El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha lanzado este martes el sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler, con 11,2 millones de datos de arrendamientos de los últimos cuatro años y que se actualizará anualmente con información de 1,7 millones de inmuebles y 33.662 secciones censales, lo que permitirá disponer de información sobre la evolución de las rentas y «vigilar» las zonas tensionadas.

Aunque se trata de un «primer paso» para avanzar en el compromiso del Gobierno de limitar el precio del alquiler, el Ejecutivo analizará primero el impacto de la crisis en los precios del alquiler y después tomará decisiones al respecto, según han precisado fuentes de Transportes, que en paralelo imprimirá un impulso de la política de vivienda con el anteproyecto de la primera Ley estatal de vivienda previsto para este año.

En rueda de prensa en el Ministerio para presentar el sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha destacado que la herramienta introducirá «transparencia, rigor y precisión» en el mercado de alquiler de vivienda.

Ábalos ha explicado que el lanzamiento del índice estaba previsto para finales de marzo, pero se ha retrasado por la pandemia del Covid, si bien ha resaltado que la herramienta va en la «buena dirección» y cumple el compromiso del Gobierno.

El nuevo mecanismo «sencillo, detallado, preciso, contrastado y fiable» permitirá disponer de un índice de precios de alquiler con datos de mercado por primera vez en España, ha indicado Ábalos, quien ha resaltado que servirá para que las administraciones públicas, los actores del mercado inmobiliario y los ciudadanos puedan conocer en detalle la evolución de los precios del alquiler.

MÁS DE 11 MILLONES DE DATOS DE ARRENDAMIENTOS

Para su elaboración se han cotejado 11,2 millones de arrendamientos de los últimos cuatro años, cuenta con datos anuales basados en información de 1,7 millones de inmuebles (1,5 millones de arrendamientos en vivienda colectiva y 0,2 millones de vivienda unifamiliar) y se han agregado datos referidos a rentas mensual del arrendamiento, metros cuadrados, cuantía mensual y superficie en todos los niveles territoriales. «Ofrece una información pormenorizada y precisa de la evolución del mercado del alquiler a través de una metodología científica», ha enfatizado.

El secretario general de Vivienda, David Lucas, ha detallado que sistema de índices de precios de alquiler desagrega los datos de 33.662 secciones censales, de 9.842 distritos censales, 7.593 municipios, 46 provincias y 15 comunidades autónomas además de Ceuta y Melilla. No obstante, ha apuntado que se está en contacto con el País Vasco y Navarra para intentar cruzar sus datos y tienen «predisposición», por lo que podrían añadirse pronto sus datos.

En cuanto a las fuentes de información, el nuevo sistema de índices de precios del alquiler se nutre la Agencia Tributaria, el catastro inmobiliario, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Registro de la propiedad, el Banco de España y los depósitos de fianza de las CC.AA. y los datos de oferta de los portales inmobiliarios.

El sistema, disponible en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se formula como un mapa de España en el que se puede consultar el precio del alquiler y su evolución por unidades censales, distritos, provincias, municipios y comunidades autónomas.

Así, el primer análisis, con datos de 2015 a 2018, refleja un aumento notable el primer año y cierta moderación el resto, siendo algunas de las principales zonas «tensionadas» Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Málaga o las islas (Canarias y Baleares).

ACCESO A LA VIVIENDA

Según Ábalos, el objetivo «no es enmendar los datos de los portales inmobiliarios, cuya aportación es valiosa», sino subsanar una «carencia histórica» y poder ofrecer una herramienta de estadística estatal sobre precios para que particulares y agentes dispongan de información y las administraciones tengan un instrumento «muy útil» para la toma de decisiones.

«Este índice ha venido sin duda para quedarse», ha enfatizado Ábalos, quien ha explicado que el nuevo sistema busca proteger un derecho tan «crucial» como el del acceso a la vivienda.

A este respecto ha apuntado que el 24% de los hogares en España reside en vivienda de alquiler, de los que un 38% destina más del 40% de los ingresos al pago de esa renta.

Además, el 52% de los jóvenes entre 18 y 29 años son inquilinos y fueron los «grandes paganos» de la anterior crisis debido al modelo especulativo que llevó a la burbuja inmobiliaria, al tiempo que se han detectado subidas de precios en zonas «singularmente tensionadas», puesto que en 2017 el alza del precio del alquiler fue incluso superior al 18% en los núcleos urbanos.

«Parece evidente de que la actual crisis nos obliga a estar muy vigilantes en el mercado de la vivienda y en los más jóvenes», ha dicho.

NUEVA LEY ESTATAL DE VIVIENDA

De esta forma, ha avanzado que se impulsará la primera ley estatal de vivienda para contribuir a garantizar la igualdad de los españoles en el derecho al acceso a una vivienda digna con el objetivo de regular aspectos como la provisión de viviendas por parte de los poderes públicos como servicio público de interés general y el blindaje a la protección social de la vivienda, así como el establecimiento de mecanismos para impedir la enajenación de parques públicos de vivienda, evitando «prácticas del pasado».

Así, Ábalos ha apuntado que el índice de precios es una medida más dentro del «ambicioso» programa que comprende el Plan de Rehabilitación Nacional, el Plan de Acceso a la Vivienda, el Plan 20.000 y la nueva Ley de Arquitectura y Calidad del entorno constructivo, cuyo proyecto de ley se someterá desde este miércoles a consulta pública.

El titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha repasado algunas de las medidas aprobadas ya por el Gobierno, como la moratoria en el pago de deudas a familias en situación vulnerable, la suspensión de los desahucios, las quitas de hasta el 50% de la renta a grandes tenedores, el programa de ayudas al alquiler para afectados por el Covid o los préstamos ICO.

«No permitiremos que el acceso a la vivienda digna se convierta en un problema social que agrave la peor crisis que hemos sufrido en 100 años», ha remachado.

LÍMITES A LOS PRECIOS

El sistema de índices de precios se recogía en el real decreto 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que contemplaba la creación de dicho índice y fue previo al acuerdo programático de diciembre del año pasado entre el PSOE y Unidas Podemos en el que se recogía el compromiso de impulsar «las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado».

A partir del sistema estatal de índices de precios, el acuerdo señalaba que se habilitaría a las CC.AA. y ayuntamientos a poder establecer su propio índice. Fuentes de Transportes han precisado que el Gobierno tendría que habilitar a estas administraciones con una modificación de una ley estatal para que pudiesen fijar límites, si bien a nivel nacional no se ha decidido cómo se procedería a limitar los precios, en caso de hacerse.

«Tenemos un compromiso de legislatura y los compromisos son para cumplirlos, pero queremos ver qué impacto tiene la crisis en el mercado y cómo podría hacerse», señalan desde el Ministerio.

En todo caso, se dará un impulso a la vivienda «importante» al ser un sector que puede contribuir al crecimiento, pero orientado más a la rehabilitación y con la posibilidad, además, de que los fondos europeos puedan destinarse a dicha política.

El Gobierno ha solicitado al Congreso que habilite el mes de julio para poder tramitar y aprobar los nuevos impuestos sobre determinados servicios digitales y sobre las transacciones financieras, las conocidas como ‘Tasa Google’ y ‘Tasa Tobin’.

Según han informado fuentes parlamentarias, el Ejecutivo quiere acelerar la tramitación de estos dos proyectos de ley, además del proyecto de ley con medidas procesales y organizativas para afrontar la crisis derivada del virus Covid-19 en el ámbito de la Administración de la Justicia, que ya iba por el trámite de urgencia porque procede de un decreto ley.

Concretamente, el Gobierno pide a la Cámara la celebración de «las sesiones extraordinarias de los órganos parlamentarios que sean necesarios para la tramitación y aprobación» de estas tres norma, ya sea en comisión como en el Pleno.

Precisamente este mismo martes, el Congreso constituyó las ponencias encargadas de estudiar los proyectos de ley de los nuevos impuestos y, conforme a la petición del Gobierno, para los siguientes pasos ya no habrá que esperar a septiembre, sino que se resolverán en julio.

OPOSICIÓN DE PP, VOX Y CS

Ambos impuestos se sometieron este mismo de mes de junio a su debate de totalidad, superándolo al rechazarse en el Pleno las enmiendas del PP, Vox y Ciudadanos, que en ambos casos buscaron tumbarlos y devolver los proyectos al Ejecutivo.

La ‘Tasa Google’ gravará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Concretamente, el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Para este impuesto, el PP ha propuesto ya no aplicarlo a aquellas plataformas digitales de intermediación que no reciban contraprestación por sus servicios, como Wallapop, habilitar cambios en los umbrales, el tipo impositivo en los Presupuestos Generales del Estado, y retrasar su entrada en vigor hasta la publicación de la directiva europea correspondiente.

Por su parte, la conocida como ‘tasa Tobin’ gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, pero solamente las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros.

En este caso, el PSOE y Unidas Podemos quieren dejar fuera de su aplicación a las operaciones de autocartera –compras de acciones entre entidades de un mismo grupo, mientras que el PP busca eximir, entre otras compras, las operaciones de fondos de pensiones, aquellas realizadas por fondos de inversión que se consideren sostenibles y con carácter social o medioambiental, y las retribuciones a los empleados en acciones.

El Gobierno exigirá a Alcoa la devolución de los más de 800 millones de euros recibidos en ayudas en la última década, más los intereses de demora, si no cumple con su compromiso de garantizar el empleo en la planta de San Cibrao (Lugo), según anunció la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

En la sesión plenaria en el Senado, Maroto señaló que el Ejecutivo acaba de requerir a Alcoa esas ayudas, «que estaban condicionadas al mantenimiento del empleo». «Si no cumple con este requisito del mantenimiento del empleo, vamos a exigirle la devolución de las ayudas y de los intereses de demora correspondientes», afirmó.

La titular de Industria indicó que la multinacional estadounidense ha percibido en los últimos dos años 37 millones de euros en compensaciones de CO2, ayudas que en los últimos diez años ascienden hasta esos más de 800 millones de euros.

Alcoa decidió la pasada semana iniciar el período formal de consultas en el proceso de despido colectivo que podría terminar con más de 500 trabajadores de la fábrica de aluminio San Cibrao en la calle.

Así, Maroto defendió que desde «el primer momento» el Gobierno de España ha demostrado «su compromiso por mantener las capacidades productivas y el empleo en Alcoa y en el conjunto de la industria en el país», con instrumentos de apoyo al sector, especialmente a la electrointensiva, para mantener su competitividad. «Se han movilizado muchos recursos, especialmente en Galicia y siendo Alcoa la principal beneficiaria», añadió al respecto.

De esta manera, subrayó que el compromiso se manifiesta «con hechos, no con palabras», y puso en valor el diálogo «permanente» mantenido tanto con Alcoa como con los trabajadores para encontrar una solución, llegando incluso en la última de las mesas a presentar un plan industrial para la planta que garantiza su viabilidad durante 10 años y solicitando así la retirada del expediente de regulación de empleo (ERE).

«Estamos haciendo todo lo posible para mantener el empleo y las capacidades industriales en San Cibrao, y es el momento de estar todos unidos. Esperamos tener a todas las fuerzas políticas a nuestro lado y exigir a la empresa que mantenga su compromiso con A Mariña, con Galicia y con España», afirmó.

La Asociación Española de Banca (AEB) y los representantes sindicales han acordado ampliar hasta el 31 de octubre la negociación del convenio colectivo de banca, según informaron los sindicatos en un comunicado.

Los sindicatos pidieron extender la negociación del convenio al 31 de diciembre para contar con «el tiempo necesario», y la patronal bancaria indicó que, si fuera preciso, se prorrogaría. Por el momento, han aceptado el plazo intermedio hasta el 31 de octubre con la voluntad de agilizar y avanzar en las negociaciones.

Desde UGT han valorado positivamente este acto de la patronal, que ha sido «sensible» a la situación del estado de alarma por el coronavirus, en la que la negociación no pudo avanzar.

Sin embargo, han lamentado que la patronal no ha variado sus pretensiones iniciales en cuanto a la desaparición de los trienios, el incremento salarial del 0% para 2019 y 2020, la eliminación de la ampliación de los cinco días naturales de vacaciones para el personal destinado en Canarias, la modificación de horarios, el aumento la movilidad geográfica y el cambio del régimen disciplinario.

En la reunión mantenida ayer se volvió a tratar el inicio del cómputo de los permisos retribuidos, a lo que la patronal bancaria contestó que «lo estaban estudiando», según UGT.

De su lado, CC.OO. recordó sus propuestas sobre empleo, clasificación profesional, retribuciones, tiempo de trabajo, prestaciones complementarias, beneficios sociales, igualdad y conciliación, salud laboral y política disciplinaria. Asimismo, hizo hincapié en que el convenio debe regular el teletrabajo, la formación y la transformación digital.

Los sindicatos trabajarán en la presentación de una propuesta conjunta que pueda contar con el mayor soporte sindical posible y que permita «avances reales» en la negociación. La próxima reunión se celebrará el próximo 16 de julio.

El déficit del Estado alcanzó en los cinco primeros meses del año los 32.251 millones de euros como consecuencia de la crisis del Covid, una cifra que más que duplica la del mismo periodo del año pasado (15.556 millones) y que equivale al 2,88% del PIB, frente al 1,25% del año pasado. Además, hasta abril, el déficit consolidado de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales, se sitúa en el 2,14% del PIB

Así se desprende de los datos de ejecución presupuestaria elaborados y publicados este martes por el Ministerio de Hacienda, que achaca el comportamiento del déficit del Estado a la caída de la actividad por el confinamiento «necesario para combatir la pandemia», lo que ha provocado un descenso de los recursos del 10,6%.

Asimismo, el aumento del déficit estatal también se debe a las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar los efectos sociales, económicos y laborales de la crisis, que conllevan un aumento de los gastos del 10,8% hasta mayo.

Al igual que los meses anteriores, Hacienda subraya que en esta evolución se debe tener en cuenta que las operaciones del Estado se encuadran en un contexto extraordinario por la emergencia sanitaria originada por el Covid-19, que se ha reflejado en un incremento de los programas de prestaciones sanitarias y farmacia y en un aumento de las transferencias corrientes a Seguridad Social y comunidades autónomas.

A esto se suma que desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones.

SUPERÁVIT DE LAS CCAA POR LOS RECURSOS TRANSFERIDOS

En cuanto al déficit público, excluyendo las corporaciones locales, escaló al 2,14% del PIB hasta abril, si bien Hacienda subraya el «buen comportamiento» de las comunidades, que registran un superávit del 0,02% gracias a los recursos transferidos por el Gobierno, como el adelanto de recursos para este subsector de 6.218 millones, lo que ha llevado a 13 regiones con saldo positivo frente a las cinco del año pasado.

En concreto, presentaron superávits las regiones de Aragón (0,24% del PIB), Asturias (0,39%), Baleares (0,43%), Canarias (0,73%), Cantabria (0,09%), Castilla-La Mancha (0,16%), Castilla y León (0,05%), Cataluña (0,12%), Extremadura (0,57%), Galicia (0,04%), Murcia (0,2%), La Rioja (0,62%) y País Vasco (0,63%).

Por el contrario, continuaron con déficit Andalucía (-0,06%), la Comunidad de Madrid (-0,3%), Navarra (-0,95%) y la Comunidad de Valencia (-0,45%). No obstante, todas las regiones han comunicado un impacto asociado al Covid, que en el caso de Andalucía alcanza el 0,11% del PIB, en Madrid el 0,23%, Navarra el 0,12% y en Comunidad Valenciana el 0,21%. Cataluña lo cuantifica en el 0,25%.

Los fondos de la Seguridad Social registraron un déficit del 0,39% del PIB, frente al superávit del 0,30% de abril de 2019, debido a un alza de los recursos (+0,4%), inferior al notable aumento de los gastos (+15,7%), con un alza de 7.176 millones de las prestaciones sociales.

El gasto en prestaciones sociales ha aumentado en abril en 4.564 millones respecto al mismo periodo de 2019, de los cuales 3.000 millones corresponden a ERTES y 1.100 millones a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos.

Destaca también el gasto en subvenciones, que crece en 1.159 millones respecto a 2019 debido a las exoneraciones de cuotas. El sistema de la Seguridad Social registra un déficit de 821 millones por el aumento del gasto en prestaciones sociales (+6,9%), frente al alza de los ingresos por cotizaciones sociales (+0,1%).

Incluyendo las corporaciones locales, que registraron un déficit de 493 millones hasta marzo (0,04% del PIB), el déficit público supuso el 0,82% del PIB en el primer trimestre, frente al 0,33% del año pasado. Los gastos han crecido un 5,5%, frente al aumento del 1,1% de los ingresos. Del aumento del gasto, el derivado del Covid-19 asciende a 1.832 millones, según Hacienda.

LOS INGRESOS CAEN UN 6,7% HASTA MAYO

En cuanto a los ingresos del Estado, registraron una caída del 6,7%, hasta los 82.142 millones, de los que 71.219 millones se corresponden a ingresos por impuestos y cotizaciones sociales, con un 8,6% menos, y 10.923 millones al resto de ingresos (+8,2%). Solo en mayo, los ingresos totales fueron de 13.641 millones, un 16,7% inferiores.

Hacienda explica que el descenso de la recaudación se debe alparón de la mayor parte de la actividad económica, como consecuencia del estado de alarma, y a la adopción de medidas temporales decarácter normativo. Por ejemplo, la ampliación de plazos para presentar declaraciones y autoliquidaciones y la posibilidad de solicitar aplazamiento para determinadas deudas tributarias ha tenido un impacto de 2.586 millones, la suspensión de los plazos de deudas tributarias 1.629 millones, entre otros.

Dentro de la recaudación por impuestos directos y cotizaciones sociales, la del IRPF alcanzó hasta mayo los 33.149 millones de euros, prácticamente la misma cifra que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades registraron una cifra negativa de 2.165 millones debido a las devoluciones realizadas.

En la imposición indirecta, que cedió un 8,9%, hasta 38.504 millones, la recaudación por IVA cayó un 9,1%, hasta los 29.268 millones de euros; al tiempo que los ingresos por impuestos especiales sumaron 7.823 millones de euros, un 8,4% menos. Dentro de estos tributos, el impuesto del alcohol y bebidas derivadas alcanzó los 277 millones (-0,7%), el de cerveza los 117 millones (+4,5%) y Labores del tabaco 2.512 millones (+4,8%).

LOS GASTOS SE DISPARAN UN 14,1%

En lo que respecta a los gastos, crecieron un 14,1% en términos de caja, hasta 66.843 millones en los cinco primeros meses del año. Los referidos al personal alcanzaron los 6.656 millones hasta mayo, un 5,1% más, principalmente por el alza de los sueldos (+1,5%), hasta 5.377 millones y las cotizaciones (+24,4%), hasta 1.253 millones.

Mientras, los gastos corrientes se elevaron un 37,6%, hasta los 2.018 millones de euros. De su lado, las transferencias corrientes crecieron un 19,3%, hasta los 42.625 millones, y las de capital subieron un 13,3%, hasta 2.646 millones.

Por último, las inversiones reales bajaron un 4%, hasta los 1.147 millones de euros, como consecuencia del descenso del 37,1% en el Ministerio de Defensa, hasta 307 millones, frente al alza del 18,8% en inversión civil, con 840 millones, por el alza del Ministerio de Fomento (+26,2% y 583 millones).

Más de 1,5 millones de trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ya han vuelto a trabajar en sus empresas, sobre un total de más de 3,4 millones que se han visto afectados desde la declaración del estado de alarma.

Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el pleno del Senado de este martes, en el que ha defendido que se trata de un instrumento «muy eficaz» para mantener el empleo y las empresas en el país.

La ministra ha señalado que, «por primera vez», su Gobierno ha salvado a más de 550.000 empresas y a más de 3,4 millones de trabajadores, de los que más de 1,5 millones ya han vuelto a la actividad en todo el país, aunque, por ejemplo, ha citado el caso de Murcia, donde de 80.000 personas en ERTE, 46.000 ya se han incorporado a sus puestos de trabajo.

A las preguntas de los senadores de Vox, José Manuel Marín, y del PP, María Mercedes Fernández, que han criticado la «absolutamente desastrosa» gestión del Gobierno de la crisis derivada de la pandemia, Díaz ha explicado que otros países de la Unión Europea han tomado las mismas medidas en materia de empleo.

En concreto, ha citado los casos de Alemania, donde hay más de 10 millones de trabajadores bajo instrumentos similares a los ERTE, los mismos que en Francia, o Italia, donde más de 7,8 millones de trabajadores también se han tenido que acoger a esta figura laboral.

PP Y VOX PIDEN BAJADAS DE IMPUESTOS

Sin embargo, para el senador de Vox, los ERTE podrían ser una solución «urgente e inmediata» pero no la piedra filosofal, sino una alargamiento de la agonía, en caso de que no vengan acompañadas de otras medidas como bajadas de impuestos o flexibilidad laboral.

Por su parte, la senadora del PP ha dicho que Díaz es la ministra «más escapista del Gobierno», al considerar que no responde a sus preguntas. En el caso de este martes, su cuestión a la ministra era «si cree el Gobierno en la utilidad de ERTE para la economía.

Para María Mercedes Fernández, Díaz «ha malversado el crédito» que tenía el Ministerio de Trabajo en anteriores legislaturas, ya que considera que ha trasladado «desconfianza» a los trabajadores y empresas y ha arrojado «inseguridad, confusión y oscuridad».

«POLÍTICAS DIFERENTES»

En su respuesta, Yolanda Díaz se ha defendido diciendo que «da igual si hay pandemia o no, o si hay crisis o no, que lo que siempre quiere su partido (PP) es bajar impuestos para los suyos», frente a lo que afirma que ha hecho el Gobierno: «Proteger a la mayoría social y dando vida a empresas y trabajadoras».

La ministra ha insistido en este asunto, añadiendo que cuando gobernaba el PP, a partir de 2012, se produjeron despidos masivos, frente a los ERTE que ha aprobado este Gobierno, crearon conflictividad social que acabaron en dos huelgas generales y causaron «dolor» cada viernes con recortes cuando gobernaba Mariano Rajoy, frente a lo que defiende como «políticas diferentes» que ha acometido su Ejecutivo.

Los partidos políticos dieron este martes en el Congreso su apoyo a que se siga usando el dinero en efectivo en España con independencia de la crisis sanitaria del Covid-19 y defendieron que cualquier decisión sobre la sustitución de este medio de pago se haga de forma consensuada y en el seno de la Unión Europea.

Las fuerzas políticas se posicionaron sobre esta cuestión al debatirse en la Comisión de Hacienda una proposición no de ley del PSOE referida a “la orientación del sistema tributario ante la crisis provocada por el Covid-19”.

La redacción inicial de esta proposición de los socialistas contenía un punto, el 11, que planteaba la “eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva”. Esta idea abrió un debate en la última semana, ya que sectores económicos y sociales alertaron de que prescindir de golpe de monedas y billetes causaría un daño económico y perjudicaría a determinados colectivos de la sociedad, como mayores y jóvenes.

La diputada del PSOE que defendió esta proposición, Patricia Blanquer, informó de que su partido había sustituido el punto referido al dinero en efectivo por otro que clarificaba su posición al respecto. Así, en esta enmienda, los socialistas hablan de que debe buscarse la “reducción de los límites del pago en objetivo con un objetivo a largo plazo, de una forma gradual, consensuada y coordinada en el ámbito de la Unión Europea”.

“CON MUCHA CABEZA”

Además, Blanquer explicó que la intención de su partido con esta proposición no de ley era que el Estado cuente con suficientes ingresos fiscales para afrontar el gasto público que será necesario como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Añadió que la intención del partido del Gobierno con esta iniciativa era aumentar la “concienciación tributaria” de la sociedad española y no tanto referirse a cuestiones concretas, como la evolución del uso de dinero en efectivo.

La rectificación del PSOE sobre el dinero en efectivo fue saludada por los representantes de Ciudadanos, Junts per Catalunya, Vox y PP, que aseguraron que prescindir de monedas y billetes es una medida que debe debatirse antes y tener en cuenta sus repercusiones.

Así, Mari Carmen Martínez, de Ciudadanos, defendió que la progresiva retirada del dinero en efectivo debe hacerse “con mucha cabeza”, ya que en las zonas rurales de España “no están preparados” para hacer pagos sólo a través de Internet o con tarjeta.

Asimismo, la diputada del PP Carolina España sostuvo que “el pago en efectivo no puede desaparecer” y dio la bienvenida al PSOE “a la sensatez”, al tiempo que sostuvo que la formación socialista de nuevo “sólo acierta cuando rectifica”.

“RECHAZO INTENSO”

Por su parte, Rodrigo Jiménez, de Vox, explicó que su formación ha presentado en el Congreso una iniciativa propia para mantener el dinero en efectivo y defendió que un “cambio radical” que implique la desaparición automática de monedas y billetes es “imposible” y provocaría un “rechazo intenso” y “protestas” de los ciudadanos.

Además, Idoia Sagastizábal, del PNV, dijo que su fuerza política celebraba que el PSOE hubiera presentado una enmienda a su propio texto sobre el dinero en efectivo, puesto que la supresión del mismo debe hacerse “de forma consensuada” y no puede hablarse de una eliminación de golpe.

En la misma línea se pronunció Ferran Bel, de Junts, quien dijo que su fuerza política tenía “dudas razonables” sobre el planteamiento del PSOE sobre el fin del dinero en efectivo, por lo que se felicitaba de que el partido del Gobierno hubiera matizado su posición.

Sociedad de Tasación constata un freno en el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda nueva en España, con un alza del 0,8% en el primer semestre y un 3% en el último, que ha conducido a una situación del mercado «totalmente distinta» respecto al inicio del año y ha provocado una caída histórica del índice de confianza, junto a un aumento de la oferta en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona.

Así se desprende del informe de ‘Tendencias del Sector inmobiliario de vivienda nueva’, presentado este martes por el consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, quien ha indicado que el mercado inmobiliario es » significativamente diferente» al que había en el mes de enero, antes de la pandemia, y que los precios de alquiler deberían descender, y en consecuencia el de la vivienda.

El informe, realizado sobre 400 municipios y que analiza los precios de vivienda nueva de las poblaciones más representativas del territorio nacional, señala que el precio medio de la vivienda nueva en el conjunto de las capitales de provincia de España ha aumentado un 3% durante el último año, hasta alcanzar los 2.472 euros por metro cuadrado construido en junio, lo que supone un coste de 222.480 euros para una vivienda de tipo medio de 90 metros cuadrados.

Sin embargo, matiza que el ritmo de crecimiento de semestres anteriores se ha moderado por tercer año consecutivo y, tras el shock pandémico, la variación al alza desde diciembre de 2019 es de apenas un 0,8%.

Por su parte, el precio medio de la vivienda nueva en el resto de las ciudades estudiadas que no son capitales de provincia se ha situado en 1.674 euros por metro cuadrado, un 1,7% más con respecto a junio del año pasado.

Por tamaño de población, se observa cómo el precio medio de la vivienda nueva en las ciudades con población superior a 100.000 habitantes que no son capitales de provincia se ha situado en 1.821 euros por metro cuadrado, con una variación anual del 2,2%; y en las ciudades con población de entre 50.000 y 100.000 habitantes en 1.705 euros (+1,9%).

Por su parte, en aquellas que tienen entre 25.000 y 50.000 habitantes ha aumentado un 1,6% hasta llegar a los 1.570 euros por metro cuadrado. Por último, las ciudades por debajo de los 25.000 habitantes el precio medio es de 1.535 euros por metro cuadrado (+0,8%).

MADRID Y BARCELONA LIDERAN LAS SUBIDAS PERO AUMENTAN OFERTA

A nivel de capitales de provincia, tanto Madrid (alza del 4,2% interanual en junio pero un 1% más respecto a diciembre) como Barcelona (4,4% más interanual y un 1,1% respecto a diciembre), siguen liderando las subidas, aunque con un ritmo mucho más moderado en esta primera mitad del año. De hecho, las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona ven incrementada la oferta de vivienda nueva en un 18,3% y un 45,8%, respectivamente.

Según la tasadora, la oferta actual de vivienda en la Comunidad se sitúa en 7.476, lo que supone un aumento neto del stock del 18,3% en dos anualidades. Si el ritmo de absorción del stock se mantuviera en los niveles actuales, el informe de ST revela que la oferta de vivienda nueva podría agotarse en 8,6 meses en la Comunidad y en nueve en el caso de los distritos que conforman la capital de Madrid.

En Barcelona se han detectado 4.194 nuevas unidades, lo que en total arroja una oferta actual de 5.249 viviendas, con un aumento neto del stock del 45,8%. En el supuesto de que el ritmo de absorción del stock se mantuviera en los niveles actuales, la oferta de vivienda nueva podría agotarse en 18,4 meses en el conjunto del área metropolitana de Barcelona y en 18,8 en el caso de la Ciudad Condal. Según Fernández-Aceytuno, al igual que en el ciclo anterior, el cambio de ciclo se producirá primero en Barcelona y luego en Madrid.

En el resto de las capitales se observan incrementos anuales más moderados que en periodos anteriores, como Valencia (+3,7%), Logroño (+3,6%) y Tenerife (+3%). A excepción de Barcelona y Cáceres (1,1%), ninguna de ellas supera el 1% de crecimiento semestral, teniendo en cuenta, eso sí, que ninguna entra en cifras negativas.

Por comunidades autónomas, de nuevo Cataluña (3.974 euros por metro cuadrado), Madrid (3.663 euros) y País Vasco (2.754 euros) se sitúan como aquellas con el precio más elevado por metro cuadrado construido.

Por el contrario, Extremadura (1.208 euros), Murcia (1.267 euros), y Castilla-La Mancha (1.441 euros) se mantienen como las comunidades que presentan precios de vivienda nueva más bajos.

SE DESPLOMA LA CONFIANZA

De igual forma, el Índice de Confianza Inmobiliario de Sociedad de Tasación se sitúa en 43 puntos sobre 100 y mantiene una caída constante desde junio de 2018 (58,5 puntos), que se ha acentuado durante el segundo trimestre del año desde el valor de marzo de 2020 (49,3 puntos), previo a la crisis sanitaria. De esta forma, este índice, realizado a 700 profesionales del sector, ha caído 6,3 puntos en apenas tres meses, su mayor desplome histórico.

Fernández-Aceytuno ha indicado que ante el fin del ciclo iniciado en el verano del año pasado, la evolución del empleo en los próximos meses y la liquidez serán determinantes también para el sector inmobiliario.

En este sentido, ve «esencial» que la liquidez y préstamos del ICO que reciben las empresas se trasladen y fluya la financiación, al se «clave» para que la economía se siga moviendo, se cree empleo, aumento el consumo y la construcción. En todo caso, cree que continúa la tendencia de moderación de los precios.

El consejero delegado de la tasadora se ha referido a la particularidad de los mercados de Madrid y Barcelona, que presentan poca oferta de vivienda nueva pero una elevada demanda, lo que provoca que las operaciones de compraventa se circunscriban prácticamente a «cambios de vivienda, inversores o padres para hijos».

NUEVO ÍNDICE DE PRECIOS DE ALQUILER Y PIDE «SENSATEZ»

En cuanto al nuevo índice de referencia de precios de alquiler que presenta este martes el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tal y como se recogía en el acuerdo programático, Fernández-Aceytuno ha aplaudido la iniciativa para facilitar la transparencia del mercado y disponer de información de los índices de precios, siendo «un complemento a la información privada que ya existe».

No obstante, considera que no hay que utilizar las estadísticas para limitar los precios de alquiler, sino que hay que promover la seguridad jurídica, utilizar distintas fórmulas para promover la oferta, como la colaboración público-privada, y que los ciudadanos pongan su vivienda en alquiler.

En este sentido, ha pedido dejar actuar por sí solo al mercado y que haya «sensatez» en la implementación futura de medidas, ya que algunas iniciativas o medidas en Cataluña pueden generar «miedo» por parte de la oferta o ahorradores que no quieren poner su vivienda en riesgo al poderse ver obligados a renovar sus contratos con rentas subvencionadas, algo que puede ser «contraproducente».

7,3 AÑOS DE SUELDO PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA

Por último, el Índice de Esfuerzo Inmobiliario de Sociedad de Tasación, que mide el número de años de sueldo íntegro que un ciudadano necesita destinar para la compra de una vivienda de tipo medio, se mantiene estable en 7,3 años, la misma cifra en el segundo trimestre del año tanto en 2019 como en 2018.

A su vez, el Índice de Accesibilidad elaborado por la tasadora ha subido siete puntos durante el último año, de tal forma que la media nacional se sitúa en 111 puntos.