El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha sugerido la posibilidad de introducir peajes en las carreteras en función del tipo de usuario que las utilice, descartando el pago por parte de los ciudadanos que necesiten transitar por ellas, frente al posible pago por parte de las actividades económicas que se benefician de la infraestructura.

Durante su participación en el ‘Primer Simposio del Observatorio de la Movilidad’, organizado por ‘El Español’ e ‘Invertia’, el ministro ha apuntado a esta posibilidad argumentando, además, que «no es justo tener territorios con peaje y otros libres de él».

El titular de Transportes ha asegurado que estas diferencias en el cobro de peajes en función del territorio en el que los usuarios circulen «no es hacer una España igual para todos», defendiendo un principio «de igualdad territorial sin discriminar a los usuarios».

No obstante, sí ha señalado que podría haber una diferencia entre los ciudadanos que circulan por las vías por necesidad, para ir a trabajar, y las actividades económicas que se benefician de las infraestructuras públicas.

«A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero a otros la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras», ha argumentado.

Este debate surge como respuesta a las grandes necesidades de financiación destinadas a la conservación de las infraestructuras ya ejecutadas, que, según el ministro, ya concentran todo el presupuesto público actual, dejando poco margen para la obra nueva.

«Trabajar en igualdad no es tratar a todos por igual, sino reconocer las diferencias de las personas, las necesidades diferentes y sus motivos diferentes, pero sí hay que dar oportunidades a todo el mundo para actuar en igualdad», ha seguido justificando.

En este sentido, respecto al otro gran ámbito de la movilidad de su Ministerio, el del ferrocarril, Ábalos ha defendido la liberalización inminente del sector para amortizar y rentabilizar la inversión realizada por el Estado, a la vez que abarata lo costes para los usuarios.

El ministro también se ha referido al ferrocarril de mercancías como «una asignatura pendiente del país», por lo que cree que la prioridad es avanzar hacia la intermodalidad del transporte, conectado las vías de tren con los puertos y con el transporte por carretera a través de las llamadas ‘autopistas ferroviarias’.

El Tribunal de Cuentas ha reclamado a las entidades de la Seguridad Social adscritas a esta Secretaría de Estado una mayor precisión a la hora de justificar sus contratos y detallar en todos ellos una memoria económica que justifique el presupuesto de este expediente o se justifique su estimación.

Y es que este organismo ha detectado varias incidencias relativas a estos hechos en su ‘Informe de fiscalización de la contratación celebrada por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ejercicio 2018’, recogido por Europa Press.

El informe fiscaliza un total de 102 contratos de los 799 que las entidades gestoras y la Intervención General de la Seguridad Social celebraron durante 2018, por un importe total de 57,5 millones de euros (el 64% del importe de todos los contratos formalizados).

En su análisis de los contratos, el Tribunal percibe falta de justificación de los mismos: en diez expedientes no se precisa de forma suficiente la necesidad de contratar, en otros 18 expedientes falta una memoria previa, y en 22 expedientes el Tribunal echa en falta una mayor justificación de por qué no se dividieron en lotes.

Además, en 16 expedientes adjudicados por procedimiento abierto no cree debidamente justificado la elección de criterios de adjudicación, mientras que en tres contratos se valoró indebidamente, a juicio del Tribunal, el precio como único criterio.

En el examen de la adjudicación, el Tribunal detecta deficiencias en 27 expedientes por la utilización de fórmulas valoración del criterio precio que no resultaron acordes con los principios de economía y eficiencia y dos expedientes con criterios de adjudicación que no guardan relación directa con el objeto del contrato.

Por otro lado, el órgano fiscalizador también recomienda a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina revisar fórmulas utilizadas para la valoración del criterio precio que puedan minimizar la ponderación de otros, apostando por fórmulas de valoración que atienden principalmente al del precio de licitación.

También pide que, como regla general, se establezcan penalidades específicas reservadas para casos de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas, estableciendo controles precisos para llevar a cabo el seguimiento de su cumplimiento.

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado este lunes que el rescate de Air Europa es una cuestión «estratégica para el país» al proteger el ‘hub’ aéreo de Madrid y preservar el sector aéreo español.

Ábalos, que ha participado en el ‘Observatorio de la Movilidad’ organizado por ‘El Español’, ha indicado que las ayudas concedidas a la aerolínea de Globalia, que ascienden a 475 millones de euros, no responden a una cuestión económica, ya que el Gobierno «tiene que ser prudente» y «no puede hacer apuestas por intereses empresariales».

Por tanto, ha explicado que es «un ejemplo de lo que pretendía la norma», al tratarse de una «empresa estratégica que estaba bien» y que se ha visto afectada por la pandemia, pero que «sin pandemia tiene viabilidad».

Ábalos ha esgrimido que Air Europa «iba bien», aunque tenga problemas «derivados exclusivamente de la pandemia», pero opera en un «sector estratégico» como es el aéreo.

En ese sentido, ha indicado que «lo primero que tiene que hacer un gobierno es salvar la empresa», tanto por los empleos como por «su carácter estratégico», al tratarse de una empresa «100% española» que, junto a Iberia, representa «buena parte de la bandera» española en sector aéreo. «Hay que preservar el sector aéreo y que España tenga compañías aéreas de referencia», ha subrayado.

Además, ha explicado que Air Europa estaba en una situación «que ya preexistía», como es el acuerdo de compra con Iberia, un asunto que «tendrán que abordar ellos», según ha manifestado el ministro, y ha explicado que lo que «preocupa» al Gobierno es «tener empresas del sector que lleven la bandera y que el ‘hub’ de Madrid se fortalezca. «A partir de ahí, todo lo que permita y refuerce eso» contará con el apoyo del Gobierno, ha concluido.

La Unión Europea ha anunciado que aportará 183 millones de euros a la iniciativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aliviar la deuda de países de rentas bajas para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

Por el momento la UE se convierte en el mayor donante de esta iniciativa, que cuenta actualmente con 426 millones de euros. Este fondo permitirá a estos países aumentar su gasto social, sanitario y económico en responder a la emergencia generada por el coronavirus.

«La UE combina inyecciones de fondos para aliviar rápidamente las restricciones presupuestarias para ayudar a la respuesta inmediata con un plan sostenido a largo plazo para ayudar a los socios a capear una tormenta socioeconómica severa, que está lejos de terminar», ha valorado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.

El jefe de la diplomacia se ha expresado a favor de estudiar una reestructuración o alivio de la deuda para países de rentas bajas. «Esperamos que esta contribución allane el camino para que otros actores se sumen a estos esfuerzos globales», ha resumido el político español.

En palabras del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, la contribución de la UE a esta iniciativa es un espaldarazo al multilateralismo y al alivio de la deuda. Se trata, según ha declarado, de una demostración del compromiso europeo con los países de rentas bajas para lidiar con la carga de la deuda.

La firma de calificación crediticia Scope Ratings no considera factible que las grandes economías del euro (Alemania, Francia, Italia y España) sean capaces de reducir sus ratios de deuda sobre el producto interior bruto (PIB) a corto plazo, ante el debilitamiento de las perspectivas de crecimiento económico.

En un comunicado publicado este lunes, la agencia ha alertado de que la flexibilización de la política fiscal y el obligado endeudamiento para 2020 «suscita preocupación sobre la evolución de la deuda soberana después de la crisis».

«Creemos que un crecimiento menos boyante, incluso con políticas fiscales expansivas, impedirá que los gobiernos de las cuatro economías más grandes de la UE reduzcan los coeficientes de deuda pública a los niveles anteriores a la crisis en un futuro previsible», ha afirmado el afirma responsable de calificaciones de deuda soberana y del sector público, Bernhard Bartels.

En este sentido, Scope ha explicado que los gobiernos de las cuatro economías principales del euro se apoyan más en el crecimiento de la economía que en los ajustes presupuestarios para lograr la consolidación fiscal. Además, ha alertado de que están atendiendo a «escenarios optimistas» de crecimiento a largo plazo.

«La atención prestada al estímulo fiscal supone un hito histórico para la eurozona, con un cambio del paradigma anterior de restricción fiscal por una dependencia más duradera de las políticas favorables al crecimiento. Sin embargo, para aprovechar la oportunidad de aumentar el potencial de crecimiento hay que sopesar los riesgos de que las previsiones de crecimiento resulten demasiado optimistas», ha agregado la analista del equipo del sector público y soberano de Scope, Giulia Branz.

La calificadora de riesgos considera que los fondos europeos acelerarán ciertos objetivos de la UE, como la transición ecológica, pero también ha avisado de que otros objetivos a largo plazo, como la mano de obra más cualificada, necesitarán de «mantener el progreso» de las reformas.

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) ha pedido este lunes que los concesionarios sean considerados en Andalucía como un «servicio esencial en su parte comercial y en su parte de posventa», de tal forma que puedan «seguir operativos para contribuir a la movilidad de los andaluces».

Así lo ha reclamado en un comunicado en el que ha advertido del «impacto negativo» que están teniendo sobre el sector «los confinamientos selectivos que se están aplicando en Andalucía y que han obligado a los concesionarios a cerrar sus puertas o a restringir sus horarios, «ahondando en la caída de las ventas y comprometiendo el mantenimiento del empleo».

Cabe recordar que, en Andalucía y para combatir la expansión de la pandemia de coronavirus, la Junta ha decretado el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18,00 horas en toda la comunidad autónoma, salvo en la provincia de Granada, donde el cierre de la actividad no esencial se prolonga durante todo el día por la peor incidencia de la pandemia.

Al respecto, la asociación ha advertido de que «el cierre de concesionarios, como ocurre en Granada, ahondará en la caída de las matriculaciones que arrastra el mercado en Andalucía, ya que, en lo que va de año, las matriculaciones han retrocedido un 37%», y «también se compromete el mantenimiento del empleo en el sector, que ha sido el gran objetivo de las concesiones desde que irrumpiera la pandemia».

La patronal ha defendido que, «cuando se establezcan confinamientos selectivos o limitaciones de movilidad en la región, se debería tener en cuenta las particularidades de los concesionarios, ya que no parece lógico que se vean obligados a parar de nuevo su actividad comercial cuando, por sus características, pueden operar con todas las garantías».

En esa línea, Faconauto ha remarcado que la actividad comercial de los concesionarios «no puede equipararse a la de otros sectores, ya que sus instalaciones se caracterizan por ser amplias y por tener una media de metros cuadrado muy grande, haciendo que la distancia social se mantenga sobradamente en todo el proceso de visita».

Además, el tráfico medio de clientes por las exposiciones es «actualmente de unos doce al día que, en su mayoría, están acudiendo con cita previa, lo que hace que la acumulación de personas no se produzca», según añaden desde Faconauto.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN

La misma organización subraya además que la automoción fue uno de los primeros sectores en poner en marcha un protocolo, elaborado por las patronales sectoriales Faconauto, Anfac y Sernauto, y acordado con los sindicatos CC.OO. y UGT, para «asegurar la protección y prevención tanto de trabajadores como de clientes», que «sigue activo y se está aplicando en los concesionarios» de España.

El presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, ha lamentado que «la inacción de algunas administraciones, que no han sabido o no han querido ser más contundentes para frenar la pandemia. «Esto hace ahora que un sector como el nuestro, que ha demostrado responsabilidad y compromiso, especialmente con el empleo, se vea obligado a cerrar muchos de sus puntos de venta, poniendo en peligro nuestra supervivencia», ha criticado.

«Necesitamos que las administraciones se adelanten a los acontecimientos y que, cuando planteen restricciones, lo hagan teniendo en cuenta las particularidades de cada sector», ha añadido.

Un 47% de los españoles asegura utilizar el móvil mientras conduce y hasta un 6% de estos señala que envía mensajes instantáneos (WhatsApp) al volante, según el estudio ‘VI Radiografía de los Hábitos de Movilidad de los Españoles’ elaborado por la compañía de reting y gestión de flotas Alphabet.

Dicho informe recoge que un 60% de los que aseguran utilizar el móvil mientras conduce lo hace para hablar con manos libres, aunque un 3% dice que llama por teléfono sin usar esta tecnología.

Además, el 6% de los conductores que afirman usar el móvil lo hace para enviar WhatsApp y un 1% consulta el correo electrónico o responden e-mails.

Según Alphabet, el uso manual del teléfono móvil mientras se conduce sigue siendo, dentro de las acciones que implican una distracción en la conducción, la infracción más cometida por los conductores.

MÁS INCIDENCIA EN LOS JÓVENES

Por edades, son los jóvenes de entre 18 y 30 años los que más utilizan sus dispositivos móviles al volante, con un 56% de los casos, nueve puntos más que la media nacional.

De ellos, el 8,5% lo utiliza para escribir mensajes instantáneos y el 3% de las veces lo usan para llamar sin usar el manos libres.

«A la hora de hacer un uso más adecuado del móvil mientras se conduce, destacan los mayores de 61 años. En esta franja de edad, el 76% de los encuestados que afirma utilizar su teléfono al volante lo hace de manera correcta», ha indicado Alphabet.

Por ciudades, Las Palmas de Gran Canaria se sitúa como la capital española donde más conductores afirman utilizar el móvil sin manos libres, con un 9% de los casos. Por su parte, en Oviedo es donde se escriben más WhatsApp al volante, con un 11%, cinco puntos más que la media nacional.

La industria del deporte tiene un impacto del 3,3% en el PIB y genera 414.000 puestos de trabajo, el 2,1% de la población ocupada en España, según el informe ‘Termómetro del Ecosistema del Deporte en España’, elaborado por la consultora PwC y la Fundación España Activa, con la colaboración del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El estudio ha sido presentado este lunes junto a la pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento del CSD en Madrid con la presencia de la presidenta del CSD, Irene Lozano; el presidente de España Activa, Jaime Lissavetzky; el del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda; el de la Asociación del Deporte Español (ADESP), José Hidalgo; y el viceconsejero de Deporte de la Comunidad de Madrid, Roberto Núñez.

Asimismo, el ‘termómetro’ recoge el efecto de la COVID-19 en la industria del deporte, y estima que los agentes de su ecosistema en España sufrirán unas pérdidas del 38,5 por ciento de su cifra de negocio en 2020, lo que implicaría una reducción de entre 31.000 y 42.000 puestos de trabajo.

En este sentido, Irene Lozano destacó el valor del informe por que el «conocimiento debe ser la base esencial en la toma de decisiones», así como los 40.000 millones (39.117, según datos del INE en 2018) que genera el deporte y que los jóvenes de hasta 34 años suponen el 50 por ciento del empleo en este sector. «Tenemos una responsabilidad con ellos, un país que no piensa en los jóvenes no piensa en el futuro», apuntó Lozano.

El estudio hace un análisis del impacto de la industria del deporte en España a través de diversos aspectos, que van desde el económico, pasando por la salud, el desarrollo tecnológico o su efecto dinamizador de las ciudades.

El deporte, señala el estudio, es una palanca generadora de industria y riqueza a través de múltiples actividades y agentes que constituyen el denominado ecosistema deportivo. En él se identifican las industrias del deporte profesional; la de los servicios del deporte; y la de las nuevas industrias del deporte, que incorporan el desarrollo tecnológico y la innovación.

El ‘termómetro’ destaca cómo el ecosistema del deporte y la actividad física deben contribuir a la transformación hacia una nueva ‘Economía del Bienestar. Para el estudio, la ‘pandemia’ de la actividad física persistirá mucho después de que España se recupere de la pandemia de la COVID-19.

En este sentido, el presidente de España Activa, Jaime Lissavetzky, subrayó la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado. «Necesitamos un crecimiento económico porque cuanto mayor sea la inversión en deporte eso retornará en la sociedad. Que sigamos andando todos juntos porque el camino se hace más corto», dijo el ex secretario de estado para el Deporte.

UN «PIANO» PARA IMPACTAR EN OTRAS ÁREAS

Lozano subrayó que el deporte supone una «herramienta» que influye en otras áreas de la sociedad. «La sociedad puede ver el deporte como una cuerda, o como una guitarra, pero tenemos un piano, una herramienta para impactar en otras muchas áreas de la sociedad», manifestó en alusión a la transversalidad del mismo.

Además de su importancia económica y social en términos absolutos, la industria deportiva destaca por ser un sector intensivo en puestos de trabajo. Por cada millón de euros que la industria factura en España, genera 12,4 empleos absolutos, un 30% más que la media nacional.

Entre los sectores de la industria más intensivos en empleo, destaca el de los gimnasios, con 42 empleos por cada millón de euros facturado, y las instalaciones deportivas, con 23 empleos. Además, a través de su impacto indirecto la industria contribuyó a generar 16.432 millones de euros y mediante los impactos inducidos un total de 6.917 millones de euros.

El efecto multiplicador de la industria deportiva en la actividad económica de España es de 1,5 euros, por lo que por cada euro facturado por la industria del deporte en España, se generan 1,5 euros de ingresos adicionales en el resto de la economía.

El informe destaca que, además de los impactos indirectos e inducidos, alrededor de la industria deportiva se generan una serie de efectos tractores sobre la actividad económica de otros sectores que, de no ser por el deporte, no existirían. Entre los sectores potencialmente más beneficiados por este impacto tractor destacan el turismo, la hostelería y la restauración, los medios de comunicación y la publicidad, los videojuegos y los juegos y apuestas deportivas.

También, que la inactividad física constituye ya uno de los factores de riesgo de muerte prematura más importante. De hecho, en España el gasto anual previsto derivado de la inactividad física para 2020 ascendía a más de 1.800 millones, pero debido a la reducción de practicantes activos por la COVID-19 (14,1%), estos gastos se incrementarán en 508 millones de euros, hasta alcanzar los 2.312 millones.

Pese a ello, la presidenta del CSD lanzó un mensaje de optimismo porque, según ella, la pandemia puede marcar el cambio. A pesar de las dificultades en este momento, en el que mucha gente no tenía al deporte en su ‘radar’, es el momento de dar un paso de gigante para cumplir con el potencial que el deporte tiene», señaló la secretaria de estado para el Deporte.

La Comisión Europea ha dado este lunes luz verde al plan de ayudas públicas dotado con hasta 2.550 millones de euros con el que el Gobierno de Pedro Sánchez podrá ayuda a empresas y autónomos que estén en convenio de acreedores pero estén cumpliendo con el calendario de pagos a pesar de la crisis generada por el coronavirus.

La ayuda tiene la forma de garantías públicas para nuevos préstamos reembolsables concedidos por entidades financieras supervisadas, y de nuevas emisiones en el mercado alternativo de renta fija, según ha informado el Ejecutivo comunitario, que explica que este plan apoyará a cerca de 15.000 autónomos y entidades que se encontraban ya en situación de convenio entre el 14 de marzo y el 20 de junio, cuando se impuso el confinamiento para intentar contener la pandemia.

El objetivo de este plan, que aún debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, es ofrecer a estas empresas las mismas opciones que una empresa corriente para acceder a línea de avales del ICO a las que no podían acceder hasta ahora, pero dejando claro que su acceso está condicionado al cumplimiento preciso de sus obligaciones financieras en los plazos establecidos.

Bruselas ha examinado el plan notificado en el marco de las reglas de Competencia que le permiten autorizar medidas públicas de los Estados miembro para compensar a empresas o sectores específicos afectadas por situaciones «excepcionales», como está siendo la Covid-19.

En su examen del expediente, la Comisión ha concluido que este paquete de ayudas está directamente relacionado con las restricciones impuestas en el marco de la pandemia y considera el plan «proporcionada», dado que la indemnización prevista «no excede de lo necesario para reparar los daños».

La comisión general de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) ha aprobado el proyecto del 42º Plan de Seguros Agrarios Combinados, que incluye un incremento de 40 millones de euros en el presupuesto destinado a subvencionar las primas de seguros, lo que supone un 19% más respecto al presupuesto establecido en el plan durante los últimos cuatro años.

En concreto, el presupuesto total de la entidad se sitúa en 256,47 millones de euros, de los que 251,27 millones se destinarán a la subvención del pago de las primas de seguros.

Agricultura ha precisado que se trata de un esfuerzo presupuestario que demuestra la importancia del seguro agrario como eje fundamental de la política agraria nacional.

En la comisión general, presidida por el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, y presidente de Enesa, Luis Álvarez-Ossorio, han participado representantes de las comunidades autónomas y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas agroalimentarias y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras del Seguro Agrario (Agroseguro).

El proyecto de 42º Plan de Seguros Agrarios contempla todas las líneas de seguro, cuyo periodo de contratación se inicia a lo largo de 2021, junto con las diferentes subvenciones aplicadas y los porcentajes de subvención establecidos para cada una de ellas.

El incremento en el presupuesto asegura una financiación suficiente para cubrir las subvenciones al seguro agrario con los actuales niveles de contratación. Además, permite introducir medidas de mejora en el seguro agrario, todas ellas relacionadas con un mayor apoyo público al asegurado, algunas muy demandadas por el sector agrario.

Entre las nuevas medidas de apoyo destaca la subvención de los recargos del seguro aplicados por una elevada siniestralidad individual. Esto permitirá prestar un mayor apoyo a aquellos productores cuyas explotaciones se ubican en zonas de mayor riesgo, como aquellas zonas que reiteradamente padecen fenómenos tormentosos u otras adversidades climáticas.

En línea con la política del Departamento que lidera Luis Planas de apostar por el fomento del relevo generacional, destaca el aumento en diez puntos de la subvención que perciben los agricultores jóvenes, duplicando así la subvención que se venía percibiendo por este concepto, al pasar de un 10% de media actual a un 20%.

Otras medidas son el incremento de la subvención correspondiente a los seguros complementarios a los suscritos en un seguro principal, el reconocimiento de subvenciones adicionales en el seguro de compensación por pérdida de pastos y en las líneas acuícolas, y el incremento de las subvenciones base al seguro agrario en las Islas Canarias.

En la reunión también se ha abordado la situación de la contratación del seguro agrario y de la siniestralidad. En este sentido, se ha constatado que en los meses transcurridos de 2020, hasta 31 de octubre, la producción agrícola asegurada ha aumentado un 19%, y el capital asegurado un 10%, respecto al mismo periodo de 2019. La siniestralidad es un 6% inferior al año 2019.

La retirada prematura de las medidas de apoyo implementadas por los gobiernos podría desencadenar una catarata de quiebras empresariales con el potencial de riesgo que esta circunstancia supondría para la estabilidad de los bancos de la eurozona, según advierte el Banco Central Europeo (BCE) en uno de los artículos de su último informe sobre estabilidad financiera.

El instituto emisor subraya que las vulnerabilidades corporativas han aumentado drásticamente a raíz de la pandemia, alcanzando niveles «observados por última vez en el pico de la crisis de la deuda soberana de la zona del euro», aunque aún por debajo de los registrados durante la crisis financiera mundial, como consecuencia en gran parte de la caída de las ventas, la menor rentabilidad real y esperada y un aumento del apalancamiento y el endeudamiento.

En este sentido, el BCE destaca que las medidas de política monetaria, fiscal y prudencial implementadas en respuesta a la crisis provocada por la pandemia han limitado el aumento de la vulnerabilidad de las empresas de la eurozona, que deberían poder seguir sirviendo su deuda, siempre que el coste del crédito siga siendo bajo y la actividad económica y los flujos de caja se recuperen finalmente.

Sin embargo, la entidad alerta de que un final abrupto de las medidas de apoyo podría originar un aumento de los riesgos de financiación y refinanciación, lo que impulsaría la vulnerabilidad empresarial por encima del nivel observado en el peor momento de la crisis financiera mundial.

Asimismo, el BCE añade que las medidas implementadas han ayudado a contener hasta el momento las insolvencias mediante avales y préstamos públicos, así como a través de las moratorias aplicadas para evitar una escalada de los préstamos dudosos. «Un número considerable de empresas podrían verse obligadas a declararse en quiebra si estas medidas se levantan demasiado pronto o si se endurecen las condiciones de los préstamos bancarios», apunta la institución.

«Si la segunda ola de la pandemia detiene la recuperación económica y el crecimiento resulta ser más débil de lo proyectado, una retirada anticipada de las medidas de apoyo podría eventualmente traducirse en un marcado aumento de las quiebras corporativas, con implicaciones de estabilidad financiera para los bancos de la zona euro», señala.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han denunciado este lunes los «incumplimientos de legalidad» detectados por el informe de auditoría de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en torno al pago de las retribuciones del personal funcionario.

En concreto, Gestha señala que la auditoría realizada por la Intervención General del Estado de las Cuentas anuales de 2019 de la AEAT desvela un déficit en el presupuesto inicial para cubrir las retribuciones reales de los últimos ejercicios, las cuales han sido financiadas «irregularmente» mediante el 5% de autofinanciación que recibe la AEAT por los actos de liquidación y de gestión recaudatoria, y cuyo destino son para gastos de funcionamiento e inversiones.

Los técnicos de Hacienda revelan que la parte mayor de ese déficit se corresponde con los cerca de 230 millones de euros de incentivos y gratificaciones que reparte la AEAT anualmente, lo que representa el 25% del conjunto de sueldos y salarios de la plantilla.

En este sentido, Gestha denuncia la «enorme desproporción» que existe en su distribución percibiendo una mayor cantidad quienes precisamente la reparten. Así, detalla que cada uno de los siete altos cargos de la AEAT se embolsa unos 53.000 euros anuales en incentivos y que los inspectores de Hacienda reciben más de 28.000 euros.

Mientras tanto, los técnicos de Hacienda ingresan 9.500 euros, tres veces menos que los inspectores, y los agentes tributarios y el personal administrativo cobran un incentivo medio de 5.000 euros anuales. El personal auxiliar, por su parte, apenas llega de media a los 4.000 euros al año, según Gestha.

OPACIDAD

Por otra parte, Gestha considera que la publicidad de la productividad por parte de la Agencia Tributaria está «muy alejada de los conceptos de transparencia y el autocontrol». De hecho, recuerda que este mismo año una sentencia del Tribunal Supremo reconoció el derecho a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos asignados, los criterios de los repartos de las bolsas de productividad y su desglose por grupos funcionariales.

Este proceso se remonta a 2015, cuando Gestha prestó el apoyo jurídico a la Junta de Personal de Valencia, presidida por un técnico de Hacienda, después de que la AEAT denegara esa información, hiciera «caso omiso» al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que reclamó la entrega de la misma, «y perdiera en todas las instancias a las que ha recurrido», según afirman el sindicato.

Para el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, «una Administración que se dice moderna no puede repartir casi 230 millones de euros de fondos públicos con discrecionalidad, arbitrariedad, desproporción y opacidad».

En este sentido, Mollinedo ha alertado de que la situación «se ha agravado» desde principios de 2019 cuando se dejaron de facilitar los listados de los destinatarios del reparto de la productividad. «Se trata de un ‘modus operandi’ impropio de un Gobierno progresista», ha añadido.