Siemens», ha concluido.

En el contexto de la actual crisis por la pandemia de la covid-19, el portavoz de UGT FICA ha urgido avanzar en el «pacto por la industria», ya que de momento «no ha habido ninguna reunión» en esta materia.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró que a la UE no le va a «temblar el pulso» a la hora de imponer aranceles a Estados Unidos si éste país no los retira y no se sienta a negociar, en un marco donde «efectivamente ahora estamos más equilibrados porque contamos con el respaldo de la OMC».

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha autorizado a la Unión Europea (UE) a imponer aranceles sobre productos procedentes de Estados Unidos por un máximo anual de 3.993 millones de dólares (2.890 millones de euros) como compensación por las subvenciones recibidas por Boeing.

La Unión Europea ya habría elaborado una lista preliminar de productos estadounidenses sobre los que se aplicarían los aranceles, entre los que se encuentran los aviones de Boeing. La decisión sobre las medidas adoptadas no tendrá efecto hasta el próximo 26 de octubre, cuando se reúnan en la OMC.

«Es una noticia esperada que tuviéramos esa capacidad también para poder negociar de una manera más equilibrada con Estados Unidos. Nosotros confiamos y exigimos a Estados Unidos volver a sentarnos a negociar y con una exigencia clara, que es la de que retire inmediatamente esos aranceles», insistió la ministra en una entrevista en RTVE.

En este punto recordó que en los próximos días se publicará la lista de productos sobre los que se aplicarían los aranceles, que no solo están perjudicando al sector aeronáutico, sino también al agroalimentario.

«Si no hay voluntad de retirada de estos aranceles no nos va a temblar el pulso de imponer aranceles a Estados Unidos si no los retira y si no se sienta a negociar», justificó la ministra.

La ministra finalizó destacando dos importantes palancas en las que hay que profundizar tanto en el sector industrial como en el turístico, como son la digitalizacion y sostenibilidad para hacer un valor de identidad de España.

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha vuelto a reclamar al Gobierno la reducción del IVA a los productos pesqueros del 10% actual al 4% para aliviar el fuerte impacto que ha tenido en el sector la crisis provocada por el coronavirus tras el cierre parcial del canal Horeca, las restricciones actuales en bares y restaurantes y la reducción del turismo.

«No nos vamos a cansar de pedir al Gobierno que se reduzca el IVA de los productos pesqueros, aunque haya voces en el Ejecutivo que amenazan con subirlo en estos momentos. Creemos que es una medida justa y necesaria que, además de beneficiar a un sector muy castigado por el coronavirus puede tener un efecto social tremendamente positivo para la población», ha indicado el secretario general de Cepesca, Javier Garat, en un encuentro con los medios.

Garat ha lamentado que el Ejecutivo no preste atención al sector pesquero, como está haciendo con otras industrias como la del automóvil o el turismo. «Nunca se han dignado a contestarnos ante la petición del IVA. Creemos que es paradójico que una potencia pesquera como España, dedicada a proporcionar alimentación saludable, no concentre la misma atención», ha subrayado.

El sector, que estima que esta situación por la pandemia se mantendrá en los próximos meses, ha reducido en un 20% la venta de productos pesqueros, mientras que para especies de ‘alta gama’ como el marisco o el pez espada, entre otros, el impacto llegó a ser superior al 80%, aunque ya «va mejorando», según ha avanzado Garat.

Por otro lado, el secretario general de Cepesca ha señalado que la crisis por la hostelería no se ha visto compensada con el consumo de productos pesqueros en pescaderías y grandes superficies que, con ligeras disminuciones, tras el repunte registrado durante las semanas del confinamiento, se mantiene actualmente estable.

Las previsiones apuntan a que, a medida que se agudice la crisis económica, muchas familias se verán obligadas a reducir su gasto en alimentación, penalizando la adquisición de productos frescos frente a otros procesados y envasados, pero más económicos.

«Todos sabemos que la crisis sanitaria da lugar a una crisis económica y social, que no hemos vivido desde la Guerra Civil y nos preocupa. El dinero que van a tener los consumidores será menor del habitual y provocará que haya menos consumo de productos pesqueros que son necesarios», ha señalado.

Respecto a la campaña de Navidad, el sector muestra una gran incertidumbre sobre el pico de ventas que habitualmente representan estas fechas, debido a la inestabilidad a la hora de diseñar escenarios por la pandemia y las restricciones sociales y de movimientos que se puedan imponer.

Garat ha reiterado que esta complicada situación se podría aliviar con la reducción del IVA como se aplica a otros productos básicos como la leche, el pan, los cereales, huevos, fruta o verduras. «Es una petición unánime de todo el sector. Tiene que bajarse sí o sí, y por eso nos preguntamos ¿Por qué no están entre esos alimentos básicos los productos pesqueros?», ha cuestionado.

MOMENTO «IMPORTANTÍSIMO» EN LA NEGOCIACIÓN DEL ‘BREXIT’

Otro de los temas que está sobre la mesa del sector pesquero en la actualidad es la negociación final del ‘Brexit’, que se encuentra en un «momento importantísimo y crucial» para cerrar un acuerdo en materia pesquera durante las próximas semanas y que sea ratificado a tiempo para su entrada en vigor el 1 de enero de 2021.

«Tenemos la sensación de que la pesca será uno de los asuntos que van a suponer la vara de medir del acuerdo. El Gobierno de España y el resto de países y la Comisión Europea deben seguir defendiendo el mandato de la negociación y jugar todas las cartas disponibles. No se puede permitir que a última hora nos puedan vender, como ya ha ocurrido en otras ocasiones», ha advertido Garat.

El secretario general de Cepesca ha alertado de que no es momento de escuchar «cantos de sirena», como los que llegan desde Reino Unido que hablan de la posibilidad de un periodo transitorio o de acuerdos sobre acceso y cuotas plurianuales.

Por su parte, el miembro de la junta directiva de Cepesca y portavoz de Eufa, Iván López Van deer Veen, ha señalado que sería «inaceptable» que el 1 de enero de 2021 la flota pesquera europea se colapse y no pueda trabajar por problemas burocráticos. «Lo que nos preocupa es que la flota británica trabaje y la europea no», ha subrayado.

Por último, el sector pesquero español ha pedido «unidad de criterio» al Gobierno y una «mayor coordinación» con los diferentes Ministerios (Agricultura, Comercio, Trabajo, Fomento o Exteriores, entre otros) que están implicados en la gestión pesquera por el bien de la flota nacional.

En concreto, Garat ha mostrado la «preocupación» del sector por la relación que se mantiene con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, liderado por Teresa Ribera. «Nos da la sensación de que no conocen bien el sector pesquero y estamos en años decisivos para la gestión pesquera en el futuro. El Gobierno debe tener una posición única y clara donde apueste por este sector», ha subrayado.

En esta línea, el sector pesquero ha reiterado su preocupación por la situación del Instituto Español de Oceanografía (IEO) tras los planes del Gobierno de su absorción por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), una decisión que ha generado malestar entre la comunidad científica y que hace temer al sector sobre la viabilidad de un organismo, cuya labor de investigación, evaluación y asesoramiento es «fundamental» para la mejora continua de la gestión pesquera.

El plan del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para comprar material rodante para Renfe, que incluye la licitación de trenes desde el año 2019, supone una creación de empleo que asciende a 52.000 nuevos puestos de trabajo durante toda la duración del plan.

Así lo ha detallado el ministro José Luis Ábalos durante su participación en el foro ‘Construyendo un futuro sostenible, diálogos para la recuperación económica’, organizado por el grupo Prisa, donde ha puesto en valor la importancia de su Departamento como «dinamizador del empleo».

En concreto, se ha referido a la Movilidad y la Vivienda como los dos ejes clave para la recuperación tras la pandemia, siendo la compra de material rodante para Renfe una de las actuaciones que considera de «gran impacto dinamizador en el empleo».

En este sentido, Renfe ha superado recientemente los 3.500 millones de euros en licitaciones lanzadas desde 2019 para la compra de material rodante, lo que permitirá renovar aproximadamente el 50% del parque de trenes dedicados al servicio público.

«RESPONSABILIDAD Y UNIDAD»

Junto con este plan, Ábalos ha destacado que España necesita orientar esta recuperación hacia una modernización de la economía, que resulte «más sostenible, inclusiva y resiliente» con una actitud de «responsabilidad y unidad.

Frente a las empresas asistencias al acto, el ministro ha defendido una vez más la actuación del Gobierno en Madrid, donde ha decretado el estado de alarma para contener la propagación del virus, diciendo que no se trata de anular críticas y oposiciones, sino de estar abiertos al diálogo y asumir la responsabilidad de gobernar.

Respecto a este mensaje de unidad, ha hecho un llamamiento a todos los agentes y partidos políticos para llegar a acuerdos en torno a la recuperación económica «sin poner trabas, alinear planteamientos y evitar enfrentamientos». «Minar la capacidad de actuar del Gobierno es minar la democracia y la capacidad de recuperación», ha añadido.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Entre las líneas básicas de actuación de su Ministerio en el plan de recuperación español ha destacado la agenda urbana y rural y los ecosistemas de infraestructuras resilientes, en los que enmarca el impulso a zonas de baja emisión en ciudades de más de 50.000 habitantes o la construcción de carriles bici y aparcamientos disuasorios.

También busca priorizar el transporte público, los carriles bus, la adecuación de intercambiadores, la modernización de flotas de autobuses, el impulso a puntos de recarga de vehículos eléctricos o la rehabilitación de más de 500.000 viviendas durante los próximos años.

UGT ha exigido a la Dirección General de la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de Glovo y la actuación coordinada en toda España para la laboralización de más de 9.000 ‘riders’ de la plataforma, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el Alto Tribunal falló hace unas semanas en contra de la plataforma de reparto Glovo al reconocer que existía una relación laboral entre los repartidores y la empresa.

El sindicato ha recordado que ese modelo de negocio es también extensivo al resto de plataformas digitales de reparto como Deliveroo, Stuart y Uber Eats.

De esta forma, UGT cree que se debe abordar las altas en el Régimen General de la Seguridad Social de todos los repartidores de todas las plataformas, lo que supondría dar de alta a más de 15.000 repartidores en toda España. «Esta vez, le hemos solicitado a la Inspección que dichas altas se realicen en función del salario del convenio colectivo sectorial de la actividad a la que pertenece cada plataforma», han precisado.

Por otro lado y antes de abordar cualquier tipo de legislación sobre el modelo de las plataformas digitales, UGT considera que es «obligatorio» hacer cumplir las leyes existentes y señala que la Administración del Estado «no puede ponerse de perfil» y no abordar este cometido que corresponde al poder Ejecutivo, después de que el poder Judicial ya se haya pronunciado.

«No podemos permitir que las empresas sigan esgrimiendo cualquier excusa para no aplicar la legislación laboral vigente», reiteran desde el sindicato.

Los inversores alemanes y franceses superarán este año el volumen invertido el año pasado en el sector inmobiliario en ciertos países europeos, entre los que se encuentra España, según ha apuntado la consultora Savills en un comunicado tras recoger datos de RCA.

La consultora ha explicado que la ausencia de algunos inversores competitivos externos al continente ha permitido que los propios europeos ocupen este hueco.

Entre enero y septiembre de 2020 los inversores alemanes han invertido más de 1.400 millones de euros en inmobiliario en España, un aumento del 77% sobre el volumen total del año pasado (800 millones de euros), y donde la principal operación ha sido la adquisición del Intu Asturias por parte de ECE.

Asimismo, los inversores alemanes invirtieron además más de 1.890 millones de euros en el Reino Unido (cerca de los 1.900 millones de euros en todo 2019) y más de 850 millones de euros en Italia (79% del total de 1.000 millones de euros del año pasado), «por lo que en ambos mercados es muy probable que se sobrepase el total 2019 al cerrar último trimestre de este año», según Savills.

El director de inversiones Cross Border para el Sur de Europa en Savills, Carlos Ruiz-Garma, ha apuntado que el inversor alemán busca activos de calidad en mercados estables con seguridad jurídica. «España, tras la aparición de las socimis y la importante inversión realizada para mejorar la calidad de los activos inmobiliarios, es uno de los principales focos de inversión para los grandes fondos alemanes», ha remarcado.

Por otro lado, la inversión inmobiliaria ‘cross border’ por parte de inversores franceses asciende a 2.450 millones de euros en Alemania hasta septiembre, acercándose a los 2.540 millones de euros del año 2019, a 1.100 millones de euros invertidos en Reino Unido y 1.500 millones en Italia, en ambos casos cerca de los volúmenes a cierre de 2019, cuando se registraron 1.200 millones en el primer caso y 1.690 millones en el segundo.

En España, según datos de Savills Aguirre Newman, la inversión francesa directa en el sector terciario, oficinas, retail, logístico y hoteles asciende ya a más de 400 millones, un 10% más que a cierre de 2019, tras operaciones como la compra por un fondo gestionado por Amundi Real Estate de un edificio de oficinas en la zona de MadBit, en Julián Camarillo en Madrid o la compara de una cartera de supermercados por parte de Corum AM.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y las titulares de Defensa y Trabajo, Margarita Robles y Yolanda Díaz, respectivamente, son por ese orden los miembros del Gobierno mejor valorados por los ciudadanos, mientras que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se encuentra entre los peores.

Así se desprende del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de octubre hecho público este jueves, y en el que los ministros que, además de Iglesias, salen peor parados son los responsables de Justicia, Juan Carlos Campo; Universidades, Manuel Castells, y Agricultura, Luis Planas.

En concreto, la vicepresidenta tercera y responsable de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, es la única persona con sillón en el Consejo de Ministros que recibe un aprobado por parte de la ciudadanía, que le concede un cinco de nota media.

DUQUE PIERDE LA PRIMERA PLAZA

Se sitúa así como la mejor valorada del todo el Ejecutivo, quitando el puesto al titular de Ciencia, Pedro Duque, que fue el mejor calificado en el anterior barómetro con ranking de ministros, publicado en marzo.

Calviño supera en medio punto al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, que se anota un 4,5, y al que también ganan Illa y Robles, que empatan con un 4,7, y Díaz, la ministra de Unidas Podemos con mejor nota, 4,6.

Illa ha mejorado en medio punto su calificación con su gestión de la pandemia del coronavirus, ya que en marzo había logrado un 4,2. Entonces un 62% de los entrevistados no le conocía y ahora le identifica como titular de Sanidad cerca del 85%. También Robles, tras la colaboración de Ejército en la crisis sanitaria, saca ahora mejor nota –pasa de un 4,1 a un 4,7– y empata con Illa el segundo puesto.

La tercera plaza es para la responsable de Trabajo, quien venía de compartir en marzo la segunda posición con Calviño. Ahora baja un escalón aunque sube tres décimas, hasta el 4,6.

CAMPO Y CASTELLS, A LA COLA CON IGLESIAS

En el otro extremo, los miembros del Gobierno con peor puntuación (3,4) son el líder de Podemos, Pablo Iglesias, –que pierde tres décimas– y los responsables de Justicia, Universidades y Agricultura. Éstos tres últimos bajan nota, en especial Castells, que se había estrenado en marzo con un 4,2.

Les sigue el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que ahora se libra del farolillo rojo, aunque repite con un 3,5, la misma puntuación que la ministra de Igualdad y dirigente morada, Irene Montero, que pierde una décima respecto a marzo.

El resto de responsables ministeriales aparece a medida tabla sin grandes variaciones en sus calificaciones respecto al ranking anterior. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se anota un 4,3 frente al 4,1 de marzo, mientras que la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, pasa de un 4 a un 3,8.

Por su parte, el líder de Izquierda Unida, el tercer partido con presencia en el Gobierno de coalición se ha dejado dos décimas en estos siete meses y se queda con 3,7.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves ante el Pleno del Congreso que la regulación del teletrabajo «inaugura una serie de avances legislativos en los próximos meses» para poner el marco laboral «a la altura de la España del siglo XXI», y ha asegurado que se desarrollarán «con diálogo social».

Díaz, que ha defendido ante la Cámara la convalidación del decreto ley, ha reivindicado el papel de los sindicatos y las patronales, con quienes ha pactado esta regulación y que, ha asegurado «supieron preservar sobre todas las cosas el interés general frente al de parte».

«Son todo un ejemplo del que, como Gobierno, nos sentimos legítimamente orgullosos», ha aseverado, señalando que «la ciudadanía está necesitada de diálogo y abomina de la crispación». «Sobra crispación y falta diálogo», ha espetado la titular de Trabajo, que considera que existe «el peligro de que las instituciones se resientan definitivamente».

«En este momento histórico del país en el que tanto nos jugamos, el diálogo no es un camino: es el único camino», ha subrayado Díaz, animando a seguir «esa senda» ante el «clamor ciudadano».

«EL TRABAJO NO PUEDE SER SIMULTÁNEO A LOS CUIDADOS»

En su defensa del decreto ley, Díaz ha subrayado que esta modalidad de trabajo a distancia «no es una forma de trabajo especial diseñada para conciliar» pues, ha recalcado, «el trabajo no puede ser simultáneo, en lugar ni tiempo, a los cuidados, ni cuando se trabaja en la oficina ni cuando se trabaja en casa».

Así, ha explicado que la regulación aprobada por el Gobierno «busca desterrar definitivamente la imagen de mujeres u hombres tratando de cuidar a sus hijos mientras atienden la pantalla de su ordenador» y que, por tanto, una persona que teletrabaje «tendrá el mismo derecho a la adaptación de su jornada que una persona que trabaje presencialmente.

La titular de Trabajo ha abundado que esta regulación «establece los pilares para el desarrollo de formas sanas de trabajo a distancia», «consciente de las potencialidades y de los problemas que suscita la presencialidad completa» y que, por ello, «promueve formas mixtas de organización del trabajo».

Los distritos y barrios de La Moraleja (Alcobendas, Madrid), Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelona), junto a Somosaguas-Humera (Pozuelo de Alarcón), Salamanca-Goya y Aravaca (Madrid), son las zonas que presentan las mayores rentas brutas medias de toda España.

Así se desprende de la estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los mayores municipios por código postal referida al año 2018, elaborada y publicada este jueves por la Agencia Tributaria, que refleja un predominio de distritos madrileños y barceloneses entre los que presentan una mayor renta disponible media.

En concreto, La Moraleja, distrito del municipio madrileño de Alcobendas, es el barrio con mayor renta bruta de toda España, con una renta de 214.276 euros, un 28% que el ejercicio anterior y más del doble respecto al segundo distrito con mayor renta disponible media, Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelona), que presenta una renta bruta media de 97.866 euros, un 5,4% más.

A continuación se sitúa, adelantando una posición, el distrito de Somosaguas-Humera (Pozuelo de Alarcón), con 96.930 euros; Salamanca-Goya, que baja un puesto pero aumenta su renta bruta media hasta los 95.492 euros; Aravaca (Madrid), con 95.427 euros y Pedralbes-Sarriá (Barcelona), con 92.053 euros.

Completan el ‘top diez’ de barrios con más renta bruta y media de España los distritos de Castellana (Madrid), con 91.283 euros; Muntaner (Barcelona), con 88.149 euros; Nueva España (Madrid); con 86.202 euros. Seguido y muy cerca, pero por debajo de 80.000 euros, figura el resto del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, con 79.506 euros.

Por su parte, los diez distritos con menos renta bruta media de España son Carrús-Plaza Barcelona (Elche, Alicante), con 15.776 euros; Garrapilos (Jeréz, Cádiz), con 17.123 euros; Sector Sur-Polígono del Guadalquivir (Córdoba), con 17.321 euros; Altamira-El Toscar (Elche), con 17.377 euros y Gea y Truyols (Murcia), con 17.643 euros.

El resto de barrios y distritos con menos renta son Ciudad Jardín (Alicante), con 17.874 euros; Los Ramos (Murcia), con 18.171 euros; Alquerías (Murcia), con 18.504 euros; Bellavista-La Palmera-Cerro-Amate (Sevilla), con 18.707 euros; y Guadalcacín (Jeréz, Cádiz), con 18.764 euros.

En la ciudad de Madrid los barrios con mayor renta son Salamanca-Goya, Aravaca, Castellana, Nueva España o Castilla-Chamartín, mientras que los que tienen una menor renta declarada son Entrevías-Puente de Vallecas, Pavones, Villaverde-S o Usera.

Entre el distrito más rico, Salamanca-Goya (95.492 euros) y el que presenta menos renta bruta, Entrevías-Puente de Vallecas (20.767 euros), hay una diferencia de 4,5 veces entre ambas.

De su lado, en Barcelona los barrios con más renta son Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes, Pedralbes-Sarriá, Muntaner, Sant Gervasi-La Bonanova, Diagonal-Provença, Passeig de Gràcia-Rambla de Catalunya y Sant Gervasi, mientras que los que tienen menos renta son Vallbona-Ciutat Meridiana-Torre Baro-Canyelles, Ciutat Vella-El Raval, La Guineueta-Verdún, La Prosperitat-Porta, La Verneda i La Pau y Pueblo Seco.

La estadística refleja que un total de 40 grandes ‘urbes’ españolas concentran el 43,6% (248.259 millones) del total de la renta bruta en el país (569.463 millones), encabezando la lista la ciudad de Madrid (12,2%), a más del doble de distancia de Barcelona (5,8%), y seguida por Valencia (2,1%), Zaragoza (1,9%), Sevilla (1,6%), Málaga (1,09%) y Palma de Mallorca (1,09%).