Aena ha mostrado este martes su «disposición a colaborar» con cualquier medida de prevención del coronavirus en las islas Canarias siempre que así lo hayan acordado las diferentes autoridades con competencias sanitarias, según han indicado a Europa Press fuentes del gestor aeroportuario.

Así se ha expresado Aena después de publicar Canarias7 que el departamento canario de turismo había enviado una carta pidiendo la colaboración de la empresa pública para hacer test en los aeropuertos y que habría quedado sin respuesta.

Las mismas fuentes explicaron que la misiva no había sido respondida porque fue recibida este mismo martes y que su voluntad es y ha sido siempre la de «colaborar» en todo lo que «las autoridades sanitarias acuerden».

Así, remarcaron que carecen de competencias en materia sanitaria y que la solicitud debe ser remitida a las autoridades competentes del Gobierno central.

AENA «HA COLABORADO Y COLABORA» CON LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES

«Una vez tomada una decisión, Aena cooperará como siempre ha hecho. Aena ya ha colaborado y colabora por ejemplo con el Gobierno de Canarias en los aeropuertos para la toma de temperatura a los pasajeros insulares y peninsulares, y lo hace con Sanidad Exterior aportando recursos humanos y materiales a su disposición», indicaron.

Por último, indican que es posible que si los test, en línea con el protocolo propuesto por la consejería de Turismo canaria, se realizarán hasta 48 horas antes de la salida del vuelo dichos test no tendrían que hacerse necesariamente en los recintos aeroportuarios.

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) han vuelto a unirse para reclamar a los gobiernos que utilicen las pruebas de Covid-19 como medio para reabrir las fronteras de forma segura y restablecer la conectividad mundial, así como para evitar el colapso de la industria de la aviación con un apoyo financiero que no genere deuda.

Según han explicado las organizaciones internacionales, estas medidas protegerían a los países de la importación de casos de Covid-19, evitarían una crisis de empleo en el sector de los viajes y el turismo, y asegurarían que la estructura crítica de la aviación siga siendo viable.

El Grupo de Acción sobre el Transporte Aéreo (ATAG) estima que 46 millones de puestos de trabajo están en peligro debido a la pérdida de conectividad causada por la crisis de la Covid-19. La gran mayoría de ellos (41,2 millones de empleos) se encuentran en el sector de los viajes y el turismo que depende de la aviación, mientras que el resto (4,8 millones de empleos) se reparten entre el empleo directo en la aviación, incluidos los aeropuertos y las aerolíneas.

La Asociación de Aeropuertos prevé que sufrirá una reducción del 60% en sus ingresos, mientras que la organización de las aerolíneas estima que los ingresos del sector caerán un 50%.

«Necesitamos actuar rápidamente. Las pérdidas de empleos dentro y fuera de la industria aumentan cada día y con cada trabajo perdido la recuperación y el impacto en la economía en general se hace aún más difícil», ha alertado Alexandre de Juniac, consejero delegado de IATA.

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este martes con una caída del 1,09%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.875,2 enteros, lastrado fundamentalmente por el sector bancario y el turístico.

El índice perdía así la cota psicológica de los 6.900 puntos, en una semana que estará marcada por el inicio de la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos y por los contactos entre republicanos y demócratas para aprobar un paquete de ayudas frente a la pandemia antes de las elecciones presidenciales, previstas para el próximo mes de noviembre.

Los inversores han conocido además que la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson ha anunciado la suspensión «temporal» de las pruebas de la fase 3 de su vacuna contra el nuevo coronavirus después de que uno de los participantes voluntarios presentase «una enfermedad inexplicable».

En Reino Unido, el final del confinamiento vino acompañado por un fuerte aumento de la tasa de paro, que se situó en el 4,5% entre los meses de junio y agosto, frente al 3,9% registrado en el mismo periodo del año precedente, con alrededor de 1,52 millones de desempleados registrados.

En España, el Tesoro Público ha captado este martes 935 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, en el rango alto previsto, y ha ahondado notablemente en los tipos negativos en ambos papeles registrando mínimos históricos en la primera subasta celebrada tras reducir las emisiones de este año en 15.000 millones de euros.

Además, la confianza empresarial se ha disparado un 10,5% en el cuarto trimestre, respecto al trimestre anterior, su mayor alza desde el comienzo de la serie en 2013.

En este escenario, las mayores caídas del Ibex 35 las han presentado Bankinter (-5,01%), CaixaBank (-4,86%), Bankia (-4,62%), Banco Sabadell (-4,31%), IAG (-4,09%), BBVA (-4%), Meliá (-3,42%), Banco Santander (-3,32%) y Aena (-3,31%).

En el terreno positivo únicamente se han situado seis valores: Cellnex (+1,55%), PharmaMar (+1,21%), Viscofán (+0,79%), Siemens Gamesa (+0,78%), Iberdrola (+0,68%) y Enagás (+0,26%).

El resto de plazas europeas también ha finalizado en ‘rojo’, con caídas del 0,53% para el Ftse 100 de Londres, del 0,64% para el Cac 40 de París, del 0,91% para el Dax de Fráncfort y del 0,81% para el Mib de Milán.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, marcaba un precio de 40,39 dólares y el crudo Brent, de referencia para Europa, de 42,54 dólares.

Por su parte, la prima de riesgo española se situaba en 68 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,144%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1742 ‘billetes verdes’.

El PSOE, el PP y Ciudadanos han pactado este martes en el Congreso una iniciativa, apoyada también por Unidas Podemos, que llama al Gobierno a alcanzar un Pacto por la Industria y que define varios ejes de actuación para el mismo.

Esta iniciativa, que partía de una proposición no de ley defendida por el PSOE, ha sido finalmente aprobada en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo con apoyos también de Esquerra Republicana, el PNV, el BNG y Foro Asturias. Por su parte, Vox ha votado en contra y EH-Bildu ha optado por la abstención.

El texto aprobado, reclama al Gobierno un Pacto por la Industria «salvaguardado de eventuales y futuros cambios políticos, con vocación de estabilidad, permanencia, certidumbre y compromiso presupuestario, con una gobernanza definida», que cuente con la participación de comunidades autónomas y agentes sociales, y que de él «emane una futura Ley de Industria, con el objetivo de reactivar la economía y modernizar el modelo productivo hacia la transición ecológica y la transformación digital.

Este pacto, señala el Congreso, debe estar alineado con los objetivos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y contener varios ejes de actuación, como adecuar los sistemas formativos para mejorar la empleabilidad y la formación de trabajadores, facilitar el acceso de financiación bancaria y no bancaria y «racionalizar el marco regulatorio».

Asimismo, reclama medidas dirigidas a promover el crecimiento de las pymes industriales, mejorar la profesionalización en la gestión, la reducción de costes del transporte y la distribución, apoyar la internacionalización de las empresas, y apostar en ellas por la digitalización y su actividad innovadora.

MEJORA DE TECNOLOGÍA EN EQUIPOS Y PROCESOS

Por otro lado, el Congreso se refiere al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, para el que pide «planes de inversiones en proyectos tractores europeos vinculados a la transformación digital y la transición ecológica en ecosistemas industriales de oportunidad».

En este sentido, llama a poner «especial énfasis en el apoyo a la mejora de tecnología en equipos y procesos», y apoyar a las empresas industriales «con los mismos instrumentos y en la misma cuantía que lo hacen otros países europeos. «De igual modo, se abrirán estos planes al fomento de actividades de regeneración, reciclaje y aprovechamiento de residuos, tendiendo a iniciativas de economía circular», señala en este punto el texto aprobado por la Cámara Baja.

PLAN DE LA AUTOMOCIÓN Y ESTATUTO ELECTROINTENSIVO

Finalmente, el texto aprobado reclama un plan específico para la automoción con ayudas a la compra de nuevos vehículos bajos de emisiones, más inversión en I+D+i para desarrollar en España baterías e impulsar medidas de inversión, internacionalización y comercialización con el objetivo de atraer inversiones productivas en el territorio y facilitar las exportaciones.

Por último, también llama a aprobar la regulación del anunciado Estatuto de consumidores electrointensivos «que permita reducir los costes de suministro eléctrico de la industria electrointensiva de acuerdo a la normativa comunitaria».

UN NUEVO PLAN DE REINDUSTRIALIZACIÓN

Por otro lado, la Comisión de Industria ha aprobado otra iniciativa, esta de Unidas Podemos, con los votos del PSOE, ERC y EH-Bildu, para diseñar un plan de reindustrialización, con la elaboración de un mapa de inversiones estratégicas y tecnologías innovadoras, la mejora de infraestructuras y la reducción de la dependencia tecnológica y energética.

La iniciativa también pide criterios de exclusión en las ayudas a empresas con sedes en paraísos fiscales y que estas ayudas contengan obligaciones de mantenimiento de la actividad, revisar las agendas sectoriales para responder al nuevo contexto postCovid, la elaboración de un informe sobre la inserción de la producción industrial española en las cadenas globales de valor y más fondos para los programas de industrialización en los próximos Presupuestos.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la economía sumergida en España es un 65% mayor que la media europea, ya que cada año en España se evaden unos 31.800 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social por encima de la media sumergida europea, y calculan que con entre 15.000 y 17.000 efectivos más se podría reducir a la mitad.

Así lo ha señalado la organización después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, con el que transpone la última directiva europea y refuerza el control sobre los contribuyentes para evitar la elusión y el fraude fiscal.

En este contexto, Gestha advierte de que la economía sumergida en España es un 65% mayor que la media europea, ocupando el puesto 18 entre los 28 países europeos y la decimocuarta posición de los 19 países de la zona euro.

La tasa sumergida promediada entre 1991 y 2015 en España se sitúa en el 24,52%, frente al 16,01% de la media ponderada sumergida en la UE-28, y al 16,6% de la media sumergida en la euro zona-19.

DICE QUE CON 15.000 EFECTIVOS SE REDUCIRÍA LA MITAD

Por otra parte, Gestha asegura que con un cuerpo superior técnico y entre 15.000 y 17.500 efectivos más a medio plazo, la economía sumergida podría reducirse a la mitad.

En este sentido, subraya que el «punto débil» de las medidas de los sucesivos planes especiales, leyes antifraude y para el control de los gastos públicos es que no se han acompañado con medidas referidas a los medios personales con los que cuenta la AEAT, la IGAE y otros centros directivos del Ministerio de Hacienda para hacerlas cumplir con generalidad.

Por ello, tres décadas después, Gestha cree que es hora de que se cree el Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, para dar mayores competencias y funciones a los 8.480 técnicos de Hacienda que representan el 83,4% de los funcionarios del grupo A de las áreas operativas en la AEAT y los 1.014 técnicos de auditoria y contabilidad que representan el 90,8% en la IGAE.

JPMorgan Chase, el mayor banco estadounidense por activos, obtuvo un beneficio neto de 9.443 millones de dólares (8.039 millones de dólares) en el tercer trimestre del año, lo que representa una mejora del 4% respecto del mismo periodo de 2019, después de que la entidad lograse reducir un 94% el impacto de las provisiones por riesgo de impago, hasta 611 millones de dólares (520 millones de euros).

Entre julio y septiembre, el banco de Wall Street destinó a cubrir el riesgo de crédito ‘únicamente’ 611 millones de dólares, frente a los 10.473 millones de dólares (8.916 millones de euros) provisionados entre abril y junio, y los 8.285 millones de dólares (7.050 millones de euros) del primer trimestre. En el tercer trimestre de 2019, las provisiones sumaron 1.514 millones de dólares (1.289 millones de euros).

Los ingresos de JPMorgan Chase en el tercer trimestre de 2020 alcanzaron los 29.147 millones de dólares (24.810 millones de euros), apenas un 0,5% por debajo de la cifra de negocio contabilizada hace un año, con un retroceso del 8,5% de los ingresos por intereses netos, hasta 13.013 millones de dólares (11.077 millones de euros), mientras que el resto de ingresos sumaron 16.134 millones de dólares (13.735 millones de euros), un 7,1% más.

De este modo, en los nueve primeros meses del año JPMorgan Chase obtuvo un beneficio neto de 16.995 millones de dólares (14.470 millones de euros), un 39% por debajo del resultado del mismo periodo de 2019, mientras que la cifra de negocio de la entidad creció un 4%, hasta 90.319 millones de dólares (76.878 millones de euros).

Hasta septiembre, las provisiones del gigante de Wall Street aumentaron un 366%, hasta 19.369 millones de dólares (16.491 millones de euros), frente a los 4.158 millones de dólares (3.540 millones de euros) de los nueve primeros meses de 2019.

«Reforzamos nuestra posición de liquidez, incrementando la ratio de capital CET1 en 60 puntos básicos, hasta el 13% y nuestras fuentes de liquidez en 1,3 billones de dólares (1,1 billones de euros)», declaró Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase.

Hasta cinco comunidades y ciudades autónomas españolas continúan sin movilizar los fondos del nuevo Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible Moves II lanzado por el Gobierno pese a que el plazo para hacerlo ya finalizó hace casi un mes.

De esta manera, Canarias, Cantabria, Ceuta, Extremadura y Murcia no han publicado en sus respectivos boletines oficiales el plan, aunque el límite venció el pasado jueves día 17 de septiembre, tres meses después de que el Ejecutivo permitiese activarlo.

Por ello, 11,53 millones de euros de los 100 millones con los que cuenta el plan para ayudas a la compra de vehículos eléctricos no han sido movilizados, de los cuales 4,7 millones le corresponden a Canarias, mientras que Cantabria tenía acceso a 1,23 millones; Ceuta, 180.729 euros; Extremadura, 2,26 millones, y Murcia, 3,16 millones.

Otras comunidades, como es el caso de Andalucía (17,95 millones), Castilla-La Mancha (4,33 millones) y Navarra (1,38 millones) han esperado hasta el último momento para publicar en sus respectivos boletines oficiales la convocatoria, mientras que Islas Baleares (2,53 millones), Melilla (180.431 euros) o Castilla y León (5,12 millones) ya lo han publicado pero fuera de plazo.

En el caso de Baleares, han sido muchas las voces del sector que han criticado la puesta en marcha del plan en esta comunidad insular ya que, al contrario de lo que dicta el acuerdo estatal, obliga a los ciudadanos a achatarrar un vehículo antiguo para poder comprar un coche ‘cero emisiones’.

Por ello, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ve «incomprensible» que Baleares publique el plan «tarde» y con modificaciones que «reducen su eficacia y crean confusión», ya que recupera el requisito del achatarramiento para empresas y particulares, un tema al que se había llegado a un consenso para eliminarlo.

En la misma línea han hablado desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) que ha calificado de «discriminatoria» las bases del Plan Moves II que el archipiélago ha publicado. Por ello, ambas asociaciones han pedido que se modifique y que se adapte a las bases nacionales.

TODAS LAS COMUNIDADES LO PUBLICARÁN

A pesar de todo esto, fuentes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) consultadas por Europa Press han afirmado que «lo importante» es que todas las comunidades autónomas publicarán el plan, a pesar de que algunas de ellas lo hagan fuera de plazo.

«Lo importante es que todas las comunidades han aceptado las ayudas oficialmente y nos consta que todas ellas están realizando los trámites administrativos internos para sacar las convocatorias», han subrayado desde el IDEA.

En la misma línea ha hablado el director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive), Arturo Pérez de Lucia, quien ha asegurado que «todas las comunidades están trabajando en ello», por lo que si no han publicado ya sus planes es por algún «retraso administrativo».

AYUDAS YA CONCEDIDAS

Las ayudas recogidas en la segunda edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible lanzado por el Gobierno están disponibles desde el 17 de junio para los consumidores interesados en la compra de un modelo ‘cero emisiones.

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del plan, los españoles pudieron acceder a las ayudas para agilizar la puesta en marcha del mercado, a pesar de que las comunidades tenían hasta tres meses para gestionar el plan y solicitar al Gobierno la partida de los 100 millones de euros totales que le corresponde por número de habitantes. Un plazo que finalizó este jueves.

De esta manera, se permitió a los particulares adquirir el coche que necesitaban y luego acceder al subsidio, ya que en el caso del Plan Moves del año pasado muchas administraciones autonómicas tardaron meses en poner en marcha las ayudas, lo que retrasó y mitigó el efecto del Moves.

El Plan Moves II cuenta con un presupuesto de hasta 100 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible. Así, el Gobierno aportará hasta 5.500 euros para la adquisición de un modelo ‘cero emisiones’, mientras que los fabricantes darán una ayuda adicional de 1.000 euros para incentivar su compra.

En lo que se refiere a turismos, el modelo debe de tener un precio máximo de hasta 45.000 euros. Esta cantidad asciende hasta los 53.000 euros para coches de ocho plazas o en el caso de que el destinatario último sea una Administración o entidad sin ánimo de lucro.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha dejado claro que nunca va a abandonar a los trabajadores por cuenta propia y que la patronal se va a poner en marcha para ayudar al colectivo.

Así lo ha señalado durante su intervención en la XIX Edición de los Premios de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). «La cabezonería de algún autónomo peleando por el comercio, por la hostelería o por los bares que solo abren en las fiestas, eso son los autónomos de este país y ese es el mundo de ATA», ha puesto en valor Garamendi.

El presidente de CEOE ha aprovechado para felicitar a ATA por sus 25 años de vida y por su trabajo desarrollado a lo largo de este año. También ha puesto en valor que la integración de ATA en la CEOE fue «un símbolo de unidad» para «sumar en España».

Por otro lado, ha remarcado que los mejores 40 años del Estado Social de Derecho español «han sido como consecuencia de la Constitución Española, a la que apoyamos y a su piedra angular, que es la Corona». «Ayer fue un día de reconocimiento y de festejar el Día de la Hispanidad y de la unidad de España», ha resaltado tras pedir lealtad, independencia y sentido de Estado.

De su lado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha insistido en que el Covid sigue presente, pero en que este hecho no puede detener ni a los autónomos ni al resto de la sociedad. «Debemos ser muy prudentes y seguir a rajatabla las normas sanitarias, pero los autónomos no pueden parar y ATA tampoco», ha dejado claro.

«El Covid no nos puede impedir reconocer el trabajo y tesón de unos profesionales que en muchos casos se han convertido en héroes y, en otros, nos han dado un magnífico ejemplo de buen hacer», ha apostillado Amor.

Asimismo, ha dejado claro que va a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora, negociando con el Gobierno, para reconstruir España. De hecho, Amor ha dicho que ATA «siempre ha tenido vocación de actuación» y que va a seguir en ello para ser parte de la reconstrucción del país.

«SIN LOS AUTÓNOMOS LA ECONOMÍA NO PUEDE FUNCIONAR»

Sin autónomos la economía no puede funcionar, porque somos la correa de la mayor parte de la economía. La reconstrucción debe pasar por los autónomos, no hay otra alternativa», ha incidido su presidente, que ha aprovechado para dejar claro que la reconstrucción «solo se puede conseguir con unidad, concordia, certidumbre y seguridad jurídica».

Amor ha concluido su turno de palabra diciendo que «los autónomos y las empresas tienen la misión para esta reconstrucción de generar actividad y empleo» y dejando claro que ahora «les toca a quienes tienen responsabilidad en la Administración y la política generar unidad, concordia, certidumbre y seguridad jurídica». «Toca trabajar por ello», ha concluido.

APOYO DE CAIXABANK AL COLECTIVO

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presente en el acto, ha querido homenajear «al colectivo que peor lo está pasando» y ha puesto en valor que los autónomos son un ejemplo de «esfuerzo, entrega y resiliencia».

«Sabéis representar y simbolizar los mejores valores del conjunto de la sociedad española: valores de trabajo, de sacrificio y de empeño para sobreponeros y dar lo mejor de vosotros mismos para salir adelante», ha dicho durante su intervención.

Asimismo, Gortázar ha señalado que se siente orgulloso de que desde CaixaBank se haya podido apoyar a este colectivo con medidas como moratorias de préstamos, líneas de crédito con y sin avales del Estado, ayudas al comercio y al pago de proveedores. En la actualidad, más de un millón de autónomos españoles trabajan con la entidad.

«Muchos estáis pasando por tiempos extraordinariamente duros, necesitáis ayuda y queremos seguir apoyándoos», ha dicho, tras señalar que una vez se complete la fusión con Bankia, la entidad estará en mejores condiciones de apoyar a los autónomos y al tejido productivo español en general para conseguir salir de la crisis «sin dejar a nadie atrás» y para lograr una recuperación rápida, sostenida y sostenible.

La entrega de los premios ha estado presidida por su Majestad el Rey Felipe VI. También han estado presentes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; el presidente de ATA, Lorenzo Amor; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; el presidente CEIM, Miguel Garrido; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

En esta edición, han sido premiados el Consejo General de Colegios de Médicos, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, el Consejo General de la Abogacía Española y la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales.

Por otro lado, el premio a la trayectoria profesional ha sido para Enrique Cornejo, y el premio al emprendedor para los hermanos Déborah y Rafael Casillas Gordillo, promotores de Concert Music Festival, «por saber reinventarlo en el Cabaret Festival».

La conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha estado presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha acordado la distribución de 1,46 millones de euros entre las comunidades autónomas para apoyar a las explotaciones de porcino ibérico afectadas por la pandemia del coronavirus.

En concreto, el real decreto 687/2020 de julio, cuyo contenido fue elaborado conjuntamente con las comunidades autónomas y el sector, ha tenido un «efecto claro» sobre el comportamiento de los precios en el mercado.

Así, cuando se hizo público su contenido, el precio del cerdo ibérico, cuya cotización se había igualado al del porcino de capa blanca, comenzó a recuperarse de manera sostenida, razón por la cual se han solicitado ayudas por menos animales de los previstos.

En todo caso, el pasado 30 de septiembre se publicó una modificación de esta norma para ampliar hasta el 15 de noviembre el plazo del periodo subvencionable, entre otros cambios.

El reparto se ha llevado a cabo en consonancia con las comunicaciones efectuadas por las autoridades competentes de las regiones con respecto a sus previsiones sobre las peticiones realizadas por los beneficiarios. La dotación presupuestaria prevista para la línea en este ejercicio es de 10 millones de euros.

Castilla y León es la región que contará con la mayor dotación de ayudas para el sector con un total de 609.120 euros, seguida por Extremadura (320.880 euros) y Murcia (289.284 euros).

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha manifestado este martes que los Servicios Jurídicos del Gobierno andaluz están analizando en estos momentos si existe un marco jurídico que permita ayudar financieramente a la empresa Abengoa.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Marín ha manifestado que los consejeros de Hacienda, Juan Bravo, y de Transformación Económica, Rogelio Velasco, están en permanente contacto con los representantes de la empresa, a los que agradecen la labor que están realizando ante la difícil situación en la que han heredado la dirección.

Ha indicado que la solución pasa evidentemente por buscar una financiación que necesita la empresa y que estaría por encima de los 20 millones de euros.

Ha añadido a este respecto que la Junta ha planteado siempre que cualquier medida de ese tipo la haría dentro del marco de la legalidad jurídica, porque lo que no se quiere es que Abengoa «sea otro caso de Isofotón».

«Si finalmente hay o no posibilidad de acuerdo, no lo podemos adivinar. Los servicios jurídicos están buscando ese marco jurídico; si se encuentra se podrá hacer, si no, no podrá ser posible», ha sentenciado el vicepresidente.

Las vulnerabilidades financieras del sistema, que ya eran elevadas antes de los primeros brotes de Covid-19, no han hecho otra cosa que incrementarse desde entonces, lo que puede llegar a suponer un freno a la recuperación y conducir a la economía a un escenario más adverso en el que quiebras generalizadas lleven a un reapreciación del riesgo de crédito y al endurecimiento de la concesión de préstamos, empeorando las condiciones financieras, según señala el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«La pandemia de Covid-19 podría ser una importante prueba de resistencia para el sistema financiero mundial», advierte el FMI en su ‘Informe de Estabilidad Financiera Global’, donde apunta que factores desencadenantes como nuevos brotes del virus, pasos en falso en las políticas implementadas u otras sacudidas, podrían interactuar con las vulnerabilidades preexistentes y llevar a la economía a un escenario más adverso.

«Desde el brote de Covid-19, las vulnerabilidades han seguido aumentando», recuerda la institución.

En este sentido, el consejero financiero del FMI, Tobias Adrian, ha planteado la existencia del riesgo de que las medidas actuales puedan tener consecuencias no deseadas, como refleja la desconexión entre las valoraciones de las bolsas y el débil desempeño de la economía «real.

«Esa brecha puede reducirse gradualmente si la economía se recupera rápidamente. Pero si la recuperación se retrasa, por ejemplo, si se tarda más de lo esperado en controlar el virus, el optimismo de los inversores puede disminuir», ha advertido.

De este modo, las autoridades se enfrentan a la disyuntiva de prestar el apoyo necesario hoy y las implicaciones de las crecientes vulnerabilidades para el crecimiento a medio plazo.

En el caso de las empresas, el FMI admite que sin las medidas aplicadas para facilitar su endeudamiento se habría registrado un fuerte aumento en las quiebras, aunque recuerda que esta expansión de la deuda corporativa se ha sumado a unos niveles de apalancamiento ya elevados en varias economías, alertando de que «a medida que la crisis continúa desarrollándose, las presiones de liquidez pueden transformarse en insolvencias».

«El aumento del endeudamiento neto ha ayudado a reducir las presiones de liquidez y mitigado un aumento mayor en los incumplimientos en este momento. Sin embargo, el aumento de la deuda puede conducir a un deterioro de la capacidad de reembolso a medio plazo, poniendo en riesgo la solvencia», sostiene.

En este sentido, el FMI considera que la trayectoria futura de incumplimientos y quiebras dependerá fundamentalmente de la evolución de la pandemia y de la capacidad de las autoridades para mantener unas condiciones de financiación acomodaticias y seguir proporcionando apoyo fiscal a empresas viables.

De este modo, es probable que las grandes empresas con acceso a los mercados de capitales eviten una erosión significativa de sus posiciones de capital a menos que haya un endurecimiento significativo en las condiciones de financiación, mientras que, sin embargo, las pymes son mucho más vulnerables

Las insolvencias generalizadas entre las pymes podrían tener un impacto macroeconómico directo significativo, así como implicaciones adversas para la situación del sector bancario, particularmente en Europa, donde las pymes representan más de la mitad de la producción total y aproximadamente dos tercios del empleo y, por lo tanto, puede afectar la estabilidad financiera a través de vínculos macrofinancieros.

«Dado que las pymes dependen casi por completo de la financiación bancaria, podrían suponer un fuente de vulnerabilidad, especialmente para los bancos regionales y pequeños», advierte la institución dirigida por Kristalina Georgieva.

DÉFICIT DE CAPITAL DE LA BANCA

Asimismo, el informe apunta de cara al futuro que la resistencia de los bancos dependerá de la profundidad y duración de la recesión causada por el Covid-19, así como de la capacidad de los gobiernos para seguir apoyando al sector privado y del ritmo del reconocimiento de pérdidas.

De acuerdo con el escenario base planteado por el FMI en sus previsiones macroeconómicas de octubre de 2020 y teniendo en cuenta las políticas anunciadas para mitigar las dificultades de los prestatarios y respaldar los niveles de capital bancario, la mayoría de los bancos dispone de capacidad para absorber pérdidas y mantener reservas de capital por encima de los requisitos mínimos de capital regulatorio.

Sin embargo, en el escenario adverso, caracterizado por una recesión más profunda y una recuperación más débil, existe una serie considerable de bancos cuyo capital caería por debajo del mínimo regulatorio.

Los bancos de importancia sistémica mundial tienden a obtener mejores resultados, señala el FMI, mientras que los bancos de los mercados emergentes parecen ser menos resistentes que sus pares en las economías avanzadas.

En este sentido, bajo el escenario adverso del FMI, el déficit de capital en relación con los requisitos mínimos de capital sería de unos 110.000 millones de dólares (93.586 millones de euros), mientras que el déficit de capital en relación con los requisitos regulatorios, incluyendo reservas de capital anticíclicas, reservas de conservación de capital y reservas sistémicas, podría alcanzar los 220.000 millones de dólares (187.182 millones de euros), después de contabilizar medidas de apoyo.

Por otro lado, el FMI advierte del incremento de las vulnerabilidades soberanas como consecuencia del amplio apoyo fiscal prestado por los países

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha valorado que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se haya «por primera vez» tomado «en serio la construcción de un escenario de plena descarbonización del sistema energético».

La agencia internacional con sede en París ha publicado este martes la última edición de su informe ‘Perspectiva Mundial de la Energía’, en el que considera que las energías renovables cubrirían el 80% del crecimiento de la demanda mundial de electricidad durante la próxima década y pone de manifiesto que la energía solar fotovoltaica será el «nuevo rey» de los mercados eléctricos mundiales.

En una valoración facilitada por el Ministerio, Ribera destaca que la AIE «ha reforzado una idea con la que hasta ahora se mantenía más bien prudente», como es «la velocidad a la que crecen las energías renovables y su trascendencia para hacer frente a la emergencia climática que sin embargo se está acelerando a ojos vista».

La titular de Transición Ecológica y el Reto Demográfico afirma que se necesita «del esfuerzo de la AIE para imaginar, para pensar, para construir escenarios de cero emisiones».

«Este ha sido el ejercicio en el que nos hemos embarcado los distintos gobiernos, las distintas empresas, y una visión de conjunto, como pueden ofrecer los escenarios que maneja la AIE, va a ser determinante para no cometer errores en las decisiones a corto plazo», añade al respecto.

Asimismo, subraya la necesidad de que en el año 2030, tal como pone de manifiesto el informe de la AIE, el 75% de la electricidad a escala global venga de fuentes bajas en emisiones y que «esta tendencia se acelere en los años siguientes para lograr, por fin, un escenario neto en emisiones de gases de efecto invernadero en el entorno de 2050-2060».

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha informado este martes a las comunidades autónomas que solicitará a la Comisión Europea la activación de medidas para el sector del vacuno, recogidas en la Organización Común de Mercados Agrarios, y que se anticipe «a un deterioro aún mayor de la coyuntura de mercado» de este sector.

De esta forma y a propuesta de España, en el punto varios del próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea de los próximos 19 y 20 de octubre, se presentará una declaración conjunta con otros Estados miembros para poner de manifiesto las dificultades por las que atraviesa el mercado de la carne de vacuno, muy afectado por la crisis del coronavirus.

Este sector, muy vinculado al canal de la restauración y la hostelería, está afectado por la caída del turismo en verano. En las últimas semanas el precio del añojo se encuentra un 8,4% por debajo del promedio de los últimos cinco años en España.

Esta situación, tiene además un impacto directo sobre las explotaciones de vacas nodrizas, suministradoras de los animales para el cebo, cuyas cotizaciones se han desplomado. Ello, afecta además a un conjunto de explotaciones con enorme importancia para la vertebración del medio rural y el mantenimiento de los ecosistemas.

Las medidas de almacenamiento privado de carne adoptadas por la Comisión Europea el pasado mes de mayo estabilizaron relativamente los mercados, pero en la actualidad la situación del mercado sigue mostrando señales negativas, por lo que Luis Planas solicitará la activación de nuevas medidas.

El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 895,9 millones de euros ente las comunidades autónomas con competencias en el ámbito laboral en el ejercicio de 2020.

En estos fondos se incluyen las partidas destinadas a programas como el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y el Plan Reincorpora-T 2019-2021.

Los criterios objetivos para la distribución de estos fondos se fijaron en la LXXVIII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales que se celebró el 30 de septiembre de 2020.

Los más de 895,9 millones de euros se suman a los 1.048,54 millones de euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que se repartieron entre las comunidades autónomas en el mes de abril.

Así, las administraciones recibirán más de 1.944,46 millones de euros para la ejecución de políticas de fomento del empleo, formación profesional para el empleo y para la modernización de los servicios públicos.

Un total de 800 millones de euros se destinarán a iniciativas de formación profesional para el empleo en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

También se destinarán 9,7 millones de euros a financiar el refuerzo del personal encargado de las labores de orientación en los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos, lo que supone una asignación a cada comunidad autónoma un 2% superior a la del año 2019.

Además, 23,1 millones de euros se distribuyen en función de las personas con discapacidad severa que prestan sus servicios en centros especiales de empleo.

El Ministerio de Trabajo y economía Social ha apuntado también que se está tramitando una orden ministerial que aumente las ayudas para financiar el mantenimiento de la contratación en estas entidades con unas subvenciones que han aumentado del 50% al 55% del salario mínimo interprofesional.

La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha pedido este martes adelantar a 2021 y 2022 el pago de los 8.000 millones de euros del fondo de recuperación que están destinados a fortalecer las ayudas para desarrollo rural y que la Comisión Europea había propuesto desembolsar entre 2022 y 2024.

El fondo europeo de recuperación de 750.000 millones –bautizado como ‘Next Generation EU’– incluye una partida extraordinaria para el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) de 7.500 millones de euros a precios de 2018 (8.070 millones a precios corrientes).

Bruselas propuso desembolsar esta dotación extra entre 2022 y 2024, pero tanto los Estados miembros como los eurodiputados han pedido adelantar los pagos ya al próximo año. La opinión de los segundos ha quedado patente este lunes en la votación de un informe que ha salido adelante con 46 votos a favor y dos abstenciones.

En concreto, los eurodiputados abogan por que un 30% de los 8.070 millones (2.420 millones) sea abonado ya en 2021 y el 70% restante (5.650 millones), un año después. Esta posición coincide con la acordada por las capitales, por lo que no se prevén problemas en este aspecto en las negociaciones que ahora deben comenzar entre ambas instituciones.

Estas cifras quedarán plasmadas en el reglamento sobre el periodo de transición de la Política Agrícola Común (PAC) actual, que se seguirá aplicando durante 2021 y 2022 ante el retraso de las negociaciones de la nueva.

En este contexto, los eurodiputados han propuesto que las inversiones de agricultores y ganaderos de la UE que contribuyan a las transiciones verde y digital sean financiadas hasta en 80% por los fondos europeos. Este porcentaje subiría al 90% en el caso de regiones menos desarrolladas y las regiones ultraperiféricas como Canarias.

Otro cambio que la Eurocámara pretende introducir contempla un incremento desde los 3.000 euros actuales hasta los 5.000 euros del nivel máximo de ayuda que el FEADER puede conceder a la producción de alimentos cubierta por los esquemas de calidad comunitaria. Además, quieren aumentar a 100.000 euros el importe máximo de ayudas a jóvenes agricultores.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha emplazado al Gobierno a diseñar una estrategia fiscal a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas tras la aplicación de la cláusula de escape que considera «pertinente».

En un informe, la AIReF aprecia la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria como consecuencia de la pandemia de la Covd-19, puesto que la situación, de carácter extraordinario y que escapa al control de las administraciones, está teniendo un «fuerte impacto global en términos humanos, sanitarios, sociales y económicos».

La propia presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, reclamó en junio ante la Comisión de Hacienda del Congreso la activación de dicha cláusula, en un contexto en el que la caída de la actividad podría suponer una contracción del PIB del 11,8% en 2020 según las últimas estimaciones de la AIReF.

Además, en su informe de julio, la AIReF estimó para 2020 un déficit del 11,9% del PIB que podría alcanzar el 14,4% si se materializa el escenario más adverso, y proyecta un aumento en la ratio de deuda sobre PIB de entre 22,1 y 27,7 puntos en el año 2020, situando la ratio de deuda sobre PIB en un rango entre el 117,6% y el 123,2% del PIB en 2020.

En este contexto, la AIReF considera «pertinente» activar la cláusula de escape prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para priorizar la respuesta de las administraciones públicas a la crisis, quedando también ampliamente superados los objetivos fiscales aprobados previamente.

La suspensión, lejos de implicar una relajación de la responsabilidad fiscal, considera que debe llevar a las administraciones públicas a orientar sus actuaciones a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo, que, como señala el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, «no puede ponerse en peligro por la desviación temporal del déficit».

En el ámbito de las reglas fiscales, España está sometida a una doble regulación: la acordada a nivel supranacional en el marco de la Unión Europea (UE) y la establecida a nivel nacional.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la UE contempla la existencia de una cláusula general de escape ante una situación de recesión económica severa, que fue activada en marzo para 2020 y en septiembre se extendió a 2021 y en consecuencia no se suspenden los procedimientos del PEC, pero se permite a los Estados miembros posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.

En el ámbito nacional, la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria también contemplan supuestos de excepción al cumplimiento de las reglas fiscales en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las administraciones públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno acordó llevar a cabo la suspensión de las reglas fiscales españolas en 2020 y en 2021. La Ley de Estabilidad Presupuestaria requiere que el Congreso apruebe por mayoría absoluta que España se encuentra en uno de esos supuestos que habilitan la activación de la cláusula de escape, previo pronunciamiento de la AIReF sobre la ocurrencia de esos supuestos, un trámite necesario para dar cumplimiento al procedimiento y hacer efectiva la cláusula de escape.

PLAN DE REEQUILIBRIO FISCAL A MEDIO PLAZO

Tras apreciar la pertinencia de la cláusula de escape, la Autoridad Fiscal reitera al Gobierno la recomendación de que realice esa planificación fiscal nacional, ya sea dentro o no del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que establezca una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera «realista y creíble» la sostenibilidad financiera de las administraciones.

Para lograrlo cree que será necesario contar con todos los niveles de la administración, considerando sus realidades fiscales en materia de recursos y competencias, para asegurar una «adecuada coordinación y corresponsabilidad».

También ve preciso considerar los niveles de deuda pública y los riesgos fiscales, en especial, los asumidos por la gestión de la crisis de la Covid-19, así como establecer un calendario tentativo para el cumplimiento de hitos, servir de marco para los planes de reequilibrio de las administraciones, y promover su coordinación con el Plan de Recuperación y Resiliencia.

En varias ocasiones AIReF ha recomendado hacer uso del margen que permite la normativa española mediante la activación de la cláusula de escape y que se fuera preparando, tal y como exige la ley, la estrategia de salida que se plasmaría en un Plan de reequilibrio a medio plazo.

Además, subraya que el Plan de Recuperación para Europa o «Next Generation EU» concederá a las administraciones en los próximos años importantes recursos para la realización de inversiones y reformas que, por su propia naturaleza, tienen carácter plurianual, lo que «refuerza la relevancia de contar con una planificación a medio plazo.

Igualmente, recomendó en julio el establecimiento de una estrategia nacional conjunta que asegurara la coherencia de todos los planes, tanto a nivel de administración como nacional y europeo con un calendario tentativo, algo que el Ministerio de Hacienda consideró entonces que cumplía esta recomendación con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia 2021-2023.

Sin embargo, AIReF cree que este plan solo podrá considerarse un plan fiscal a medio plazo en la medida en que recoja las previsiones de los principales agregados fiscales, para que pueda servir como instrumento de política presupuestaria más allá del calendario presupuestario anual, incluyendo la fijación de prioridades estratégicas y de objetivos presupuestarios a medio plazo.